Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124272
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.272 "FUNES VICTOR Y OTRA C/ AUTOVIA BUENOS AIRES LOS ANDES S.A. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Con el archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 2 de octubre del corriente año, téngase por cumplida la intimación cursada el 30 de septiembre del 2020.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Junín, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por los señores Víctor Abel y María Victoria Funes contra Autovía Buenos Aires Los Andes S.A. y la citada en garantía Provincia Seguros S.A., hizo lugar a la pretensión y mandó a estos últimos a abonar a los mencionados actores las sumas de $ 401.965 y $ 186.000, respectivamente (v. sentencia de fecha 15-XI-2019, en archivo adjunto a la queja).
Dicho pronunciamiento fue impugnado por la demandada y la aseguradora y la Cámara de Apelación del fuero departamental, a su turno, lo revocó y, en consecuencia, rechazó la acción intentada (v. sentencia de fecha 13-VIII-2020, adjuntada al escrito cit.).
Frente a tal decisión, los legitimados activos interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 1-IX-2010, acompañada al escrito cit.), el que fue denegado son sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 8-IX-2020, en copia adjuntada). Ello, motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 18-IX-2020 y archivo acompañado el 2-X-2020).
III. Al respecto, cabe observar que, en el sub examine el valor de lo cuestionado en esta instancia está representado para los impugnantes por la indemnización reconocida a cada uno de ellos en forma individual en la sentencia de grado que consintieran, que fuera revocada por el Tribunal de Alzada (causas C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII-2017; C. 122.746, "Pared", resol. de 19-IX-2018 y C. 123.971, "Ardissone", resol. de 29-VII-2020), importe que -efectivamente- no alcanza para ninguno de los actores el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según ley 14.141 y Acordada 3.972, vigente al momento de la articulación de la vía extraordinaria.
Los recurrentes pretenden que a los fines del mencionado art. 278 se tome el valor del jus a la fecha de interposición de la demanda y no el vigente al momento de la deducción del recurso extraordinario; peticionan la actualización de los montos reclamados, invocan precedentes sobre excepción a tal limitación por existir violación de doctrina de esta Corte y denuncian también la existencia en el presente de un agravio federal. Sobre la base de tales agravios, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos invocados por los impugnantes (conf. doctr. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020).
Con relación a lo expuesto sobre el valor del jus, deviene pertinente recordar que esta Corte ha sostenido, insistentemente, que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas C. 120.403, "Romero", resol. de 11-II-2016; C. 122.084, "Romero", resol. de 6-XII-2017; C. 122.582, "Dioguardi", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.495, "Feal", resol. de 29-V-2019 y C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020), por lo que no pueden ser atendidos los argumentos expuestos a fin de superar tal valladar.
Asimismo, corresponde señalar que esta Corte ha dicho en casos análogos, que a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar la suma reclamada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004 y Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causa C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020). Por lo demás, cabe observar que los precedentes citados en la queja sobre actualización de los importes a los fines del cómputo del mencionado límite cuantitativo se refieren a situaciones configuradas en un marco legal distinto al de estos obrados (conf. doctr. causas C. 116.755, "Rubio,", resol. de 11-VII-2012 y C. 120.153, "Lopez Ruf,", resol. de 7-X-2015).
Por otra parte, la excepción a la limitación prevista en el ya mencionado art. 278 por vía de lo dispuesto en el art. 55 de la ley 11.653 que se invoca también en la queja, no resulta de aplicación al caso, desde que el supuesto se refiere al procedimiento laboral, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 122.757, cit. y C. 123.804, "Lalanne,", resol. de 29-VII-2020).
Finalmente, si bien se alega arbitrariedad, absurdo y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, lo cierto es que no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460, "Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
En consecuencia, corresponde rechazar la queja bajo estudio (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2020 16:16:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 19:24:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/12/2020 18:12:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 08:19:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 13:49:58 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia