Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124594
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.594 "BOURDIEU AGUSTIN MARIA C/FORD ARGENTINA S.C.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOMOT. C/LESIONES (EXC. EST.)"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 20 de La Plata -en lo que corresponde destacar- hizo lugar a la demanda deducida por Agustín María Bourdieu contra Alberto Logarzo S.A. y Ford Argentina S.C.A. y condenó a los accionados a pagar la suma total de $ 45.700 (v. sentencia de fecha 9-IV-2019 adjuntada a la queja).
Apelado dicho fallo por ambas partes, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental lo revocó y rechazó íntegramente la pretensión incoada. Para así resolver consideró que no se habían acreditado ninguno de los extremos de hecho invocados en la demanda (v. sentencia de fecha 10-XI-2020, en arch. adj.).
Frente a dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 27-XI-2020, adjuntado), el que denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resolución de fecha 11-XII-2020, acompañada), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de fecha 17-XII-2020).
II. Al respecto es oportuno señalar, que en casos como el presente, el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial se encuentra representado para el recurrente por el capital reclamado en la demanda que fuera rechazada por la Cámara ($ 96.000; v. p. II (A) del escrito de queja; conf. causas C. 120.046, "Acevedo", resol. de 2-IX-2015; C. 121.192, "Sosa", resol. de 28-XII-2016; C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020).
En el caso de autos, dicho importe -tal como observara el a quo - no alcanza el mínimo establecido en el art. 278 citado y tal circunstancia no es desconocida o cuestionada por la parte en el recurso directo que se considera, sino que pretende sortear tal requisito de admisibilidad mediante diversos planteos.
Así, en cuanto a la excepción a la limitación prevista en el referido precepto cuando se ha violado la doctrina legal, que se invoca en la queja (v. págs. 11, 13, 17 y 20 de la presentación electrónica del 17-XII-2020), no resulta de aplicación al caso, desde que tal supuesto se refiere al procedimiento laboral en el que rige el art. 55 de la ley 11.653 que contempla expresamente la excepción apuntada, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 118.508, "Manganiello", resol. de 30-IV-2014; C. 121.026, "Ciancaglini", resol. de 26-X-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020 y C. 123.804, "Lalanne", resol. de 29-VII-2020).
Por otra parte, es del caso señalar que si bien se alega la afectación al derecho de defensa de los consumidores, al de la propiedad, así como a la defensa en juicio y el debido proceso legal (v. págs. 8, 10, 22, 25 del escrito aludido), lo cierto es que -atento al contenido de la impugnación- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar -prima facie- la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; conf. doctr. causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018 y C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020).
En este sentido, el planteo introducido por el impugnante en relación a la existencia de cuestión federal, con mención indirecta de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio" y "Christou"; Fallos: 308:490, 311:2478 y 310:324 (v. pág. 6, 9, 10, 11, 23, 24 y de la pieza electrónica aludida) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas con el fin de restringir el trámite de embates que porten agravios federales. Así, en el presente caso, tal como se expusiera en el párrafo precedente, no se exhiben argumentos que prima facie valorados resulten suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional (causas C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 120.990, "Luján", resol. de 26-X-2016; C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 123.499, "Coceres", resol. de 6-XI-2019 y C. 123.642, cit.), que permita habilitar la instancia revisora.
Finalmente, a lo expresado cabe agregar que la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad y el absurdo (v. págs. 12, 13, 17, 19, 22 y 23 escrito electrónico cit.) no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. doctr. causas C. 119.523,"Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.766, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020 y C. 123.642, cit.).
En consecuencia, cabe concluir en la inadmisibilidad de la vía extraordinaria intentada, imponiéndose el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2021 17:46:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2021 20:58:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2021 18:31:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2021 19:11:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/03/2021 10:00:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2021 14:05:29 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia