Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta el día 26 de mayo del 2020 y 2) desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 123.704 "BRESSAN, JORGE HECTOR Y OTRA C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Con los archivos adjuntos y la presentación del 29 de mayo del corriente año realizada por la Fiscalía de Estado, téngase por cumplida la intimación dispuesta el día 26 de mayo del presente año.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de un juicio por daños y perjuicios, en sentencia única y en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gastón Bressan y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma indicada con más los intereses a la tasa pasiva promedio informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales a treinta días y para los períodos que no exista dicha tasa debe aplicarse la tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina (v. fs. 352/367 del principal).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental confirmó en lo sustancial la sentencia, elevando las indemnizaciones fijadas y estableció que el planteo referido a la aplicación de las leyes de consolidación podía efectuarse en la etapa de ejecución, debiendo ser tratada una vez firme el fallo (v. fs. 410/418 del principal).
Con posterioridad, en etapa de ejecución de sentencia, los legitimados activos presentaron la liquidación (v. escrito electrónico del 22 de junio de 2018, del expediente principal). Corrido el traslado, la Fiscalía de Estado solicitó que se practicara una nueva con la introducción de las pautas liquidatorias de la consolidación provincial de deudas regulada en la ley 12.836 (v. escrito electrónico del 4 de septiembre de 2018, del expediente principal).
El magistrado de origen, por los fundamentos que expuso, ordenó que se practicara nueva liquidación ajustándose a la normativa de las leyes de consolidación (ley 12.836 y sus modificatorias 13.436 y 13.929) en lo que respecta únicamente a la tasa de interés -tasa promedio de caja de ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina, conforme el art. 19 de la ley 12.836-, teniendo en cuenta que el decreto 1.578/2002 -que instrumentó dicho régimen- estableció como fecha de corte de los intereses a aplicar el 30 de noviembre de 2001 (v. fs. 451/452, del expediente principal).
Después de varias liquidaciones presentadas que el magistrado consideró que no se ajustaban a los parámetros establecidos, éste dispuso que habiendo adquirido firmeza los pronunciamientos de fs. 352/357, 410/418 y 451/452 correspondía determinar clara y concretamente las pautas de la liquidación. Así, precisó las tasas de interés a aplicar en cada período y a tal fin ordenó que se libre oficio al Banco Central de la República Argentina a fin de que informe y envíe el cálculo total de la tasa de interés indicada para el período entre el 15 de noviembre de 1999 -fecha del hecho dañoso- y el 30 de noviembre de 2001 -fecha de corte- (v. fs. 463/464 del expediente principal).
Recibido el informe de la referida entidad bancaria, el juzgador de origen procedió a practicar liquidación y aprobó el importe total de la condena en la suma que determinó (v. fs. 487 y vta. del expediente principal).
Frente a ello, la apoderada del Fisco realizó una presentación donde observó los intereses allí calculados para el período posterior a la fecha de corte y el juez resolvió que debía estarse a lo ordenado sobre el particular, toda vez que la liquidación practicada por el órgano se ajustaba a las pautas señaladas en el interlocutorio de fs. 463/464 que adquiriera firmeza (v. fs. 488).
Esta última providencia fue atacada por la demandada mediante recurso de reposición con apelación en subsidio (v. escrito electrónico de fecha 8-IV-2019 del expediente principal), siendo rechazados ambos remedios en el entendimiento de que se trataba de un intento dirigido a revisar lo dispuesto en una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 489 y vta. del expediente principal).
La Fiscalía de Estado de la Provincia articuló recurso de queja ante la Cámara, el cual se rechazó. Para así decidir, consideró el Tribunal de Alzada que el proveído en crisis no era más que una consecuencia directa del obrante a fs. 487 y vta. que no había sido apelado, destacando que no se podían convalidar planteos e impugnaciones tardías sino que éstos debían ser introducidos correctamente por los carriles y en los momentos procesales idóneos (v. fs. 491/492 del expediente principal, copia certificada del pronunciamiento dictado en la queja QC7-53.743 con fecha 27-VI-2019).
Contra lo así dispuesto, el legitimado pasivo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. copia de fs. 63/66 del legajo de queja y escrito electrónico de fecha 6-VIII-2019 ingresado en el principal), el que fue denegado por no revestir la resolución impugnada carácter de definitiva (v. resolución de fecha 15-X-2019 en causa QC7-53.743 y copia de fs. 67/68 del legajo). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (v. fs. 78/85 del legajo; art. 292, CPCC).
III. Al respecto, esta Corte tiene dicho que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas C. 109.899, "Carella", resol. de 6-X-2010; C. 115.794, "Leguizamón", resol. de 14-III-2012 y C. 118.405, "Almirón", resol. de 26-III-2014).
El apartamiento de tal principio, sólo se ha admitido por vía de excepción, en aquellos casos en que media violación de la cosa juzgada, situación que no se verifica en los presentes obrados pues, el pronunciamiento en embate, que consideró inadmisible la apelación, ponderó especialmente la aplicación del principio de preclusión derivado de los efectos de resoluciones anteriores vinculadas a la liquidación practicada que -según expuso el a quo - se encuentran firmes y consentidas por las partes (causas C. 104.540, "Lovera", resol. de 1-IX-2010; C. 109.899, cit.; C. 109.187, "Ferradas", resol. de 3-VIII-2011; C. 115.794 y C. 118.405, cits.).
En tales condiciones, lo así juzgado no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que se observen acreditados en la presente queja motivos suficientes que, en el marco procesal descripto, permitan de modo excepcional apartarse de dicha regla (doctr. causas C. 115.794 y C. 118.405, cits.; C. 122.975, "Michat", resol. de 10-IV-2019).
Respecto a la alegada concurrencia de gravedad institucional, cabe señalar que al respecto este Tribunal ha establecido que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de gravedad institucional, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.183 "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270 "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en el sub lite por la impugnante.
Finalmente, cabe observar que si bien se denuncia la vulneración de garantías constitucionales (v. fs. 82 vta./83 del legajo), lo cierto es que -en el marco referenciado- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
Lo expuesto determina la inadmisibilidad de la vía extraordinaria deducida (art. 278, CPCC), imponiéndose el rechazo de la queja.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta el día 26 de mayo del 2020 y 2) desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda junto con los autos "Bressan, Jorge Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios" -sus acumulados y agregados- y la queja QC7 53.743, debiendo agregarse la queja tramitada ante esta Corte al expediente físico correspondiente a esta última causa una vez recibidas por la Cámara de origen.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2020 17:41:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 16/07/2020 13:27:59 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 29/07/2020 17:25:58 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/08/2020 14:38:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:01:43 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia