Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125504
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el remedio extraordinario incoado por la parte actora en atención a que el planteo analizado en el punto III.3. no reúne los requisitos esenciales y el introducido en el punto III.4. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Denegar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos por las codemandadas, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Miguel Ángel Dam y condenó solidariamente a Lago S.A., Swiss Medical ART S.A. (continuadora de Liberty ART S.A.) y a ASV Argentina Salud, Vida y Patrimoniales Compañía de Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. La rechazó, en cambio, respecto de los conceptos gastos de asistencia médica, farmacéutica, kinesiología, de traslado, tratamiento psicológico-psiquiátrico y el reclamo referido a daños punitivos (v. fs. 778/800 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el actor y los codemandados Lago S.A. y Swiss Medical ART S.A. (ex Liberty ART S.A.) dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 22 de noviembre de 2019 y 25 de noviembre de 2019) los que fueron concedidos a fs. 820/822 vta.).
III. En la vía articulada por el legitimado activo, se relatan los antecedentes de la causa, se individualizan las normas y la doctrina que considera violadas.
En lo sustancial, entiende que el tribunal incurrió en absurdo al considerar tanto los ingresos que percibía el actor, como la fórmula utilizada para reparar el lucro cesante, y el porcentaje de incapacidad psicofísico que padece el trabajador.
De igual modo se disconforma de la cuantía fijada para reparar el daño moral. Afirma que el monto que determinó el a quo no respeta el principio de reparación integral.
También le endilga dicho vicio invalidante a la conclusión del tribunal que tuvo por no acreditados la incapacidad psíquica denunciada y los gastos por tratamiento psicológico-psiquiátrico.
Finalmente se agravia del rechazo de la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y de la ley 23.928, respecto de la actualización y/o repotenciación de las indemnizaciones reclamadas.
III.1. El recurso no prospera.
III.2. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado -representado por las sumas correspondientes a los rubros rechazados de cuya desestimación efectivamente se agravia el interesado, con más la diferencia que resultaría entre el importe de la condena que determinó el tribunal y el pretendido en el recurso- no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.903, "Colantonio", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019); razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3. Sentado lo anterior, no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que las doctrinas traídas por el recurrente en apoyo de sus pretensiones remiten, por un lado, al análisis de cuestiones de hecho y prueba, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 125.074, "Spano" y L. 125.236, "Espíndola", resols. de 14-XII-2020), y por otro, aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Cabe añadir a lo expuesto que los precedentes de esta Corte que cita el agraviado referidos al vicio de absurdo, tampoco son idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
III.4. Finalmente, también debe ser desestimada la última de las objeciones traídas, toda vez que reiteradamente esta casación ha declarado la validez constitucional del art. 4 de la ley 25.561 con relación a la modificación introducida a la ley 23.928, ratificando la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras y servicios, lo que resulta suficiente a los fines de dar respuesta al sub lite (causas L. 120.387, "Valdez", resol. de 28-VI-2017 y L. 125.374, "Rodríguez", resol. de 6-XI-2020).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la codemandada Lago S.A., se denuncian los vicios de absurdo y arbitrariedad, individualizándose las normas y la doctrina que se consideran conculcadas.
Arguye que el tribunal incurrió en discordancia en el veredicto, provocando un pronunciamiento en absurdo. Puntualiza que, sin la acción culposa del accionante, su caída, al momento del accidente, no se hubiera producido, por lo que dicho obrar fue causa eficiente de la totalidad de los daños que sufriera la víctima.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta sede casatoria -representado por el capital de condena-, no excede el mínimo dispuesto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado. Siendo ello así, resulta claro que -como se estableció al tratar el recurso incoado por el actor- la apertura de la instancia extraordinaria solo puede provocarse en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida. Ello así, pues la doctrina citada por el recurrente, en apoyo de sus agravios, remite a cuestiones de hecho y prueba cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es, la vinculada a determinar si en autos se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, y específicamente respecto de esta última norma, la verificación o no de las eximentes de responsabilidad patronal (causas L. 120.667, "Ciz", resol. de 29-VIII-2017; L. 121.852, "Pérez", resol. de 27-II-2019 y L. 124.723, "Núñez ", resol. de 2-XI-2020).
Por otro lado, la denuncia de doctrina legal definitoria del vicio de absurdo no habilita el referido supuesto de excepción contemplado en el mencionado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
Para más, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 121.113, "Albarracín", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021)
V. El remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la codemandada Swiss Medical ART S.A. (continuadora de Liberty ART S.A.) tampoco reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En su impugnación la interesada denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba, violación de doctrina legal, así como de las garantías constitucionales que cita.
En lo esencial, se agravia de la condena que le fuera impuesta, toda vez que -a su criterio- no se acreditaron los incumplimientos de su parte que pudieran tener nexo causal con el daño denunciado por el trabajador.
Finalmente, objeta el monto de condena, por considerarlo excesivo e irrazonable, y por no estar fundado en los elementos objetivos obrantes en autos.
V.1. De manera liminar, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el monto de condena de cuya procedencia se cuestiona- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual -nuevamente en este caso- la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
V.2. En este contexto, en la especie no se observa la concurrencia del citado supuesto excepcional mencionado ut supra , habida cuenta que, en relación al primero de los agravios que expone, el impugnante ni siquiera ha citado como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de esta impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Por lo demás, cabe recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
V.3. Finalmente, también debe ser desestimado el restante cuestionamiento, desde que, mediante la denuncia de doctrina legal se traen a consideración -por un lado- agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias, como la determinación del quantum indemnizatorio otorgado (causas L. 121.813, "Parrota", resol. de 17-X-2018 y L. 121.438, "Irigoyen", resol. de 20-III-2019); y -por el otro- a la configuración del vicio de absurdo, asuntos que se encuentran detraídos de revisión de la Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.394, "Guzman", resol. de 6-VI-2018 y L. 123.682, "Iñesta", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el remedio extraordinario incoado por la parte actora en atención a que el planteo analizado en el punto III.3. no reúne los requisitos esenciales y el introducido en el punto III.4. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Denegar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos por las codemandadas, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2021 17:30:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:18:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:47:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 09:49:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 15:02:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia