Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123274
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.274, "Juárez, Oscar Rubén contra Empresa San Vicente S.A.T. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar íntegramente a la demanda contra los accionados. Asimismo, elevó el capital de condena, manteniendo la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 517/533 vta.).
Se interpuso, por la letrada apoderada de la empresa accionada y la citada en garantía, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 539/545 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Oscar Rubén Juárez -por sí y en representación de sus hijos: Jésica Noelia, Candela Celeste y Franco Rubén Ramón Juárez (hoy mayores de edad)- inició la presente acción indemnizatoria contra la Empresa San Vicente S.A.T. en virtud de los daños y perjuicios padecidos a raíz del fallecimiento de la señora Wilma Romero -esposa y madre de los accionantes- acaecido en un accidente de tránsito en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown (v. demanda, fs. 2/8 vta.).
Relataron que el día 3 de marzo de 2007, en oportunidad en que el señor Oscar Rubén Juárez conducía su automóvil marca Peugeot 505 dominio RLS 207 en compañía de su cónyuge circulando por la arteria Boulogne Sur Mer, al momento de cruzar la intersección con la Avenida Hipólito Yrigoyen fue violentamente embestido por el colectivo dominio DUZ 939 perteneciente a la empresa accionada. Expresaron que en razón del infortunio la señora Wilma Romero fue derivada al Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, falleciendo días después como consecuencia de las irreversibles lesiones sufridas en el siniestro (v. fs. 2 vta. y 3).
La señora jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión incoada, atribuyendo el 50% de responsabilidad a cada uno de los protagonistas del suceso dañoso. A continuación, procedió al análisis de la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados, determinando que al capital allí establecido debía adicionarse la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a plazo fijo a 30 días. Asimismo, hizo extensiva la condena a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, en la medida del contrato de seguro (v. fs. 454/465).
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia, estableciendo la responsabilidad exclusiva de los demandados en la producción del accidente, extendiendo la condena a la aseguradora. De otra parte, elevó las sumas resarcitorias y confirmó la aplicación de la tasa bancaria fijada en la instancia de origen (v. fs. 517/533 vta.).
III. Contra esta decisión la apoderada de la empresa demandada San Vicente S.A. de Transportes y de la citada en garantía deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 165, 260, 272, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional y 10 y 31 de su par provincial y de la doctrina legal que cita. Alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 539/545 vta.).
En prieta síntesis, tacha de absurdo el fallo en crisis en cuanto atribuye a la demandada la total responsabilidad por el hecho dañoso. Aduce que de las constancias de la causa surge que el micrómnibus cruzó la bocacalle con la luz del semáforo habilitante, siendo la propia conducta del accionante -en virtud de su obrar negligente- la que ocasionó el lamentable suceso (v. fs. 540/542).
En cuanto a los intereses adicionados al capital de condena, cuestiona la aplicación de la tasa pasiva más alta por entender que constituye una actualización del crédito prohibida por la ley, violatoria de la doctrina legal emanada de los fallos "Vera" y "Nidera" (v. fs. 542/545).
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. De manera liminar corresponde dejar sentado que, en el presente, tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un hecho ilícito, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado en la legislación vigente al momento del hecho (3 de marzo de 2007), esto es, el Código Civil de la Nación (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.2.a. Conforme reza el art. 1.113 del Código Civil, en su segundo párrafo, cuando "...el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa..." su dueño o guardián "...sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder". El vocablo "culpa" empleado por la norma transcripta apuntaba, quizás sin la debida estrictez, a la infracción de un deber de la víctima no ya frente a otros, sino contra sí misma (conf. causas C. 96.493, "González", sent. de 5-XII-2007; C. 102.367, "Fernández", sent. de 18-II-2009; C. 105.191, "Sánchez", sent. de 3-X-2012 y C. 119.691, "Ludueña", sent. de 15-XI-2016).
Así, la necesaria relación de causalidad que debe existir entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño a los fines de que opere la responsabilidad objetiva impuesta por la ley, puede verse fracturada por factores extraños con idoneidad suficiente para suprimir o aminorar sus efectos. En tal sentido, esta Suprema Corte ha dicho que el dueño o guardián de la cosa que presenta riesgo o vicio habrá de responder objetivamente, a menos que acredite que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (conf. causas Ac. 65.924, "Domínguez", sent. de 17-VIII-1999; C. 89.530, "Díaz", sent. de 25-II-2009; e.o.).
IV.2.b. Ahora bien, es doctrina de esta Corte -aplicable en la especie- que determinar si la conducta de la víctima de un accidente de tránsito o de un tercero ajeno ha excluido parcial o totalmente la responsabilidad objetiva que el art. 1.113 del Código Civil impone al dueño o guardián de una cosa riesgosa constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. causas C. 118.220, "Salas", sent. de 8-IV-2015; C. 122.023, "Corzo", sent. de 7-III-2019; etc.), vicio que la impugnante no logra patentizar en este tramo (doctr. art. 279, CPCC).
IV.2.c. En el caso, tras recordar el régimen de responsabilidad objetiva estatuido por el art. 1.113 del Código Civil y la necesidad de probar -inexcusablemente- la causal liberatoria (v. fs. 481/482), el Tribunal de Alzada examinó las pruebas incorporadas a la causa. Veamos.
IV.2.c.i. Así, destacó en primer lugar que en la audiencia de posiciones las partes desistieron recíprocamente de la prueba confesional ofrecida en su oportunidad (v. fs. 520 y vta.).
IV.2.c.ii. Con relación a la prueba testimonial señaló que -al igual que la magistrada de origen- no habría de valorar los dichos de los testigos Soria, Viera y Sotomayor, quienes habían prestado declaración tanto en sede penal como civil, pues advertía contradicciones entre los mismos (v. fs. 520 vta.).
Sin embargo, indicó que sería distinta la apreciación respecto de la declaración brindada por el testigo Domingo Sosa, cuyos dichos resultaban concordantes y coincidentes pues no evidenciaba en ellos ni falta de veracidad ni tampoco intención de beneficiar a alguno de los litigantes en perjuicio del otro, resultando en consecuencia una prueba decisiva para la dilucidación de la causa (v. fs. cit.).
A continuación, reseñó lo aseverado por el referido testigo a fs. 191/192, subrayando que al ser interrogado expresó: "... yo venía por H. Yrigoyen. Me corta el semáforo justo en la esquina con una calle que da a la barrera de la estación de Longchamps. Estoy estacionado, en ese momento cruzan varios vehículos entre ellos un 505 gris, y en ese momento, cosa de segundos pasó el 505 y me dio luz verde, cuando arranqué sentí una explosión y miré y di la vuelta derecha, estacioné y fui a ver. Y vi que al 505 lo había llevado por delante el colectivo San Vicente, lo subió completamente arriba de la vereda de la calle, que da a la estación de Longchamps..." y respecto de la luz del semáforo responde: "Para el 505 estaba en verde, porque yo estaba estacionado para que la luz me de paso para pasar. Cuando me pone la luz verde arranco y ahí siento la explosión. Para el colectivo estaba en rojo porque yo estaba esperando lo mismo que él, pero en sentido contrario" (fs. 520 vta. y 521).
Esta declaración -adelantó- lo inclinaba por aceptar la versión de la parte actora en lo que hacía a la mecánica del accidente (v. fs. 521).
IV.2.c.iii. Ponderó, además, que el perito ingeniero mecánico Francisco Canale, al confeccionar el dictamen que luce a fs. 323/324, expresó que "La intersección en la cual se produjo el accidente tiene características particulares en la configuración de la Av. H. Yrigoyen dado que la misma, en el lugar confluye con la Gran Vía del Sur (Dr. Kellertas) y ambas arterias en su proporción dimensional tienen alta densidad de tránsito vehicular. Además, el cruce se encuentra regulado por semáforos y las distintas calzadas que forman la intersección permiten el doble sentido de circulación". Luego, reparó en que si bien el experto refirió que no existían elementos de cálculo suficientes para la determinación de las velocidades que imprimían los vehículos, concluyó que si se consideraba que en frenada por stop-panic sobre pavimento seco a 40 kilómetros por hora (velocidad máxima en el lugar) se hacía necesaria una distancia de detención de aproximadamente 16,5 metros, necesariamente cabía colegir que el colectivo circulaba a una velocidad superior a la permitida, por cuanto se detuvo a una distancia superior después del impacto y perdió energía en la deformación de los rodados y desplazamiento del auto en la dirección del vehículo de mayor porte. A ello agregó que el amplio cono de visión existente en la encrucijada permitía observar el cruce de un rodado que ingresaba desde la arteria Boulogne Sur Mer en una distancia superior a la necesaria para frenar a 40 kilómetros por hora (v. fs. 521/522).
Destacó, asimismo, que el dictamen en cuestión reunía los requisitos de lógica, técnica, creencia y equidad, debiendo acordársele valor probatorio, tanto más cuando no se acompañaron a los autos probanzas que permitiesen separarse de sus conclusiones (v. fs. 522).
De este modo el Tribunal de Alzada, teniendo en cuenta el referido informe, el testimonio transcripto y demás elementos que surgían de la causa, concluyó que fue la conducta reprochable, desaprensiva e imprudente del chofer de la empresa demandada -circulando antirreglamentariamente e impactando al rodado en el que circulaba el accionante Oscar Rubén Juárez y su esposa- la que ocasionó el accidente de marras (v. fs. cit.).
IV.2.d. Frente a ello, los argumentos traídos por la parte accionada en su pieza recursiva no logran conmover la decisión atacada (conf. art. 279, CPCC).
IV.2.d.i. La letrada apoderada de la empresa demandada y de la citada en garantía centra su crítica en la alegada configuración de absurdo en la valoración de la prueba. Por un lado, denuncia que no existen contradicciones entre los testimonios respecto del cruce con luz habilitante para el colectivo (v. fs. 540 y vta.) y, por otro, expone que la declaración testimonial del señor Domingo Sosa luce inconsistente toda vez que en un primer momento asevera que al ocurrir la colisión el semáforo estaba en rojo para el colectivo -pues él se encontraba circulando por la misma arteria pero en sentido contrario cuando vio cruzar al automóvil 505- y luego afirma que cuando tuvo luz verde e inició la marcha escuchó el choque, lo cual permitiría colegir -según aduce- que el micrómnibus al momento del impacto se encontraba, al igual que el testigo, habilitado para iniciar el cruce (v. fs. 540 vta. y 541).
IV.2.d.ii. Ahora bien, las quejas ensayadas no evidencian la absurdidad endilgada a la Cámara al tener por acreditada la responsabilidad de los accionados en el evento dañoso, vicio que -como es sabido- no queda configurado ante cualquier error, o ante la apreciación opinable o discutible, siendo necesario que se demuestre una anomalía extrema o una falla palmaria del proceso mental del juzgador o que el pronunciamiento se asiente en presunciones no fundadas en los hechos de la causa, obviando ponderar los acontecimientos relevantes según tales constancias (conf. causas C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014; C. 122.646, "Marti", sent. de 6-XI-2019; etc.), extremo que -insisto- no logra patentizar la impugnante.
Sobre el punto es necesario recordar que la selección de pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde (que admite la posibilidad de inclinarse por algunas descartando otras) es facultad privativa de los jueces de grado, y no constituye supuesto de absurdo el ejercicio de la facultad legal de los tribunales de las instancias de mérito para seleccionar el material probatorio y dar preeminencia a unas pruebas respecto de otras, así como para apreciar la idoneidad de los testigos (conf. causas C. 113.694, "Del Romano", sent. de 16-IV-2014; C. 118.439, "Farías", sent. de 22-VI-2016; e.o.).
Si bien la recurrente insiste en la ausencia de contradicción en los dichos de los testigos Soria, Viera y Sotomayor en lo que respecta a la señal lumínica existente en el cruce de las arterias al momento del accidente (v. fs. 540 vta.), lo cierto es que la queja -tal como ha sido lacónicamente enunciada- sin un desarrollo posterior, deja huérfana de fundamentación esta parcela del recurso extraordinario sin satisfacer en lo mínimo el requisito de suficiencia.
Tiene dicho esta Corte que para que el escrito con el que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley abastezca las exigencias del art. 279 del Código adjetivo, es imprescindible que el apelante critique idóneamente las motivaciones esenciales que contiene el fallo objetado, lo que no se satisface si limita su embate a manifestar su discrepancia con lo resuelto en la instancia anterior (conf. causas C. 116.139, "Club Argentino de Merlo S.A.", sent. de 21-II-2018; C. 122.646, "Marti", sent. de 6-XI-2019; entre muchas).
IV.2.d.iii. Asimismo, la crítica dirigida a cuestionar la veracidad del testigo Sosa tampoco resulta suficiente para demostrar el yerro invocado.
En efecto, aun adoptando la versión de los hechos denunciada por los demandados -esto es, que la luz del semáforo habilitaba el cruce del colectivo cuando se produjo la colisión (v. fs. 541)- la queja ensayada no logra conmover el fallo en crisis.
Para demostrar el absurdo de la sentencia, la recurrente invoca las conclusiones del ingeniero Saffi, quien se expidió en sede penal, y señaló que un vehículo que circula sobre la arteria Boulogne Sur Mer -tal como lo hacía el actor- e inicia el cruce de la Avenida Hipólito Yrigoyen con la luz del semáforo en verde puede, eventualmente, concluir el mismo con la luz del semáforo en rojo (v. pto. 4, dictamen causa penal, fs. 184/186).
Ahora bien, las dimensiones de la Avenida Hipólito Yrigoyen -a las que hace expresa alusión la pericia accidentológica obrante en esta causa (v. fs. 319/324 vta.) y la antes citada peritación penal- lejos de demostrar impericia en el accionar de la víctima pone de manifiesto que el conductor del vehículo demandado, de haber estado habilitado para iniciar la marcha, debió extremar su diligencia antes de intentar el cruce de la encrucijada, en tanto y tal como lo prescribe el art. 54, punto 1 inc. "A" de la ley 11.430 -aplicable en la especie- la luz verde es un simple ordenador de tránsito y no exime al conductor de tener que proceder en el manejo del vehículo con la precaución a la que se refiere el inc. 3 del art. 51 (v. dictamen, fs. cit., causa penal).
IV.2.d.iv. Para más, la recurrente soslaya las restantes premisas sobre las cuales se asienta el fallo, consistentes en la velocidad y el carácter de embistente que tuvo el ómnibus en el siniestro -tal como fuera reseñado en el punto IV.2.c.iii. del presente- como asimismo la mayor exigencia que pesaba sobre el conductor del colectivo por su carácter de profesional en el manejo de un rodado de gran porte y peligrosidad (v. fs. 522 vta.), las que se mantienen enhiestas y sellan -definitivamente- la suerte adversa de esta parcela de la impugnación (art. 279, CPCC).
IV.3. De otra parte, en cuanto al pedido de aplicación al caso de lo dispuesto en los precedentes "Vera" y "Nidera", asiste razón a la demandada.
Esta Suprema Corte ha fijado posición en casos análogos a este (conf. causa C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018; e.o.), y dejando a salvo mi opinión en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), por razones de celeridad y economía procesal entiendo que cuando la indemnización se fija al tiempo de la sentencia los intereses deben ser calculados a la tasa pura del 6% anual y, de allí en más, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
V. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado. Las costas se imponen en un 80% a la parte demandada y en el porcentaje restante a la actora (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan en lo que hace a la solución que brinda al agravio dirigido a cuestionar la responsabilidad comprometida en autos.
A su vez, en lo que se refiere a la tasa de interés aplicable sobre las sumas de condena estimo también que el agravio que trae la demandada recurrente es de recibo, pues la tasa de interés en supuestos como el que nos ocupa ya ha sido definida por este cuerpo en los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), a cuyos términos me remito en honor a la brevedad. Doctrina por otra parte ratificada recientemente en la causa C. 123.090, "Paredes" (sent. de 18-IX-2020).
En tales casos, cuando la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, más cercanos a lo que habría de entenderse como valor actual de lo debido, resulta congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (e.o., la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario).
Lo expuesto lo es a modo de noción sustancial que estructura el voto del colega doctor Soria en los fallos citados, que hube de acompañar para conformar la doctrina señalada. Precedentes de los que surgen entonces los presupuestos que viabilizan su aplicación: el justiprecio del daño a valores actuales que obra a su vez como factor condicionante de la determinación de lo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.