Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121614
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.614, "Aparicio, Leandro contra Telefónica de Argentina S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Pettigiani.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la resolución de primera instancia que, oportunamente, había tenido por desistida a la accionada del recurso de apelación deducido contra la sentencia que, a su turno, acogiera la demanda deducida en su contra. Asimismo, confirmó el pronunciamiento que admitiera la pretensión articulada por el señor Leandro Aparicio contra Telefónica de Argentina S.A., condenando a la sociedad demandada a abonar la suma de $1.200.163,68 en concepto de daños material y punitivo, con más los intereses y costas del proceso. Ello sin perjuicio de la revocación parcial de la decisión apelada, en cuanto concediera el incremento del daño patrimonial reclamado en la suma de $205,23 (v. fs. 983/1.001).
La parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.033/1.035 vta. y 1.017/1.032, respectivamente) y la demandada articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.004/1.016 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad articulado por la actora?
En caso negativo:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor Leandro Aparicio entabló demanda de daños y perjuicios contra Telefónica de Argentina S.A., reclamando una indemnización de $2.005.205,23 y sus intereses. Asimismo, solicitó que condenara a la demandada a abonar la suma de $2.000.000 en concepto de daño punitivo y costas del juicio (v. fs. 55 vta.).
En el escrito inicial relató que en el mes de noviembre de 2009 había contratado, luego de ver una publicidad gráfica -cuya copia acompañó como prueba-, el servicio de internet Speedy (Speedy 3 MB) que, junto con el de llamadas locales ilimitadas, había sido promocionado por la empresa accionada a un precio de $89 finales por mes (v. fs. 55 vta.).
Adujo que, pese a que la demandada había promocionado el servicio a un precio fijo final mensual, en el mes de enero de 2010, luego de realizar el cambio del módem que poseía por un "wi-fi", la empresa citada le remitió facturas con un precio mayor al convenido (v. fs. 55 vta.).
Remarcó que la publicidad que lo había motivado a contratar el servicio mencionado específicamente promocionaba la denominada "Línea Duo", que incluía llamadas locales ilimitadas e internet Speedy Banda Ancha 2.0, 3 MB wifi por la suma de $89, monto que, según se afirmaba claramente en la misma publicidad, correspondía al precio final por mes del servicio (v. fs. 56).
Puntualizó las sumas que debió abonar con recargo para evitar el corte del servicio y detalló los montos que la accionada percibió injustificadamente (v. fs. 56).
Expresó también que, luego de realizar varios reclamos y ante las manifestaciones de la accionada, reconoció que tomó real y efectivo conocimiento del engaño al que había sido sometido al leer la denominada "letra chica" en la que se consignaba que el aludido "precio final" no incluía los siguientes rubros: concepto abono, llamadas a internet gratis, 0610, cobro revertido y servicio por operadora (todas las modalidades), llamadas a líneas de telefonía móvil ni cualquier otro servicio que Telefónica de Argentina S.A. facturara por cuenta y orden de terceros.
Reclamó entonces por los daños patrimonial, moral y punitivo irrogados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 bis de la ley 24.240. Con relación al último rubro, esgrimió que se daban todos los requisitos legales y doctrinarios para la aplicación de la sanción perseguida: a) grave incumplimiento por parte de la demandada al no respetar el precio ofrecido y al publicitar engañosamente el servicio; b) violación de obligaciones legales (arts. 42, Const. nac.; 4 y 8, ley 24.240; 9, Ley de Lealtad Comercial; e.o.); c) manifiesto menosprecio por los derechos de los consumidores y usuarios, dado que se promocionó un servicio a partir de una publicidad claramente engañosa, con el afán de obtener un lucro, a esa altura, casi incalculable (v. fs. 65 y vta.).
Finalmente, solicitó que se declarase la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto ordenado por el art. 4 de la ley 25.561, a fin de que el crédito reclamado fuera actualizado conforme la depreciación monetaria (v. fs. 69 vta./70 vta.).
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar a la demanda y condenó a Telefónica de Argentina S.A. a pagarle al actor la suma de $1.200.163,68, con más intereses -desde que cada factura fue abonada por este hasta el efectivo pago del resarcimiento- a la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires (v. fs. 772/783 vta.).
Dicha sentencia fue apelada tanto por la actora (v. fs. 785) como por la demandada (v. fs. 791).
El Juzgado concedió ambos recursos (v. fs. 786 y 792, primer párr.) y, con relación al de la accionada, intimó a dicha parte a depositar el importe equivalente al capital, con más el estimado para responder a los intereses a los que fuera condenada en la sentencia recurrida en atención a lo dispuesto por el art. 29 de la ley 13.133 (v. fs. 792, tercer párr.).
Contra la resolución que la intimó a depositar capital e intereses, la condenada dedujo una revocatoria con apelación en subsidio. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del citado precepto (v. fs. 808/813 vta.).
La señora jueza de primera instancia desestimó la revocatoria y la apelación deducida en subsidio y rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado (v. fs. 853/855). Luego, ante la falta de cumplimiento con lo ordenado, tuvo por desistida a la demandada del recurso de apelación deducido contra la sentencia definitiva (v. fs. 865). Inmediatamente, decretó embargo sobre todos los activos que la empresa pudiera tener depositados en entidades bancarias hasta cubrir las sumas indicadas a fs. 792 (v. fs. 865).
Frente a ello, la legitimada pasiva dedujo un nuevo recurso de apelación (v. fs. 866), el que fue concedido (v. fs. 867).
II. A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación departamental confirmó la resolución de fs. 865 (donde se tuvo por desistida a la accionada de su recurso) y revocó parcialmente la sentencia de fs. 772/783, admitiendo el reclamo por daño patrimonial en la suma de $205,23, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio. Impuso las costas del Tribunal de Alzada a la demandada por el recurso deducido contra la resolución de fs. 865 y al actor -por considerarlo sustancialmente vencido- por el articulado contra el fallo de fs. 772/783 (v. fs. 983/1.001).
III. Contra dicho pronunciamiento la compañía de servicios accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando absurdo y violación de la doctrina legal relativa a la exigencia de acreditar la imposibilidad de efectuar el depósito previsto en el art. 29 de la ley 13.133 (v. fs. 1.004/1.016 vta.).
Alega que se ha rechazado en forma incorrecta el planteo de inconstitucionalidad, dado que la exigencia de acreditar la imposibilidad de efectuar el depósito establecido en el art. 29 de la ley 13.133 no surge de norma alguna y convierte el rechazo en contrario a la doctrina legal de esta Corte (v. fs. 1.010 y vta.).
Expone que el recaudo del depósito previo establecido en el art. 29 de la ley 13.133 es violatorio de la doble instancia legal propia del debido proceso, al exigirse el pago previo de una suma millonaria para acceder a un recurso ordinario (v. fs. 1.011 vta.).
Señala que es doctrina de esta Corte que el ámbito de exigencia del pago previo se ha estrechado sensiblemente desde la vigencia de la nueva ley ritual contencioso administrativa y que hoy solo es obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda cuando se promuevan pretensiones contra actos administrativos que impongan una obligación tributaria de dar sumas de dinero (conf. doctr. causa I. 3.361, "Herrera"; v. fs. 1.010 vta.).
Apunta que no debe pasarse por alto que las normas que imponen el previo pago de una multa como condición para instar una acción judicial o, como en el caso de autos, la que impone el depósito del capital e intereses para admitir el recurso de apelación contra la sentencia, se encontrarían derogadas desde la ratificación por Argentina del "Pacto de San José de Costa Rica" (v. fs. 1.012).
Considera que, además, existe una errónea aplicación del art. 29 de ley 13.133 a la luz de las constancias de la causa, ya que si los fondos que dicha norma requiere para que proceda el tratamiento del recurso de apelación se encontraban depositados en la cuenta judicial de autos, no cabe duda de que la exigencia del depósito se encontraba cumplida, sin importar si dicho depósito lo fue en virtud del embargo ordenado o se trató de un depósito voluntario, ya que la norma no lo diferencia (v. fs. 1.014).
Enfatiza, por fin, que la sentencia en crisis resulta absurda y arbitraria ya que, bajo el pretexto de no violentar el principio reformatio in peius , se mantuvo una decisión absolutamente injusta, excesiva y desproporcionada, advirtiéndose que dicha injusticia es puesta en evidencia en la propia sentencia (v. fs. 1.015).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En lo que se refiere a las críticas dirigidas contra la decisión que confirmó la deserción del recurso de apelación resuelta a fs. 865, punto I, así como los argumentos que sustentan la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133, se observa que los mismos resultan manifiestamente insuficientes, pues no se hacen cargo de la fundamentación contenida en el pronunciamiento impugnado (art. 279, CPCC).
En el fallo recurrido se expresa que "...Independientemente de que, con art. 29 o sin él, igual tenía el recurrente que depositar el importe de condena por el efecto con que se concede el recurso en este tipo de procesos sumarísimos, el agravio constitucional sólo pued[e] configurarse en concreto, en la medida en que la exigencia del depósito se erija en una valla insalvable que le impida efectivamente al recurrente acceder a la jurisdicción" (fs. 984 y vta.).
Agregó luego que "...la apelante, lejos de alegar tal imposibilidad -que por cierto luciría inverosímil-, hace hincapié una y otra vez en que le fue embargado el importe íntegro de la condena, como si pretendiera sustituir el depósito incumplido que se le exigió y no efectivizó, con el embargo trabado..." (fs. 985).
La impugnación de la recurrente solo insiste en el pretendido avasallamiento de sus derechos constitucionales, absteniéndose de controvertir la línea argumental seguida por el Tribunal de Alzada al confirmar la resolución de fs. 865, omitiendo así efectuar una crítica directa, clara, concreta y razonada de esa parcela del fallo que pudiera mostrar su error o inconveniencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En este contexto, sabido es que resulta requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas C. 119.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 21-X-2015; C. 118.280, "J., V. F.", sent. de 4-III-2015; e.o.), pues la falta de cuestionamiento de los conceptos fundamentales sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior, tal como ocurre aquí, deja incólume su fundamento (causas C. 113.622, "Meliqueo", sent. de 3-X-2012; C. 107.895, "Marocchi", sent. de 12-IX-2012; e.o.).
IV.2. Tampoco merece acogida el agravio por el que denuncia que el pago previo exigido por el art. 29 de la ley 13.133 resulta violatorio del derecho de defensa y de las garantías constitucionales que invoca (v. fs. 1.011 vta.). Ello es así toda vez que una imputación de ese tenor se encuentra subordinada a la prueba de una violación de normas de derecho común, que en el caso no ha sido verificada (conf. causas C. 100.021, "Lago S.A.", sent. de 26-XI-2008; C. 99.859, "Alaniz", sent. de 17-XII-2008; C. 105.437, "Zerneri", sent. de 3-III-2010; C. 116.718, "Isla Casares", resol. de 6-VI-2012; C. 117.337, "Tamborenea", resol. de 17-IV-2013). Esto autoriza a rechazar esta porción de la vía incoada.
IV.3. Finalmente, tampoco se demuestra el absurdo del razonamiento de los señores jueces de la Cámara, quienes, con fundamento en el principio de reformatio in peius y pese a considerarla excesiva, mantuvieron la condena por daño punitivo (v. fs. 1.007 vta., 1.014 vta. y 1.015).
En efecto, la Cámara, luego de ponderar como ostensiblemente excesivo el importe de la multa impuesta en concepto de daño punitivo (v. fs. 989 vta.), invocando el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial que delimita los poderes del Tribunal de Alzada, entendió que, en virtud de haberse declarado desierto el recurso de la demandada, no se encontraba habilitado para disminuir el monto de condena por daño punitivo (v. fs. 991 vta.).
Y no se advierte que en dicho razonamiento se haya incurrido en el desvío lógico que denuncia la recurrente a fs. 1.015.
V. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Por compartir sus fundamentos y a tenor de las consideraciones que seguidamente desarrollaré, adhiero a los votos de los colegas preopinantes.
I. Cierto es que -con cita de precedentes jurisprudenciales del Tribunal cimero nacional- el Tribunal de Alzada entendió que los agravios dirigidos a cuestionar la constitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133 no podían prosperar pues el recurrente debía de todos modos depositar el importe de la condena por el efecto propio con que se concede la apelación en este tipo de procesos (sumarísimos), por lo que en el caso, el agravio constitucional solo podía configurarse en la medida en que la exigencia del depósito se erigiese en una valla insalvable que le impidiera al recurrente acceder efectivamente a la jurisdicción, extremo que no podía entenderse verificado pues el recurrente no había acreditado ni la desproporción del monto intimado ni su falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al mismo (v. fs. 984/985).
Sin embargo, también lo es que el impugnante insiste con la objeción constitucional a la exigencia misma del depósito previo, que postula como repugnante a los textos constitucionales (nacional y local) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por resultar violatorio de su derecho de defensa en juicio, del acceso y revisión -de lo decidido- por una segunda instancia judicial, de ser oído por un tribunal independiente e imparcial, del principio de igualdad y de la garantía de inviolabilidad de la propiedad (págs. 14/27, recurso en tratamiento).
Se aprecia entonces que tales embates, por la forma en que son expuestos, poseen en este caso un lógico carácter previo que torna ineludible su abordaje (doctr. art. 279, CPCC).
II. Ahora bien, como he postulado anteriormente (v. mi voto vertido en la causa C. 122.789, "Andersen", sent. de 24-II-2021), los reproches constitucionales que porta el recurso extraordinario no pueden ser de recibo.
II.1. Inicialmente, cabe observar que la disposición controvertida se encuentra engarzada en el Capítulo IV del Título VII del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que establece las políticas y bases legales destinadas a la protección o defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito local, de modo que su aplicación en cada caso se encuentra condicionada a que la normativa de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores sea dirimente para dar sustento a la pretensión en cuestión, es decir, que tenga relación directa e inmediata con el pleito (conf. doctr. causa A. 70.572, resol. de 26-X-2010), lo que efectivamente ocurre en casos como el de marras, cuando el daño cuya reparación se solicita tiene origen en una relación de consumo regida por el derecho privado y alcanzada por la normativa tuitiva específica (doctr. causas B. 69.961 y B. 69.962, resols. de 18-II-2009).
En cuanto a sus fundamentos, el legislador local precisó que los estándares previstos tanto en el art. 42 de la Constitución nacional (que impone, a las autoridades del Estado, proveer a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios) como en el art. 38 de la Constitución local (que establece que la Provincia proveerá a la educación para el consumo, establecerá procedimientos eficaces y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores), resultarían meramente ilusorios si no se contase en la práctica con los instrumentos necesarios para hacerlos efectivos (conf. Fundamentos ley 13.133); de manera que la búsqueda de tal efectividad en la protección del consumidor y usuario, para el resguardo de sus derechos y garantías, constituye el fin social que justifica la existencia de una regulación específica sostenida en la necesidad de amparar a la parte particularmente vulnerable de la relación de consumo, con fundamento en los principios pro homine y favor debilis , como mecanismo estatal dirigido a afianzar una justa resolución de los conflictos que pudieran derivarse de ella (conf. asimismo, arts. 1.092 a 1.122, Cód. Civ. y Com. y 1, 2, 3, 36, 37, 65 y concs., ley 24.240; luego, art. 1, ley 13.133).
Con tal objetivo, además de disponer políticas generales de protección de los usuarios y consumidores a cargo del gobierno local, de regulación del acceso al consumo, de la protección de la salud y seguridad de los usuarios y consumidores, políticas de control de calidad de productos y servicios, de equidad de las prácticas comerciales, de consumo sustentable y compatible con la protección del medio ambiente, políticas de control de los servicios públicos de jurisdicción local, de información y educación a consumidores y usuarios, para la organización y registro de las asociaciones de consumidores y usuarios, el legislador local también incursionó -en el referido Título VII- en la reglamentación del acceso a la Justicia por parte de este colectivo beneficiario de la regulación específica, disponiendo normas de inocultable raigambre procesal, al establecer la competencia judicial para resolver las controversias derivadas de las relaciones de consumo, la legitimación para promover las acciones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, la gratuidad de tales actuaciones y la distribución de los costos, su trámite sumarísimo (a menos que el magistrado disponga otro), la intervención necesaria del Ministerio Público, la conciliación obligatoria en ocasión de la audiencia de prueba y los específicos efectos de la sentencia definitiva que sea dictada en tales trámites, incluyendo la previsión contenida en el referido art. 29 en torno de las condicione
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