Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125670
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora a fs. 541/545, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Hacer lugar al deducido por el Fisco provincial a fs. 551/554 vta., atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria. Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó, por mayoría, la demanda promovida por Claudia Natalia Diez contra Provincia ART S.A. y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por la cual perseguía el cobro de los daños y perjuicios por enfermedad profesional, en los términos del derecho común (v. fs. 531/540 vta.).
Para así decidir, juzgó que la patología incapacitante que posee la actora no tiene vinculación alguna con los servicios prestados para dicho ente, en tanto no demostró las circunstancias de hecho y el modo en que su enfermedad se originó durante la vigencia del vínculo con la fuerza policial, donde ingresó luego de egresar de la Escuela de Policía.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa y la Fiscalía de Estado dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 541/545 y 551/554 vta.), los que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 555 y vta. y 554 y vta., respectivamente.
III. El recurso de fs. 541/545 no prospera.
III.1. En dicha presentación impugnativa, la accionante denuncia el vicio de absurdo en la valoración de la prueba , e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En lo esencial, sostiene que existió negligencia de parte de la empleadora, pues ésta omitió realizarle el examen preocupacional correspondiente. Asimismo, alega que el ambiente laboral resultó nocivo para su salud.
III.2. Liminarmente, cabe destacar que determinar las características de las tareas realizadas por la trabajadora y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, el análisis del material probatorio, y -asimismo- establecer si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, el recurso no cumple con la carga de acreditar el vicio alegado, ya que transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, sólo pone de manifiesto disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del mentado vicio (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 121.865, "Luque", resol. 7-III-2019).
En efecto, el recurso no contiene una réplica que desvirtúe el razonamiento del juzgador con arreglo al cual concluyó que la prueba analizada -en especial la pericia psiquiátrica- no resultó idónea para tener por acreditada la existencia del nexo de causalidad adecuado entre las tareas desarrolladas y el daño que presenta la reclamante como consecuencia de la enfermedad que padece. Contrariamente a ello, sostuvo que del referido dictamen surge que la accionante cuenta con antecedentes psiquiátricos de larga data, en tanto según surge de su historia vital que tal patología (esquizofrenia paranoide) sería previa a su ingreso a policía, no habiéndose detectado al ingreso.
Al respecto, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016; L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
IV. El recurso de fs. 551/554 vta. prospera.
IV.1. En su medio de impugnación, el Fisco objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios de los peritos, cuyo pago -aduce- fue impuesto al Fisco en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que se benefició de prueba útil.
En apoyo su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8.904/77.
IV.2.a. De modo liminar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el monto de los honorarios regulados por el a quo a los peritos y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula- no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013 y L. 121.206, "Villagra", resol. de 20-XII-2017).
IV.2.b. En este contexto, cabe observar que el tema que la interesada trae a revisión y los precedentes que invoca se encuentran conectados no sólo con normas procesales o arancelarias sino también con otro tipo de preceptos que justifican el examen de la impugnación (así, los arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432), la que debe prosperar, en tanto se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
IV.2.b.i. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y recientemente en el precedente L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente; idéntica situación, en función del art. 58 del decreto ley 8.904/77, podría presentarse respecto de los honorarios de los letrados del demandado.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquella será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (CSJN, 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", "La Ley", 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, "Diario de Jurisprudencia", 1995-2-397); habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (CSJN Fallos: 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas "Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y R.2015.XXXVIII, "Resinas Naturales S.A.I.C. y "C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales", sent. de 7-VI-2005).
IV.2.b.ii. En situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009; L. 93.990, "Araujo de Benítez", sent. de 21-XII-2011; L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014 y L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016).
Ello, sin perjuicio de que, en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales -en especial en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción- también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1.627 segundo párrafo del Código Civil, texto ordenado ley 24.432; 13 y 15 de la citada ley (CSJN in re "Río Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/ nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallos: 328:3695; íd. Fallos: 324:2586).
IV.2.b.iii. Sin perjuicio de lo señalado, y en tanto ello también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la causa Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007; citada por el quejoso), esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios profesionales, de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora a fs. 541/545, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Hacer lugar al deducido por el Fisco provincial a fs. 551/554 vta., atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria. Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2021 20:53:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2021 15:44:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:13:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 09:41:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 15:08:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia