Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122284
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1De conformidad con lo aconsejado por el señor Procurador General, habiéndose planteado agravios desestimados en otros casos análogos, rechazar la impugnación anulativa (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas al recurrente (art. 31, ley 14.967).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 122.284 "LESPADA, HUGO CESAR C/ MASSALIN PARTICULARES S.A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por el señor Hugo César Lespada contra Massalin Particulares S.A., rechazó la excepción de prescripción opuesta por la sociedad y acogió la pretensión con fundamento en la ley de defensa del consumidor, condenando a pagar la suma de $ 110.000 con más los intereses que fijó (v. fallo del 5-VIII-2016, fs. 5863/5914 vta.).
Dicho pronunciamiento fue apelado por la demandada y la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental, a su turno, lo revocó haciendo lugar al planteo de prescripción. El Tribunal de Alzada concluyó que cualquiera fuera la interpretación que se hiciera del art. 50 de la ley de defensa del consumidor, la acción se encontraba prescripta al momento de la interposición de la demanda (v. sentencia del 30-X-2017, fs. 6093/6100).
Frente a ello, el apoderado del legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 6107/6141 vta. y 6142/6155 vta., respectivamente), siendo concedida la vía anulatoria y denegada la segunda -con sustento en la insuficiencia del valor del agravio- (v. resolución del 27-XII-2017, fs. 6173/6174). Ello, motivó la articulación de la presente queja (v. fs. 6287/6293, art. 292, CPCC).
II. Ingresando en el estudio de la vía anulativa, cabe decir que siendo que las temáticas planteadas a fs. 6107/6141 vta., han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de fecha 14-IX-2018, cuyos fundamentos centrales (referidos a la improcedencia de la vía traída, por cuanto: a] las cuestiones esenciales que se alegan omitidas, han sido abordadas en forma implícita, comportándose tales reproches como un cuestionamiento al acierto jurídico del fallo, motivo por el cual resultan ajenos al medio elegido; v. págs. 4/5; b] el fallo en crisis se encuentra abastecido de fundamentación legal, por lo que la mentada vulneración al art. 171 de la Constitución local, no se ha configurado en la especie; v. pág. 7; y c] el órgano decisor se encontraba debidamente integrado; v. pág. 7), son compartidos por este Superior Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.
III. Pasando a considerar la queja traída por la vía de inaplicabilidad de ley denegada, es oportuno señalar, en coincidencia con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto propone su rechazo, que el valor del agravio está representado para el impugnante por el importe de la indemnización fijada a su favor en la sentencia de primera instancia -consentida por él- que fuera revocada ($ 110.000, v. fs. 5910/5912 vta. y 5914; causas C. 111.667, "M. E. N.", resol. de 12-X-2011; C. 113.830, "Castagnini", resol. de 10-X-2012; C. 117.284, "Amestoy", resol. de 20-III-2013; C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII-2017; C. 122.161, "Panozzo Galmarello", resol. de 7-III-2018), el que no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 citado -texto según ley 14.141 y Acordada 3.869/2017, vigentes al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a la revisión por la vía intentada, sin que corresponda a estos fines adicionar intereses a tal suma ni actualizar (causas C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 117.409, "Fernández", resol. de 27-III-2013; C. 119.515, C. 122.161, cits. y C. 122.856, "Rodriguez", resol. de 18-II-2021).
Asimismo, con respecto a la alegación efectuada por el recurrente en el acápite VI del escrito de queja (v. fs. 6290 vta.), no se avizora un apartamiento de los principios señalados en el precedente de esta Corte citado, pues las circunstancias allí juzgadas -en donde se sostuvo que se encontraba comprometido el acceso a la jurisdicción revisora de este Tribunal en un asunto que involucraban la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, por lo que devenía inaplicable la exigencia del depósito previsto por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 32, ley 25.675)- no pueden ser asimiladas a las señaladas en autos dado que no se observa, en el presente juicio un posible daño ambiental, sino un daño propio a la salud del peticionante, descartándose así la aplicación del art. 32 de la ley 25.675.
También ha de correr la misma suerte, la solicitud de la franquicia establecida en los arts. 53 de la ley 24.240 a efectos de excluir al impugnante de la carga de realizar el depósito previo (art. 280, CPCC), pues, más allá de la viabilidad del planteo, la inaccesibilidad en la instancia extraordinaria por la insuficiencia del monto desplaza la consideración de este tópico en el caso.
Tales alegaciones esgrimidas en sustento de la queja resultan así inidóneas a fin de sortear la insuficiencia del límite pecuniario observada para denegar la vía revisora (conf. art. 278 cit.).
Finalmente, tampoco se observa la existencia - prima facie - de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, toda vez que si bien se denuncia arbitrariedad y la transgresión de garantías constitucionales y convencionales, del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal, que denotan que en el sub lite no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542 y 325:2192; causas C. 117.362, "S. M., M. A.", resol. de 13-III-2013; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
En consecuencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja traída a su respecto (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. De conformidad con lo aconsejado por el señor Procurador General, habiéndose planteado agravios desestimados en otros casos análogos, rechazar la impugnación anulativa (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas al recurrente (art. 31, ley 14.967).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) con copia del dictamen del Ministerio Público y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:14:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:06:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 20:40:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2021 15:44:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 13:55:19 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia