Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125327
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por Abril S.A. y, en consecuencia, rechazó la acción promovida por Raúl Alejandro Taborda mediante la cual procuraba el cobro de una reparación integral por accidente de trabajo y, en subsidio, las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 611/624 vta.).
Para así decidir, juzgó que al momento de interponer la demanda había transcurrido el plazo bienal establecido en los arts. 4.037 del anterior Código Civil, 2.532 y 2.572 del Código Civil y Comercial de la Nación, y 44 de la ley 24.557.
A partir de ello, consideró que devenía abstracto el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557, así como el abordaje de la acción propuesta subsidiariamente con sustento en dicha normativa.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 628/632 vta.), los que fueron concedidos por el órgano inferior a fs. 633 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-X-2020).
III.1. En el primero de los remedios articulados, el impugnante alega violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denunciando que el sentenciante omitió expedirse sobre la acción promovida en forma subsidiaria en los términos de la ley 24.557, en tanto la aseguradora no dedujo excepción de prescripción al respecto.
III.2. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo , o cuando son tratadas implícitas o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L. 124.712, "Vivas", resol. de 6-X-2020 y L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021).
A partir de ello, la simple lectura del recurso articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo en que el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el interesado denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En esencia, impugna la decisión adoptada por el juzgador de grado, en orden al rechazo de la acción, toda vez que afirma que en el caso está demostrado el accidente y la responsabilidad de la demandada.
IV.1. Inicialmente cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del medio de impugnación en examen, representado por el quantum reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia el interesado, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal se limita a verificar la existencia -o no- de la hipótesis de excepción prevista en el art.55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
IV.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -tales como la determinación del comienzo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión-, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros o bien el voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 121.650, "Aragón", resol. de 17-X-2018; L. 124.083, "Skretkowicz", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, respecto de la cita vinculada con la transgresión al principio in dubio pro operario , cabe señalar que no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:54:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:14:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:01:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:14:02 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia