Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123806
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.806 "LEYS, RUBEN OSCAR Y OTROS C/ LOMBARDO, MIGUEL ANGEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El letrado patrocinante del codemandado Beutec -invocando las previsiones del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial- deduce, mediante presentaciones electrónicas de fechas 21 y 22 de junio y 20 de julio del corriente año, recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, por considerar ajustada a derecho la deserción decretada por la Cámara. Ello, al no haber cumplido el recurrente con el emplazamiento efectuado por el a quo para acreditar la concesión definitiva del beneficio de litigar sin gastos en el plazo que fijó (art. 292, CPCC y Ac. 1.790; v. resol. de 27-V-2020).
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había rechazado las demandas de daños y perjuicios interpuestas en dos expedientes acumulados. En consecuencia, hizo lugar a las pretensiones indemnizatorias deducidas por Juan Adolfo Arce, Elena Lucci y Alejandro Apodaca contra Miguel Ángel Lombardo, Miguel Ángel Beutec y la citada en garantía Suizo Argentina Compañía de Seguros S.A. y a la promovida por Matías Prieto contra los mencionados Lombardo, Beutec, la aseguradora y Bandurria S.A.C.I.A., condenando a los accionados a abonar a los actores las indemnizaciones -con más los intereses- que señaló (v. págs 25/42 del pdf adjunto identificado como "123806 Rec. de Queja.pdf" del trámite titulado "OBSERVACIÓN" de fecha 2-IX-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, tutela judicial efectiva y legalidad (arts. 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1 y 8, CADH; XVIII, DADDH; 2 incs. 1, 7 y 10 DUDH; v. págs. 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 y 19 del pdf adjunto identificado como "Prieto C. Lombardo y Leys C. Lombardo Re" del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 20-VII-2020).
II.2. Cuestiona que esta Corte, con sustento en que su representado no obtuvo el beneficio de litigar sin gastos definitivo, desestimó -sin fundamentación suficiente y desentendiéndose de las constancias de la causa- el recurso de hecho incoado.
Al respecto, expone que el plazo de tres meses establecido para acreditar la concesión definitiva del beneficio de gratuidad como única forma de eximirse del depósito que manda el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta -a su entender- manifiestamente ilegal, configurando un obstáculo para el acceso a la justicia y un avasallamiento a la división de poderes. Ello por cuanto, al fijar un plazo que no está previsto en ninguna norma, invade la esfera del Poder Legislativo cercenando derechos y garantías constitucionales tales como la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva (v. págs. 10/12 y 18/19, pdf cit.).
Y aduce, que dicha posición contradice la doctrina de la Corte Suprema nacional sentada en los antecedentes "Sarubbi" y "Font" (Fallos: 338:1045 y 338:484) que establecieron -el primero- que el sólo hecho de haber iniciado el beneficio era suficiente para justificar la imposibilidad de cumplir con el depósito previo y -el segundo- que el plazo de 3 meses fijado para sustanciar el referido beneficio resultaba exiguo (v. págs. 13/16, pdf cit.).
II.3. Denuncia, además, que resulta arbitraria la parcela de la decisión en crisis que ponderó que su representada tampoco acreditó haber concluido el beneficio mientras se daba tratamiento a la queja, en tanto ello alteró -según su modo de ver- las reglas del proceso. Así, alega que la parte sólo podía regirse por el plazo otorgado y que si este Tribunal quería flexibilizarlo debió habérselo hecho saber al interesado (v. pág. 12, pdf cit.).
II.4. Alega, finalmente, la arbitrariedad del fallo del Tribunal de Alzada en cuanto lo condenó a abonar una indemnización integral cuando en el caso existe -claramente, según su entender- un supuesto de interrupción total del nexo causal que lo exime de responder civilmente por el accidente acaecido (v. pág. 17, pdf cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 29 de julio de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado del actor Matías Prieto (v. escrito electrónico de fecha 13 de agosto de 2020).
V. Con respecto a la vía federal intentada es preciso recordar que las cuestiones de hecho y prueba así como las relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio fijado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.1. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de falta de fundamentación y apartamiento de la solución normativa aplicable y de las constancias de la causa, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.2. Respecto al cuestionado acceso a la instancia extraordinaria, cabe señalar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
V.3. Tampoco se advierte un arbitrario apartamiento de los precedentes de la Corte nacional invocados por el recurrente (causas "Sarubbi" y "Font", Fallos: 338:1045 y 338:484), planteo que -además- resulta novedoso (v. págs 45/52, pdf adjunto, trámite "OBSERVACIÓN" de fecha 2-IX-2020). Ello, en tanto las circunstancias allí juzgadas no pueden ser asimiladas a las planteadas en el presente proceso, en el que no se evidencia una conducta del interesado que denote celeridad y diligencia en orden a la obtención tempestiva de la franquicia en cuestión.
V.4. Resta decir que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, tutela judicial efectiva y legalidad; arts. 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1 y 8, CADH; XVIII, DADDH; 2 incs. 1, 7 y 10 DUDH; v. págs. 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 y 19, pdf cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación Por ello, la Suprema Corte de Justicia (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 121.775, "Demetrio", resol. de 21-VI-2018; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Gimenez", resol. de 29-IV-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:04:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 17:37:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2020 08:58:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2020 16:49:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 14:33:11 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia