Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123265
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.265, "C., M. G. contra Sanatorio Modelo Burzaco S.A. Clínica Privada y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Torres, Kogan.
La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala III- del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había estimado procedente la demanda de daños y perjuicios por negligente prestación médica y, en consecuencia, rechazó el reclamo indemnizatorio impetrado, haciendo extensiva la solución al codemandado Escudero no apelante (v. fs. 802/812 vta.).
El letrado apoderado del actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 823/829 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. M. G. C. inició el presente reclamo indemnizatorio contra el Sanatorio Modelo Burzaco S.A. Clínica Privada y los médicos Martin Reyna, Rubén José Mora y Carlos Jorge Escudero en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz de la alegada deficiente actuación médica recibida por los aludidos galenos en el ente asistencial accionado (v. demanda, fs. 73/87 vta.).
En su escrito de inicio relató que el día 25 de diciembre de 2000 comenzó a sentir un fuerte dolor testicular y, ante la persistencia de la dolencia, decidió acudir al Hospital General de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela. Indicó que allí se le practicó una ecografía y se le diagnosticó en forma presuntiva torsión testicular izquierda (conf. informe de hospitalización del doctor Martin Reyna; v. fs. 73 vta.).
Luego describió que por indicación de la obra social Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue derivado al Sanatorio Modelo Burzaco S.A., ordenándose su internación el día 26 de diciembre de 2000. Señaló que en dicho nosocomio se le practicó una ecografía en virtud de la cual no se detectó torsión sino hidrocele (conf. informe de epicrisis del doctor Rubén José Mora) y que al día siguiente fue atendido por el doctor Escudero, quien diagnosticó orquepididimitis, dejando constancia de ello en la historia clínica (v. fs. 73 vta. y 74).
Afirmó que el día 28 de diciembre se indicó que el paciente había tenido buena evolución con tratamiento y reposo, firmándose el alta sanatorial. Expresó que ese mismo día en su domicilio en horas de la noche, debido a que el dolor no disminuía, consultó con el medico laboral, quien ordenó una nueva internación, ingresando el día 29 de diciembre a las 2:30 hs. en la Clínica Privada del Niño y la Familia S.R.L. de San Francisco Solano. Reseñó que allí se decidió efectuar una orquidectomia con ligadura de cordón espermático (v. fs. 74 vta. y 75).
Asevera el actor que la deficiente atención médica tuvo lugar en el Sanatorio Modelo Burzaco S.A., lugar donde se determinó un diagnóstico erróneo que condujo a un inadecuado tratamiento y seguimiento del paciente, circunstancia que culminó con la pérdida del referido órgano y los consecuentes daños detallados en la demanda (v. fs. 75).
El magistrado de origen, luego de evaluar el informe médico-legal emitido por el experto Castex, concluyó que todos los profesionales tratantes en el Sanatorio demandado -con excepción del doctor Martin Reyna, quien adelantó el diagnostico presuntivo de torsión testicular al efectuar la historia clínica al ingreso del paciente- fueron directos responsables del daño padecido por el actor por no haber reparado en la evidencia clínica, incurriendo en un error de diagnóstico inexcusable. En virtud de ello, rechazó la demanda incoada contra el doctor Martin Reyna, haciendo lugar a la acción deducida contra el Sanatorio Modelo Burzaco S.A., Rubén José Mora y Carlos Jorge Escudero (v. fs. 651/668).
II. Apelado dicho fallo por el actor, el letrado apoderado del sanatorio accionado, el codemandado Mora y la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A., la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dispuso -en uso de sus facultades instructorias, previo al dictado del pronunciamiento- una nueva pericia médica, la que fue producida y debidamente sustanciada (v. fs. 740; 751/755 vta. y 780/789).
Reanudado el llamamiento de autos y tras examinar el marco normativo aplicable y las pruebas rendidas en la causa, la Cámara departamental revocó la decisión y, en consecuencia, rechazó in totum el reclamo indemnizatorio impetrado, haciendo extensiva la solución al codemandado Escudero no apelante (v. fs. 802/812 vta.).
III. Frente a esta forma de decidir se alza el accionante M. G. C. mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia la infracción del art. 902 del Código Civil y de la doctrina legal que cita. Alega el vicio de absurdo en la valoración de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 823/829 vta.).
En prieta síntesis, dos son los agravios traídos por el impugnante a esta sede extraordinaria.
En primer lugar, aduce que el informe médico sobre el cual se fundó el pronunciamiento desestimatorio de la Cámara carece de fundamentos científicos, es incongruente y contradictorio, debiéndose priorizar el del experto Castex, quien puso de relieve la conducta negligente de los galenos que actuaron en la emergencia (v. fs. 825/829).
En segundo lugar, cuestiona la extensión de la solución al coaccionado Escudero, alegando que, al haber consentido la sentencia, esta ha pasado en autoridad de cosa juzgada, resultando -por ende- inmodificable (v. fs. 824/825).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Tiene dicho esta Corte que la responsabilidad profesional se halla sometida a los mismos principios que la responsabilidad en general y es aquella en la que incurre el que ejerce una profesión al faltar a los deberes especiales que esta le impone, requiriendo para su configuración de los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil (conf. causas C. 119.045, "Escalante", sent. de 15-VII-2015; C. 120.946, "Andaluz", sent. de 8-XI-2017; entre muchas otras). Así, en los juicios en los que se imputa responsabilidad médica por mala praxis, la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del médico que demuestren una actividad negligente o imprudente o falta de la pericia necesaria, pero no solamente sobre el resultado negativo del tratamiento pues, aunque ese resultado no fuere el esperado, no compromete responsabilidad alguna si la conducta considerada reprochable no está probada suficientemente (conf. causas C. 116.964, "Peralta", sent. de 29-V-2013; C. 116.663, "Camus", sent. de 4-IX-2013; e.o.).
En ese orden de ideas, determinar la existencia de relación de causalidad entre el obrar y el daño, que en el caso equivale a establecer tal relación causal entre la mala praxis médica atribuida a los profesionales demandados y el daño producido al paciente, constituye una cuestión de hecho y como tal irrevisable en esta instancia de casación, salvo que se denuncie y demuestre que el decisorio impugnado incurre en alguno de los supuestos tipificantes de la doctrina del absurdo (conf. causas Ac. 92.913, "S., M. A.", sent. de 6-IX-2006; C. 119.045, "Escalante", antes cit.; e.o.), es decir, que se verifique un error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. causas C. 97.750, "B., R. W.", sent. de 16-VII-2014; C. 118.220, "Salas", sent. de 8-IV-2015; entre muchas). Vicio de magnitud que, adelanto, no encuentro configurado en la especie (art. 279, CPCC).
IV.2. En efecto la Cámara, para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta, fundamentalmente, las pericias médicas producidas en autos. Así se destacan la experticia confeccionada por el doctor Mariano Castex (v. fs. 514/519 y 567) y la efectuada por la Asesoría Pericial departamental (v. fs. 740; 751/754 y 780/789).
Luego del pormenorizado análisis del plexo probatorio detallado anteriormente, y sin dejar de desconocer ciertas falencias y radicales contradicciones entre las pericias, privilegiando unas sobre otras, el Tribunal a quo sostuvo que en la experticia del doctor Castex "...no media[ba] [...] aclaración sobre el preciso o aproximado lapso de tiempo dentro del cual es posible resolver la emergencia de la torsión testicular a la que alude. Por el contrario, en la pericia realizada como medida para mejor proveer, según disposición de esta Alzada [...], se explica[ba] que el tiempo límite para evitar la necrosis es de 6 horas con un porcentaje de buenos resultados de 85 a 97%" (fs. 809 vta. y 810). De modo que "como se deja[ba] ver, que el demandante solicitara atención médica en forma inmediata al comienzo de su dolencia era determinante para el éxito del tratamiento explicado por los peritos. Y conforme se deduce del relato del propio actor y del Dr. Castex, si padecía de torsión testicular al momento de presentarse en el Sanatorio Burzaco (21 horas del 26 de diciembre del año 2000), ya no existían posibilidades de conservar el órgano genital en cuestión, pues habían sido largamente superadas las referidas 6 horas desde el comienzo del dolor (17 horas del 25 de diciembre de 2000) para ejecutar con éxito la distorsión" (fs. 810). De otra parte, destacó que "...el resultado de la pericia practicada como medida para mejor proveer, no redunda[ba] en una categórica determinación de la presencia de torsión testicular al momento de presentarse M. G. C. en el Sanatorio Burzaco" (fs. cit.).
A ello agregó que "...de conformidad con la defensa ejercida por los médicos y clínica demandados, la pieza de fs. 751/754 expresa[ba] que los resultados arrojados por el estudio histopatológico del testículo extraído, dem[ostraba] la presencia de zonas abscedadas que ilustrarían sobre una posible orquioepididimitis, que fue el diagnóstico arriesgado por los profesionales del Sanatorio Burzaco (ver fs. 754; ver fs. 70 del incidente de diligencia preliminares, Expte. D-132-813)" (fs. 810 vta.). A la par destacó que "ello deb[ía] ser conjugado con que según la epicrisis del Sanatorio Modelo Burzaco, el alta fue a las 12:00 horas del día 28/12/2000 y el ingreso a la Clínica del Niño y la Familia fue a las 2:00 horas del 29/12/2000, con lo cual exist[ía] según lo obrante en autos un lapso de tiempo de aproximadamente 14 horas, tiempo suficiente para que suceda la torsión testicular, ya que el tiempo límite para evitar la necrosis es de 6 horas ". Es decir, ponderó que "... la existencia de la torsión testicular que llevara a la orquidectomía izquierda pu[do] haberse suscitado con posterioridad al desempeño de los profesionales ocurrido en el Sanatorio Burzaco y no estar relacionado con acción u omisión de éstos (art. 512 del Código Civil otrora vigente)" (fs. 810 vta.; el destacado figura en el original).
Así, la Cámara concluyó que "...frente a la falta de demostración de la relación causal entre el acto médico y los daños padecidos por el demandante, [...] correspond[ía] recibir los agravios formulados por los demandados apelantes y desestimar el reclamo indemnizatorio enderezado contra los mismos" (fs. 811).
IV.3. Frente al cuadro fáctico así compuesto por la judicatura en base a la ponderación de la prueba reunida, el impugnante, si bien denuncia la normativa que considera infringida y el vicio de absurdo (v. fs. 825/826), luego se limita a exponer, escuetamente, sus propias argumentaciones referidas a cuestiones de hecho y prueba de la causa -tales como las circunstancias que rodearon la confección de la historia clínica, la personal valoración del informe pericial del doctor Castex, que se pretende preferente frente a la restante experticia obrante en estos autos y la propia versión sobre lo sucedido durante su internación en la clínica demandada (v. fs. 826/827)- labor que, como es sabido, no resulta per se base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda configurada solo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por el sentenciante (conf. doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; C. 117.063, "Gabutti", sent. de 30-X-2013; entre muchas).
Es que la apreciación de la prueba, su evaluación, su jerarquización, la selección del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de la pericia médica, la adjudicación de su pertinente eficacia probatoria, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y, en tal sentido, los jueces de grado -en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables (conf. doctr. causas C. 100.800, "C. d. S. y o.", sent. de 15-IV-2009; C. 120.946, "Andaluz", sent. de 8-XI-2017; e.o.). Por lo que cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, tal como lo es la valoración de una pericia, es imprescindible demostrar fehacientemente -a más de denunciar- que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa (conf. doctr. causas C. 101.600, "P., A. R. y o.", sent. de 2-III-2011; e.o.), extremo que el recurrente no logra demostrar (art. 279, CPCC).
Que para resolver el caso el Tribunal de Alzada se haya basado en una pericia médica a la que atribuyó debido respaldo científico, descartando otra con expresa mención de sus razones, no constituye de por sí absurdo que habilite la casación de lo decidido (art. 384 y concs., CPCC). Tiene dicho así este Tribunal que las conclusiones de una pericia no tienen valor vinculante, no obligan al sentenciante (conf. doctr. causas C. 103.440, "Agustiño", sent. de 19-X-2011; C. 116.663, "Camus", sent. de 4-IX-2013, antes cit.; e.o.), por lo que no constituye absurdo descartar determinadas pericias y hacer base de la decisión en otras cuando las razones alegadas son suficientes para ello (conf. doctr. causas C. 113.622, "Meliqueo", sent. de 3-X-2012; C. 119.479, "Garcia", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
Y en este punto, más allá de dar su versión de lo sucedido, el impugnante no ha demostrado que la valoración de las distintas pericias médicas de autos haya sido irrazonable o científicamente infundada (art. 279, CPCC).
Adviértase que el perito médico oficial doctor Andrés Barrios, a la pregunta 6 de la actora (v. fs. 85) consistente en que el experto informe si de la historia clínica del Sanatorio Burzaco y de los estudios que se le practicaron al paciente surgía la posibilidad de diagnosticarle el padecimiento de alguna infección o afección que aconsejara el tratamiento indicado (antiinflamatorios, antibióticos, etc.) o si este resultó apresurado o inadecuado para la sintomatología presentada por el actor, respondió que "el tratamiento instaurado es el que la ciencia médica aconseja para el caso como el de autos (v. pericia: fs. 751 vta.)". Asimismo, a la pregunta 7 del accionante (v. fs. 85 vta.) referida a que se detalle cuáles son los análisis médicos que debieron practicarse para una correcta detección de la patología presentada por el actor, cuáles se practicaron y cuáles no, el perito categóricamente afirmó que "...los estudios practicados son los que se deben realizar y el control por especialista en urología" (v. pericia, fs. 751 vta.).
Para que la Corte pueda revisar las cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer -de manera paralela- su propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación verdaderamente absurda de los hechos. Por más respetable que pueda ser la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 96.698, "Eleprint S.A.", sent. de 6-IV-2011; C. 122.456, "Ruiz", sent. de 6-XI-2019; entre muchas).
En suma, el quejoso no ha logrado conmover el fundamento central vertido por el a quo respecto a la ausencia de relación causal entre el daño sufrido y la actuación de los profesionales intervinientes al no acreditar la existencia en el decisorio criticado del vicio que habilitaría a la revisión de tales cuestiones fácticas de la litis, lo que permite rechazar esta parcela del intento recursivo y descartar los quebrantamientos normativos formulados (conf. art. 279, CPCC).
IV.4. Por otro lado, tampoco puede ser receptado el cuestionamiento vinculado con la extensión del mérito de lo decidido al codemandado no recurrente Carlos Escudero (v. fs. 824/825).
En efecto, la Cámara circunscribió la cuestión en sus justos términos, en concordancia con la doctrina legal vigente de esta Suprema Corte.
Doctrina legal que sostiene que, tratándose de un litisconsorcio pasivo y no obstante no haber sido partícipe de la impugnación de la sentencia de primera instancia el restante coaccionado, la solución que se propicia debe alcanzarlo, atento a la naturaleza in solidum de su obligación, pues la pretensa aceptación de la responsabilidad que se le endilgara lo fue sobre la base de hechos comunes, por lo que debe comunicársele el beneficio personal obtenido por los restantes litisconsortes en cuanto fueron exonerados de responsabilidad por el órgano revisor (conf. doctr. causas Ac. 62.638, "Retondini", sent. de 31-III-1998; Ac. 63.968, "Gómez", sent. de 15-VI-1999; C. 110.709, "Troncoso", sent. de 15-XI-2017; C. 116.637, "Martinez", sent. de 13-XII-2017; entre muchas).
Se sostuvo en tales antecedentes, a tenor de los fundamentos oportunamente dados en casos análogos (conf. causas Ac. 63.968, "Gomez", sent. de 15-VI-1999; C. 92.817, "Cabrio", sent. de 18-VIII-2010; e.o.), que en los supuestos de las denominadas obligaciones "concurrentes o conexas", también llamadas " in solidum ", es decir, aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor sus efectos, en lo que atañe a las relaciones de obligación entre la parte acreedora y los deudores, resultan ser semejantes a los de las obligaciones solidarias, conformando -por ende- otra excepción al principio procesal de la personalidad de los recursos (conf. causas Ac. 77.121, "Álvarez", sent. de 27-XII-2001; C. 96.831, "Ocón", sent. de 14-IV-2010; e.o.).
En el mismo sentido se expidió el maestro Couture quien señaló, como excepción a la regla de la personalidad de los recursos, que se reserva una solución distinta de ésta para los casos de solidaridad o de indivisibilidad material de la cosa litigiosa, ya que en esos casos la sentencia ha de beneficiar o perjudicar del mismo modo al deudor solidario o al comunero. Agregaba que tal circunstancia, impuesta por la fuerza misma de las cosas, no alteraba el alcance del principio de la personalidad de la apelación (Couture, Eduardo J.; Fundamentos de Derecho Procesal Civil , ed. Depalma, 1958, págs. 369-370).
En nuestro medio, Palacio también adhirió a esa postura sostenien
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