Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120300
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.300, "Antognoli, Vicente Daniel contra Amichetti, Hugo Alberto y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 540/555).
Se dedujeron, por la legitimada activa, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 566 vta./570 vta.) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 570 vta./575 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 623/624 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Vicente Daniel Antognoli y condenó a Mapfre Argentina ART S.A. al pago de diferencias adeudadas por la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en la ley 24.557 (v. sent., fs. 548/549 vta.). Rechazó, en cambio, la acción deducida contra la aseguradora en cuanto le atribuyó responsabilidad civil extracontractual en la causación del daño, con fundamento en lo dispuesto en el art. 1.074 del Código Civil (v. sent., fs. 549 vta./550 vta.).
Por otro lado, desestimó también la pretensión incoada contra la empleadora Hunanova S.R.L. en tanto procuraba el cobro de una indemnización -con fundamento en las normas contenidas en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil- derivada de las secuelas incapacitantes producidas por el accidente de tránsito sufrido por el actor el día 6 de abril de 2008, en ocasión del cumplimiento de sus tareas como chofer de larga distancia bajo su dependencia (v. sent., fs. 550 vta./552 vta.).
Finalmente, rechazó también la demanda deducida contra el señor Hugo Alberto Amichetti al juzgar no demostrada la relación laboral denunciada a su respecto al momento del infortunio (v. vered., segunda cuestión, fs. 542 vta. y 543).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que identifica.
En primer lugar, denuncia que el tribunal interviniente -sin fundamento alguno- soslayó aplicar al caso la hipótesis prevista en el art. 229 de la Ley de Contrato de Trabajo (cesión de personal) denunciada oportunamente en el escrito de demanda y en el segundo traslado para extender la responsabilidad al codemandado Amichetti (v. fs. 566 vta. y 567).
Por otro lado, entiende que la sentencia, en cuanto descarta la responsabilidad civil de Hunanova S.R.L. al juzgar no probado el carácter riesgoso de la cosa productora del daño (a saber: un camión con acoplado, cargado y a alta velocidad), resulta nula por absurda (v. fs. 567 vta. y 568).
Introduce, como otra causal de nulidad, la inobservancia por parte del a quo respecto de las conclusiones periciales que resultaron consentidas en la causa. Aduce que la sentencia se apoya en un porcentaje determinado por el perito traumatólogo (47,16%), omitiendo considerar los informes odontológico y psicológico que agregan un 16% adicional a la minusvalía (v. fs. 568).
En apoyo de su argumentación, hace referencia a la figura de la nulidad de oficio, citando diversos pronunciamientos de esta Suprema Corte (v. fs. 568 vta./569 vta.).
Agrega que el juzgador se apartó de la prueba y de las constancias de la causa en base a conjeturas y apreciaciones subjetivas, así como también desconoció la ley vigente y la jurisprudencia de esta Corte y de los tribunales más importantes del país, circunstancia que demuestra la ilegalidad y arbitrariedad del pronunciamiento (v. fs. 569 vta.).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen, fs. 623/624 vta.), entiendo que la impugnación no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 87.407, "A., S.", sent. de 14-XI-2007; L. 88.765, "Vázquez", sent. de 28-XI-2007; L. 87.991, "Gallegos", sent. de 12-XII-2007; L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009 y L. 96.357, "Pietrangeli", sent. de 9-IX-2009; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, advierto que los agravios estructurados bajo la denunciada transgresión del citado precepto resultan ajenos al indicado ámbito de actuación del remedio procesal bajo análisis, toda vez que, como lo señaló el señor Procurador General -ver el dictamen de fs. 624- la temática sobre cuya base el interesado funda su recurso, lejos de evidenciar la preterición de cuestiones esenciales, versa sobre típicas definiciones circunstanciales y probatorias cuya eventual falta de consideración por los sentenciantes de grado podrá, en todo caso, importar la consumación de un error de juzgamiento, más de ningún modo generar su nulidad como se solicita en el escrito de protesta.
En efecto, el impugnante circunscribe su crítica -signada por la denuncia de absurdo y arbitrariedad- a exhibir su particular opinión respecto del modo en que, a su criterio, el judicante debió ponderar ciertas y determinadas cuestiones (a saber: la responsabilidad civil extracontractual atribuida a las demandadas -en especial a Hunanova S.R.L.- y el porcentaje de incapacidad determinado en autos), método este que -como adelanté- no revela la configuración de alguno de los presupuestos a que el dispositivo reseñado subordina la procedencia del recurso extraordinario de nulidad.
En tal sentido, esta Corte ha señalado que los agravios vinculados a la consideración de cuestiones de hecho y prueba resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, toda vez que su equivocado o infundado análisis es materia propia del de inaplicabilidad de ley (causa L. 96.238, "M., B.", sent. de 9-XI-2011).
III.3. Tampoco se advierte configurada en el caso la violación de lo dispuesto en el art. 171 de la Constitución provincial.
En efecto, y pese a que el recurrente no desarrolla agravio concreto al respecto, no se advierte incumplida la exigencia establecida en la citada norma constitucional, porque el pronunciamiento atacado se encuentra fundado en ley y no corresponde analizar -en el marco de la vía en tratamiento- la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica de la sentencia (causas L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.4. Finalmente, cabe destacar -como lo hizo el señor Procurador General (v. dictamen, fs. 624 vta.)-, atento la cita de doctrina relativa a la anulación oficiosa de las decisiones judiciales, que la eventual aplicación de dicho instituto no es una propuesta que pueda ser articulada por el recurrente. No solo porque si la invalidación de la sentencia es impulsada por la parte su definición deja de ser oficiosa, sino porque se trata de una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte y no asiste a las partes la potestad de efectuar un planteo de esa naturaleza (causas L. 110.984, "Scuffi", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.485, "Mc Coubrey", sent. de 28-IX-2016).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor Pettigiani y solo habré de agregar que la postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa C. 56.599, "Blanco", sentencia de 23-II-1999, ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "...fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación, la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución provincial ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "...teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Rio de la Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aun en la situación de que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, me llevan -siempre dejando a salvo mi opinión al respecto- a adherir a lo expresado por el colega que me precede (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este S.A.", resol. de 20-XI-2014).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional; 156, 159, 161 y 165 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 229 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1.109 y 1.113 del Código Civil; 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial de la Nación; 56 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
I.1. En primer lugar, se agravia del rechazo de la pretensión por la que procuraba que Hunanova S.R.L. y el señor Amichetti fueran condenados al pago de una reparación integral con fundamento en las normas del derecho común.
Advierte que el tribunal interviniente soslayó considerar que el señor Amichetti -"socio" de Hunanova S.R.L.- puso a disposición de la persona jurídica demandada el camión de su propiedad, por lo que resulta responsable del daño sufrido por el actor en los términos de los dispuesto por el art. 1.113 del Código Civil.
A su vez -prosigue- encontrándose probado que el señor Amichetti cedió el contrato de trabajo que lo vinculaba al accionante en favor de Hunanova S.R.L., el juzgador debió extender la responsabilidad de esta última al primero por aplicación del art. 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, hipótesis que ni siquiera fue considerada por el a quo (v. fs. 570 vta./572 vta.).
Por otro lado, se alza contra la definición del tribunal en tanto descartó la responsabilidad de la persona jurídica demandada por juzgar no probado que el daño haya sido causado por una cosa que revistiera el carácter de riesgosa o viciosa (arts. 1.113, Cód. Civ. y 1.757, nuevo ordenamiento sustantivo).
Argumenta que resulta absurda dicha conclusión desde que es contrario al sentido común y a las pruebas colectadas en la causa (en particular, a la causa penal que denuncia acollarada a las presentes actuaciones) afirmar que un camión con acoplado, cargado y que circulaba en una ruta a velocidad considerable no constituye una cosa riesgosa.
Concluye, entonces, que Hunanova S.R.L. debe responder por ser el titular de la relación laboral (cesionario del contrato de trabajo) y quien se beneficiaba con las tareas del actor, mientras que el señor Amichetti por tratarse del cedente de personal (art. 229, LCT), pero también como dueño del camión (arts. 1.113, Cód. Civ. o 1.757 y 1.758, Cód. Civ. y Com. de la Nación) y "socio" de Hunanova S.R.L., sin que se demostrara ninguna eximente (v. fs. 572 vta./574 vta.).
I.2. Finalmente, cuestiona el porcentaje de incapacidad del actor que el juzgador declaró acreditado en autos.
En lo esencial, sostiene que el tribunal interviniente sólo tomó en consideración el informe emitido por el perito traumatólogo (47,16%), omitiendo expedirse respecto de la minusvalía asignada por el experto odontólogo (6%) y por el psicólogo (10%), incurriendo en un claro absurdo al computar un porcentaje de incapacidad notablemente inferior al que resulta de la sumatoria de dichos dictámenes (v. rec., fs. 574 vta. y 575).
II. El recurso no prospera.
II.1. En lo que interesa, el a quo declaró acreditado -con sustento en la prueba documental y en la pericia contable- que el señor Vicente Daniel Antognoli se desempeñó bajo la dependencia del señor Hugo Alberto Amichetti en dos períodos (a saber: entre el 25 de octubre de 2005 y el 26 de febrero de 2006 y desde el 30 de mayo de 2007 y el 31 de octubre de 2007), fecha esta última en la que cedió el contrato de trabajo en favor de Hunanova S.R.L. (v. vered., segunda cuestión, fs. 543).
Asimismo, juzgó que en ocasión de encontrarse cumpliendo sus tareas habituales como chofer de larga distancia para la empresa citada -que había suscripto un contrato de afiliación con Mapfre Argentina ART S.A.-, el actor sufrió un accidente de tránsito el día 6 de abril de 2008 con el camión con acoplado que conducía por la ruta 188 con dirección a la localidad de Rojas, infortunio que -conforme dictamen de la Comisión Médica interviniente- le provocó una incapacidad del 47,16% del índice de la total obrera, por la que percibió el día 20 de octubre de 2009 una prestación de $84.888 por parte de la aseguradora.
Destacó que, en la pericia médica producida en autos, el galeno concluyó que el actor, como consecuencia del accidente padecido, sufrió la fractura expuesta de su pierna derecha y la ruptura del ligamento cruzado anterior, dolencias que lo incapacitan en forma parcial y permanente en un 40% del índice de la total obrera. Por su parte, la experta odontóloga señaló que la minusvalía derivada de la pérdida de la corona de la pieza dentaria n° 13 (canino superior derecho) asciende al 6% del índice de la total obrera. A su vez -continuó- si bien la perito psicóloga diagnosticó que el accionante padece un cuadro de ansiedad generalizada que lo incapacita en un 10% del índice de la total obrera, consideró que tal padecimiento no revestía carácter definitivo.
Así las cosas, concluyó que el señor Antognoli posee una incapacidad parcial y definitiva del 46% del índice de la total obrera a consecuencia del accidente motivo de autos (v. vered., primera cuestión, fs. 540/542 vta.).
En la etapa de sentencia, y no sin destacar que la minusvalía determinada en sede administrativa resultó mayor a la acreditada en las actuaciones judiciales, calculó la prestación por incapacidad permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (y dec. 1.278/00) con arreglo a la primera, y tomando como salario base el que surge de la pericia contable no impugnada en autos ($2.315,02), alcanzando un total de $126.892,24. Luego, tras adicionar a dicho monto los intereses devengados desde el evento dañoso (6 de abril de 2008) y hasta la fecha de percepción (20 de octubre de 2009) con arreglo a la tasa pasiva en su versión digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, descontó la suma efectivamente percibida (v. sent., fs. 549 y vta.).
Por otro lado, y en lo concerniente a la pretensión por la que se procuraba que Mapfre Argentina ART S.A. fuera condenada al pago de una indemnización integral como derivación del incumplimiento de los deberes a su cargo, juzgó -en lo esencial- que el reclamante no señaló que la aseguradora hubiere incumplido su obligación legal de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y los deberes impuestos por los arts. 4 y 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que descartó la responsabilidad de aquella con sustento en lo dispuesto por el art. 1.074 del Código Civil (v. sent., fs. 549 vta./550 vta.).
Seguidamente, se dispuso a analizar si existía por parte de la empleadora (Hunanova S.R.L.) responsabilidad civil que proyecte -tanto desde la vertiente objetiva como subjetiva- la obligación de resarcir los daños sufridos por el señor Antognoli.
Destacó que en el escrito de demanda el actor se limitó a mencionar las normas, pero sin señalar concretamente ningún otro dato que permitiera analizar la conducta de la empleadora en base a los dispositivos legales citados.
En lo que respecta a la faceta objetiva de la responsabilidad civil, el juzgador señaló que, si bien en el escrito de demanda se hizo alusión a la hipótesis consagrada en el art. 1.113 del Código Civil, ninguna prueba se produjo acerca del vicio o riesgo de una "cosa" que haya estado bajo la posesión o guarda jurídica de la empleadora y que tendría relación causal adecuada con el desencadenamiento de la incapacidad del actor.
En lo que hace a la responsabilidad del empleador en base al art. 1.109 del Código Civil, advirtió que del desarrollo de los hechos efectuados por el accionante no podía concluirse la existencia de negligencia o culpa en el accionar de la empleadora como coadyuvante o causante del accidente que afectó al señor Antognoli. Tampoco se probó en autos -continuó- omisión alguna de la empleadora por la que resulte aplicable en la especie la norma citada.
En síntesis, expresó que en autos no existe prueba que demuestre que la empleadora hubiera omitido la adopción de medidas de seguridad que pudieran relacionarse con el accidente padecido. Ni está demostrado un obrar doloso o culpable de la demandada que guarde relación de causalidad adecuada con el riesgo o vicio de una cosa bajo la guarda de la patronal o de su propiedad, ni con un obrar doloso o culpable de su parte o de un dependiente suyo. Con tal sustento, concluyó que no se demostró nexo causal adecuado entre el daño invocado y factor de imputabilidad alguno atribuible a la empleadora (v. sent., fs. 550 vta./552 vta.).
II.2. Antes de ingresar en el análisis de los agravios que porta el recurso, considero necesario p
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