Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 125496
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, toda vez que los planteos analizados en el punto III. no reúnen los requisitos esenciales, y el abordado en el punto IV. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por Ramón Pérez contra Camuati S.A.I.C. a quien condenó a abonarle la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios en los términos del derecho común y, en forma solidaria, hasta el importe que fijó a Swiss Medical ART S.A. (en su carácter de continuadora de Liberty ART S.A.). Asimismo, adicionó intereses moratorios liquidados hasta el 18 de agosto de 2008 con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo a treinta días en pesos que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, a partir de aquella fecha, a la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días que pague dicha institución, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.
Por el contrario rechazó la acción en cuanto perseguía el reclamo en concepto de daño y asistencia psicológica (v. fs. 823/848).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-VIII-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 874/875.
En su presentación relata los antecedentes de la causa y cita las normas y las doctrinas que considera conculcadas.
En lo esencial se disconforma de la fórmula matemática utilizada para cuantificar la indemnización. Al respecto entiende que la misma no contempla las circunstancias del caso, por lo que no se obtiene una reparación plena e integral, siendo además exigua e insuficientes.
Luego le objeta al tribunal no haber brindado fundamentos sobre el criterio adoptado para indemnizar el daño moral.
Finalmente se agravia de la tasa de interés fijada para el capital de condena.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, debe señalarse que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el importe de la condena correspondiente a la reparación integral que determinó el tribunal y la suma que por tal concepto se reclamó en la demanda, con más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En atención de lo expuesto, la facultad revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de21-XII-2020).
III.2. En este orden, y respecto de los agravios dirigidos a impugnar la cuantificación del daño material y moral, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, ajenas al estrecho margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 124.253, "Ramirez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020 y L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020).
Para más, los precedentes de esta Corte, que el impugnante cita en apoyo de sus pretensiones, no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.479, "Blanco", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.711, "Rodríguez", resol. de 14-XII-2020).
Asimismo, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 yL. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
III.3. Respecto de la temática vinculada a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. provincial; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446 "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa "Ginossi" este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (B.O. 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (todas sentenciadas de fecha 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (ambas sentenciadas de fecha 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; entre muchos.
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que lo decidido en la materia por el tribunal de grado, encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario traído, con costas a la vencida (art. 289 CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas en el voto que antecede, lo hago remitiéndome -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de la doctora Kogan y doctor Torres, solo he de señalar, que, en relación a lo resuelto en el punto III.3, lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, toda vez que los planteos analizados en el punto III. no reúnen los requisitos esenciales, y el abordado en el punto IV. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:55:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:11:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:03:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:18:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:34:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia