Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 110232
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 110.232, "Contreras, Norma Ramona de Valacco y otros contra Sánchez, León Gustavo Raúl y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Pettigiani.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había desestimado la demanda (v. fs. 2.719/2.729).
Se interpusieron, por la actora Norma Ramona Contreras de Valacco y los accionantes Cristian Jesús y Sergio Valacco, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.752/2.763 y 2.771/2.783).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 2.752/2.763?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 2.771/2.783?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En las presentes actuaciones se debate la responsabilidad endilgada por Norma Ramona Contreras de Valacco -por sí y en representación de su hijo menor de edad Cristian Jesús Valacco (hoy mayor de edad: v. fs. 2.661)-, Fabio Adrián y Sergio Fabián Valacco a los galenos León Gustavo Raúl Sánchez y Juan Alberto Laiuppa y al Centro de Salud Leónidas Lucero de la ciudad de Bahía Blanca (v. demanda: fs. 132/141 vta.).
Se imputa, en rigor, la defectuosa atención médica brindada por los profesionales del arte de curar al intervenir al señor Alberto Valacco para realizar una resección transuretral de próstata (RTUP), acto médico que provocó una lesión en el intestino grueso del paciente y dio lugar a una serie de complicaciones que tuvieron como fatal desenlace el fallecimiento del esposo y padre de los actores (v. fs. 136).
A fs. 646/655 vta. contestó demanda Juan Alberto Laiuppa. En dicha presentación alegó que Alberto Valacco no había sido paciente suyo ni había tenido participación en la referida cirugía, destacando que la misma fue efectuada exclusivamente por el doctor León Sánchez.
A fs. 659/667 vta. hizo lo propio el codemandado Sánchez quien, si bien afirmó que había operado al señor Valacco para subsanar una obstrucción prostática, negó que las presuntas insuficiencias y posteriores problemas de salud padecidos -hemorragias, hipoxia cerebral, problemas virósicos, etcétera- hubiesen tenido relación causal con la mencionada praxis. Asimismo, precisó que durante el acto quirúrgico en cuestión, al introducir el instrumental utilizado en el cuerpo del paciente, se produjo lo que comúnmente se denomina una "solución de continuidad del intestino", situación que -destacó- suele producirse en este tipo de operaciones y que hizo necesaria una intervención quirúrgica mayor con anestesia general, de la cual "el enfermo salió con su problema totalmente solucionado". De otra parte, resaltó que Valacco era una persona obesa, adicta al tabaco y con un amplio historial clínico que agravaba el riesgo propio de una persona de sesenta y dos años de edad.
A fs. 700/720 se presentó el apoderado de la Municipalidad de Bahía Blanca, asumiendo la representación del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero" (ex "Centro de Salud Municipal"). Refirió que no hubo negligencia o imprudencia por parte de los médicos actuantes ya que, como lo demuestra la historia clínica, ante las complicaciones surgidas se actuó con la debida diligencia.
La señora jueza de primera instancia rechazó la pretensión deducida por los actores (v. fs. 2.601/2.615).
Para así decidir -tras destacar que la intervención quirúrgica realizada por el doctor Sánchez León había sido la aconsejada para tratar la dolencia del enfermo; que se realizaron correctamente los exámenes prequirúrgicos de estilo; que efectivamente existió una fístula próstato rectal ocasionada en la resección transuretral; que dicha complicación era descripta en la literatura médica como resultado de esta práctica; la que fue satisfactoriamente resuelta y curada; que existieron graves complicaciones posteriores en el estado general de salud del paciente, aumentadas por los factores de riesgo generales que tuvieron especial incidencia en su desmejoramiento y que la muerte se produjo por causa respiratoria séptica- sostuvo que no se probó la culpabilidad profesional ni la relación causal entre el acto médico realizado (intervención quirúrgica destinada a la resección endoscópica de próstata) y los daños que provocaron la muerte del paciente (v. fs. 2.613 y vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por Norma Ramona Contreras de Valacco, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca lo confirmó, imponiendo las costas a los accionantes que resultaban vencidos, en el caso de la única apelante Norma Ramona, y que fundaron un recurso que no habían deducido, en el caso de los restantes coactores (v. fs. 2.719/2.729).
En suma, el Tribunal de Alzada sostuvo que no se probó que el doctor Sánchez León hubiera incurrido en impericia o negligencia al producirse -durante el curso de la intervención programada- la perforación intestinal reprochada. Se acreditó que la emergencia fue encarada y superada conforme lo prescriben las reglas del arte. Agregó que no hubo -ostensible y palmariamente- relación adecuada de causalidad concebible entre ese episodio y la muy posterior muerte del paciente a consecuencia de una insuficiencia respiratoria (v. fs. 2.726 vta.).
III. Frente a este modo de decidir, Norma Ramona Contreras de Valacco interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la infracción de los arts. 384, 421, 474 y 475 del Código Procesal Civil y Comercial y 512, 901, 902, 904, 909, 1.109 y 1.113 del Código Civil. Asimismo, alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 2.752/2.763).
En síntesis, aduce que la Cámara enmascara la ostensible culpa en que ha incurrido el doctor Sánchez León -utilizando palabras tales como "complicación", "emergencia", "mera ocurrencia de la fístula"- cuando, no alegados siquiera el caso fortuito (o fuerza mayor) ni la culpa de la víctima, no puede sino inferirse de los hechos que el daño que padeció el paciente ("lesión próstato-rectal de tipo perforativa") fue ocasionado por el accionar del médico al operar el resectoscopio, circunstancia confesada por el propio accionado (v. fs. 2.757 vta. y 2.758).
Sostiene que reconocida y demostrada la lesión provocada en el acto quirúrgico surge in re ipsa la negligencia médica (v. fs. 2.758 vta. y 2.759).
Afirma que la sentencia ha incurrido en absurdo al concluir que no ha habido en el informe pericial la más leve insinuación de que la ocurrencia de la lesión haya estado asociada con un preceder poco diligente del profesional, a la par que soslaya los datos aportados por el experto que dan cuenta de que la lesión-perforación determinó la colostomía transversa y la necesidad de practicar una anestesia general; que esta, a su vez, provocó las inmediatas y esperables complicaciones respiratorias postoperatorias y que estas complicaciones -de las que jamás se pudo recuperar el paciente- ocasionaron el fatal desenlace (v. fs. 2.761/2.762).
IV. El recurso prospera parcialmente.
De manera liminar, corresponde aclarar que la cuestión sometida a juzgamiento debe ser dirimida de acuerdo con lo normado por la legislación vigente al momento de verificarse los actos y hechos eventualmente configurativos de la atribuida mala praxis médica (fecha cirugía: 25 de abril de 1997; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Dicho lo anterior, es útil recordar, conforme reiterada doctrina de esta Corte, que la determinación de la existencia -o inexistencia- de relación de causalidad entre el obrar -en el caso, la mala praxis médica atribuida a los galenos- y el daño constituye una cuestión de hecho irrevisable en casación salvo absurdo (conf. causas C. 117.952, "Rosales", sent. de 7-V-2014 y C. 119.733, "G., A. G.", sent. de 28-VI-2017).
A su vez, la responsabilidad profesional es aquella en la que incurren quienes ejercen una profesión al faltar a los deberes especiales que esta le impone y, por lo tanto, su configuración requiere de los elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Ello quiere decir que cuando el profesional omite las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación -ya sea por impericia, imprudencia o negligencia- falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512, Cód. Civ.; conf. causas C. 118.280, "J., V. F.", sent. de 4-III-2015; C. 120.128, "M. R., P. G.", sent. de 8-III-2017; entre muchas).
Visualizada la cuestión sub examine a la luz de tales bases hermenéuticas, anticipo que asiste razón a la impugnante en cuanto denuncia que la Cámara incurrió en una absurda interpretación del material probatorio existente en la causa (conf. arts. 384, 456, 474 y concs., CPCC.; 511, 512, 901, 902 y concs., Cód. Civ.).
Paso a explicarme.
IV.1. La sentencia funda el rechazo de la pretensión en tres pilares. El primero de ellos radica en que "...no se trata de que la mera ocurrencia de la fístula suministre una prueba 'prima facie' o 'res ipsa loquitur' de que el galeno ha actuado en infracción a la 'lex artis' [...] debe tratarse de un hecho que normalmente no ocurre sin negligencia. La mera rareza no es suficiente; debe surgir, a la luz de la experiencia pasada, la presunción de negligencia. De tal modo, atendiendo al tipo de evento producido, no podía ponerse a su cargo la prueba -virtualmente imposible de aportar- de que estaba actuando diligentemente en el momento de su ocurrencia. Aportó sí, la que estaba a su alcance, respecto del modo en que encaró y superó la emergencia presentada, proceder que ha sido merituado como irreprochable por parte de los peritos dictaminantes" (fs. 2.724 y vta.).
El segundo de esos vértices consiste en que "...tampoco tiene mucho sentido apelar a la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, en un expediente donde los médicos demandados muy lejos estuvieron de abroquelarse en la mera negativa de las postulaciones planteadas por los actores, y ofrecieron y produjeron en conjunto con éstos, una profusa prueba pericial que les es objetiva y contundentemente desfavorable" (fs. 2.724 vta.).
El último de ellos parte de la premisa de que es "...harto evidente la ausencia palmaria de cualquier vinculación causal -que pueda postularse seriamente en términos jurídicos- entre esa emergencia quirúrgica y el deceso posterior de Valacco. Pretender conectar -en términos de adecuada relación de causalidad (arts. 901 y ss. C.Civ.)- la perforación del recto ocurrida y solucionada a fines de abril, con la muerte acaecida a principios de septiembre, en otro hospital y en otra ciudad, de una insuficiencia respiratoria precedida de tortuosa evolución, es sencillamente grotesco" (fs. 2.724 vta. y 2.725); "surge muy claro, entonces, de las pericias practicadas, que el procedimiento seguido para conjurar la emergencia fue inobjetable, y que para cumplirlo no había más remedio que anestesiar totalmente al paciente" (fs. 2.725 vta.); "lo que ocurre es que el paciente presentaba un delicado estado general que lo hacía muy propenso a desencadenar [las complicaciones respiratorias que derivaron en su posterior deceso]: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo -60 cigarrillos diarios desde los 20 años-, obesidad mórbida, e hipertensión" (fs. 2.726).
IV.2. La recurrente ha logrado evidenciar -a mi juicio- que dichas conclusiones derivan de una absurda apreciación de la prueba, al ignorar precisamente que la lesión próstato rectal de tipo perforativa padecida por el paciente al ser intervenido quirúrgicamente de una hipertrofia prostática benigna no fue una "complicación factible y común" sino una lesión provocada por el propio profesional, recayendo, por tal motivo, sobre el galeno la carga de probar que la injuria producida no fue el resultado de su obrar negligente.
En efecto, del informe del perito médico urólogo Raúl Carlos Appella surge que "no es común" la producción de una solución de continuidad del intestino (lesión sufrida por el paciente). Detallando a continuación que según J.P. Blandy, Resección Transuretral , Editorial Jims, 1981, en una primera serie de 935 resecciones de próstata se presentaron cinco perforaciones, y en los últimos 1.057 casos han ocurrido cuatro (v. fs. 2.299/2.300).
La Cámara, citando al doctor Ricardo Lorenzetti, ligeramente señala que no se trata de que la mera ocurrencia de la fístula suministre una prueba " prima facie " o " res ipsa loquitur " de que el galeno ha actuado en infracción a la lex artis (v. fs. 2.724).
Sin embargo tal aseveración aparece cuanto menos como parcialmente justificada en el texto en que se basa por cuanto, por un lado, se refiere a la prueba " res ipsa loquitur " con particular énfasis expositivo sobre su desarrollo en el derecho comparado (v. ob. cit. pág. 220), y por el otro, por cuanto dicho autor al referirse de modo concreto a estas hipótesis en las cuales el resultado adverso es suficiente para imputar una presunción o inferir negligencia de parte del médico alude precisamente al supuesto de autos, señalando que dicha doctrina se ha aplicado a casos de "daños a partes del cuerpo del paciente que están cercanas o en el área de tratamiento", por consistir en accidentes de la clase que ordinariamente no ocurren sin algún tipo de negligencia. "Es una regla probatoria por la cual la culpa se infiere de un daño inexplicable, del tipo que no ocurre normalmente en ausencia de culpa..." (v. Lorenzetti, Ricardo Luis, Responsabilidad de los médicos , Tomo II, Rubinzal-Culzoni, año 1997, pág. 220 y sigs.).
IV.3. Esto es, una lesión en un órgano cercano al área en la cual se practicó la cirugía, de tipo perforativa, habiéndose utilizado un "resectoscopio" que "es capaz de cortar exclusivamente por efectos térmicos y no mecánicos, al contacto más leve con el tejido que se trate" (resp. a pregunta 6, dictamen Apella: fs. 2.287) debe entenderse que ha sido -a menos de que se acredite lo contrario- el resultado de un actuar negligente.
En consecuencia, por resultar un hecho que no ocurre normalmente y que fue causado por el profesional, en particular, por el instrumental bajo el exclusivo control del galeno al efectuar la exploración de la uretra (v. experticia fs. 22.583 y 2.286; v. asimismo absolución de posiciones: resp. a pregunta 9, fs. 2.346 y 2.347 vta. donde el demandado reconoce haber lesionado el intestino del paciente durante la intervención quirúrgica) recaía sobre del doctor Sánchez León la prueba de su no culpa.
En reiteradas oportunidades esta Corte ha expresado que en los casos en los que se juzga la responsabilidad del médico, por tratarse de situaciones extremas de muy difícil comprobación cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo (conf. causas C. 120.106, "L., Z. L.", sent. de 1-VI-2016; C. 121.010, "García", sent. de 21-III-2018; entre muchas). Ahora bien, ello no significa que el principio por el cual "quien afirma debe probar" haya quedado abolido en estos casos específicos de alegación de mala praxis (conf. causas Ac. 79.058, "Clínica Olivos S.A.", sent. de 19-II-2002; C. 116.663, "Camus", sent. de 4-IX-2013; e.o.), sino que resulta aplicable en especiales circunstancias como la verificada en la especie.
IV.4. Por otra parte, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Alzada, ningún elemento esclarecedor ha arrimado a la causa el aludido profesional, quien se refirió a la lesión como una "situación que suele producirse en este tipo de operaciones" (fs. 661 vta.), en franca contradicción con lo aseverado por el experto Appella -tal como ha sido referenciado ut supra- y por el doctor Eduardo Wrobel a fs. 1.162, sin explicitar las razones por las cuales acaeció tal contingencia, siendo que era quien se encontraba en inmejorable posición para esclarecer el asunto, dados sus conocimientos científicos y su participación directa en la cirugía practicada.
Tampoco de la historia clínica (v. fs. 5/131) ni del análisis efectuado por los expertos (v. fs. 203/204 -médico de policía Flores-; fs. 227/228 -perito médico forense Gualdoni-; fs. 412/421 de la causa penal adjuntada a la presente -perito médico forense oficial Gallese-; fs. 1.155/1.163 -perito médico forense oficial Wrobel-; fs. 2.277/2.317; fs. 2.420/2.424; 2.299/2.303 -perito médico urólogo Apella-) surge el motivo por el cual se produjo la perforación provocada en el intestino, menos aún una explicación técnica que arrojara luz sobre el punto, referenciando simplemente lo ocurrido como una "complicación", "lesión" o "perforación del recto", que obligó a practicar una colostomía con anestesia general.
Por otra parte, debo destacar que si bien es cierto que del dictamen del especialista Apella no aflora que dicha ocurrencia esté asociada con un proceder poco diligente del profesional, ello es así simplemente porque "las circunstancias por la cual se produjo se desconocen" (v. resp. a pregunta 4: fs. 2.282/2.283); y porque, preguntado puntualmente acerca del obrar del galeno, respondió el experto que "indicar si ha existido o no, impericia, negligencia o imprudencia de los principios técnicos; a partir de los datos aportados, lo deberá indicar la evaluación del Sr. Juez que atienda en la causa" (fs. 2.293).
Frente a este cuadro de situación -lejos de existir "una profusa prueba pericial que les es objetiva y contundentemente desfavorable" a los actores (v. fs. 2.724 vta.)- emerge la doctrina de la flexibilización de las cargas probatorias o distribución dinámica de la prueba.
Así las cosas, a los fines de desvirtuar la presunción de negligencia que nace res ipsa loquitur de la lesión producida al paciente, el galeno debió probar que la misma fue ocasionada por una causa ajena a su obrar, extremo no acreditado en el sub lite .
IV.5. Ahora bien, también resulta fruto de un razonamiento absurdo la aseveración efectuada por la Cámara en tanto expresa que resulta "...harto evidente la ausencia palmaria de cualquier vinculación causal -que pueda postularse seriamente en términos jurídicos- entre esa emergencia quirúrgica y el deceso posterior de Valacco" (fs. 2.724 vta. y 2.725).
El Tribunal de Alzada pareciera disociar estos extremos, en tanto entiende que la perforación del recto fue solucionada de acuerdo a las leyes de la praxis médica a fines de abril y el fallecimiento acaeció a principios de septiembre -en otro hospital y en otra ciudad- en virtud de una insuficiencia respiratoria (v. fs. 2.725).
Sin embargo, de una atenta lectura de la historia clínica y de los dictámenes obrantes en la causa se advierte que fue luego de detectarse la lesión provocada durante la resección transuretral de próstata y ser sometido a una cirugía mayor con anestesia general que el paciente sufrió complicaciones respiratorias postoperatorias de las cuales nunca pudo recuperarse.
A continuación, transcribiré la cronología de los hechos desde su internación hasta el fallecimiento del paciente (conf. dictamen Apella: v. resp. pregunta 5, fs. 2.284/2.285):
a- Fecha de internación: 24 de abril de 1997.
b- Fecha de cirugía: 25 de abril de 1997.
c- Tipo de cirugía: resección transuretral de próstata.
d- Complicación: lesión perforativa de recto por lo que se realiza: talla vesical, colostomía transversa, inmediatamente posterior a la cirugía.
e- El paciente pasa a Unidad de Terapia Intens
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.