Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Juan José Travaglia y condenó a Línea 18 S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de haberes adeudados por enfermedad inculpable, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales y a la entrega de las certificaciones laborales prescriptas por el artículo 80 de la ley 20.744. Asimismo, también acogió la acción respecto de Provincia ART S.A. en concepto de las indemnizaciones derivadas de la dolencia psicológica incapacitante. La rechazó, en cambio, en lo relativo a la reparación integral con fundamento en el derecho común (v. fs. 637/651 vta.).
Para así decidir -en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio- juzgó no acreditada que la incapacidad que padece el actor se relacione con la actividad de chofer que desempeñaba para la empresa demandada.
II. Frente a lo así resuelto, se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 677/687), concedido por el a quo a fs. 690 y vta.
En su impugnación denuncia absurdo y la violación de las distintas normas que cita. En lo esencial, se agravia del rechazo de la indemnización fundada en el derecho común, al no relacionar la dolencia que padece el accionante con la actividad de chofer, la cual -a su criterio- es de por sí riesgosa.
Luego, impugna que no haya sido liquidada la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro que ha sido acogido en el fallo.
Finalmente, solicita que se dicte nueva sentencia con fundamento en el derecho común, declarándose la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y se extienda solidariamente la condena a la aseguradora codemandada.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, corresponde observar que determinar tanto la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, así como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no resulta susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.935, "Treboux", resol. de 5-IV-2013 y L. 119.083, "Carbia", resol. de 11-XI-2015).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.387 "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.1.b. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, ya que su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento, y como tales insuficientes para conmover el fallo atacado (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014; L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015 y L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019).
Así, el recurso no contiene una réplica que desvirtúe el razonamiento del juzgador de grado, según el cual, si bien los síntomas que presenta el actor en su estado psíquico se presentaron a partir del accidente relatado en la demanda, no ilustró el accionante, tal como era su carga, cómo las labores de chofer presentaron un riesgo o vicio susceptible de generarle aquel daño, máxime cuando el dictamen médico no relacionó la dolencia del trabajador con la actividad que desempeñaba para la empresa demandada.
Por el contrario, el remedio intentado transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió valorar la prueba aportada al proceso, poniendo de manifiesto -tan sólo- su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 119.646, "Zaracho", resol. de 1-VI-2016; L. 119.869, "Parodi", resol. de 17-VIII-2016 y L. 122.509, cit.).
III.1.c. Por otro lado, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 113.174, "Altube", resol. de 22-XII-2010 y L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011).
III.2. Luego, permaneciendo firme la decisión de la instancia ordinaria, deviene abstracto el tratamiento de los agravios traídos, vinculados con la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y la responsabilidad solidaria de la aseguradora.
III.3. Finalmente, la critica que porta el recurso, orientada a objetar la falta de liquidación de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo –a su criterio acogida en la sentencia-, parte de una premisa errónea, en tanto de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por el impugnante- el a quo no se pronunció respecto de dicha pretensión, la cual ni siquiera integró el esquema del escrito inicial, en tanto el accionante dirigió su acción a solicitar únicamente la entrega de los certificados a los que alude el citado art. 80 de la ley 20.744, más no articuló ningún pedido con fundamento en la sanción contenida en la mencionada norma. De este modo, el cuestionamiento del interesado transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013 y L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2020 18:41:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2020 14:44:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2020 14:52:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2020 16:48:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2020 18:45:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 11:30:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia