Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121779
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.779, "Goro, Antonia Patricia y otros contra Cattorini Hnos. S.A. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 954/975).
Se interpusieron, por las demandadas Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. y Swiss Medical ART S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 984/1.022 y 1.027/1.036 vta.).
Dictada la providencia de autos, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 984/1.022?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto a fs. 1.027/1.036 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró procedente la acción que Antonia Patricia Goro y sus hijos Valeria Jésica Ramona Martínez, Fernando Alberto Martínez, Ivana Teresa Martínez, Jonatan Eduardo Martínez, Roberto Martín Martínez, Arnaldo Nahuel Martínez, Ramón Ariel Martínez, Andrés Leonel Martínez y Abel Agustín Martínez, promovieron contra Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. y Liberty ART S.A. (hoy Swiss Medical ART S.A.), y condenó a Liberty ART S.A. (hoy Swiss medical ART S.A.) al pago de las prestaciones de la ley 24.557 (arts. 8, 12, 11 apdo. 4 inc. "c" y 18) y a Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. por una suma en concepto de diferencia del total de la indemnización por daño material y moral (conf. arts. 511, 512, 901, 902, 904, 905, 1.069, 1.074, 1.083, 1.093, 1.109 y 1.113 y concs., Cód. Civ.), en los porcentajes que fijó, por la muerte de quien fuera en vida Martín Martínez, esposo y padre, respectivamente, de los accionantes.
Para así decidir, declaró en primer lugar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, como asimismo de sus arts. 8, 21, 22 y 46.
Juzgó acreditado que el día 18 de septiembre de 2004, mientras Martín Martínez se encontraba trabajando para su empleadora -Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I.- recibió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte el 29 de septiembre de 2004.
Consideró que la responsabilidad de la patronal se encontraba probada en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil. En ese marco normativo, cuantificó el daño material en la suma de $186.426, y el moral, en un 60% de este último ($111.855), arribando a una reparación integral de $298.281.
Desde otra perspectiva, eximió de responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del art. 1.074 del Código Civil, aunque resolvió que debía responder frente a los actores dentro de los límites de la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que la condenó a abonarles la suma de $153.706.
Luego de efectuar el cotejo de las indemnizaciones emergentes de cada uno de los sistemas, ante la evidente superioridad del resarcimiento calculado de acuerdo con la ley común, ratificó la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 declarada inicialmente.
Respecto de los intereses, decidió que debían calcularse desde el 29 de septiembre de 2004 -fecha del fallecimiento del señor Martínez- hasta el 19 de agosto de 2008, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días y, desde esta última fecha (19 de agosto de 2008, atento no existir índices anteriores) y hasta su efectivo pago, conforme la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" -tasa pasiva digital-.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia de la sentencia de grado en cuanto tuvo por acreditada la existencia del siniestro y la configuración de nexo causal entre este último y la muerte del dependiente.
Manifiesta, en este sentido, que la prueba testimonial da cuenta de que no se registró contingencia alguna durante la jornada en que se habría producido el supuesto accidente.
Respecto de la pericia técnica, alega que, si bien el experto señaló que la tarea configuraba un elevado riesgo eléctrico, tal afirmación fue impugnada por su parte, por lo que no resulta concluyente para acreditar la ocurrencia del siniestro.
Entiende que su postura se encuentra avalada por el hecho de que no se hubiese formulado denuncia alguna por accidente de trabajo (v. 990 vta.).
Destaca que el testimonio del señor Salinas es ineficaz para fundar la sentencia de grado toda vez que, además de que el deponente tuvo tres pleitos contra la firma Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I., sus declaraciones resultaron contradictorias con las vertidas en la causa penal "Martínez s/ averiguación causales de muerte" (expte. n° 14.270, que tramitara ante la UFI n° 6 de Quilmes; v. fs. 992/993 vta.).
Asevera que no surge de ese expediente que el trabajador hubiera sufrido una descarga eléctrica, ni que hubiese ingresado a la Clínica del Niño y la Familia de Solano por dicho motivo.
Puntualiza que luego del deceso, mediante la biopsia quirúrgica, se diagnosticó que el causante padecía pancreatitis necrotizante con signos de trombosis vascular, mientras que en el certificado de defunción se consignó como causal del fallecimiento paro cardiorrespiratorio no traumático.
Agrega que en sede penal no pudo determinarse la causa de muerte (v. sent., fs. 994 y vta.).
Refuta la valoración de la prueba pericial médica efectuada en la instancia de grado. Esgrime que, en su dictamen original, el experto informó que el cuadro del señor Martínez pudo tener como origen, entre otras, una descarga eléctrica, criterio que luego revirtió en la audiencia de vista de causa, donde sostuvo que fue el único factor desencadenante. Aduce que el médico no tuvo en cuenta los antecedentes clínicos agregados al expediente. Afirma que la sentencia en crisis se basó en un dictamen médico plagado de inconsistencias y absurdo (v. fs. 994/1.001).
II.2. Impugna la decisión de grado por haber eximido de responsabilidad civil extracontractual a la aseguradora de riesgos del trabajo por inobservancia de las obligaciones de prevención, control y asesoramiento que la ley 24.557 pone a su cargo, en los términos del art. 1.074 del Código Civil (v. fs. 1.001/1.008 vta.). Denuncia violación de la doctrina legal que identifica -causa L. 83.118, "S.V., J." (sent. de 9-V-2007)-, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la justicia nacional del trabajo (v. fs. 1.004 y 1.005 vta.). Sostiene que de haber efectuado la aseguradora los exámenes periódicos a su cargo, hubiera detectado que el trabajador era portador de una patología abdominal crónica. Añade que incumplió su obligación de otorgar las prestaciones a su cargo.
II.3. Descalifica el fallo de grado por haber efectuado un cálculo erróneo de los montos de condena, a la vez que ha incurrido en valoración excesiva del daño moral, inaplicado la tasa activa a las prestaciones dinerarias a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo y declarado la inconstitucionalidad de los arts. 1, 21, 22, 39 apartado 1 y 46 de la ley 24.557.
En este orden impugna la cuantificación del daño moral en un 60% del daño material, como así también la determinación de las prestaciones dinerarias efectuada con base en el texto original de la ley 24.557, por encontrarse desfasado en el tiempo. Manifiesta que debió considerarse la suma de $180.000 como piso mínimo, y a ello agregarle el monto adicional de pago único. Luego, a su resultado, añadirle un 20% en concepto de daño moral.
Con base en tales guarismos, afirma la existencia de una mínima diferencia del 3% entre la reparación integral y la tarifada, que no autoriza la declaración de inconstitucionalidad del régimen especial, por lo que sólo sería procedente la reparación sistémica (ley 24.557).
Añade que las prestaciones dinerarias a cargo de la aseguradora fueron actualizadas con base en la misma pauta que la indemnización fundada en derecho común, cuando debió aplicarse, de acuerdo a la doctrina legal que cita -causa L. 108.796, " F., M. Á" (sent. de 6-IV-2011)- la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 1.010).
Plantea que, para el caso de confirmarse la decisión de grado, al capital de condena a cargo de Swiss Medical ART S.A., deberá adicionarse la tasa mencionada en el párrafo anterior y su resultado ser detraído del monto que le correspondería abonar a Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I., en concepto de reparación civil con más la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 1.011).
II.4. Refuta el fallo de grado por haber omitido declarar la inaplicabilidad del tope indemnizatorio respecto de las prestaciones dinerarias a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo. Destaca que la acción fue iniciada en un marco legal diverso al vigente al momento del dictado de la sentencia.
Bajo tales premisas peticiona se declare la inconstitucionalidad del método de cálculo limitativo de la responsabilidad de la aseguradora de riesgos y del art. 26 apartado 3 de la ley 24.557, y se adecuen los términos de la sentencia en crisis a la legislación vigente en la materia (cita el dec. 1.694/09 y la ley 26.773; v. fs. 1.011 vta./1.019). Individualiza jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara nacional de apelaciones del trabajo.
II.5. Impugna, finalmente, la sentencia de grado por no haber receptado la doctrina que emana del fallo B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016). Señala que, en cambio, se aplicaron precedentes que habían perdido virtualidad y vigencia: L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde recordar que este Tribunal ha expresado reiteradamente que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas L. 116.571, "Pastrán Contrera", resol. de 21-VI-2012; L. 117.189, "White", resol. de 17-IV-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017 y L. 120.605, "Altuzarra", resol. de 13-IX-2017).
Luego, se impone señalar, que la interesada no ha cumplido con la carga de demostrar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010).
En efecto, sin perjuicio de los términos en que fuera concedido por el a quo el recurso bajo examen, nada dijo la impugnante en torno al valor del litigio ante esta instancia tendiente a cumplir con dicho requisito de admisibilidad, por lo que, toda vez que no corresponde a este Tribunal suplir esa falencia, abordaré el recurso en el marco de la vía que establece el art. 55, primera parte, in fine de la ley 11.653 (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.098, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.498, "Speranza", sent. de 3-X-2010; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; e.o.), con la salvedad que habré de señalar en el pertinente apartado en relación al reproche por conducto del cual se cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 21, 22, 39.1 y 46 de la ley 24.557 que contiene el fallo atacado.
III.2. Sentado lo anterior, con relación al agravio dirigido a controvertir la conclusión que tuvo por acreditados la ocurrencia del siniestro y la relación causal entre este último y el fallecimiento del trabajador, la omisa invocación de doctrina legal conduce -sin más- a su rechazo.
Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como la que el interesado pone en tela de juicio mediante su crítica, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco excepcional por el que transita el análisis del presente recurso.
III.3. Por otro lado, la réplica orientada a objetar la exoneración de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo sin sustento en el derecho común remite -asimismo- al análisis de material probatorio obrante en la causa, cuya valoración, en cuanto constituye una facultad privativa del tribunal de origen, también se halla marginada de la casación en el ámbito de la excepción prevista en la citada norma procesal laboral.
Por lo demás cabe recordar que la cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales nacionales que formula el agraviado, desde que -como es sabido- la "doctrina legal" a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que proviene de los fallos de esta Suprema Corte, no participando de tal esencia la emergente de precedentes de otros tribunales (causas L. 115.973, "Salas", resol. de 27-VI-2012; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VI-2014; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016; L. 119.110, "Gazzotti", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
III.4.a. Quedan también desplazados del marco de admisibilidad del recurso en tratamiento, los reproches por los cuales el compareciente aduce que el a quo incurrió en error en el cálculo de los montos de condena, valoración excesiva del daño moral y cuantificación errónea de las prestaciones dinerarias a cargo de la aseguradora.
Ello así, toda vez que el recurrente omite vincular tales agravios con cita de doctrina legal que resulte aplicable en la especie.
Así, el precedente L. 108.796, "F., M. A.", sentencia de 6-IV-2011, citado a fs. 1.010, no resulta apto a los fines pretendidos por el impugnante, toda vez que en ese pronunciamiento esta Suprema Corte, en lo que aquí interesa, desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley dirigido a cuestionar la decisión del tribunal de origen que aplicó la tasa prevista en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 dada su insuficiente fundamentación (art. 279, CPCC).
III.4.b. Finalmente, si bien la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 22, 39 apartado 1 y 46 de la ley 24.557 efectuada en el pronunciamiento impugnado, por constituir una cuestión de naturaleza federal, queda fuera de las limitaciones establecidas por las normas procesales locales (causa L. 89.651, "Salum", sent. de 11-VII-2012) no corresponde acoger el agravio traído pues, más allá de la ausencia de despliegue argumental del recurrente, se impone la remisión a la conocida doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas L. 75.708, "Quiroga", sentencia de 23-IV-2003; -y las que siguieron- L. 81.826, "Yamán"; L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros", sentencias de 11-V-2005; entre otras.
III.5. Tampoco es de recibo el cuestionamiento con arreglo al cual se imputa al juzgador de grado la inaplicación del tope indemnizatorio de las prestaciones, así como de lo dispuesto en el art. 26 apartado 3 de la ley 24.557, procurando la aplicación inmediata del decreto 1.694/09 y de las previsiones de la ley 26.773.
Más allá del carácter novedoso del planteo, la ausencia de cita de doctrina legal -en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causa L. 119.110, cit.; e.o.)- sella la suerte adversa de este fragmento de la impugnación en el molde revisor contemplado en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653,
III.6. Fracasa asimismo el cuestionamiento sobre la tasa de interés pasiva, en su variante denominada "digital", aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Ello así, toda vez que esta Suprema Corte ha sentado criterio, por mayoría que conformé, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, la parcela de la decisión cuestionada, encuentra debido sustento en doctrina legal de esta Corte.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Visto el voto del distinguido colega doctor Genoud, observo de modo liminar, que, tratándose de un litisconsorcio activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria se halla representado por la condena determinada a favor de cada actor individualmente considerada (causas L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012; L. 98.812, "Molina", sent. de 14-III-2012; e.o.), cuya extensión solidaria pretende la recurrente, así como -del mismo modo- la diferencia entre la tasa de interés establecida por el a quo, y la aplicación de la alícuota que expone en la impugnación.
Examinado desde esta óptica, observo que el valor del litigio no supera la summa gravaminis establecida en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por lo que la función revisora de esta Suprema Corte debe circunscribirse a verificar si concurre o no la hipótesis prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Ello, con la salvedad que formula el colega ponente, con relación al reproche por conducto del cual se cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 21, 22, 39 apartado 1 y 46 de la ley 11.653 que contiene el fallo atacado.
II. Sentado lo anterior, adhiero a los puntos III.2., III.3., III.4.a., III.4.b. y III.5.
III. Por otra parte, comparto la propuesta decisoria del colega que abrió el acuerdo con relación al agravio referido a la tasa de interés moratorio que aplicó el sentenciante. Para ello habré de remitirme -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de
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