Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123958
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 123.958 "LUDUEÑA, CELIA DORA Y OTRO/A C/ TAMOLA, CESAR FABIAN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio por daños y perjuicios, hizo lugar a la demanda instaurada por Celia Dora Ludueña y Juan Javier Yedros contra César Fabián Tamola, Empresa Nueve de Julio S.A.T. y Seguros Rivadavia S.A. y en su consecuencia los condenó a pagar la suma de $ 132.000 (v. fs. 1/4).
Apelado el referido fallo por los actores, la demandada y la citada en garantía, la Sala III de la Cámara Primera del fuero departamental revocó lo así decidido y rechazó la pretensión (v. fs. 5/18).
Frente a dicho pronunciamiento, los actores dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 21/30 vta.), cuya denegatoria -sustentada en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 20)-, motivó articulación de la presente queja, invocando la previsión del art. 48 del ordenamiento procesal (art. 292, CPCC; v. fs. 31/34). Esta presentación fue luego ratificada por los accionantes (v. escrito electrónico de fecha 22-VI-2020).
II. Al respecto, cabe observar en primer lugar que este Tribunal ha dicho, en reiteradas oportunidades, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado para los actores, en casos como el presente, por las sumas individualmente peticionadas en la demanda (v. fs. 1; doctr. causas C. 120.590, "Meneses", resol. de 4-V-2016; C. 121.527, "Correa", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.369, "López", resol. de 5-IX-2018; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020).
Así en el caso, conforme a las constancias adjuntadas es de toda evidencia que los montos reclamados para cada uno de los actores en el escrito de inicio -$ 350.000 en total para la parte actora, v. fs. 1 y conc.- no alcanzará individualmente el mínimo para acceder a la revisión de la vía intentada -$ 858.000- de acuerdo a lo regulado por el art. 278 del ordenamiento procesal (conf. texto según ley 14.141 y Acordada 3.953/20, vigente a la fecha de interposición del carril extraordinario; v. fs. 30 vta.).
En el recurso de hecho, escuetamente señalan los impugnantes que el capital en su momento reclamado debe actualizarse desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el momento de recurrir ante esta Corte -con cita parcial del voto minoritario en dos precedentes de esta Corte- y luego afirman -sin especificación ni cálculo algunos- que dicho monto actualizado excedería el mínimo legal cualquiera fuera el índice que se tomara para ello. Asimismo, critican que la norma contenga lo que entiende como "un índice indexatorio" (jus) y la demanda quede incólume (v. fs. 31 vta.).
Dichas argumentaciones no pueden admitirse, desde que además de desconocer la condición diferenciada con que corresponde analizar el valladar pecuniario en los casos de litisconsorcio facultativo conforme a la doctrina de esta Corte anteriormente referida, con respecto a la actualización de los valores reclamados en la demanda, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, que a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar la suma allí peticionada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004 y Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causa C. 122.757, "Cardano,", resol. de 26-II-2020).
Asimismo, deviene pertinente recordar que en forma reiterada se ha sostenido que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 121.695, "Silvero,", resol. de 13-IX-2017 y C. 122.250, "Raut", resol. de 15-VIII-2018), por lo que no pueden ser atendidos los argumentos expuestos a fin de superar tal valladar.
Finalmente, en relación con la mención de una presunta afectación al acceso a la justicia derivada del mentado valor del agravio (v. fs. cit.), este Tribunal tiene decidido que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de rango constitucional como la citada (doctr. causas "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 122.467, "Morelli", resol. de 27-VI-2018 y C. 122.369, "L. N. I.", resol. de 5-IX-2018; C. 122.699, cit.).
En consecuencia, la vía extraordinaria articulada resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja bajo estudio (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:36:16 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 21/07/2020 17:35:59 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 23/07/2020 00:14:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 27/07/2020 17:38:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/07/2020 13:49:39 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia