Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123002
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.002, "Guardia, Walter Martín y otros contra Pérez, Guillermo David y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de General San Martín modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había estimado procedente la demanda contra Raúl Antonio Videla y Sandra Elisabeth Camaño y, en consecuencia, dispuso que la condena prosperaba también en forma solidaria contra los codemandados Guillermo David y Guillermo Antonio Pérez, haciéndola extensiva a la compañía de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, en la medida del seguro (v. fs. 649/663 vta. y aclaratoria: fs. 671/672 vta.).
Se interpuso, por los accionados Guillermo Antonio Pérez, Guillermo David Pérez y la citada en garantía, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 677/688).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Walter Martín Guardia e Irma Úrsula Donadío -hoy Walter Martín Guardia, por sí y en su carácter de heredero de Irma Úrsula Donadío (v. fs. 458 y 465)- promovieron la presente acción indemnizatoria contra Guillermo David Pérez, Guillermo Antonio Pérez, Raúl Antonio Videla, Sandra Elisabeth Camaño y/o quien resultare titular de los vehículos Ford F-100 dominio WEZ507 y Renault 18 GTS dominio WWD753, por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito en el cual perdiera la vida el padre y cónyuge de los actores, respectivamente (v. demanda: fs. 4/15).
En su escrito inicial refirieron que el día 17 de octubre de 2003, en oportunidad en que Ramón Benjamín Guardia circulaba en su bicicleta por la calle Ejército de los Andes de la localidad de Ingeniero Pablo Nogués -Partido de Malvinas Argentinas-, al aproximarse a la intersección de la mencionada arteria con la calle Melián, este fue arrollado por la camioneta Ford F-100 conducida por Guillermo David Pérez, la que había sido, a su vez, embestida por el Renault 18 GTS al mando de Raúl Antonio Videla (v. fs. 5 vta.).
La señora jueza de primera instancia estimó procedente la demanda contra Raúl Antonio Videla y Sandra Elisabeth Camaño, rechazando la acción entablada contra los restantes codemandados (v. fs. 576/590 vta.).
Para así decidir, advirtió -de acuerdo con lo expresado por el perito ingeniero mecánico- que si bien el conductor del Renault 18 gozaba de prioridad de paso por circular desde la derecha, fue quien colisionó con su frente contra el lateral derecho de la camioneta Ford F-100 que se encontraba trasponiendo el cruce de las arterias, provocando que esta última se desplazara semitransversalmente hacia su izquierda, efectuando un semitrompo e impactando finalmente contra el ciclista. En virtud de la mecánica de los hechos así descripta, juzgó que se encontraba probada la eximente de responsabilidad invocada por los codemandados Guillermo David y Guillermo Antonio Pérez, erigiéndose Raúl Antonio Videla como único responsable del accidente, en su carácter de "embistente primario puro" (v. fs. 580 vta./584 vta.).
A continuación, tras analizar la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados, determinó que al capital de condena debía adicionarse, desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva digital (BIP) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 584 vta./589 vta.).
II. Apelado el pronunciamiento por la actora y el accionado Raúl Antonio Videla, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de General San Martín modificó parcialmente la sentencia, disponiendo que la condena prosperaba asimismo y en forma solidaria contra los coaccionados Guillermo David y Guillermo Antonio Pérez, haciéndola extensiva a la compañía de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada (v. fs. 649/663 vta. y aclaratoria: fs. 671/672 vta.).
III. Frente a esta forma de decidir se alzan estos últimos mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 677/688, en el cual denuncian la violación y errónea aplicación del art. 1.113 del Código Civil; 51 inc. 3 y 57 inc. 2 de la Ley de Tránsito 11.430 y de la doctrina legal que citan. Asimismo, alegan el vicio de absurdo en la valoración de la prueba. Hacen reserva del caso federal.
En prieta síntesis, tachan de arbitraria la solución brindada por el Tribunal de Alzada por cuanto -a juicio de los recurrentes- la prioridad de paso de la cual gozaba el codemandado Raúl Antonio Videla por circular desde la derecha había quedado desvirtuada. Ello -afirman- en razón de que la camioneta Ford F-100 había superado prácticamente todo el cruce de las calles cuando el Renault 18, por velocidad e imprudencia de su conductor, lo impactó súbitamente en la parte lateral -tercio medio trasero- del rodado, resultando en consecuencia el exclusivo responsable del siniestro (v. fs. 283/297).
De otra parte, sostienen que la Cámara debió aplicar de oficio la doctrina legal emanada de los fallos "Vera" y "Nidera" en materia de accesorios y, por ende, adicionar a las sumas debidas una tasa de interés pura del 6% anual (v. fs. 686 vta. y 687).
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. De manera liminar, y atento a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994 -texto según ley 27.077-), corresponde dejar sentado que, en el caso, tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un hecho ilícito, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado en la legislación vigente al momento del hecho (17-X-2003; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.2. Expuesto lo anterior, adelanto que merece desestimarse la protesta ensayada vinculada a la atribución de responsabilidad decidida por la Cámara. Veamos.
IV.2.a. El art. 1.113 del Código Civil disponía, en su segundo párrafo, que cuando "...el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa", su dueño o guardián "...sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder". El vocablo "culpa" empleado por la norma transcripta apunta, quizás sin la debida estrictez, a la infracción de un deber de la víctima no ya frente a otros, sino contra sí misma.
Así, la necesaria relación de causalidad que debe existir entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño a los fines de que opere la responsabilidad objetiva impuesta por la ley puede verse fracturada por factores extraños con idoneidad suficiente para suprimir o aminorar sus efectos. En tal sentido, esta Suprema Corte ha dicho que el dueño o guardián de la cosa que presenta riesgo o vicio habrá de responder objetivamente, a menos que acredite que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (conf. doctr. causas C. 110.037, "Torres", sent. de 11-III-2013; C. 119.691, "Ludueña", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
IV.2.b. En la especie, el Tribunal sentenciante recordó que la eventual eximición de responsabilidad de un litisconsorte o grupo de ellos (en el caso, ya sea del dueño o el guardián del vehículo Ford F-100; o sea del dueño o el guardián del Renault 18) debía derivar de la concentración exclusiva o absorción íntegra del aporte causal en el riesgo proveniente o hecho provocado por el otro rodado. Esa causal de exención -señaló- se inscribía en el hecho de un tercero por quien el supuesto responsable no debía responder y su configuración debía observar los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito (v. fs. 653 vta.).
A continuación, destacó que no debían perderse de vista los lineamientos dados por este Supremo Tribunal acerca de los estándares de conducta que deben observar los conductores de rodados que enfrentan una bocacalle: ambos, independientemente del lugar del que accedan, tengan o no prioridad en el cruce, deben disminuir sensiblemente la velocidad (lo que significa casi detener la marcha) y ello apareja una obligación adicional a quien se presenta por la izquierda: la de ceder el paso. Asimismo, subrayó que sendas obligaciones no están condicionadas al arribo simultáneo de los vehículos a la encrucijada (v. fs. 654).
A la luz de estas consideraciones, juzgó que efectivamente: 1- el Renault 18 contaba con prioridad de paso; 2- no se había demostrado cabalmente que la camioneta procedió en la bocacalle a desplegar la conducta de extrema prudencia y de disminución de marcha que le era exigible y que, por lo demás, también debía observar el conductor del automotor que contaba con prioridad en el cruce y 3- no se comprobó de las actuaciones que, por la velocidad del rodado o por la presencia de otras circunstancias no explicitadas, el advenimiento del Renault 18 por la derecha pudo representar -para el conductor del vehículo Ford F-100- un hecho imprevisible por la dinámica o vicisitudes propias que pudieron rodear el acontecimiento (v. fs. 655).
Así las cosas, concluyó que el accionar de ambos rodados contribuyó causalmente a la generación del daño, motivo por el cual el aporte debía ser reputado compartido (v. fs. 655 vta.).
IV.2.c. Ante ello, los argumentos traídos por los recurrentes no logran conmover la decisión atacada (conf. art. 279, CPCC).
Los impugnantes centran su crítica en la alegada configuración de absurdo en la valoración de la prueba. Exponen, en esencia, que la camioneta había llegado con antelación a la bocacalle y había traspuesto un tercio de la misma cuando fue impactado fuertemente por la parte frontal del Renault 18. Aducen que el Tribunal de Alzada omitió ponderar la calidad de embistente de aquel rodado, la velocidad excesiva a la que circulaba como asimismo los daños de consideración corroborados en ambos automotores (v. fs. 684 y vta.).
Las quejas ensayadas en tales términos no evidencian el absurdo endilgado a la Cámara al atribuir responsabilidad a ambos litisconsortes pasivos, vicio que -como es sabido- no queda configurado ante cualquier error o ante la apreciación opinable o discutible, siendo necesario que se demuestre una anomalía extrema o una falla palmaria del proceso mental del juzgador o que el pronunciamiento se asiente en presunciones no fundadas en los hechos de la causa, obviando ponderar los acontecimientos relevantes según tales constancias (conf. doctr. causas C. 107.394, "Brancaleone de Riva", sent. de 9-VI-2010; C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014; etc.).
En efecto, los elementos de convicción que se aducen preteridos, lejos de haber sido ignorados por la Cámara, fueron expresamente tenidos en cuenta en el pronunciamiento.
Sobre el particular, el Tribunal de Alzada precisó que el hecho de que el accidente se haya producido como derivación del desplazamiento lateral del vehículo Ford F-100 por el impacto frontal del Renault 18, cuya potencia y vigor se deducía de los daños sufridos por el rodado embistente (v. fotografías: fs. 25 y vta. causa penal, que muestran el hundimiento del frente, que incluye el capot, rotura de parrilla, paragolpes, ópticas y chasis), no podía negarle incidencia causal a la camioneta en la producción del daño a resarcir, pues no comportaba, en la dinámica del suceso, una cosa inerte, sino una cosa riesgosa en pleno desplazamiento, en un sitio (la encrucijada) en el que quienes se aprontan a él deben extremar el deber de prudencia y atención (v. fs. 654 vta.).
Por lo expuesto, estimó que del análisis del acontecimiento y de sus características no era posible colegir, con fuerza de convicción, que el conductor de alguno de los automotores que colisionaron haya tenido responsabilidad exclusiva y excluyente en el siniestro, debiendo responder frente a los herederos de la víctima fallecida en forma solidaria (v. fs. 655 vta.).
Llegados a este punto, cabe recordar que tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro como determinar la relación de causalidad entre este y el daño o reconocer, en su caso, la "culpa" de la víctima o de un tercero por el cual no se debe responder, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración de absurdo (conf. causas C. 105.769, "Griffin", sent. de 6-X-2010; C. 121.688, "Daix", sent. de 6-XI-2019; e.o.), carga que no aparece cumplida por los impugnantes.
En rigor, para que esta Corte ingrese al conocimiento de las cuestiones fácticas y probatorias de la litis es menester demostrar acabadamente que en dicha elección y ponderación medió un error grave y manifiesto, el que no se evidencia por la mera exposición de un criterio discordante (conf. causas C. 104.543, "L., A. O.", sent. de 22-XII-2010; C. 108.080, "Cidade", sent. de 11-V-2011; etc.). Es que, como es sabido, no constituye absurdo cualquier error, ni siquiera la apreciación opinable que aparezca como discutible u objetable porque se requiere algo más, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (conf. causas C. 106.711, "Navarro", sent. de 28-IX-2011; C. 120.515, "Lo Curto", sent. de 15-VIII-2018; etc.), situación extrema que no se ha configurado en autos donde el fallo cuestionado exhibe un razonamiento coherente, aunque contrario a los intereses de la parte recurrente (arts. 384, 456, 474 y concs., CPCC).
Tal como ha quedado evidenciado, los agravios traídos están dirigidos a replantear el modo en que el juzgador tuvo por acreditados los hechos y las conductas de las partes en el acaecimiento del siniestro, realizando una descripción desde su particular óptica y criterio subjetivo personal, que no alcanza a demostrar las transgresiones a las normas denunciadas y el absurdo argüido (v. fs. 683 vta./685 vta.).
Resta señalar, por otra parte, que la solución a la que arribó el pronunciamiento hoy puesto en crisis se encuentra en consonancia con la doctrina legal de esta Corte relativa a la interpretación y alcance del art. 57 de la ley 11.430.
Al respecto ha expresado este Supremo Tribunal que el citado precepto impone al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha. Y ello es así sin distinguir quién fue el que llegó primero a la bocacalle, siendo absoluta esa prioridad establecida legalmente, lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada desde que ello impondría -en los hechos- la necesidad de colocar sensores para constatarlo (conf. causas Ac. 90.457, "Rotundo", sent. de 20-XII-2006; C. 105.237, "Sosa", sent. de 30-VI-2010); circunstancia que deja huérfana de sustento legal a esta parcela de la impugnación.
IV.2.d. Igual suerte adversa merece correr el cuestionamiento vinculado con la solidaridad establecida por la Cámara entre los litisconsortes pasivos (v. fs. 686).
Ello así por dos razones.
Por un lado, debido a que la petición consistente en dejar sin efecto la solidaridad plasmada en la sentencia -tal como ha sido formulada por los impugnantes (v. fs. 686)- estuvo supeditada al acogimiento de la eximente de responsabilidad invocada, la que -como fuera antes explicitado- no ha tenido favorable acogida.
Por el otro, y más allá de las precisiones conceptuales que pudiesen formularse acerca la aplicación de la solidaridad a los supuestos de responsabilidad objetiva (v. fs. cit.), lo cierto es que tanto se considere al vínculo obligacional de tipo solidario (tal como fuera evaluado por la Cámara: conf. art. 1.109, segunda parte, Cód. Civ.) como in solidum (de entender que se está ante la presencia de deudores que por causas diferentes deben reparar a un único acreedor mediante el cumplimiento de la misma prestación), ambas figuras comparten el efecto de permitir al acreedor reclamar el total de lo adeudado a cualquiera de los que fueron hallados responsables del evento dañoso (conf. doctrina causas C. 100.347, sent. de 12-XI-2008; C. 89.243, "Pérez Levalle", sent. de 9-VI-2010; e.o.).
Tal circunstancia deja en un plano meramente ateneísta a la cuestión planteada (v. fs. 686 y vta.), en tanto, en uno u otro supuesto, la víctima podrá efectuar el reclamo por la totalidad del monto indemnizatorio, sin perjuicio de las eventuales acciones de repetición que pudieran ejercerse entre los sujetos obligados al pago (conf. causas C. 89.243, antes citada; C. 111.214, "Jordán", sent. de 15-VII-2015; etc.).
IV.3. Por último, el planteo concerniente a la aplicación al caso de la doctrina emanada de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018; v. fs. 686 vta. y 687) tampoco puede ser receptado.
Sostienen los quejosos que el Tribunal de Alzada debió adicionar al capital de condena la alícuota del 6% anual. Sin embargo, debieron indicar -y no lo hicieron- que las condiciones jurídicas y fácticas de la presente causa eran análogas a las de los fallos denunciados a los fines de pretender que se dé en la especie idéntica solución.
En reiteradas oportunidades esta Suprema Corte ha señalado que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta con identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 74.564; "Moreno", sent. de 5-XII-2018; etc.); exigencia incumplida en la especie y que torna inaudible la crítica ensayada.
V. Por las razones expuestas, no habiéndose acreditado las infracciones denunciadas ni el absurdo invocado (art. 279, CPCC), corresponde el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado; con costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan en la solución que brinda a los agravios de los recurrentes dirigidos a cuestionar el modo en que el Tribunal de Alzada evaluara y definiera la responsabilidad comprometida en la mecánica del hecho generador de los daños por los que se reclama, como así también en la respuesta dada al cuestionamiento traído por la responsabilidad solidaria de los demandados determinada por el a quo .
Por su parte, en orden al agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada sobre los montos indemnizatorios cuantificados, estimo que el mismo tampoco es de recibo.
Advirtamos que, sobre el particular, señalan los recurrentes que "la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en las causas C. 120.536, ‘Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios’; y C. 121.134, ‘Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios’, resolvió, por mayoría, hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley intentado, revocó la sentencia de la Cámara de Apelación respecto de la tasa de interés aplicada al rubro indemnizatorio estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito y estableció que para el cálculo de intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748 del Cód. Civ. y Com.), resultan
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