Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122865
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 19 de agosto de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.865 "ALVAREZ, ALBERTO ADRIAN Y OTRO/A C/ CLINICA GENERAL PAZ Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)"
I. Con la presentación de fecha 28 de agosto de 2020 -a las 9:42:21 hs.-, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 19 de agosto del corriente año.
II. El apoderado de la Clínica General Paz S.A, deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo parcialmente lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de la Cámara interviniente -que había rechazado la demanda- y confirmó las responsabilidades atribuidas en el fallo de primera instancia. Asimismo, dispuso la remisión al Tribunal de Alzada para que, con nueva integración, aborde los agravios referidos a la indemnización. Finalmente, impuso las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria en un 10% a los actores y en un 90% a los demandados (arts. 68 segunda parte, 274 y 289, CPCC; v. presentación electrónica titulada "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de 5-II-2020, soporte papel identificado como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de 6-II-2020 y sent. de 4-XII-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley y tutela judicial (arts. 14, 16, 17 y 18, Const. nac.; 8, CADH; v. págs. 1/2, 4 y 8/10, escrito electrónico cit.).
III.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta dogmática y debe ser dejada sin efecto. Ello, en tanto, apartándose de las constancias de la causa, de la prueba aportada y de la normativa que rige al caso, consagró el derecho a una indemnización que califica de injusta, por la ausencia de elementos conducentes que acrediten que hubo responsabilidad médica y asistencial, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio y tutela judicial. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 304:638; 302:1405; 296:765; 15:575; 414:685; 313:297; 3236, entre otros; v. págs. 3/4 y 9/10, escrito electrónico cit.).
Así, expone que, contrariamente a lo sostenido por este Tribunal, de los informes periciales surge -sin hesitación alguna, según su entender- que se trató de "un incidente anestésico", de "una complicación anestésica" o de un accidente "anestésico" (v. págs. 3/4, escrito electrónico cit.).
En tal sentido, explica que ninguna de las pericias agregadas refiere que hubo un obrar culpable o reprochable, ni establecen una causalidad adecuada con el obrar de los médicos ni con el de la Clínica. Asimismo, alega que de las mismas surge que la ficha anestésica demuestra el uso correcto de medicamentos y que no existen constancias que puedan determinar la rotura del respirador, hecho -que agrega- no existió (v. págs. 5/6, escrito electrónico cit.).
En sustento de lo antedicho, denuncia además que la decisión atacada resulta contradictoria dado que esta Corte admite que los peritos consideraron que el uso de medicamentos había sido el correcto pero, finalmente, funda su posición en que no consta cuál fue la dosis total administrada y en que la historia clínica estaría incompleta en ese sentido, extrayendo de ese modo una presunción de verdad sobre la conducta antiprofesional, en base a la falta de registro de un único indicio que -afirma- no tiene la entidad suficiente para que prospere la acción (v. págs. 5/6, escrito electrónico cit.).
Y concluye que el informe que formula la perito Sierra es contundente -según su modo de ver- respecto de que la Clínica que representa no tiene responsabilidad alguna en el caso, ello con base en el principio de causalidad adecuada que consagra nuestro Código Civil y conforme a la doctrina de la Corte Suprema, ya que no surge -con grado científico suficiente- causal alguna imputable en su contra (v. págs. 7/8, escrito electrónico cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercia de la Nación (v. proveído de 29 de julio de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora y por la titular de la Asesoría de Incapaces (v. escritos electrónicos titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de 7-VIII-2020, "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de 13-VIII-2020 y "ESCRITO ELECTRÓNICO" de 28-VIII-2020, a las 9:42:21 hs.).
V. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierten las circunstancias fáctico-probatorias y la relación de causalidad en el ámbito de la responsabilidad profesional médica) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 2329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, en tanto los planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada por no analizar las pruebas que entiende esenciales, o apartarse de sus conclusiones, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.1. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, interpretación irrazonable de la prueba, autocontradicción y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.2. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley y tutela judicial; arts. 14, 16, 17 y 18, Const. nac.; 8, CADH; v. págs. 1/2, 4 y 8/10, escrito electrónico cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 9/10, escrito electrónico cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 19 de agosto de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/11/2020 11:52:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/11/2020 15:11:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/11/2020 19:56:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2020 12:18:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 17:55:33 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 13:35:52 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia