Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122892
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.892, "Alcalde, Elsa Teresa Susana y otro contra Castro, Leandro Guillermo. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, de Lázzari .
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en lo que importa destacar, revocó parcialmente la solución de origen que -a su turno- admitiera el reclamo incoado por Elsa Teresa Susana Alcalde y Guillermo Walter Víctor Mazzoni contra Leandro Guillermo Castro, Jorge Robledo y la firma Mapfre Argentina Seguros S.A. -como citada en garantía-, rechazándolo en cuanto hizo extensiva la condena a esta última en los límites del seguro al no encontrar reunidos los extremos para su progreso (v. fs. 923/939 y 998/1.012 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.021/1.032).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Elsa Teresa Susana Alcalde y el señor Guillermo Walter Víctor Mazzoni promovieron demanda de daños y perjuicios contra los señores Leandro Guillermo Castro y Jorge Robledo en virtud del accidente automovilístico ocurrido el día 28 de octubre de 2006. Citaron en garantía a la firma Mapfre Argentina Seguros S.A. (v. fs. 238/248).
Conferido el traslado hacia la compañía aseguradora, el letrado apoderado de esta opuso la defensa de falta de legitimación pasiva en razón de haberse tornado operativa la cláusula de exclusión de cobertura, con motivo de la afectación comercial del vehículo (v. fs. 286/288 vta.).
Por su parte, los legitimados pasivos -señores Castro y Robledo, tomadores de la póliza en cuestión- fueron declarados rebeldes, en atención a su incomparecencia procesal (v. fs. 370 y 390).
II. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro modificó la sentencia de primer grado que, a su tiempo, hiciera lugar a la demanda impetrada, condenara a los accionados y extendiera sus efectos a la citada en garantía, desestimándola solo respecto de esta última (v. fs. 923/939 y 998/1.012 vta.).
III. Frente a ello, el letrado apoderado de la parte accionante vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce absurdo, errónea aplicación de los arts. 37, 109 y 118 de la ley 17.418 y 163, 164, 384, 456 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. En adición, denuncia infracción de garantías constitucionales (v. fs. 1.021/1.032).
Centralmente, cuestiona la decisión en cuanto declaró la exclusión de la cobertura decidida por el a quo .
En tal faena, hace saber que el accidente que dio nacimiento a las presentes actuaciones no se trata de un caso de inexistencia de seguro sino de agravación del riesgo. Sin embargo, esgrime que ninguna de tales circunstancias ha sido debidamente demostrada por la interesada, al menos con una entidad suficiente que permita eximir del pago de la condena (v. fs. 1.025/1.026).
Afirma que la declaración del demandado -en rebeldía- aportada por la aseguradora fue formulada ante un dependiente suyo y, por tal motivo, desconocida expresamente por su parte. No obstante, siendo que esta no fue ratificada en sede judicial, no puede hacérsele valer en su contra sin afectación a la garantía del debido proceso (v. fs. 1.026 vta.).
Manifiesta que la absoluta incomparecencia del accionado no debe beneficiar a la compañía de seguros quien, por un lado, manifestó haber realizado todo lo necesario para conseguir su descargo extrajudicialmente y, por el otro, no realizó actividad alguna dentro del expediente como para que ratifique sus dichos (v. fs. 1.027 vta.).
Añade que el desconocido documento aportado perteneciente a un asesor de la empresa, producido luego de la ocurrencia del accidente, carece de virtualidad para fundar la exclusión de cobertura frente a terceros, más aún cuando la prueba informativa dirigida a dicho lugar fue desistida por la propia parte interesada (v. fs. 1.027).
Resta eficacia probatoria al informe del perito contable, ya que considera que dicha pieza se limita a reproducir elementos aportados por la aseguradora después de acaecido el siniestro y que, por lo tanto, resultan inoponibles a su mandante (v. fs. 1.028/1.029).
Destaca el resultado del informe librado hacia el local comercial donde se dijo que el demandado trabajaba y quedó establecida la ausencia de relación laboral con el señor Castro y la falta de vinculación con el rodado involucrado (v. fs. 1.029 y vta.).
Por último, refiere que la citada en garantía desistió de la prueba pericial caligráfica, tendiente a comprobar la autenticidad de la firma inserta en la denuncia de fs. 267, e informativa, para que el estudio liquidador ratifique su contenido (v. fs. cit.).
IV. El recurso prospera.
IV.1. Tal como fuera anticipado, la problemática sometida a debate conlleva establecer si la compañía de seguros ha aportado instrumentos fácticos suficientes para demostrar que resulta operativa la cláusula de exclusión de cobertura obrante en la póliza de fs. 276/285 vta.
En ese andar, debo destacar que -conforme ha manifestado este Superior Tribunal- la selección y jerarquización del material probatorio adjuntado por las partes al proceso, como determinar si se configuraron o no los presupuestos de la responsabilidad civil, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (conf. mi voto en causa C. 118.411, "Bogado", sent. de 15-VII-2015).
Es decir, debe existir un error grave y ostensible cometido en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal e insostenible en la discriminación axiológica como para que esta Corte pueda alterar el sentido de la decisión cuestionada (conf. doctr. causas C. 117.105, "Cavallotti", sent. de 16-X-2013; C. 119.567, "Postigo", sent. de 29-VI-2016 y C. 121.408, "Rossi", sent. de 13-II-2019).
IV.2. De acuerdo con los antecedentes narrados en forma previa, para revocar el pronunciamiento de origen el Tribunal de Alzada analizó la póliza de fs. 269/285, más precisamente la cláusula número 22 inc. 26 y su par adicional número 12 conjuntamente con la pericia contable de fs. 704/740. Sobre tales documentos concluyó que el contrato amparaba daños provocados a terceros, siempre y cuando se le otorgare un uso particular al vehículo (v. fs. 1.001).
Luego, ponderó la declaración hecha por el demandado en horas posteriores al accidente frente al estudio liquidador Rusfer & Asociados (v. fs. 267). En esa dirección destacó su contenido, en cuanto expresa que al momento del hecho el señor Leandro Castro se encontraba haciendo un delivery de pizzas y que los fines de semana este trabajaba como repartidor utilizando el rodado (v. fs. cit.).
En paralelo, remarcó que si bien la parte actora desconoció tal instrumento, tanto su autenticidad como la de la carta documento por la cual la aseguradora rechazó el siniestro (v. fs. 265/266) se encontraban probadas mediante la prueba confesional del accionado (v. fs. 437) e informativa dirigida al Correo Andreani (v. fs. 631) y que no existía otra pieza fáctica con entidad suficiente que permitiera desvirtuar la manifestación del conductor del automóvil (v. fs. 1.001 vta.).
Seguidamente, dispuso las cargas procesales que incumbían a cada una de las partes interesadas en el proceso y refirió que si Mapfre alegó una exclusión del seguro debía probarla; en cambio, si el legitimado pasivo pretendía demostrar que el accidente estaba dentro de los riesgos tomados, tenía que hacer lo propio (v. fs. 1.002).
Sobre esa plataforma, destacó la actividad desplegada por la compañía de seguros y desestimó el reproche vinculado con la cobertura del hecho, en tanto esta hubo de acompañar la declaración del asegurado que hacía ver la operatividad de la cláusula de exoneración de cobertura (v. fs. cit.).
De otro lado, remarcó que las partes actora y demandada no habían aportado ningún elemento tendiente a desmerecer tal circunstancia. Más aún, hizo hincapié en la rebeldía, incomparecencia a absolver las posiciones y consentimiento de la sentencia del legitimado pasivo (v. fs. cit.).
Por tales motivos, apreciando el reconocimiento realizado por el legitimado pasivo en la denuncia privada, consideró acreditado que al momento del choque el señor Leandro Guillermo Castro utilizaba el vehículo para otorgarle un uso comercial u oneroso, agravando el riesgo contratado. En consecuencia, revocó el pronunciamiento de origen en lo tocante a la defensa opuesta por la aseguradora y la liberó de responder frente al reclamo de los actores por los daños que les ocasionó el evento dañoso (v. fs. 1.003 vta.).
IV.3. Delineados los aspectos centrales del fallo en crisis, entiendo que el recurrente logra evidenciar la presencia del alegado vicio en la labor axiológica del juzgador.
En primer lugar, debo referir que las cláusulas de exclusión de cobertura o no seguro, ya sean de fuente normativa o convencional, se caracterizan por describir las hipótesis o circunstancias en las que el siniestro no se encuentra cubierto por la aseguradora (mi voto en causa Ac. 93.787, "Cancino", sent. de 7-II-2007). Estas importan una delimitación del riesgo, excluyendo o restringiendo los deberes del asegurador por la no asunción de alguno o algunos riesgos.
En la especie, la cláusula contenida en la póliza suscripta con la empresa Mapfre establece, de modo expreso, la no cobertura en aquellos supuestos en que el vehículo asegurado estuviera destinado a un uso distinto al indicado en dicho documento, siendo en el caso, el particular (v. cláusula adicional número 12; v. fs. 284 vta.). Tal previsión configura una exclusión del riesgo, por cuanto describe ab initio un riesgo no cubierto, colocándolo fuera del contrato.
En segundo orden, merece resaltarse que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que cada parte tiene el deber de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como basamento de su pretensión, defensa o excepción.
Con ello, podemos definir que si la compañía de seguros pretendía demostrar el evento extintivo o impeditivo de la obligación convenida con el accionado -para evitar el fundamento de una posible condena en su contra-, debía acompañar los instrumentos respaldatorios tendientes a acreditar tal extremo.
Sin embargo, la atenta lectura del expediente deja ver que -a diferencia de lo concluido por el tribunal a quo - la citada en garantía no ha dado cumplimiento a dicha carga.
Si bien se encargó de aportar un documento que refiere ser la declaración del señor Castro por ante el estudio liquidador Rusfer & Asociados (v. fs. 267), en donde consta que el vehículo involucrado en el suceso lesivo que nos convoca era utilizado para un servicio de reparto de comidas en momentos del accidente vial, lo cierto es que frente al desconocimiento efectuado por la parte actora aquella no ejerció de actividad útil tendiente a comprobar su veracidad.
IV.4. Para hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por la citada en garantía, la Cámara tuvo por acreditada la causal de exclusión de cobertura invocada (utilización del rodado con fines comerciales).
Lo hizo sobre la base de la mencionada declaración extrajudicial de fs. 267, de la que surge una manifestación -cuya autoría la citada en garantía atribuyó al demandado contumaz- en el sentido de que al momento del hecho el accionado se encontraba realizando un servicio de reparto a domicilio de productos comercializados por la pizzería "Tomasino", negocio en el cual se desempeñaba como repartidor con la utilización del vehículo asegurado (v. fs. 1.001 y vta.). También valoró el contenido de la carta documento mediante la cual la aseguradora rechazó el siniestro (v. fs. 265/266).
Pese a que el actor desconoció la veracidad y autenticidad de ambos instrumentos, y que las firmas y grafías de la documentación de mentas correspondieran a las personas a las que se les atribuye (v. fs. 310), la Cámara concluyó que la autenticidad de estos documentos se encontraba acreditada a partir de la confesional ficta del demandado (v. fs. 437) y de la informativa librada al Correo Andreani (v. fs. 631).
Adunó, que no se ha producido ningún otro elemento probatorio de entidad para desvirtuar "la manifestación del asegurado" sobre el destino que le daba al rodado y enfatizó, de un lado, que el actor no produjo prueba confesional y, del otro, que "no podría interpretarse que la citada incurrió en falta de colaboración en aportar alguna otra constancia que hubiese permitido valorar la veracidad de lo manifestado por el asegurado" (fs. 1.002).
Como acertadamente lo pone de manifiesto la pieza recursiva en tratamiento, tal modo de resolver importa una absurda valoración de la prueba producida en el expediente (art. 289, CPCC). Veamos.
IV.5.a. La conclusión del Tribunal de Alzada, en torno a la acreditación del hecho sobre el que sustentó la configuración de la causal de exclusión de cobertura, se apoya en el reconocimiento documentado en el instrumento que fue desconocido por la actora y que la compañía de seguros atribuye al demandado. A su turno, la satisfacción de la carga de su adveración, que pesaba sobre la citada en garantía merced al aludido desconocimiento (art. 388, CPCC, su doctr.), reposó en la especie en la confesión ficta (art. 415, CPCC) del sujeto a quien le atribuyó su autoría (el demandado rebelde).
Sabido es que si bien la confesión ficta crea una situación desfavorable al absolvente (art. 415, CPCC), debe ser apreciada en su correlación con el resto de las pruebas, atendiendo a las circunstancias de la causa (causas C. 122.276, "Salomón", sent. de 5-VI-2019; C. 101.536, "Iribarne", sent. de 9-VI-2010; L. 107.656, "Pérez", sent. de 3-X-2012 y C. 94.338, "D’Anna Automotores", sent. de 16-IX-2009). Ello así pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material (conf. doctr. causas C. 115.088, "Leiva", sent. de 10-X-2012; C. 115.995, "D., M. S.", sent. de 3-XII-2014 y C. 77.802, "Ibañez", sent. de 6-IV-2016). De allí que este Tribunal haya resuelto que el juez está facultado para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, pero en modo alguno obligado a acceder -por sola confesión ficta- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas (causas L. 107.656, "Pérez", cit.; L. 100.194, "Seibane", sent. de 12-X-2011; L. 100.684, "Sánchez", sent. de 9-XII-2010; L. 86.078, "Hourcouripe", sent. de 11-III-2009 y L. 88.143, "Barroso", sent. de 23-VII-2008).
IV.5.b. Es cierto que la actora no produjo prueba confesional; pero existe sin embargo prueba categórica en el expediente que contradice aquella confesión ficta respecto del contenido del instrumento.
En efecto, tal como lo puntualiza el recurrente, el oficio dirigido al comercio "Pizzería Tomasino" diligenciado por la propia aseguradora da cuenta de que tanto el señor Guillermo Castro como el vehículo involucrado en el evento de marras no tuvieron relación alguna con el negocio de mentas. Así, ante el requerimiento formulado acerca del desempeño del accionado como dependiente de la firma, la oficiada respondió: "No he tenido conocimiento ni relación de ninguna índole con dicha persona" . A su turno, y respecto del vehículo asegurado informó: "jamás he visto ni he utilizado para ningún fin el vehículo mencionado" (fs. 607).
IV.5.c. Tampoco aporta con fuerza de convicción para apuntalar la cuestionada autenticidad la copia simple de la misiva (v. fs. 265) que también sustenta la conclusión del Tribunal de Alzada.
En primer lugar, porque a partir de su contenido no se logra la adveración del documento que contiene la pretendida admisión de la circunstancia obstativa de la cobertura. Dicho texto, en este aspecto, solo constituye una declaración de la aseguradora en virtud de la cual comunica la ausencia de cobertura por haber "tomado conocimiento" de tal declaración, plasmada en el aludido instrumento.
Pero, además, es sabido que las fotocopias no auténticas y desconocidas por la parte contraria carecen de todo valor probatorio (causas C. 106.858, "Rojo", sent. de 17-XI-2010; C. 98.264, "S., C. J.", sent. de 25-II-2009; L. 85.656, "Cepeda", sent. de 6-VI-2007; L. 75.826, "Olivetto", sent. de 4-VI-2003; e.o.). En la especie, como ya se señaló, también fue negada por el actor la autenticidad de dicha instrumental; y si bien la compañía de seguros ofició la prueba informativa tendiente a respaldar su eficacia probatoria, si observamos la respuesta que brindó la empresa del servicio postal se aprecia que esta únicamente hizo saber acerca de la coincidencia del formato del formulario con el utilizado para la prestación que suele brindar, mas nunca se expidió respecto del envío, recepción y contenido de la misma (v. fs. 631), motivo por el cual dicho elemento pierde fuerza convictiva.
IV.5.d. Ninguna otra actividad probatoria ha desplegado la citada en garantía para satisfacer la carga que pesaba sobre sí de demostrar que el documento acompañado era de autoría del demandado declarado en rebeldía (art. 375, CPCC).
Por el contrario, en la especie, la compañía de seguros se conformó con la falta de participación procesal del tomador de la póliza y desistió de la producción de la prueba pericial caligráfica (ofrecida a los fines de comprobar su firma; v. fs. 301 y 436) así como de la informativa cursada al ente liquidador (tendiente a constatar la autenticidad del instrumento; v. fs. 301 y 762). También se la declaró negligente en referencia al pedido de aclaraciones que oportunamente solicitara al perito contable (v. fs. 918 y vta.).
IV.5.e. En base a lo expuesto, cabe considerar absurda la línea de pensamiento elaborada por el a quo que, por un lado, consideró comprobada la causal de exclusión de cobertura a través de una fotocopia simple de una carta documento (v. fs. 265) y una declaración extrajudicial (v. fs. 267) -ambas desconocidas- y, por el otro, encontró confirmada su exactitud mediante la prueba de informes dirigida al Correo Andreani y a partir de los efectos de la incomparecencia del demandado a absolver posiciones (v. fs. 1.001 vta.).
En este contexto, siguiendo las reglas de la sana crítica, el escaso material aportado y la deficiente actuación procesal ejercida tendiente a ratificarla no son en modo alguno suficientes para otorgar la pretendida eficacia probatoria al instrumento desconocido, con base en el pliego de fs. 437, y definir la cuestión planteada, máxime cuando existe prueba producida en autos que desvirtúa lo que surge de aquella confesión (arts. 163 inc. 5 y 384, CPCC).
Asimismo, estando en cabeza de la citada en garantía la carga probatoria de demostrar el hecho configurativo de la exclusión de la cobertura, no corresponde afirmar que la parte actora era la encargada de producir la prueba confesional del demandado o que era justamente este último quien se encontraba en mejores condiciones para desvirtuar tal afirmación (v. fs. 1.102), ya que ello viola lo postulado por el art. 375 del Código ritual y corrompe las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (
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