Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124159
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1.790); con costas.
C. 124.159 "G. C. B. C/ ORSATTI JUAN FABIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3, con asiento en Tandil, del Departamento Judicial de Azul, en el marco de los autos principales sobre indemnización de daños y perjuicios instados por C. G. -por sí y en representación de sus hijos menores de edad I. N. y J. C. L. G.- contra Juan Fabio Orsatti y Marcelo Raúl Papponetti, siendo citada en garantía Escudo Seguros S.A., hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por los dos últimos mencionados, por lo que rechazó la acción a su respecto. Asimismo, acogió favorablemente, aunque en forma parcial, la pretensión instada respecto del mencionado Orsatti, a quien condenó a abonar las sumas que determinó para cada uno de los actores ($ 262.000 para la señora G. y $ 186.000 y $ 158.000 para los menores mencionados, respectivamente), más los intereses que especificó (v. pág. 4 del escrito electrónico del 10 de agosto de 2020 y sentencia del 3 de septiembre de 2019, obrante en el Portal de la mesa de Entradas Virtual de esta Suprema Corte).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó lo así decidido en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía y también en tanto hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, la que desestimó en su totalidad (v. págs. 4/5 del escrito electrónico cit. y decisión de fecha 2 de julio del año en curso, que consta en el Portal de Mesa de Entradas Virtual).
Frente a ello, la actora interpuso recurso extraordinario inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 30-VII-2020), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio -teniendo en consideración el porcentaje de responsabilidad firme atribuido al demandado sobre el total reclamado en la demanda- (v. pág. 5 del escrito electrónico del 10 de agosto de 2020 y resol. de 30-VII-2020). Ello motivó la articulación de la presente queja (v. escrito electrónico del 10 de agosto del presente año; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, cabe señalar de modo liminar que la actora recurrente no desconoce la insuficiencia del monto observada por la Cámara en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, exponiendo en su queja la escasa suma que separa al monto considerado por el a quo con el mínimo legal y pretendiendo que no sea aplicada tal limitación invocando la violación de distintas garantías constitucionales y la existencia en el caso de una cuestión federal; asimismo plantea la inconstitucionalidad de dicha norma (v. escrito electrónico cit.).
Sobre la base de tales planteos en relación al mentado recaudo de admisibilidad, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos de excepción señalados por el impugnante (causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019 y C. 124.122, "Israel Silicaro", resol. de 2-IX-2020).
En primer lugar deviene aquí pertinente recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el mencionado art. 278 debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 119.060, "Agosti,", resol. de 4-III-2015; C. 119.961, "Fuhr,", resol. de 1-VI-2016; C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016 y C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020). Conforme a ello, el importe reclamado individualmente por cada uno de los accionantes resulta aún inferior al considerado por la Cámara en su denegatoria, no alcanzando así respecto de ninguno de ellos el mínimo legal (v. resol. de fecha 30-VII-2020; conf. causas C. 120.590, "Meneses", resol. de 4-V-2016; C. 121.527, "Correa", resol. de 29-VIII-2017 y C. 122.699, cit.).
Por otra parte, en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 citado, corresponde señalar que esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que las limitaciones establecidas por las normas procesales referidas al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en el citado art. 278 no vulneran derechos o garantías de raigambre constitucional (doctr. causas C. 120.444, "Panceri", resol. de 22-XII-2015; C. 121.005, "Echeto", resol. de 28-XII-2016; C. 122.008, "Conti", resol. de 29-XI-2017; C. 122.369, "L. N. I.", resol. de 5-IX-2018 y C. 123.971, "Ardissone", resol. de 29-VII-2020).
Finalmente, el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, en el sub lite , si bien se alega arbitrariedad, absurdo y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, lo cierto es que no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460, "Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
En consecuencia, resultando insuficiente el valor del agravio para acceder a la revisión por la vía intentada (art. 278, texto según ley 14.141 y Resol. 3.972/2020, aplicables al caso), se impone el rechazo de la queja deducida (art. 292, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1.790); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2020 16:16:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 19:24:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/12/2020 18:12:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 08:19:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 13:50:02 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia