Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123885
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída en relación al recurso de inaplicabilidad de ley (arts. 292 y 278, Cód. cit. y Acordada 1.790).
Costas a la parte recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 123.885 "PASQUALI, GUILLERMO ANDRES C/ IRURIETA, RODOLFO RAUL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. POR DEL. Y CUASID. SIN USO AUTOM. (SIN RESP. EST.)"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 18 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un proceso por daños y perjuicios promovido por Guillermo Andrés Pasquali -por sí y en representación de "Móvil Gas S.A."-, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por SP Seguridad Privada S.A. -en su condición de tercero citado en los términos del art. 94 del ordenamiento procesal local- y, asimismo, admitió la demanda contra Rodolfo Raúl Irurieta y Mateu Sports S.A. por la suma de setecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y seis pesos ($ 765.786), con más un interés a la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho (v. sentencia del 19-IV-2018; fs. 2412/2436 vta.).
A su turno, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación departamental, rechazó la referida excepción y extendió la responsabilidad a SP Seguridad Privada S.A. Asimismo, modificó la cuantificación de los daños, disminuyendo la condena y disponiendo que la demanda prospere por el valor de la mercadería denunciada como siniestrada en el acta que indicó, reduciendo tal cantidad a un total de 12.830 piezas, cuya determinación difirió para la etapa de ejecución de sentencia del modo que estableció. Luego, por aclaratoria, agregó que del monto resultante debía descontarse la suma de $ 85.829 por haber sido ya percibidos directamente de la propia aseguradora (v. sentencias de fecha 8-X-2019 y 5-XI-2019; fs. 2519/2534 y 2557/2559).
Frente al referido pronunciamiento la mencionada sociedad a la que se le extendió la condena interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-X-2019 y copia de fs. 2540/2556 vta.). La Cámara concedió el primero de los mencionados y denegó el restante con sustento en que el valor del agravio no alcanzaba la suma prescripta por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de fecha 12-XII-2019; fs. 2565 y vta.) y ello motivó la articulación de un recurso de queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. fs. 2612/2623).
Recibidos los autos principales por el remedio otorgado, se acumuló la queja a los mismos (v. fs. 2624).
II. En cuanto a la vía extraordinaria de nulidad concedida, por medio de la cual se denuncia preterición de cuestiones esenciales, se anticipa que no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (v. fs. 2542 vta./2549 vta.; conf. arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
II.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central de la litis , vinculada con el progreso de la responsabilidad, ha sido abordada expresamente, sólo que en sentido desfavorable para el interesado (v. fs. 2525 vta./2527). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con la ponderación de las circunstancias fácticas de la litis , el accionar de la empresa, la entidad y el material probatorio, se erigen en un cuestionamiento al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. fs. 2524 vta./2549 vta.; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
II.2. El mismo camino adverso debe seguir la denuncia de violación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. fs. 2546 vta.), toda vez que ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fs. 2519/2534; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
II.3. Finalmente, tampoco pueden ser atendidos los agravios emparentados con la arbitrariedad y la violación de las normas indicadas a lo largo del recurso (v. fs. 2542 vta./2546 vta.), toda vez que los mismos se erigen en ataques impropios de este medio revisor y, por tanto, devienen inabordables (conf. doctr. causas C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; etc.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. Con respecto al recurso de hecho, es de señalarse que la vía de la inaplicabilidad de ley fue denegada por el a quo con sustento en que el valor del agravio no excedía el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, teniendo en consideración que se había reducido el monto de condena fijado en primera instancia -que ascendía a $ 765.786, equivalente al valor de 33.738 piezas- a la cantidad de 12.830 bienes cuyo valor mandó a liquidar.
Frente a ello en la presente queja el recurrente pretende que no sea aplicada la limitación prevista en la citada norma, alegando su inconstitucionalidad, como también la concurrencia de una cuestión federal. Asimismo, formula consideraciones sobre la equivalencia en jus del monto reclamado al tiempo de promoción de la demanda (v. fs. 2612/2623). Sobre la base de tal agravio, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos invocados por la recurrente (conf. doctr. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331, "Orona,", resol. de 16-X-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020).
Liminarmente, corresponde señalar en relación a la alegación sobre la evolución del valor del jus arancelario, que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011; C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018 y C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019), por lo que resultan inadmisibles los fundamentos expuestos para superar tal valladar (doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "Gonzáles", resol. de 26-X-2016; C.122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020).
Por otra parte, en relación a la invocada inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 2615, 2626 vta. y conc.), esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020).
Por lo demás, la alegada existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478; v. fs. 2615 vta., 2616 vta. y conc.) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así no se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020).
En tales condiciones, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cód. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída en relación al recurso de inaplicabilidad de ley (arts. 292 y 278, Cód. cit. y Acordada 1.790).
Costas a la parte recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:45:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:03:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 17:37:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2020 08:58:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2020 16:49:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 14:33:25 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia