Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122711
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, estableciéndose que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016). Asimismo, en cuanto al rubro indemnizatorio "tratamiento psicológico futuro", se fijan los intereses -tal como lo solicita la recurrente- desde el fallo del Tribunal de Alzada a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día del efectivo pago (conf. doctr. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016; art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la parte vencida (art. 68, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. archivo adjunto al escrito electrónico del 26 de agosto de 2018) deberá restituirse a la interesada (art. 293, Cód. cit.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.711, "Acosta, Evaristo contra Soler, Roberto Oscar y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres .
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó -en lo que interesa destacar- la sentencia de primera instancia en cuanto a los intereses fijados (v. fs. 488/495 vta.).
Se interpuso, por la apoderada de los codemandados "Transporte La Perlita S.A." y por Roberto Oscar Soler y la citada en garantía "Metropol Sociedad de Seguros Mutuos" recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 502/506).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Evaristo Acosta contra Roberto Oscar Soler y "Transportes La Perlita S.A." y, en consecuencia, condenó a pagar la suma de $818.000 en concepto de indemnización, haciendo extensiva la codena a la citada en garantía "Metropol Sociedad de Seguros Mutuos" (v. fs. 436/444 vta.).
Asimismo, en cuanto a la tasa de interés, sostuvo que tratándose de sumas establecidas al momento de la sentencia y habiéndose producido el hecho en el año 2012, correspondía aplicar desde la fecha del evento (8 de agosto de 2012) la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debería ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día del efectivo pago (v. fs. 444 y vta.).
II. Apelado el fallo por ambas partes, la Sala III de la Cámara departamental modificó, en relación a las partidas asignadas, algunos rubros indemnizatorios y lo confirmó en cuanto a la fecha a partir de la cual fueron fijados los intereses, así como el tipo de tasa estipulado (v. fs. 488/495 vta.).
III. Frente a ello, la apoderada de los codemandados y de la citada en garantía interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia errónea aplicación de doctrina legal (v. fs. 502/506).
Peticiona -en síntesis- que se aplique al caso la doctrina que emana de los precedentes C. 120.523, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", determinando que para el cálculo de los intereses sobre los distintos rubros del capital de condena -excepto sobre el rubro tratamiento psíquico futuro, respecto del cual solicita que se fijen intereses desde el fallo de Cámara- deberá aplicarse la alícuota del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la fecha de sentencia final -que los fija todos a valores actuales (8 de mayo de 2018)- y desde allí hasta el efectivo pago que se disponga aplicar la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días, como se hace habitualmente.
IV. El recurso prospera.
IV.a. Respecto de la mencionada tasa de interés aplicable, debe estarse a la doctrina legal de este Tribunal en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), cuya mayoría conformara y, en consecuencia, entiendo que debe hacerse lugar a esta parcela del recurso estableciéndose que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
IV.b. En cuanto al agravio dirigido a cuestionar el momento a partir del cual deben computarse los intereses sobre la indemnización correspondiente al rubro "tratamiento psíquico futuro", asiste también razón a la recurrente en cuanto plantea que resulta improcedente calcular los intereses desde la fecha del hecho, ya que dicho rubro es una erogación que la víctima no tuvo que afrontar, sino que deberá hacerlo en el futuro (v. fs. 503 vta.).
Al respecto, es de aplicación el criterio expuesto por la Excelentísima Cámara Nacional Civil, Sala A, en cuanto a que "los intereses tienden a enjugar el perjuicio ocasionado al acreedor por el adelanto del dinero, mal pueden corresponder desde la producción del hecho dañoso, donde no se probó que se hayan pagado a esa fecha las reparaciones del rodado que intervino en un accidente. No existió privación del goce del capital que justifique la procedencia de tales accesorios..." (C. Nac. Civ., sala A, 16-XI-1989, "Rey, Saturnino y otro v. Argosa, Horacio s/Sumario", en Abeledo Perrot on line).
Así, en el caso, en donde surge nítidamente que no se ha efectuado el desembolso toda vez que el monto otorgado en la sentencia de Cámara corresponde a un "tratamiento psicológico futuro", conceder intereses desde el momento del hecho configuraría un enriquecimiento sin causa (art. 1.794, Cód. Civ. y Com.).
Por ello corresponde, solo para este rubro indemnizatorio, fijar los intereses -tal como lo solicita la recurrente- desde el fallo del Tribunal de Alzada a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día del efectivo pago (conf. doctr. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016).
V. En consecuencia, propicio hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado; con costas a la parte vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución del colega que abre el acuerdo y, en relación al agravio vinculado con la tasa de interés, dado que esta Suprema Corte ha fijado posición en casos análogos (conf. causa C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018; e.o.) dejo a salvo mi opinión en C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y, por razones de celeridad y economía procesal, doy mi voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Por compartir sus fundamentos, concuerdo con el estimado colega que abre el acuerdo en cuanto propone acoger los agravios del recurrente contra la confirmación -por el Tribunal de Alzada- de la forma de cómputo de los accesorios correspondientes al monto de condena.
En efecto, en dicho tópico el pronunciamiento atacado ha transgredido la que ya es posible considerar actual y consolidada doctrina legal de este Superior Tribunal en materia de fijación judicial de la tasa de interés moratorio aplicable a casos de valuaciones de deudas realizadas a valores actuales, tal como aquí ha sucedido, a partir de lo resuelto en las causas "Vera" y "Nidera" (causas C. 120.536, sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, sent. de 3-V-2018) y sus sucesivas.
Tesitura a la que he prestado adhesión tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód. Civ.; hoy arts. 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.) y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, arts. 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).
Así, siendo que cuando resulta pertinente el ajuste por índices o bien cuando -ante el referido cuadro contextual- se fija un quantum a valores actuales cabe emplear -para estimar los accesorios correspondientes a tales rubros- el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito; corresponde entonces -tal como propone el colega preopinante- acoger los agravios planteados por el recurrente, atento a la incurrida violación de la doctrina legal de este Tribunal sobre el punto (art. 289, CPCC).
II. Ahora bien, por otro lado, en relación con el agravio dirigido a cuestionar el momento a partir del cual deben computarse los intereses sobre la indemnización referida al rubro "tratamiento psíquico futuro", considero que el mismo no puede resultar de recibo (doctr. art. 279, CPCC).
Al respecto, la Cámara sostuvo que "...los perjuicios, tanto en la esfera patrimonial como en la extra-patrimonial, conforme la prueba producida y la entidad de las lesiones, tienen su relación de causalidad con el accidente de autos, de modo tal que aquel evento es el que da nacimiento a las secuelas, con lo cual deviene lógico y atinado que [...] deban correr los intereses desde la fecha fijada en la sentencia (momento del hecho) (confr. 1748 CCCNC)" (fs. 494).
Dichos fundamentos, a través de los cuales el Tribunal de Alzada también consideró como secuelas indemnizatorias relacionadas causalmente con el evento dañoso, y desde allí debidas al accionante, a las sumas establecidas para ser imputadas a un sobreviniente tratamiento psicológico que contribuya a mitigar -de algún modo- la lesión padecida por este, no resultan desmerecidos por las escuetas manifestaciones expuestas por el impugnante a fs. 503 vta., las que solo trasuntan su disconformidad con lo resuelto y exteriorizan su propia opinión discrepante, sin poner en evidencia el necesario desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica -absurdo en la derivación formal- o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado -absurdo material- (conf. doctr. causas C. 105.045, sent. de 14-V-2014; C. 117.955, sent. de 10-VI-2015; e.o.).
Y sabido es que para revisar tales cuestiones fácticas de la litis no basta con exponer la propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación verdaderamente absurda de lo acontecido (conf. doctr. C. 108.253, "Intergranos S.A.", sent. de 26-III-2014; C. 119.990, "Reale", resol. de 9-IX-2015 y C. 118.314, "Comité de Administración del Fideicomiso", sent. de 2-III-2016), lo que en la especie el recurrente no realiza. Tal omisión sella adversamente la suerte de su embate y alcanza para desestimar -sin más- esta porción recursiva (conf. art. 279, CPCC).
III. En consecuencia, propicio hacer lugar solo parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y establecer que los intereses de condena se fijen en el presente caso de acuerdo al criterio sentado en el punto IV.a. del voto del colega doctor de Lázzari, a cuya parcela presto adhesión (art. 289, CPCC).
Las costas deberían imponerse en un veinte por ciento (20%) a la parte recurrente y en el ochenta por ciento (80%) restante a la parte recurrida, en atención al resultado del recurso que propicio (arts. 71 y 289, CPCC).
Con el mencionado alcance, también doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, estableciéndose que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016). Asimismo, en cuanto al rubro indemnizatorio "tratamiento psicológico futuro", se fijan los intereses -tal como lo solicita la recurrente- desde el fallo del Tribunal de Alzada a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día del efectivo pago (conf. doctr. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016; art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la parte vencida (art. 68, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. archivo adjunto al escrito electrónico del 26 de agosto de 2018) deberá restituirse a la interesada (art. 293, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:07:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:49:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 08:44:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:48:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:37:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2020 13:26:05 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia