Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123971
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.971 "ARDISSONE NADIA PAMELA C/ ABACA MARCELO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. La actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de fundamentación suficiente y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, desestimó la queja por la denegatoria del de inaplicabilidad de ley, basada en la insuficiencia del valor del litigio (v. resol. de 29-VII-2020 y escritos electrónicos titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 11-IX-2020 y "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 21-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "21.09.2020 - ARDISSONE NADIA PAMELA c. A").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de la jueza de primera instancia que -a su turno- había hecho lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por Nadia Pamela Ardissone contra Marcelo Oscar Abaca y María Graciela Dysiewicz. En consecuencia, rechazó la acción articulada al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. MEV sents. de 30-V-2019 y 26-XII-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación del principio de supremacía constitucional y los derechos constitucionales de afianzar la justicia, debido proceso, defensa en juicio, igualdad, legalidad y propiedad (preámbulo y arts. 14, 16, 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 4/5, 8/9, 13, 15 y 22, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia atacada resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto en tanto, apartándose de las constancias de la causa, rechazó el recurso de queja al concluir que no se encontraba presente la cuestión federal invocada (v. págs. 13 y 19, adjunto cit.).
En efecto, afirma que -contrariamente a lo sostenido por este Tribunal- se expusieron razones bastantes para acceder a la instancia extraordinaria solicitada (v. pág. 19, adjunto cit.).
Y arguye que denunció que el fallo de la Cámara era arbitrario, no se ajustaba a derecho y transgredía las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y supremacía constitucional. Ello pues, asevera que, desconociendo lo que surge de las actuaciones penales, y dando un criterio personal, como si se tratare de una decisión de grado, el a quo resolvió la litis excediendo su competencia funcional y, en consecuencia, realizó un nuevo juicio de valor sin hacer referencia a los agravios del apelante, ni a los fundamentos dados por el magistrado de origen.
Al respecto, expone que la competencia del Tribunal de Alzada se abrió para la revisión de la justicia y acierto de la decisión impugnada y no para el dictado de un pronunciamiento "ex novo" , por lo cual -agrega- era menester destruir la convicción que emerge de la motivación de la sentencia de primera instancia. Actividad que -claramente, según su entender- no realizó la Cámara (v. págs. 13/22, adjunto cit.).
Finalmente, cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 291:458: 459:486; 276:162; 294:410; 296:445; 308:1160; 292:254; 293:176; entre muchos; v. págs. 20/22, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveídos de fechas 24 de septiembre de 2020 y de 4 de noviembre de 2020 y trámites identificados como "OFICIO A" de fecha 9 de noviembre de 2020 y "OFICIO RECIBIDO" -y su documento adjunto- de fecha 15-XII-2020), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 13/22, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por esta Corte para descartar la vía de hecho local, insistiendo la agraviante en su propia postura respecto a la interpretación del fallo dictado por el Tribunal de Alzada.
IV.3. Asimismo, la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (supremacía constitucional y derechos de afianzar la justicia, debido proceso, defensa en juicio, igualdad, legalidad y propiedad; preámbulo y arts. 14, 16, 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 4/5, 8/9, 13, 15 y 22, adjunto cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 20/22, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 12:58:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:12:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2021 17:21:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2021 19:13:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2021 14:04:33 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia