Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 121.557 "KUJARECHEN RICARDO MIGUEL Y OTROS C/ EMPRESA DISTRUBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S) S/ DAÑOS Y PERJ.INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. El apoderado de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de la Cámara interviniente y confirmó lo resuelto en primera instancia en cuanto estimó procedente la acción contra la empresa Edesur S.A. y la citada en garantía. Asimismo, dispuso que los autos vuelvan al tribunal de origen para que, debidamente integrado, y partiendo de las premisas que sentó, dicte un nuevo pronunciamiento, debiendo evaluar los agravios cuyo tratamiento resultó desplazado al disponer la Cámara la ausencia total de responsabilidad de la demandada. Ello, con costas a la parte vencida (arts. 68 y 289, CPCC; v. sents. de 25-X-2015, 25-X-2016 y 11-VIII-2020; escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 23-IX-2020 y archivo adjunto identificado como "KUJARECHEN- RECURSO EXTRAORDINARIO Y CAR").
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso y a obtener una sentencia justa (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3, 10, 13 y 26, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia atacada resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa, de la prueba aportada -puntualmente de la pericial y la testimonial- y de la normativa vigente, revocó -basándose en su propia convicción subjetiva- la decisión del a quo que había eximido de toda responsabilidad a su mandante vulnerando, de ese modo, los derechos constitucionales mencionados (v. págs. 3, 10/12 y 25/26, adjunto cit.).
Contrariamente a lo expuesto, alega que no existió conducta antijurídica por parte de su representada, en tanto -asevera- no existe elemento alguno que permita tener por acreditada la relación de causalidad alegada por los actores. Y agrega que, aun suponiendo probada la relación de causalidad, resulta claro -según su modo de ver- que nos encontramos ante una culpa in vigilando por parte de los padres del entonces menor (v. págs. 12/13, adjunto cit.).
Al respecto, si bien reconoce que Juan Agustín Kujarechen sufrió una descarga eléctrica niega la existencia del nexo causal con su mandante. En tal sentido, arguye que de las pruebas periciales y testimoniales no surgen -en ningún momento, según su entender- que el accidente y las lesiones sufridas hayan ocurrido por haber tocado un cable de media tensión de propiedad de la firma que representa, ni determinan la mecánica del accidente. Y concluye que los daños sufridos podrían, también, ser consecuencia de un accidente doméstico, dado que de haber acaecido como lo denuncian los actores, el desenlace hubiese sido fatal (v. págs. 14/19, adjunto cit.).
II.3. Refiere, además, que la decisión en crisis resulta contradictoria pues esta Corte, por un lado, descartó el argumento formulado respecto a que en el caso existió culpa in vigilando por parte de los padres del entonces menor bajo el fundamento de que ello no había sido debidamente probado, pero por el otro, al fallar reconoció que en el caso hubo un comportamiento imprudente por parte de los mismos.
Y agrega que, aún suponiendo que no existe prueba en tal sentido, son las circunstancias fácticas que rodearon al evento denunciado, esto es, la corta edad del niño al momento del hecho, así como la precariedad y falta de medidas de seguridad de la construcción en la que se encontraba jugando, las que por sí solas permitían tenerlo por acreditado (v. págs. 21/24, adjunto cit.).
II.4. Finalmente, cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 112:384; 233:147; 235:113; 330:4226; 326:4541; 326:3734; 323:3196; 312:1150; entre otros; v. págs. 10/12 y 25/26, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 21 de octubre del corriente año), el mismo fue contestado por la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 28 de octubre del corriente año).
IV.1 Respecto de la vía federal deducida, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como las relativas a la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , se controvierten las circunstancias fáctico-probatorias y la relación de causalidad en el ámbito de la responsabilidad conforme lo normado por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.)
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de autocontradicción, falta de fundamentación suficiente, interpretación irrazonable de la prueba y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Cabe apuntar, además, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, debido proceso y a obtener una sentencia justa; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3, 10, 13 y 26, adjunto cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 10/12 y 25/26, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco SA", resol. de 11-VI-2020; C. 124.180, "Leguizamon", resol. de 23-X-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/11/2020 12:39:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2020 19:53:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2020 08:19:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/11/2020 09:27:18 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2020 10:01:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2020 12:23:51 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia