Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122437
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.437, "Toloza, Eduardo Oscar contra Tecnoclima Air Conditioning S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca modificó el fallo que, en su hora, había estimado parcialmente la demanda (v. fs. 413/417 vta.).
Se interpuso, por la aseguradora Caja de Seguros S.A. citada en garantía, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 421/430 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Se ventila en autos una acción de daños y perjuicios causados en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 20:45 hs. del día 24 de septiembre de 2013 en la intersección de las calles Zelarrayán y Cuyo de la ciudad de Bahía Blanca. Del siniestro participaron un ciclomotor marca Honda -dominio CXQ 888- que venía circulando al comando del actor por la primera de las indicadas arterias y un vehículo tipo utilitario, marca Renault Kangoo -dominio CZN 482- que se desplazaba por la calle Cuyo, conducido por la señora Rocío Antonella Gallardo, codemandada en las presentes.
En su momento, el señor juez de la fase inicial hizo lugar a la demanda, pues entendió que, si bien el vehículo Kangoo venía circulando por la derecha, había perdido la prioridad de paso, en los términos del art. 3, inc. "g", apartado 3 de la ley 24.449 aplicable en la especie, desde que otro vehículo que venía circulando en su misma dirección se había detenido previamente en la encrucijada, cediéndole el paso al ciclomotor -conducido por el actor- que se desplazaba desde la izquierda por la calle transversal. Condenó, en consecuencia, a la firma demandada -titular registral del vehículo- y a la conductora Gallardo a abonar al actor un importe indemnizatorio con más intereses -liquidados a la tasa pasiva más alta pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires- desde la fecha del ilícito hasta su efectivo pago y costas, haciendo extensiva dicha condena, en los términos del art. 118 de la ley 17.418, a La Caja de Seguros S.A. (v. fs. 365/376 vta.).
II. Apelado el pronunciamiento por el actor y la aseguradora, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial departamental lo confirmó en lo principal decidido y lo modificó en cuanto a los importes reconocidos por los rubros incapacidad física y daño moral, los que elevó. Asimismo, redujo -de un 6% a un 4%- la tasa de interés puro utilizada en la fórmula matemática para el cálculo del importe resarcitorio reconocido por incapacidad física. Impuso las costas de alzada a los demandados y citada en garantía (v. fs. 413/417 vta.).
III. Contra este pronunciamiento se alza la citada en garantía mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la determinación cuantitativa de los mencionados renglones resarcitorios y en la doble indemnización que -a su entender- importó el reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha del ilícito cuando los daños fueron valuados -con criterio de actualidad- al tiempo de la sentencia. Alega, asimismo, violación de los arts. 520 y 1.078 del Código Civil y 165 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal de esta Corte dimanada de diversos antecedentes que refiere, así como de la Corte Suprema de Justicia nacional. Formula reserva del caso federal (v. fs. 421/430 vta.).
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. Asiste razón a la recurrente en cuanto señala absurdo en la elección del parámetro utilizado por la Cámara para la determinación de la cuantía del rubro incapacidad física sobreviniente (v. fs. 423/424 vta.). Veamos:
En efecto, el Tribunal tuvo en cuenta para el cálculo el salario básico mensual vigente al tiempo de la sentencia según lo publicado en el sitio web del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina, correspondiente a la categoría laboral y antigüedad del actor. Así, precisó que a un oficial soldador (categoría "A1"; art. 5 inc. "c", CCT 564/09) con trece años de antigüedad, conforme la respectiva grilla salarial (septiembre 2016/abril 2017), correspondía un ingreso mensual de setenta y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos ($79.766). Aplicados tales datos -junto al porcentual de incapacidad (14%), la expectativa de vida probable del reclamante (22,82) y una tasa de interés puro del 4%- al respectivo cálculo polinómico, obtuvo un importe final de dos millones ciento cuarenta y seis mil pesos ($2.146.000) para el citado ítem indemnizatorio (v. fs. 416).
Por su parte, la recurrente indica que, de acuerdo con los recibos de sueldo acompañados a la demanda, la remuneración básica del actor fue de $14.100,55 a enero de 2013, de $16.539,95 en marzo, de $17.259,07 en agosto y de $18.122,03 en diciembre del mismo año. Correlativamente, pone de relieve que, conforme la grilla tenida en consideración por el sentenciante, el importe salarial mensual correspondiente a un oficial soldador con doce años de antigüedad, durante el año 2013, fue de $27.742 (1 de septiembre de 2012 al 30 de abril de 2013), pasando por $32.737 (agosto y septiembre 2013) y terminando en $34.678 (octubre 2013/abril 2014).
Del simple cotejo de tales constancias infiere que el señor Toloza ganaba en el año 2013 aproximadamente la mitad del salario establecido por la respectiva escala. Sea por un error en el encuadramiento de la categoría laboral del trabajador, sea que el mismo se desempeñara en jornada reducida, concluye la recurrente que en ningún caso pudo el Tribunal de Alzada, sin recaer en el denunciado vicio de absurdo, aplicar una unidad de cálculo que no se condice con la realidad del expediente (v. fs. 424), máxime cuando dicho parámetro teórico fue utilizado en forma aislada y matemática (v. fs. 423 vta.), sin consideración alguna de otros elementos de prueba o condiciones personales de la víctima, arribando, en suma, a un importe indemnizatorio fuera de toda proporción y razonabilidad (v. fs. 424 vta./426 vta.).
Conforme el criterio anticipado, reitero que asiste razón a la impugnante desde que, corroborado el acierto de los datos esgrimidos (publicados en el referido sitio web del sindicato), el absurdo en la determinación del rubro emerge evidente.
Al respecto, sabido es que el absurdo debe demostrarse con pocas palabras, siendo de buena técnica recursiva usar con ese fin frases cortas y claras, porque para acreditar lo contrario a la razón no se requiere una larga prédica. Más que "demostrado" debe ser "mostrado", "puesto en evidencia" (conf. causas Ac. 74.574, "Ferrari", sent. de 16-VIII-2000; Ac. 85.357, "Llanos", sent. de 9-VI-2004 y C. 90.342, "Rossi y Vilapreño S.A.", sent. de 21-XII-2011).
En la especie, dado que los recibos agregados por el propio actor prueban que durante el año 2013 percibió un salario básico que representaba poco más del 50% del previsto en las respectivas escalas publicadas por la entidad gremial, no es razonable que, al momento de sentenciar, sin argumentación o justificación alguna, la Cámara haya tomado como base de cálculo el 100% de ese salario "teórico". La nítida discordancia entre la realidad concreta y la teórica -emergente de tales constancias- impedía al Tribunal, pues, la utilización homogénea de ambos parámetros. Ninguna otra consideración resulta a mi criterio necesaria para estimar la protesta esgrimida y casar este aspecto del pronunciamiento (arts. 279 y 289 inc. 1, CPCC).
Sentado lo anterior, me adentro en la respuesta a este andarivel del reclamo (art. 289 inc. 2, Cód. cit.). Si bien el actor requirió al inicio del proceso que la indemnización de la incapacidad se fijara atendiendo a los valores "actuales" del respectivo importe salarial (v. fs. 35 vta.), manteniendo dicho criterio en la fase de apelación (v. fs. 399/400), lo cierto es que el mismo interesado, más allá de la agregación de los referidos recibos de salarios, no ofreció ni produjo prueba alguna tendiente al esclarecimiento del extremo pretendido (v. ofrecimiento de prueba, fs. 37/38 vta.; doctr. art. 375, CPCC).
No obstante, en la causa obra glosado a fs. 295 un informe producido por la firma empleadora del actor -POLITEC S.R.L.- concerniente a los ingresos del mismo durante el año 2014. Dicho informe fue oportunamente solicitado por la aquí recurrente, en el marco del pedido de beneficio para litigar sin gastos impulsado por aquel (v. fs. 74 vta.), siendo los respectivos guarismos puestos de relieve por el mismo señor Toloza al expresar agravios ante el Tribunal de Alzada (v. fs. 399 vta.).
Descartada la cuantificación realizada por la Cámara, y no habiendo sido incorporada en el expediente otra prueba más "actualizada" de los ingresos efectivamente percibidos por el actor, considero que corresponde tomar para el cómputo de la incapacidad física sobreviniente la suma de $495.533,11 anuales que, conforme el citado informe, percibió durante el año 2014, debiéndose en la instancia de origen determinar el respectivo importe resarcitorio, considerando los restantes elementos de cálculo y la fórmula matemática utilizada que no ha sido -en sí- objetada por las partes (conf. doctr. arts. 375, 384 y concs., 279 y 289 inc. 2, CPCC).
IV.2. Diversamente, estimo que no corresponde receptar la protesta ensayada contra el reconocimiento del "daño moral" (v. fs. 427 vta./428 vta.).
En tal sentido, vale apuntar que luego de describir las lesiones sufridas por el actor y la correlativa incapacidad valuada pericialmente, ponderó el Tribunal que "...la magnitud del accidente, la convale[ce]ncia de las lesiones -en particular la de su mano derecha- y la derivada limitación funcional en la utilización de esta última, suponen ya un grado significativo de mortificación personal -para una persona diestra que desempeña el oficio de soldador-, que reclama un acceso a bienes o servicios generadores de gratificación proporcional a la injuria infligida, que obviamente no pueden solventarse con la escuálida suma que estableciera el juez de primer grado..." (fs. 416 vta.).
Prosiguió diciendo que: "En orden a referir los posibles bienes que pudieran servir de cartabón valorativo, dado su desempeño laboral en la periferia de la ciudad y su indicada expectativa de transportarse de un modo más seguro y confortable que la utilizada hasta el momento del accidente, estimo que bien puede computarse el precio aproximado de un automóvil usado mediano, en muy buen estado de conservación y uso..." (fs. 416 vta. y 417). En base a ello, y promediando valores de cotización de una conocida firma del ramo automotriz, determinó un importe resarcitorio de doscientos noventa mil pesos -$290.000- (arts. 1.078 y 1.083, Cód. Civ.; v. fs. 417).
Contraponiendo su parecer, la recurrente aduce que el actor no evidencia padecimientos relacionados con el hecho puntual de autos, conforme se desprende de la pericia psicológica adjunta, no existiendo secuelas que afecten gravemente su desenvolvimiento personal en la vida. Estima, por tanto, que la suma reconocida por este daño debe suprimirse o morigerarse (v. fs. 428).
Concluye que el señor Toloza solo se ausentó un mes a su trabajo y luego continuó desarrollando su actividad profesional de manera normal, no habiendo mermado sus ingresos ni sufrido afectación que sustente lo resuelto por la Cámara al respecto (v. fs. 428 vta.).
Pues bien, sabido es que corresponde considerar al daño moral como la lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. En cambio, no es referible a cualquier perturbación del ánimo. Basta para su admisibilidad la certeza de que existió, ya que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica, incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya toda posibilidad de daño moral. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infligirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1.078, Cód. Civ.) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial (conf. causas Ac. 78.280, "Paskvan", sent. de 18-VI-2003; C. 96.225, "P., C. M.", sent. de 24-XI-2010 y C. 119.073, "Caffaro", sent. de 29-VIII-2018).
Reseñado el contrapunto entre los motivos del juzgador y la argumentación opuesta por la interesada, no encuentro que esta última logre acreditar que al reconocer la procedencia o establecer la cuantía del rubro se hubiese transgredido, en grado de absurdo, la debida prudencia judicial.
En tal sentido, permítaseme reiterar que la Cámara precisó las lesiones físicas y las correlativas vicisitudes que ha debido transitar el actor, deduciendo de ello un concreto menoscabo en su esfera extra patrimonial y estableciendo un importe resarcitorio vinculado con los deseos o expectativas propios del damnificado. La simple expresión de disgusto con la que se confronta tal criterio no alcanza para enervarlo, máxime cuando se trata del regular ejercicio de facultades propias y excluyentes de la judicatura de grado.
Al respecto, esta Corte tiene dicho desde antaño que tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia y cuantificación, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de esta Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas Ac. 60.094, "Almada", sent. de 19-V-1998; Ac. 67.994, "Arriola", sent. de 5-IX-2001; C. 99.078, " K., E. H.", sent. de 18-II-2009; C. 108.101, "O., C.", sent. de 12-IX-2012 y C. 100.855, "Zweifel", sent. de 12-III-2014), grave y excepcional desvío jurisdiccional que no se logra en la especie acreditar.
IV.3. Por último, corresponde igualmente desestimar la protesta esgrimida en razón de la simultánea actualización de los importes de condena y aplicación de intereses moratorios desde la fecha del ilícito (v. fs. 428 vta./430).
En efecto, al importe de condena resultante de la liquidación a practicarse, de conformidad con reiterada prédica de este Tribunal respecto de los intereses moratorios fijados en sede judicial, deberán en la especie adicionarse tales accesorios desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. doctr. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009; C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016), tal como lo resolviera el juez de la fase inaugural (v. fs. 375 vta.).
V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario y, en consecuencia, revocar la cuantía resuelta en la instancia anterior para el rubro incapacidad física, el que deberá determinarse en la instancia de origen conforme las pautas sentadas en el acápite IV.1. que antecede. Atendiendo al modo en que se resuelve, propongo que las costas correspondientes a la segunda y a esta instancia extraordinaria se distribuyan a razón de un 50% a la recurrente y un 50% al actor recurrido (arts. 68, 71, 274, 279 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución propuesta por la distinguida colega que abre el acuerdo, fundando mi voto en las distintas razones que siguen.
A la hora de definir la apelación de las partes, al ingresar en la evaluación del agravio del actor dirigido a cuestionar la determinación de la reparación por la repercusión patrimonial de la incapacidad resultante, sostuvo el señor magistrado que votara en primer término que "...no hace falta reiterar aquí la cita de la ya copiosa jurisprudencia de ambas salas de esta Cámara, en el sentido de que el daño debe valorarse al momento de la sentencia, o al más cercano a ella que resulte posible. De donde no se advierte atinado, que para cuantificar la repercusión patrimonial de la incapacidad física establecida, se acuda a los ingresos que el damnificado percibía 4 años atrás, cuando basta con ingresar a la web del Sindicato de Trabajadores de industrias Químicas y Petroquímicas, para obtener allí un valor más actualizado. Eso hice, y pude acceder a la grilla salarial de operarios para el semestre setiembre 2016/abril 2017 -última subida a esa página-, y también al CCT 564/09, según el cual, un oficial soldador -que es la categoría laboral del demandante- enmarca en el grupo de operarios A 1 (art. 5 inc. "c"), correspondiéndole entonces -según su antigüedad de 13 años- un ingreso de $ 79.766".
Aunque por diferentes motivos, coincido con el recurrente en que el cálculo así efectuado luce absurdo. Ello se revela a poco de advertir que en la respectiva grilla salarial abarcativa del período septiembre 2016 hasta abril 2017 en la que se basa el Tribunal de Alzada (al igual que en todas sus precedentes periódicas), el salario correspondiente a la categoría A1 con la antigüedad del actor (13 años) no es de $79.766 sino de $79,766 por hora (salario horario, arts. 36 y 38, CCT 564/09). Descartada tal variable, obviamente debe desecharse la liquidación practicada. Lo que permite la apertura en esta instancia de la consideración de las pruebas habidas a fin de determinar la indemnización correspondiente derivada de la incapacidad resultante.
La advertencia de tal error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de una cuestión de hecho como la propuesta por el recurrente.
Llegados a este punto, coincido con la doctora Kogan en lo expuesto y resuelto en los tres últimos párrafos del punto IV.1. de su voto, en cuanto al modo en que habrá de determinarse el importe resarcitorio respectivo. Ello pues es el único modo de operar en autos atento la carencia de pruebas en relación con los ingresos del actor.
Coincidencia que hago extensiva al tratamiento y resolución del agravio dirigido a cuestionar la existencia y cuantía del rubro "daño moral" (IV.2.).
Finalmente, lo aquí propuesto en orden a la determinación cuantitativa de la incapacidad sobreviniente, que en definitiva desplaza el cálculo de la indemnización con variables actuales fijado por el Tribunal de Alzada, torna abstracto el planteo del recurrente en orden a un enriquecimiento indebido de la víctima producto de la imposición de intereses a tasa pasiva (en su forma digital) sobre aquellos montos.
Como también queda descartada la supuesta "doble actualización" en cuanto al rubro daño moral a poco de advertirse que al tiempo de definir montos el Tribunal de Alzada determina la indemnización en base a una mixtura de valores, de los cuales ninguno de ellos es propio del tiempo de la sentencia puesta en crisis.
Con tal alcance, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud en lo referido a las razones para dejar sin efecto la cuantificación del daño. En lo demás, y por sus mismas razones, acompaño a la doctora Kogan.
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani
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