Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124320
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.320 "RAMOS ARZAMENDIA FELIX DANIEL C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la sentencia que, a su turno, hiciera lugar a la demanda por cumplimiento de contrato de seguro de accidentes personales entablada por el señor Félix Daniel Ramos Arzamendia contra Federación Patronal Seguros S.A., por lo que condenó a ésta a abonar al actor la suma de trescientos sesenta mil pesos ($ 360.000), con más los intereses que determinó (v. sentencias de fechas 13-III-2019 y 31-VII-2020 en sendos archivos adjuntos al escrito de queja).
Frente a ello, la accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 1-IX-2020, en archivo adjunto al escrito electrónico cit.), cuya denegatoria, fundada en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 15-IX-2020, en copia anexada al documento electrónico cit.), motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; escrito electrónico de fecha 29-IX-2020).
II. Al respecto, es pertinente comenzar por señalar que, en el sub lite , el valor del agravio a los fines del cumplimiento del recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial provincial está dado, de conformidad con los planteos expuestos en el canal extraordinario denegado, por la diferencia entre el monto indemnizatorio establecido en la sentencia de condena y la suma hasta la que pretende responder considerando el límite de cobertura determinado en la póliza (conf. doctr. causas C. 120.631, "Melinger", resol. de 31-VIII-2016; C. 120.282, "Primo", resol. de 4-V-2016 y C. 122.960, "Rabanal", resol. de 13-VIII-2020).
En el caso de autos, dicho importe no alcanza el mínimo establecido en el art. 278 citado según ley 14.141 y la Acordada 3.720/2020 de este Tribunal vigente al momento de la articulación de la vía extraordinaria y tal circunstancia no es desconocida o cuestionada por la parte en el recurso directo que se considera, sino que pretende sortear tal requisito de admisibilidad mediante diversos planteos.
Así, en cuanto a la excepción a la limitación prevista en el art. 278 citado cuando se ha violado la doctrina legal, que se invoca en la queja (v. pág. 3 de la presentación electrónica del 29-IX-2020), no resulta de aplicación al caso, desde que tal supuesto se refiere al procedimiento laboral en el que rige el art. 55 de la ley 11.653 que contempla expresamente la excepción apuntada, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 118.508, "Manganiello", resol. de 30-IV-2014; C. 121.026, "Ciancaglini", resol. de 26-X-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020 y C. 123.804, "Lalanne", resol. de 29-VII-2020).
Por otra parte, es del caso señalar que si bien se denuncia la vulneración de garantías constitucionales, invocando la afectación de las garantías de defensa en juicio, igualdad, tutela judicial efectiva y continua, doble instancia y derecho de propiedad (v. págs. 3/4 del escrito electrónico del 29 de septiembre cit.), lo cierto es que -atento al contenido de la impugnación- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; conf. doctr. causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018 y C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020).
En este sentido, el planteo introducido por el impugnante en relación a la existencia de cuestión federal, con mención indirecta de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio" y "Christou" (v. pág. 4 de la pieza electrónica aludida; Fallos: 308:490, 311:2478 y 310:324) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas con el fin de restringir el trámite de embates que porten agravios federales. Así, en el presente caso, no se exhiben argumentos que prima facie valorados resulten suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional (causas C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 120.990, "Luján", resol. de 26-X-2016; C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 123.499, "Coceres", resol. de 6-XI-2019 y C. 123.642, cit.), que permita habilitar la instancia revisora.
Finalmente, a lo expresado cabe agregar que la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad y contradicción -absurdo- (v. págs. 3/4, escrito electrónico cit.) no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. doctr. causas C. 119.523,"Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.766, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020 y C. 123.642, cit.).
En consecuencia, cabe concluir en la inadmisibilidad de la vía extraordinaria intentada, imponiéndose el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2020 16:16:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 19:24:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/12/2020 18:12:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 08:19:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 13:49:57 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia