Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122451
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.451, "G., M. d. l. N. y otros contra Ríos, Cristian Ariel y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó -en lo principal- la sentencia de primera instancia que, a su turno, había estimado procedente la demanda, modificando la cuantía de la condena (v. fs. 880/903).
Se interpusieron, por la demandada y la citada en garantía, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 909/914 y 916/933 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento que modificó parcialmente el fallo de primera instancia (v. fs. 880/903) se alza el letrado apoderado de los accionados mediante el recurso extraordinario de nulidad de fs. 909/914., en el cual denuncian la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Arguye que el accidente se produjo por la manifiesta e indiscutible culpa de la víctima, incurriendo el fallo en el vicio de absurdo toda vez que la solución adoptada se contrapone con las circunstancias comprobadas en la causa, omitiendo la ponderación de prueba esencial (v. fs. 918 vta. y 919).
En particular, sostiene que la Cámara ha ignorado las impugnaciones efectuadas a los cuatro testimonios tenidos en cuenta para fundar su decisión y preterido el examen de la pericia accidentológica (v. fs. 912 vta. y 913).
Aduce, asimismo, que la sentencia carece de fundamentación en lo que respecta a los rubros acogidos y las indemnizaciones fijadas, a la par que alega que la omisión en la parte dispositiva de la sentencia de toda referencia al daño moral impide alzarse contra dicho concepto (v. fs. 913 vta.).
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 965/971 , entiendo que el recurso no puede prosperar.
II.1. Como es sabido, la vía prevista en el art. 161, inc. 3, apartado "b", de la Constitución provincial solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la falta de concurrencia de la mayoría de opiniones -arts. 168 y 171 de la Carta mencionada- (conf. causas C. 99.266, "Arboleya", sent. de 11-V-2011; C. 118.589, "Flandes", sent. de 21-VI-2018; e.o.).
II.2. En la especie, no se configura ninguno de los motivos que conducen a la viabilidad de la impugnación intentada toda vez que la crítica de los recurrentes se dirige a cuestionar, en rigor, el sentido y acierto de la decisión del Tribunal de Alzada. Lo expuesto queda evidenciado al advertir que bajo la aducida violación del art. 168 de la Constitución provincial se enmascara su disconformidad con la solución arribada y la cuantía de los rubros indemnizatorios dispuestos en la sentencia.
En tal sentido, cabe recordar que no corresponde utilizar el recurso extraordinario de nulidad para efectuar y cuestionar alegaciones de índole probatoria, ya que su eventual ausencia de tratamiento no constituye omisión de "cuestión esencial", ni revisten tampoco esta última calidad los argumentos traídos por las partes (conf. causas C. 111.033, "Orellano", sent. de 2-V-2013; C. 120.101, "Pacheco", sent. de 17-VIII-2016; e.o.).
Tal circunstancia sella la suerte adversa del agravio ensayado.
Vale recordar que esta Corte sostiene que los supuestos errores de juzgamiento se encuentran detraídos del remedio bajo examen, siendo propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 91.811 , "Siri", sent. de 3-VI-2009 ; C. 119.637, "Fornazar", sent. de 22-VI-2016; entre muchas), por lo que su análisis resulta improcedente mediante la vía intentada (doctr. arts. 279 y 296 , CPCC).
II.3. Por otra parte, tampoco puede ser receptada la alegada falta de fundamentación al abordar el Tribunal de Alzada el examen de los rubros resarcitorios reclamados, dado que el fallo encuentra sustento en la ley, según surge de la simple lectura del mismo (v. fs. 887/898 y 898 vta./899 vta.).
II.4. Resta decir que tampoco es de recibo la alegada ausencia de referencia al daño moral en la parte dispositiva de la decisión, toda vez que una sentencia es un todo compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias; de tal manera que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo juez ha dicho claramente al fundar su resolución (conf. Ac. 53.753, "Cooperativa Agrícola limitada La Victoria", sent. de 4-IV-1995; L. 62.109, sent. de 11-II-1997; C. 100.949, "C., J. R.", sent. de 29-VI-2011; e.o.).
En suma, de la mera lectura de la sentencia obrante a fs. 880/903 surge que se ha dado cumplimiento a los preceptos constitucionales.
III. No demostradas, entonces, las infracciones denunciadas, corresponde rechazar el recurso, con costas a los demandados vencidos (arts. 171, Const. prov. y 68, 296 y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora G. -por sí y en nombre y representación de sus hijos menores de edad, A. y L. A. G.- y los letrados Paulo Rodríguez y Pedro Di Pentima en representación de Lucas Azcune, César Oscar García, José Luis García, Norma Analía Miguel, María Cecilia Miguel, Laura Emilce Acosta, Silvana Edith Acosta, Silvina Elizabeth Acosta, Rafael Jesús Acosta, Norma Raquel Olmedo y Ángel Joel Flores iniciaron el presente reclamo indemnizatorio contra Cristian Ariel Ríos, en su carácter de conductor y propietario del vehículo Ford F100 dominio SWV258 (v. demanda: fs. 164/197 vta.).
Relataron que el día 22 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 6:45 hs., J. G. A. -concubino de G. y padre de A. y L. A. G.- en oportunidad en que conducía el vehículo de su propiedad, pick up Chevrolet S10 dominio EQP551, por la ruta provincial n° 65 en el sentido Biagorrita-Junín, junto a Lucas Azcune, Oscar César García y Ángel Joel Flores, fue embestido por la camioneta Ford F100, la cual súbita e imprevistamente invadió su carril de marcha (v. fs. 165 y vta.).
Expresaron que a causa directa del siniestro J. A. perdió la vida y sus acompañantes sufrieron heridas de diversa gravedad con secuelas incapacitantes (v. fs. 165 vta.).
Citaron en garantía a la firma La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (v. fs. 165).
La magistrada de origen estimó procedente la acción entablada por M. d. l. N. G. -por sí y en nombre y representación de sus hijos menores de edad, A. y L. A. G.-, y por Norma Raquel Olmedo, Lucas Azcune, César Oscar García, José Luis García y Ángel Joel Flores, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. Examinó la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados y determinó su cuantía. A las sumas fijadas adicionó la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del hecho (22 de diciembre de 2012) hasta la aparición de la tasa BIP de la referida entidad bancaria y de allí hasta el efectivo pago, la mentada tasa digital (v. fs. 769/801 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la actora, la demandada y la citada en garantía, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó -en lo principal- la decisión, modificando el monto de la condena (v. fs. 880/903).
III. Frente a este modo de decidir, el letrado apoderado de la demandada y la citada en garantía interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 499, 902, 906, 1.069, 1.071, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 34 incs. 4 y 5, 260, 266, 384, 424, 434, 439 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; así como también de las leyes 24.449 y 13.927 y de la doctrina legal que cita. Alega, además, el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 916/933 vta.).
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En primer lugar, afirma que la sentencia es arbitraria toda vez que encontrándose corroborada la culpa de la víctima -en razón de que el impacto entre los protagonistas se produjo en la mano reglamentaria de marcha del demandado-, no aplicó la causal de exoneración prevista en el art. 1.113, segundo párrafo, del Código Civil (v. fs. 920/924).
Sabido es que la atribución de responsabilidad ante un siniestro, o determinar si la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño conforma -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- una típica cuestión de hecho extraña en principio a la competencia de esta Corte, a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración de absurdo (conf. causas C. 109.310, "Tascón", sent. de 15-IV-2015; C. 122.028, "Sparta", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
Recuerdo que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Al recurrente no le alcanza con argumentar que los hechos, la valoración de la prueba, la interpretación de las conductas involucradas, etcétera, pudieron ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable. Es indispensable demostrar que de la manera sostenida en la sentencia no pudo ser (conf. causas C. 121.645, "Agro Ramabe S.A.", sent. de 26-IX-2018; C. 122.728, "Piris", sent. de 6-XI-2019; e.o.), situación extrema que no se configura en la especie pues el fallo exhibe un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses del recurrente (arts. 384, 456 y concs., CPCC).
En efecto, el señor juez doctor Volta -quien concitó la adhesión de su colega el señor juez doctor Castro Durán-, sostuvo que los condenados recurrentes no habían logrado acreditar que el obrar de A. hubiese interrumpido siquiera parcialmente el nexo causal existente entre el riesgo o vicio del vehículo conducido por Ríos y los daños ocasionados a las víctimas (v. fs. 898 vta.).
En tal sentido, afirmó -teniendo en cuenta las circunstancias acreditadas en la causa, reseñadas por el camarista preopinante, a saber: que el conductor de la camioneta Ford F100 en forma previa mordió la banquina e invadió el carril del actor y que este último intentando una maniobra de esquive se cruzó de carril instantes antes de la colisión- que el obrar del accionado se erigió en la única causa jurídicamente relevante en la producción del siniestro, sin que pudiese efectuarse reproche alguno en la maniobra intentada por el fallecido A. quien, ante la presencia de un vehículo que invadía su mano de circulación desde su izquierda y hacia su derecha, intentó evadirlo girando en el sentido contrario (hacia su izquierda), ocupando de esta forma el carril opuesto (v. fs. 899 y vta.).
Por su parte, el impugnante arguye que la sentencia partió de una premisa jamás acreditada, consistente en que el conductor de la camioneta F100 en forma previa invadió el carril de la contraria, en base a la declaración de testigos descalificables, omitiendo lo dictaminado por la única pericia accidentológica obrante en autos (v. fs. 918 vta. y 919).
En particular, aduce que los testimonios brindados por Flores y García deben ser tachados por su falta de idoneidad y parcialidad manifiesta, pues revisten la calidad de actores en el presente juicio, en tanto las declaraciones vertidas por Giuffré y Bajos resultan inverosímiles, dada la imposibilidad física de que hayan podido ver lo que dicen haber visto (v. fs. 920 vta. y 921).
Asimismo, expresa que el Tribunal de Alzada se apartó arbitrariamente de lo dictaminado por el técnico en accidentología vial, toda vez que la premisa de la cual parte la sentencia no surge de las conclusiones vertidas por el experto (v. fs. 924 vta.).
Llegados a este punto, cabe recordar que la selección de pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde -que admite la posibilidad de inclinarse por algunas descartando otras- es facultad privativa de los jueces de grado, y no constituye supuesto de absurdo en sí mismo el ejercicio de la facultad legal de los tribunales de las instancias de mérito para seleccionar el material probatorio y dar preeminencia a unas pruebas respecto de otras, así como para apreciar la idoneidad de los testigos (conf. causas C. 119.090, "Todoro", sent. de 21-IX-2016; C. 119.665, "Haupt", sent. de 15-VIII-2018; entre muchas).
Por otra parte, se advierte que los cuestionamientos desplegados por el recurrente no son sino una reiteración de aquellos vertidos en la oportunidad de expresar agravios (v. fs. 829/833) y que fueron concretamente tratados y desechados por el Tribunal de Alzada (conf. causas C. 118.783, "Suter", sent. de 16-III-2016; C. 108.529, "Larrosa", sent. de 29-VIII-2017; e.o.); circunstancia que deja en evidencia la insuficiencia del intento revisor.
Resulta necesario destacar que la Cámara precisó que los accionados tuvieron posibilidad de impugnar las declaraciones brindadas en sede penal, no habiéndolo hecho (v. fs. 885 vta.). Tal circunstancia no ha sido eficazmente rebatida por el quejoso, toda vez que de la mera lectura del expediente punitivo surge la participación asumida en dichas actuaciones (v. fs. 4, 5, 6, 14, 19/20, 64/67, 68, 76, 104/105 vta., etc.), las cuales -a su vez- fueron oportunamente ofrecidas como prueba en los escritos postulatorios de la presente litis (v. fs. 240 vta. y 262 vta.); correspondiendo, por ende, desestimar el planteo articulado.
Si la causa penal fue ofrecida como prueba por ambas partes, no puede una de ellas desconformarse con lo que le resulta adverso y quedarse con lo que le favorece (conf. causas C. 98.296, "Lannutti", sent. de 22-XII-2008; C. 120.650, "Ricart", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Resta decir, en lo atinente a la crítica vinculada con la apreciación de la pericia accidentológica, que el experto, lejos de desechar alguna maniobra previa impropia por parte del vehículo accionado -tal como aduce el impugnante-, indicó que "...ambos rodados antes del impacto se encontraban realizando alguna maniobra zigzagueante" (v. informe: fs. 86/89, causa penal agregada a la presente).
A la luz de las consideraciones hasta aquí expuestas, advierto que el recurrente no ha logrado acreditar el grave vicio del razonamiento invocado, pues expresa su mera disconformidad con lo decidido, dejando incólumes los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta la decisión.
Sostuvo en reiteradas oportunidades esta Corte que constituye requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que parcializa la crítica del fallo y deja incólume un fundamento esencial que por sí solo resulta bastante para mantenerlo (conf. causas C. 100.855, "Zweifel", sent. de 12-III-2014; C. 119.753, "Álvarez Sosa", sent. de 25-X-2017; entre muchas).
IV.2. Respuesta adversa merece el agravio vinculado con la cuantía de los rubros resarcitorios establecidos (v. fs. 929 y vta.).
Al respecto cabe recordar que la determinación del monto indemnizatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias ordinarias y sus conclusiones no son revisables en casación, salvo absurdo (conf. causas C. 102.558, "Klein", sent. de 27-IV-2011; C. 117.387, "Giles", sent. de 13-V-2015; e.o.); vicio que, aunque denunciado en la especie, no fue demostrado.
En lo que aquí interesa destacar, en relación al rubro valor vida, la Cámara sostuvo que a la luz de la edad de A. al momento del accidente (38 años), la vida compartida -unión convivencial- con M. d. l. N. G. (26 años); sus hijos en común, A. (4 años) y L. (4 meses); la edad de su madre Norma Raquel Olmedo (62 años); su calidad de trabajador autónomo cuentapropista en el ramo metalúrgico y el monto estimado de sus ingresos, que oscilaban en los $30.000 mensuales, correspondía elevar las sumas establecidas en la sentencia de origen, fijándolas en $700.000 para L. A.; $628.500 para A. A.; $62.000 para Norma Raquel Olmedo y $1.238.000 para M. d. l. N. G. (v. voto señor juez preopinante doctor Guardiola, fs. 887/889; y adhesión de los restantes camaristas, fs. 898 vta.).
En cuanto al daño moral a raíz del fallecimiento de J. G. A. -por mayoría de opiniones- fueron confirmados los importes otorgados por la jueza de primera instancia, tras considerar que los mismos resultaban adecuados para procurar la satisfacción sustitutiva y compensatoria por el inmenso daño espiritual producido por la pérdida del conviviente, padre e hijo, respectivamente (v. mayoría, fs. 898 vta. y 899 vta.).
En lo atinente a la incapacidad sobreviniente de los actores Lucas Azcune y César Oscar García ponderó, en relación con el primero, que este tenía veintitrés años de edad al momento del accidente; su vida económicamente útil; su desempeño como albañil; el salario mínimo vital y móvil; el porcentaje de incapacidad determinado pericialmente (32,52%), estimando prudente ascender dicho rubro a la suma de $575.768,55. Con relación al segundo, que si bien las lesiones estéticas acreditadas en una persona que trabajaba como albañil no eran aptas para ocasionar incapacidad sobreviniente, en virtud de la prohibición de la reformatio in pejus , correspondía confirmar el monto fijado por la jueza de origen (v. voto señor juez preopinante doctor Guardiola, fs. 893/896 y 896 y vta.; y adhesión de los restantes camaristas, fs. 898 vta.).
En suma, tal como ha quedado evidenciado de modo manifiesto, la Cámara explicitó tanto las pautas tenidas en cuenta para meritar la cuantificación de cada uno de los conceptos indemnizatorios en cuestión, precisando los métodos de cálculo utilizados.
Estos sólidos fundamentos no logran ser desvirtuados por el escueto y deficiente planteo formulado por el impugnante, quien se limita a expresar genéricamente que las sumas fijadas resultan "excesivas e infundadas" o que el Tribunal de Alzada no ha dado "ningún fundamento que permita inteligir su contenido y alcance" (v. fs. 929 y vta.), lo que evidencia un desentendimiento sobre las específicas motivaciones brindadas por la Cámara (art. 279, CPCC).
Dicho proceder deviene ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas C. 103.555, "Romero", sent. de 22-V-2013; C. 120.021, "Milian", sent. de 16-VIII-2017; entre muchas).
IV.3. Por último, se agravia el quejoso en cuanto a la aplicación de la tasa de interés bancaria con relación a aquellos rubros -valor vida e incapacidad- que fueron establecidos teniendo en cuenta valores actuales, solicitando la fijación de una tasa pura del 6% anual (v. fs. 929 vta./932).
Esta parcela del recurso merece ser receptada.
En efecto, en lo que respecta a esta cuestión debe estarse a la reciente doctrina legal de este Tribunal "Causas Vera" (C. 120.536) y "Nidera" (C. 121.134),
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.