Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.884 "SILVA MARIA ESTER Y OTROS C/ GUADO CARLOS OSCAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El letrado accionado deduce -por su propio derecho- recurso extraordinario federal contra la resolución de esta Corte que, con sustento en la falta de fundamentación suficiente y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 2-IX-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 27-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "REF CDB.pdf").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por María Ester Silva, Yamila Elizabeth Asmar y Carlos Moisés Asmar contra Carlos Diego Berteri por mala praxis profesional, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 18-VIII-2017 y 30-VIII-2018, conjuntamente con sus aclaratorias de fechas 3-IX-2018 y 11-IX-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio, trabajo y propiedad (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 1, 14, 17 y 40, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia atacada resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la prueba aportada, rechazó el recurso de queja al ponderar -sin fundamentación suficiente- que no se encontraba presente la cuestión federal invocada, vulnerando de esa manera los derechos de defensa en juicio, debido proceso legal y acceso a la justicia.
Contrariamente a lo expuesto, alega que el recurso deducido debió ser abordado, tratado y resuelto, en tanto el fallo del Tribunal de Alzada resolvió de modo arbitrario asuntos dirimentes de la causa, originándose allí las cuestiones federales que habilitaban, tanto el conocimiento de esta Corte, como la procedencia sustancial del presente remedio federal. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 239:459; 241:291; 308:2351:2456; 310:927; 311:1171; 312:246; 313:62; 321:324; 326:280; entre otros; v. págs. 9/19, adjunto cit.).
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis omitió tratar los planteos esgrimidos en el recurso de hecho local y los traídos en el remedio de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce-, lo cuales resultaban -según su modo de ver- suficientes para atacar las razones dadas por el a quo y demostrar de manera eficiente la cuestión constitucional que se pretendía tutelar (v. págs. 19/39, adjunto cit.).
II.3. Afirma, también, que existió una arbitraria aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827 desde que -como sostuvo al deducir el remedio desestimado- existen sucesivos pronunciamientos en los que este Tribunal ha admitido la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -aún cuando no se encuentre satisfecho el recaudo del monto mínimo del litigio. Ello, ante un fallo que infrinja notoriamente normas sustanciales de aplicación al caso, conculcando ilegítimamente derechos constitucionales (v. págs. 9/10, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 30-IX-2020), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara, así como la aplicación de la figura prevista por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827 y la viabilidad del recurso de queja; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 9/39, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa, interpretación irrazonable de la prueba y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por esta Corte para descartar la vía de hecho local, insistiendo el agraviante en su propia postura respecto a la interpretación del fallo dictado por el Tribunal de Alzada.
IV.3. Asimismo, cabe destacar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio, trabajo y propiedad; arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 1, 14, 17 y 40, adjunto cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 13/18, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/11/2020 14:12:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2020 14:28:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/11/2020 16:28:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2020 13:24:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 13:00:53 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia