Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122708
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.708, "Cristos, Pablo Exequiel contra González, María Paula y otros. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Genoud, Pettigiani .
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, admitió la demanda, aplicando la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, pero la modificó en algunos rubros indemnizatorios, aumentándolos (v. fs. 402/417 vta.).
Se interpuso, por la demandada y por la citada en garantía, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 423/433).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Pablo Exequiel Cristos promovió demanda de daños y perjuicios contra María Paula González por las lesiones padecidas cuando circulando en su motocicleta, marca Yamaha FZ16, dominio 288-ISH, fue embestido por la demandada, quien conducía el rodado marca Volkswagen Gol, dominio IGK-81, el día 15 de noviembre de 2012, en la intersección de las calles Curuchet y Avellaneda, en la localidad de Castelar, Partido de Morón. Reclamó la indemnización de los daños que le fueron ocasionados y solicitó la citación en garantía de Caja de Seguros S.A. (v. fs. 15/27 vta.).
Corrido el traslado de ley, se presentaron a contestarlo la empresa aseguradora y la demandada, repeliendo la acción (v. fs. 35/45 y 74).
Se abrió la causa a prueba y, oportunamente, se dictó sentencia haciendo lugar a la pretensión, fijando la indemnización correspondiente y la tasa de interés, la que se estableció en la pasiva más alta que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcanzara a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa y hasta su efectivo pago (v. fs. 338/348).
Este pronunciamiento fue apelado por la actora (v. fs. 350), por la demandada y la citada en garantía (v. fs. 351 y 357), quienes presentaron sus memoriales -la actora a fs. 371/374 vta. y la parte contraria a fs. 378/387- y sus respectivas contestaciones (v. fs. 391/396 vta.; 397/400).
I.2. Elevados los autos a la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, esta modificó solamente algunos rubros indemnizatorios, elevando sus montos, confirmando la decisión respecto de la tasa de interés.
Para decidir como lo hizo, en la medida del recurso interpuesto ante esta sede, dispuso respecto de los intereses moratorios que esta Corte había sentado su doctrina, por mayoría de fundamentos, en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), disponiendo la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcanzaran a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago, confirmando, sobre ese fundamento, la decisión del magistrado de grado anterior (v. fs. 416 y vta.).
II. Se agravian las recurrentes, denunciando la falta de aplicación de la doctrina legal.
Refieren que la Cámara no aplicó la nueva doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018), que es obligatoria pues el Tribunal de Alzada ha reconocido la obligatoriedad de la doctrina legal, cuando la sentencia fue dictada el 8 de mayo de 2018, tiempo después de los fallos nombrados (v. fs. 425/426).
Señalan que en esas causas se resolvió que no correspondía adicionar la tasa de interés pasiva más alta cuando los montos indemnizatorios habían sido determinados a valores actuales (v. fs. 426).
Advierten que, en el presente caso, ambas sentencias fijaron la indemnización a valores actuales, lo que implica que al aplicar la tasa determinada en las instancias anteriores se configura una doble imposición a cargo del deudor (v. fs. 426 vta.).
Transcriben el voto del doctor Soria en la causa C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018), resaltando la aplicación de la tasa pura del 6% anual sobre valores actuales, guarismo que, señalan, también se aplicó en la causa C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018) y por idéntico fundamento (v. fs. 427 y vta.).
Ponen de relieve que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Fontana, Mariana Andrea c/ Brinks Argentina S.A. s/ Accidente-acción civil" (CNT 54591/2011/1; sent. de 3-X-2017) reconoció que la fijación de una tasa de interés activa de libre destino del Banco de la Nación Argentina no tenía sustento cuando el monto resarcitorio había sido fijado a valores actuales (v. fs. 428).
III. El recurso prospera.
La demandada y la citada en garantía han denunciado la violación de la doctrina legal sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018), desconformándose de que la Cámara, confirmando la sentencia de primera instancia, haya mandado aplicar la tasa pasiva digital que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días.
Encuentro que le asiste razón a la recurrente, pues esta Suprema Corte ha fijado su posición en casos análogos a este (conf. doctr. causa C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018; e.o.) como señala la impugnante, lo que aplico por razones de celeridad y economía procesal, dejando a salvo mi opinión vertida en la causa C. 119.176 "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
IV. En consecuencia se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, casándose la sentencia de Cámara en lo concerniente a la tasa de interés, la que se fija en el 6% anual por el período comprendido entre la fecha de la mora y hasta la de la sentencia que determina la cuantía. Desde allí y hasta el efectivo pago se aplica la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días (tasa digital). Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en razón del cambio de doctrina legal (arts. 68, segunda parte, 274, 289, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la distinguida colega que me precede en orden de votación.
En relación con el agravio vinculado a la tasa de interés aplicada en la sentencia recurrida coincido con la ponente en que esa parcela del recurso debe prosperar, pues vulnera la doctrina legal de este Tribunal (art. 289 inc. 1, CPCC).
Corresponde, sin embargo, formular las siguientes aclaraciones, en función de las expresiones que se deslizan en el libelo recursivo.
I.1. El pronunciamiento recurrido modificó ciertos rubros indemnizatorios y confirmó la tasa de interés fijada en la instancia de origen (v. fs. 338/348). Allí, se había sentado que la indemnización pretendida prosperaba "a valores actualmente vigentes", en alusión a la fecha del dictado de ese pronunciamiento.
I.2. Tal como lo pone de manifiesto la distinguida colega que abre el acuerdo, el Tribunal de Alzada desestimó el recurso de apelación que -respecto de esta parcela- pretendía la fijación de una alícuota menor.
I.3. El recurso extraordinario en tratamiento, en lo que a este tramo de la decisión importa (v. fs. 425/426), denuncia la violación a la doctrina legal que emana de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018), señalando que, según esos precedentes, no correspondía adicionar la tasa de interés pasiva más alta cuando los montos indemnizatorios habían sido determinados a valores actuales.
I.4. Es claro que el debate gira en torno a la tasa de interés aplicable a un crédito cuya cuantificación no ha sido fijada teniendo en cuenta el valor que representaba en su origen (valor histórico), sino estimándolo en un momento más cercano a la sentencia que se pronuncia sobre su reconocimiento.
Con ser cierto que luego del dictado de los precedentes que se registran en Ac. 43.448, "Cuadern" y Ac. 43.858, "Zong" (sents. de 21-V-1991, doctrina esta que luego sería ratificada en las causas L. 94.446, "Ginossi", y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009, y precisada en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016), esta Corte había resuelto que corresponde aplicar la tasa de interés allí establecida, aun cuando la sentencia ha expresado la adecuación del valor de condena a la realidad económica del momento en que se pronuncia (causas Ac. 56.920, "Díaz", sent. de 5-III-1996; Ac. 57.989 "Monzón", sent. de 14-VI-1996; e.o.), entendimiento este que también adoptó en las causas C. 116.930, "Padín", sentencia de 10-VIII-2016, y C. 121.710 "Galavotti", resolución de 13-IX-2017 (posteriores aún a "Cabrera" y "Trofe"); no lo es menos que el supuesto de hecho abordado en esta causa -fijación de la indemnización según "valores actuales"- subsume ahora en la doctrina legal que sobrevino a todos esos fallos, a partir de lo sentenciado en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018), a las que me referiré con detalle más adelante.
En ambas decisiones el Tribunal resolvió que, cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual ha decidido la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, como lo ha resuelto el Tribunal de Alzada en este entuerto.
A partir de los precedentes "Vera" y "Nidera", la hipótesis fáctica sometida a juzgamiento -tasa de interés aplicable a los créditos cuantificados a valores actuales, desde el dies a quo fijado en la sentencia y hasta el momento de valuación de la deuda- ha dejado de estar regida por las reglas que emanan de los precedentes "Ponce" y "Ginosi", precisados luego por "Cabrera" y "Trofe".
I.5. Luego de esas aclaraciones corresponde abordar el agravio articulado (art. 289, CPCC).
Esta Suprema Corte de Justicia ha distinguido la estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes a los que refieren del uso de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos. El matiz diferencial radica en que en la última se está ante una operación matemática, mientras que en la primera se justiprecia un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (conf. doctr. causas Ac. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialga", sent. de 28-X-1997; C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; e.o.).
La determinación realizada en esta causa encuadra en la modalidad no indexatoria. Ha fijado la indemnización a valores actuales, solución que -vaya dicho- se adecua a lo que prescribe el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a las denominadas deudas de valor.
Frente a ello el fallo recurrido aplicó la doctrina legal que emana de los precedentes "Cabrera" y "Trofe". Mas, como ya se adelantó, los presupuestos de hecho debatidos en la especie encuadran en la doctrina sentada en los casos "Vera" y "Nidera", cuyas partes pertinentes es prudente transcribir a continuación.
I.5.a. En estos pronunciamientos el Tribunal consideró que como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario; conf. Molinario, Alberto D., Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas , RdN, año LXXV, n° 725, pág. 1.573), desagregado de los factores o riesgos que el prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma prestada (Morello, Augusto M., Tróccolli, Antonio A.; La tasa de interés. Consideraciones jurídicas y económicas , en Álvarez Alonso, Salvador; Morello, Augusto M., Tróccolli, Antonio A.; Derecho Privado Económico , Ed. Platense, año 1970, pág. 372).
I.5.b. En su hora, el así denominado interés puro fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual (Fallos: 283:235; 295:973; 296:115, y más recientemente en Fallos: 311:1249). Esta Suprema Corte de Justicia provincial, en un primer momento lo determinó en el 8% por igual período (v. causas Ac. 20.458, "Sinagra de Fernández", sent. de 26-XI-1974, AyS 1974-III-747; Ac. 21.175, "Acosta", sent. de 23-IX-1975, AyS 1975-845 y Ac. 39.866, "Martín", sent. de 21-II-1989, AyS 1989-I-141), pero luego, a partir de lo resuelto en B. 48.864 ("Fernández Graffigna", sent. de 1-X-1983, AyS 1983-III-227) se plegó a la señalada alícuota de un 6% anual (v. causas L. 49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L. 53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramirez", sent. de 19-II-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco de Vicente Fanny", sent. de 11-V-2011; e.o.).
I.5.c. En las actuales circunstancias no se advierten motivos para descartar dicho guarismo, no solo en atención a que el impugnante nada ha dicho al respecto en sentido contrario en el recurso sino porque, en sustancia, luce proporcionado, respetuoso de la aludida evolución jurisprudencial y congruente con el contexto de las tasas aplicadas a las operaciones que, al expresarse en monedas fuertes o con base en un capital ajustable por índices, pueden ser tenidas como referencia -con las particularidades de cada caso-, tal como ocurre con ciertos títulos públicos provinciales (v.gr. Bono Dólar-link emitido en el mercado local –decreto 164/13-; Bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2016 -resolución ministerial 54/09-; http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/index.php) y nacionales en dólares o con cláusula CER ( http://www.minfinanzas.gob.ar/secretarias/finanzas/subsecretaria- definanciamiento/colocaciones-de-deuda/) o depósitos a plazo fijo de Unidades UVI, ley 27.271 ( https://www.bancoprovincia.com.ar/web/plazofijo ).
I.5.d. Así las cosas, es prudente adoptar el aludido criterio consolidado por la jurisprudencia. Lo es porque el cálculo del crédito a valores actuales, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexatorias, se asemeja a ellas en cuanto evidencia una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación experimentadas a partir de la pasada década, sobre todo al promediar su segunda mitad. Una etapa en la cual, en adición a lo ya señalado en orden a lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial, la agregación de distintos antecedentes normativos ha venido a reconfigurar el panorama regulatorio en la materia, morigerando la estrictez del régimen previsto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ratificado por la ley 25.561, con sus reformas) a favor de una creciente flexibilidad, por cuya virtud se abren paso considerables excepciones expresas que consagran la inaplicabilidad de tales textos -preferentemente para grandes operaciones financieras (v.gr. leyes 26.313; 26.547, art. 4; 27.249; 27.271, art. 6; 27.328, art. 31 inc. "d"; decs. PEN 905/02, art. 2; 1.096/02, art. 1; 1.733/04, art. 1; 146/17, art. 5)- o bien se modulan sus alcances prohibitivos (v. dec. PEN 1.295/02, derogado por el dec. 691/16, cuyo considerando octavo alude al "aumento generalizado de los precios"; entre muchos otros textos). Lo dispuesto en el primer párrafo del art. 14 de la reciente ley 27.430 es muestra elocuente de la señalada línea evolutiva.
I.5.e. En suma, cuando proceda el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal como ha sido decidido por la Cámara en la especie, el uso del denominado interés puro se impone a fin de evitar distorsiones en el cálculo que incrementen en exceso la cuantía del crédito.
I.6. Como corolario de lo expuesto corresponde modificar la sentencia recurrida en cuanto ordena aplicar al caso la tasa de interés a la que refiere el precedente "Cabrera" y su zaga al período comprendido entre la producción de los daños y el de su cuantificación (art. 289, CPCC) y dejar sentado que la tasa -pura- aplicable a ese período será la del 6% anual establecida en las causas "Vera" y "Nidera" (art. 289, CPCC)
Por consiguiente, cabe hacer lugar a este tramo de la impugnación, revocando la sentencia de la Cámara de Apelación en cuanto a la tasa de interés que ordenó adicionar al capital de condena y, asumiendo competencia positiva (art. 289 inc. 2, CPCC), establecer que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
I.7. Una adicional precisión se impone.
I.7.a. La distinción entre deudas de dinero y deudas de valor -de sólida raigambre en nuestro medio (confr. CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329; "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604; "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA causas Ac. 58.663, sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, sent. de 28-X-1997; C. 59.337, sent. de 17-II-1998; e.o.)- ha sido tradicionalmente reconocida por la jurisprudencia del Tribunal.
Son numerosos los pronunciamientos que han realzado la trascendencia del distingo, algunos de reciente data. Así, se ha señalado como rasgo distintivo de la deuda de valor que, en este tipo de obligaciones, y a diferencia de las puramente dinerarias, el dinero no aparece in obligatione (lo debido no es dinero sino un valor) sino in solutione (dicho valor debe traducirse en dinero y pagarse en dinero). Se debe un valor, pero se paga en dinero (causa C. 87.704, "Gerez", sent. de 14-XI-2007, voto del doctor Genoud, sin disidencias). En cuanto al momento en que corresponde cuantificar el monto debido en esta clase de obligaciones, esta Suprema Corte ha mantenido que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar la cuantía de la indemnización al momento de dictar sentencia (conf. doctr. causas L. 77.503, "Cardelli" y L. 75.346, "Britez", sents. de 6-VI-2001; C. 101.107, "Albisu", sent. de 23-III-2010 y C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010). Ha destacado, además, que al determinarse el importe de la reparación patrimonial no es posible desatender los datos que proporciona la realidad económica involucrada y, en este sentido, en ausencia de norma en contrario, el daño debe ser estimado lo más tarde posible (causa C. 117.735, "Bi Launek", sent. de 24-IX-2014, voto del doc
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