Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122301
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.301, "Campos, Guillermo Martín contra Acosta, Guillermina y otros. Daños y perjuicios" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Genoud, Pettigiani .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca modificó, aunque parcialmente, la sentencia de primera instancia al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado Hernán Martín Lebed. La confirmó en todo lo demás que decidió (v. fs. 842 vta. y 843).
Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 848/866).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Guillermo Martín Campos promovió demanda de daños y perjuicios contra la señora Guillermina Acosta y el señor Hernán Lebed. Relató que el 9 de abril de 2010, cuando conducía su motocicleta, marca Zanella, dominio 861EIY, por la calle Humboldt de la localidad de Bahía Blanca, la demandada a bordo del automotor Fiat Uno de su propiedad efectuó un giro hacia la izquierda desde la mano por la que ella circulaba para atravesar la mano contraria, en la que lo hacía el actor intentando ingresar al garaje de su vivienda; provocó así la colisión y los daños que el demandante reclamó. Peticionó además la citación en garantía de Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A. (v. fs. 45/59).
Corrido el traslado de ley se presentó la compañía aseguradora oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva por encontrarse impaga la segunda cuota de la póliza de seguro a la fecha del siniestro y contestó la demanda en subsidio, repeliéndola (v. fs. 107/114 vta.). También contestaron los demandados, la señora Acosta y el señor Lebed peticionando el rechazo de la acción y articulando, este último, excepción de falta de legitimación pasiva (v. fs. 135/146 vta.), de la que el actor solicitó su desestimación (v. fs. 148/149 vta.).
De la excepción planteada por la citada en garantía se dio traslado al actor y a los demandados; ambos peticionaron el rechazo de la defensa articulada (v. fs. 116/120; 155/158).
Posteriormente, se abrió el juicio a prueba y se dictó sentencia, admitiéndose la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía y haciéndose lugar a la demanda contra la señora Acosta y también contra el señor Lebed al rechazar la excepción planteada por él. Asimismo, el pronunciamiento determinó la indemnización resarcitoria y los intereses, los que fijó a una tasa pura del 4% anual a computarse desde la fecha del hecho (9 de abril de 2010) hasta el dictado de la sentencia (16 de diciembre de 2016) y, a partir de esta última, la tasa que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito en plazo fijo digital (v. fs. 753/762 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por el actor (v. fs. 765) y por los demandados (v. fs. 770), quienes presentaron sus respectivos memoriales (v. fs. 790/802 y 776/787) y contestaciones (v. fs. 804/806 vta. y 808/812).
I.2. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca esta revocó parcialmente la sentencia dictada, al aumentar el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente, cuantificar el daño por la motocicleta y hacer lugar a la excepción de falta de legitimación articulada por el señor Lebed, desestimando la demanda contra él. Confirmó el pronunciamiento de grado anterior en todo lo demás que había decidido (v. fs. 842 vta. y 843).
Para resolver de esa manera -en la medida del recurso en estudio y contestando a los agravios del actor- consideró que el hecho de que el señor Lebed hubiese contratado el seguro del automotor no lo erigía en el "guardián" en los términos del art. 1.113 del Código Civil, porque de no ser así la contratación del seguro sería una causa de responsabilidad civil sin base legal. Agregó que tampoco era suficiente para asignarle el carácter de guardián el ser esposo o concubino de quien al momento del accidente conducía el rodado (v. fs. 825 vta. y 826).
Seguidamente ingresó a resolver el agravio por haberse hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la citada en garantía, en razón de haberse configurado la mora en el pago de la prima del seguro y por ello haber caducado la cobertura a la fecha del siniestro.
Para así decidir apreció el dictamen del perito contador en el que el experto informaba que la póliza n° 854.202 relacionada con el automotor Fiat Uno CL 1.6, dominio SGT747 tenía un plan de seis cuotas mensuales, operando sus vencimientos los días dieciocho (18) de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2010 y que de las registraciones contables de la citada en garantía surgía que los pagos se habían efectuado en las siguientes fechas: 31 de marzo, 21 de abril, 23 de abril, 21 de mayo, 23 de junio y 20 de julio, todos en el año 2010, señalando que la cuota correspondiente al 18 de abril había sido abonada el 21 de ese mismo mes (v. fs. 826 vta.).
De allí es que concluyó la Cámara que a la fecha del siniestro -9 de abril de 2010- la cuota número dos del plan de pago del premio se encontraba vencida e impaga, que solo se había abonado la primera cuota del plan señalado y que el informe pericial había sido consentido por las partes, por lo que no encontraba razones para apartarse de él (v. fs. cit.).
Agregó que se equivocaba el actor cuando sostenía que la cobertura había comenzado con el primer pago, ya que la vigencia del seguro se había iniciado con la suscripción del contrato el día 18 de febrero de 2010, quedando condicionada al abono parcial o total del premio, como disponía el art. 1 de la póliza de fs. 93/101 y el art. 30 de la 17.418, en el que se establecía que la prima era debida desde la celebración del contrato (v. fs. 826 vta. y 827).
También determinó que no era de aplicación el art. 56 de la ley 17.418 porque imponía al asegurador pronunciarse sobre el derecho del cliente estando vigente la cobertura, ya que su ubicación estaba en la sección 15 referida a la "determinación de la indemnización" (sic). Citó un precedente de esa Sala y las causas C. 66.487, Ac. 79.421; Ac. 78.864; Ac. 85.879 y Ac. 94.525 en apoyo de su decisión, señalando además el criterio de la Corte federal establecido en la causa "Flores, Lorena Romina c/Giménez, Marcelino s/ daños y perjuicios", sentencia de 6-VI-2017, respecto de la pretendida inoponibilidad del rechazo de la cobertura, criterio sustentado también por esta Corte en la causa C. 106.051 (v. fs. 827/828).
Luego, contestando a la presunción de crédito tácito que esgrimía el actor, determinó que los pagos que habían sido recibidos por la aseguradora lo fueron porque les eran debidos por el asegurado, ya que la prima era única y se adeudaba desde el inicio del contrato y la financiación del precio era una facultad exclusiva de la aseguradora (v. fs. 828 vta.).
Asimismo, se abocó a resolver la crítica del actor por la tasa de interés, desestimando el agravio planteado porque en primera instancia se había aplicado el criterio de esa Cámara de que los intereses moratorios se liquidaban a la tasa pura del 4% anual desde el momento del hecho hasta la fecha de cuantificación de los daños y en adelante se aplicaba la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 831 vta.).
Se pronunció sobre el alcance del carácter vinculante de la doctrina legal (v. fs. 831 vta./834 vta.), determinando que no era de aplicación al caso la establecida por esta Corte en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), ya que existían nuevas razones que ameritaban apartarse de ella (v. fs. 834 vta. y 835).
Explicó que en esa causa el justiprecio se había realizado en fecha posterior a la de la mora, provocando, por ende, un enriquecimiento ilícito en favor del demandante y en desmedro del demandado. Aclaró que coincidía con esta Corte en que el término "valores actuales" no significaba actualización reajuste o indexación y que la aplicación de una tasa pura en fecha posterior al 31 de marzo de 1991 requería la demostración de que no se producía una actualización que pudiera infringir la prohibición contenida en la ley 23.928. Puso el acento en que las partidas indemnizatorias se cuantificaban a valores actuales, recordando que el juzgador tenía el deber de lograr una reparación integral del daño de la manera más perfecta posible, y resaltó que ninguna norma impedía fijar el valor a la fecha de la sentencia. Finalmente hizo el cálculo de cada rubro a indemnizar según la doctrina de "Cabrera" para demostrar el desfase económico que se producía en épocas de inflación contenida (v. fs. 835 vta./837).
Seguidamente estableció que la tasa del 4% era la más adecuada, porque en el contexto económico existente a la fecha del pronunciamiento representaba la ganancia promedio a la que verosímilmente podía aspirar un argentino promedio invirtiendo su dinero lo mejor posible (v. fs. 838/839).
También determinó que resultaba de aplicación la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires por ser la doctrina legal reiterada y ratificada en la causa "Cabrera", ya que era una tasa bancaria de aplicación a partir de la cuantificación en dinero de la obligación adeudada, de conformidad con el art. 768 del Código Civil y Comercial. Justificó, además, la fijación de dos tasas, en razón de lo que establecía el art. 772 para las deudas de valor (v. fs. 839/842).
II. Se agravia el recurrente denunciando la infracción de los arts. 163, 165, 166, 272, 384, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.113, 1.276, 1.277 del Código Civil y 30, 31 y 158 de la ley 17.418.
Comienza su impugnación desconformándose de que se haya hecho lugar a la falta de legitimación pasiva del demandado Lebed, pues entiende que la Cámara ha interpretado absurdamente los escritos postulatorios cuando concluyó que aquel no era dueño o guardián del automotor de marras; considera que sus fundamentos son genéricos y que en ningún momento esa parte había aducido que era guardián por el solo hecho de contratar el seguro o por ser el esposo de quien conducía el automotor. Transcribe la parte pertinente de la demanda, de su contestación a la excepción planteada por el demandado Lebed y de su responde ante los agravios de apelación de este último para demostrar que no fueron solo esas circunstancias las que tuvo en cuenta para endilgarle el carácter de dueño o guardián al demandado Lebed (v. fs. 849 vta./851 vta.).
Señala que la Cámara omite considerar que el conductor del automotor, como así lo identifica, era la cónyuge del demandado, dueña del rodado que formaba parte de la sociedad conyugal, como se denunció en la demanda; al imputar el concepto de dueño contenido en el art. 1.113 del Código Civil solo al de titular registral configura un formalismo inaceptable que no se concilia con las constancias de la causa. Resalta que contratar el seguro y denunciar el accidente son hechos reveladores de que el demandado Lebed es codueño y coguardián del automotor, ya que la exigencia al actor de mayor prueba de esa circunstancia implica una carga probatoria de difícil satisfacción (v. fs. 851 vta./857).
En cuanto al rechazo de la extensión de la condena a la aseguradora, descalifica el fallo por contradictorio cuando reconoció que la vigencia de la póliza estaba condicionada al pago de la prima y resolvió la caducidad de la cobertura, desconociendo que se había efectuado el pago el 31 de marzo de 2010. Entiende que se hizo una lectura parcial, sesgada, fragmentada e incompleta del art. 30 de la Ley de Seguros y de la póliza (v. fs. 857/858).
Explica que la prima inicial no era exigible al momento de la celebración del contrato ya que se hizo entrega de la póliza sin la percepción de la cuota, lo que implicó la concesión tácita de un crédito como dispone el art. 30 que viene mencionando y, por ende, la inexistencia de mora alguna, según los términos del art. 31 del mismo ordenamiento legal. Agrega que el asegurado no debía el pago de una sucesiva cuota al momento del siniestro porque todavía no había transcurrido el plazo de 30 días desde que había abonado la primera (31 de marzo de 2010); detalla las fechas en que ocurrió la celebración del contrato, el primer pago y el siniestro para concluir que estaba vigente la cobertura porque la sucesiva cuota vencía el 21 de abril de 2010 (v. fs. 858/860 vta.).
Destaca que de insistir en el cronograma de pago que unilateralmente confeccionó la citada en garantía el asegurado habría tenido cobertura durante todo el año 2010; asevera que los pagos o bien fueron hechos todos en término o ha habido un claro acto de mala fe, abuso del derecho y de posición dominante de la aseguradora al oponer la caducidad de la cobertura (v. fs. 860 vta./862 vta.).
Apunta que la suspensión de la cobertura tiene un efecto sancionador y que toda sanción es personalísima y no puede afectar a terceros, por lo que entiende que la aseguradora debe responder y luego repetir contra quien es el responsable (v. fs. 862 vta. y 863).
Sostiene que la Cámara aplicó un fallo de esta Corte en el que difieren las circunstancias relevantes para sostener la eximición de la carga que tiene la aseguradora de pronunciarse dentro de los treinta días de ocurrido el siniestro, porque en aquel caso y en los otros citados por el sentenciante la falta de cobertura había sido por la falta de pago de la primera cuota, a diferencia del presente en que había comenzado la vigencia de la cobertura tras haberse realizado el primer pago (v. 863/864).
Por último, se agravia de las tasas de interés aplicadas, porque entiende que con ello se vulneran la doctrina legal de esta Corte y, en particular, los arts. 622 del Código Civil y 768 del Código Civil y Comercial.
Indica que el criterio de la Cámara, con el pretexto de no reparar doblemente, ni siquiera reparó una vez, pues como se decidió inexorablemente se frustró el fin previsto en la doctrina legal; agrega que el interés moratorio no tiende a resarcir la desvalorización monetaria como resolvió el sentenciante y que la tasa pura del 4% priva del fin tenido en cuenta en la doctrina legal sentada en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y C. 121.710, "Galavotti" (resol. de 13-IX-2017).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. En principio corresponde dejar sentado que, por haberse producido el evento dañoso el 9 de abril de 2010, corresponde la aplicación del Código Civil anterior.
III.2. El recurrente despliega agravios sobre estos tópicos: el rechazo de la legitimación pasiva del señor Lebed (por no ser guardián del automotor) y de la citada en garantía (suspensión de la cobertura por falta de pago a la fecha del siniestro); y la aplicación de la tasa de interés pura del 4% aplicada sobre la indemnización por el período comprendido entre la fecha de la mora y hasta la fecha de cuantificación de los daños.
Esta Corte tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017 y C. 120.693, "Arias", sent. de 11-IV-2018).
III.2.a. Considero que el embate desplegado por el recurrente ante el rechazo de la legitimación pasiva del señor Lebed no tiene fundamento, pues en su prédica se desentiende del argumento central de la decisión de la Cámara.
El sentenciante sostuvo que "El carácter de 'guardián' implica un poder de autodeterminación sobre la cosa que en el caso no ha sido acreditado. El seguro pudo haberlo contratado [Lebed] porque en algunas ocasiones utiliza el vehículo, pero de ello no se sigue que sea su guardián, ni que deba responder por los daños causados por el rodado mientras no lo conducía, pues lo contrario implicaría que contratar un seguro sería causal autónoma de responsabilidad sin fuente legal, lo que afectaría el principio constitucional de reserva, ya que se lo estaría obligando a hacer lo que no manda la ley: indemnizar un daño que no causó (art. 19 de la Constitución Nacional)...". También dijo que tampoco era suficiente con que fuera el esposo o concubino de la conductora (v. fs. 825 vta. 3er. párr.).
Frente al razonamiento del Tribunal de Alzada el recurrente solo presenta su personal y, por cierto, subjetiva posición basada en la existencia de una sociedad conyugal entre el señor Lebed y la señora Acosta; y por ello el carácter de codueño y coguardián del automotor (v. fs. 851/857), sin hacerse cargo de que el sentenciante no encontró acreditado que hubiese sido el guardián en los términos en los que decidió, carga que le fue impuesta por el art. 1.113 del Código Civil. De allí que la falta de demostración del carácter que le endilga al señor Lebed descarta la configuración del absurdo en el pronunciamiento y pone en evidencia la insuficiencia del agravio desplegado en ese sentido (conf. doctr. art. 279, CPCC).
III.2.b. Tampoco es atingente su agravio por la falta de legitimación pasiva de la citada en garantía, confirmada por la Cámara, ya que en su escrito recursivo reedita la impugnación que llevó ante aquella, pues en primera instancia se resolvió en forma desfavorable a su petición, lo que marca la insuficiencia de su impugnación (conf. doctr. causas C. 101.005, "Martino", sent. de 30-III-2011; C. 105.078, "Iannacone", sent. de 27-IV-2011; e.o.).
Ello es así porque insiste en esta sede en que el contrato de seguro tuvo vigencia a partir del primer pago, realizado el 31 de marzo de 2010, y no desde la fecha de la póliza -18 de febrero de 2010-, intentando demostrar con ello que la aseguradora había otorgado un "crédito tácito". De esa forma entiende que la segunda cuota vencía el 31 de abril de 2010 y como el siniestro había ocurrido el 9 de abril de 2010, la cobertura estaba vigente.
Nuevamente se pone en evidencia la insuficiencia del embate, pues con su argumentación no logra demostrar el absurdo en el razonamiento de la Cámara, única vía por la cual esta Corte puede ingresar a analizar los hechos y las pruebas.
El sentenciante basó su fundamento en las condiciones de la póliza n° 857.202, las que fueron informadas por el perito contador, expresando las fechas de vigencia del seguro, las fechas en que debían haberse realizado el pago de cada una de las cuotas acordadas y el momento en que se efectivizaron.
De fs. 94 surge claramente, a partir los arts. 1 y 2 de la cláusula 100 de las condiciones de contratación de la póliza, que las fechas de pago no son otras que las informadas por el perito contador.
Es dable recordar que para esta Corte la mora en el pago de la prima implica la suspensión de la cobertura, lo que la ley traduce en la fórmula que señala que el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago (conf. doctr. causas A. 81.557, "Pavón", sent. de 25-VI-2003 y C. 97.868, "González", sent. de 8-VII-2011).
III.2.c. El impugnante, además, basa su agravio en los arts. 30 y 31 de la ley 17.418, que disponen que:
"La entrega de la póliza sin la percepción de la prima hace presumir la concesión de crédito para su pago".
Y que
"La rescisión no se producirá si la prima es pagada antes del vencimiento del plazo de denuncia".
La operatividad de las cláusulas de la póliza de las que surge la forma de pago en su
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