Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123334
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.334, "González, Daniel Alberto contra Darino, Julián Roberto. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078) doctores: Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la sentencia de primera instancia en lo que respecta al rubro incapacidad sobreviniente, lucro cesante y daño moral de ambos accionantes y en cuanto a la tasa de interés a computar desde la fecha del hecho -24 de marzo de 2000- y hasta la fecha del dictado de dicha decisión, en lo que atañe exclusivamente al daño moral (v. fs. 1.337/1.355 vta.).
Se interpuso, por los actores, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.361/1.371).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Daniel Alberto González y Carina Isabel Fernández iniciaron la presente acción resarcitoria contra Julián Roberto y Roberto José Darino, María Cecilia Bracchi y la aseguradora Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito acaecido en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (v. demanda, fs. 14/26 vta.).
La señora jueza de primera instancia, tras examinar los elementos probatorios existentes en autos y a la luz del fallo emitido en sede penal -causa 4306, en trámite ante el Juzgado Correccional n° 3 de Lomas de Zamora- juzgó que el evento dañoso se produjo por el obrar antijurídico de Julián Roberto Darino y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda (v. fs. 1.221/1.237).
A continuación, analizó los rubros indemnizatorios pretendidos, determinando su procedencia y cuantía (v. fs. 1.237/1.246).
Por fin, adicionó al capital de condena establecido a la fecha del hecho (24 de marzo de 2000) los intereses moratorios según la tasa pasiva más alta que pagase el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. fs. 1.246 y vta.).
II. Apelado el pronunciamiento por ambas partes, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la decisión (v. fs. 1.337/1.355 vta.).
En lo que aquí interesa brevemente destacar a tenor del remedio extraordinario bajo examen, la Cámara disminuyó las partidas asignadas a Daniel Alberto González y Carina Isabel Fernández en concepto de incapacidad sobreviniente y lucro cesante (v. fs. 1.338/1.346 vta.).
En lo concerniente al daño moral elevó las sumas fijadas por el sentenciante de origen, aclarando que a este último renglón resarcitorio debía adicionarse la tasa pura del 6% anual, desde la producción de los perjuicios y hasta la fecha del dictado de la sentencia, momento tenido en cuenta para la valuación de la deuda. De allí en más y hasta el efectivo pago -agregó- debían liquidarse conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. fs. 1.352/1.354).
III. Contra este fallo se alzan los actores mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Hacen reserva del caso federal (v. fs. 1.361/1.371).
En prieta síntesis, se agravian de la cuantificación de los rubros resarcitorios y la tasa de interés fijada por el Tribunal de Alzada, en tanto aducen que no compensan debidamente los padecimientos sufridos.
IV. La impugnación no procede, en atención a su manifiesta insuficiencia técnica (conf. doctr. arts. 279 y 289, CPCC).
Ha dicho esta Corte en forma reiterada que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación. El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de esta instancia (conf. doctr. causas C. 97.587, "Dirección General Impositiva", sent. de 29-XII-2008; C. 108.027, "B., J. D. y otros", sent. de 11-V-2011; C. 114.844, "Basabe", sent. de 2-V-2013; C. 117.344, "S., R. G.", sent. de 22-IV-2015; entre muchas).
IV.1. En el caso, cabe poner de resalto que más allá de cierta referencia a los recaudos de admisibilidad de la vía (v. fs. 1.361 vta.), de una breve narración de antecedentes (v. fs. 1.362 y vta., reproducción a su vez de lo expuesto al tiempo de expresar agravios), de la transcripción literal de algunos capítulos del fallo de primera instancia (v. fs. 1.362 vta./1.364) y de una confusa y parcial referencia a la sentencia de Cámara (v. fs. 1.366 y sigs.), la brevísima argumentación remanente se reduce a aseverar en forma dogmática:
IV.1.a. Que las sumas resarcitorias establecidas en la decisión resultan exiguas e irrisorias, toda vez que fueron determinadas a valores históricos, ignorando el tiempo transcurrido desde el acaecimiento del accidente (v. fs. 1.365).
IV.1.b. Que la sentencia ha prescindido de las constancias médicas y científicas expuestas y acreditadas oportunamente por dicha parte y que surgen de las pericias realizadas en sede penal, las que evidencian las lesiones físicas y psíquicas padecidas por los actores, al igual que las ganancias dejadas de percibir como consecuencia del hecho dañoso (v. fs. 1.361/1.371).
IV.1.c. Que la tasa de interés establecida por la Cámara del 6% anual torna aún más insignificante el capital de condena, desnaturalizando la reparación en desmedro de los derechos de las víctimas (v. fs. 1.366/1.369 vta.).
IV.2. Según se ve, ninguna norma o doctrina legal se denuncia -expresamente- violada o erróneamente aplicada, circunstancia que bajo el prisma otorgado por la referida pauta hermenéutica inexorablemente deriva en el rechazo del remedio intentado.
Para más, y siendo que la determinación y cuantía de los rubros indemnizatorios resultan ser típicas cuestiones de hecho privativas de las instancias de grado (conf. doctr. causas C. 105.031, "Alsina", sent. de 27-VI-2012; C. 116.072, "García", sent. de 29-IV-2015; e.o.), su revisión extraordinaria ante esta Corte solo podría emprenderse mediando denuncia y condigna demostración de absurdo en la labor de ponderación del juzgador, vicio lógico que ni siquiera es mencionado por los recurrentes.
Cabe a la vez subrayar que el pronunciamiento hoy puesto en crisis -contrariamente a lo esgrimido en la pieza recursiva- analizó de manera exhaustiva e integral las constancias probatorias de la causa, a saber: la historia clínica, el dictamen del médico legista, del perito psicólogo y de los especialistas en traumatología, otorrinolaringología y neurología (v. fs. 234/238; 340/344; 586/593; 1.095/1.098; 1.105; 1.174/1.188), señalando que del detenido examen de las conclusiones y fundamentos brindados por los expertos surgía de modo categórico la inexistencia de secuelas incapacitantes, la ausencia de nexo causal entre las lesiones denunciadas y el hecho dañoso así como también la falta de acreditación del lucro cesante. En tal sentido, teniendo en cuenta que sólo debía resarcirse la incapacidad transitoria padecida por los actores a raíz del accidente, redujo los montos consignados en concepto de incapacidad sobreviniente y lucro cesante (v. fs. 1.338/1.347).
Por otra parte, destacó que la genérica referencia de los apelantes al tiempo transcurrido desde la producción del siniestro y la variación de los valores de los tratamientos psicológicos no pasaban del mero enunciado y se desentendían del hecho de que las cantidades fijadas por la magistrada de origen lo fueron a la fecha del suceso -esto es, marzo de 2000- y que, en razón de ello, el tiempo en la percepción del crédito iba a ser objeto de resarcimiento mediante el cómputo de intereses moratorios desde aquel entonces hasta el efectivo pago (v. fs. 1.347 y vta.).
Remarcó que los embates de los accionantes tendientes a descalificar la credibilidad e imparcialidad de los peritos carecían de todo apoyo objetivo, no existiendo razones científicas o de peso que permitieran apartarse de las conclusiones o estimaciones efectuadas por los especialistas, máxime cuando -en su mayoría- emanaban de profesionales que integraban la Dirección de la Asesoría Pericial del Poder Judicial cuya objetividad cabía presumir (v. fs. 1.341).
IV.3. Frente a tales sólidos fundamentos del fallo, los recurrentes guardan absoluto silencio.
Corolario de lo anterior es que las motivaciones del pronunciamiento impugnado mediante la pieza bajo examen permanecen sustancialmente inalteradas por falta de ataque idóneo.
Esta Corte ha expresado que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura básica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que, para estudiar el asunto desde otra perspectiva que la de la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterio-, por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué promedia error en el modo como el tribunal de la causa ha visto la controversia (conf. causas C. 117.341, "Mizrahi", sent. de 22-IV-2015; C. 121.445, "Guarella", sent. de 19-XII-2018; e.o.); extremo que -reitero- encuentro incumplido en la especie.
Menos aún puede soslayarse que al tiempo de abordar los agravios relativos a la incapacidad sobreviniente, lucro cesante, daño psicológico, gastos de movilidad y atención médica reclamados por ambos actores, la conclusión del Tribunal de Alzada se define de manera inequívoca por la insuficiencia de la vía revisora con expresa mención de la norma que así lo legitima (art. 260, CPCC); y sobre tal remate, fundamento esencial del decisorio que se cuestiona, los recurrentes omiten siquiera denunciar, como era su carga hacerlo, la existencia de absurdo en la valoración de la oportuna expresión de agravios.
IV.4. Idéntica respuesta merece el agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés (v. fs. 1.367/1.369).
En el caso, la Cámara explicitó las razones por las cuales juzgó adecuado mantener la utilización de la tasa pasiva más alta establecida en los precedentes de esta Suprema Corte C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (ambas sents. de 15-VI-2016) y, exclusivamente en lo que respecta al daño moral, en tanto concurría el presupuesto que tornaba procedente la aplicación de la doctrina legal emanada de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), entendió que debía adicionarse la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho hasta el momento de la valuación del daño y de allí hasta el efectivo pago, la referida tasa bancaria (v. fs. 1.352/1.354).
Los quejosos se desentienden -una vez más- del razonamiento esgrimido por el Tribunal de Alzada -el cual, cabe poner de resalto, se encuentra en consonancia con los lineamientos vertidos por esta Corte- limitándose a tachar de "irrisoria" la tasa pura allí establecida e interpretando erróneamente la sentencia en cuanto soslayan que su aplicación concierne únicamente a una parcela indemnizatoria y no al total de la condena, como de manera inexacta denuncian en este segmento de la impugnación (v. fs. 1.362 vta. y 1.363).
Reiteradamente ha dicho este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que realiza una crítica parcial del fallo dejando incólume el fundamento esencial que, por sí solo, resulta bastante para mantenerlo (conf. causas C. 107.207, "Fernández de Fernández", sent. de 3-IV-2014; C. 109.048, "Montalbano", sent. de 3-IX-2014; entre muchas).
Así también se ha dispuesto que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 107.822, "Sindicatura de Broker Cía. de Alimentos S.A.", sent. de 3-X-2012; C. 109.535, "El Paz S.A.", sent. de 23-XII-2014 y C. 117.387, "Giles", sent. de 13-V-2015) y sella definitivamente la suerte adversa del recurso.
V. Por lo brevemente expuesto, que estimo suficiente para dar respuesta a la cuestión sometida a juzgamiento, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario, con costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, pues entiendo como él que el recuso es insuficiente.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/11/2020 14:56:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 16:56:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 17:00:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/11/2020 08:48:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2020 13:51:30 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia