Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 13 de noviembre de 2020;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 30 de noviembre de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.045 "BAEZ PABLO ALEJANDRO C/ FRETES CLAUDIO ALEJANDRO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)"
I. Con la presentación electrónica de fecha 30 de noviembre de 2020, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 13 de noviembre de 2020.
II. El apoderado del actor deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de fundamentación suficiente, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 28-IX-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 15-X-2020 y su archivo adjunto identificado como "baez c. fretes interpone extraordi 1.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente, por un lado, confirmó el pronunciamiento del juez de Primera Instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Pablo Alejandro Baez contra Claudio Alejandro Fretes y la Municipalidad de José C. Paz, al encontrar reunidos los extremos legales para su progreso y, por el otro, la modificó en lo que atañe al rubro indemnizatorio por gastos de provisión, adaptación y reposición de la prótesis, el cual elevó (v. sents. de 23-XI-2018 y 5-XII-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, defensa en juicio, debido proceso y propiedad y los derechos a la salud y a la integridad personal (arts. 1, 14, 17, 18, 33, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.; 4, 5, 21 y 25, CADH; I, DADDH; 3, DUDH; 6, PIDCyP; v. págs. 2, 4/5 y 30/31, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto denuncia que esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente- que había sido insuficientemente sustentado, vulnerando -así- su derecho a obtener una decisión judicial debidamente fundada. Y cita -en apoyo de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 312:287; 317:1144; 342:1159; 326:3734; 322:2880; 315:503; entre muchos).
Alega que, contrariamente a lo expuesto en el fallo objetado, con los planteos esgrimidos en la vía provincial -que ahora reproduce- referidos a la defectuosa valoración de la prueba y la consecuente insuficiencia de los montos acordados para sufragar de por vida los costos de provisión, mantenimiento y reposición de la prótesis que necesita su representado, se evidencia que los cuestionamientos resultaron -según su modo de ver- suficientes para refutar las razones dadas por el a quo (v. págs. 19/31, adjunto cit.).
Y aduce, también, que el pronunciamiento atacado no rebatió debidamente tales argumentos, en tanto se limitó a reiterar la inadecuada fundamentación de los magistrados anteriores en grado respecto a que no se puede saber -a ciencia cierta- cuántas prótesis necesitará la víctima, sus características, los avances tecnológicos, ni los gastos de repuestos y mano de obra por posibles roturas. En ese aspecto, asevera que de las propias constancias de la causa surgen con claridad pautas objetivas -que aquí reedita- que permiten determinar, según el curso ordinario y natural de las cosas, con adecuado grado de predicción el monto del rubro a resarcir (v. págs. 25/26, adjunto cit.).
Finalmente, y en sustento en lo antedicho, alega que la decisión en crisis debe ser revocada puesto que, al igual que los pronunciamientos de las instancias inferiores en grado, no satisface el principio de reparación plena e integral (v. págs. 29/31, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 21-X-2020), el mismo fue contestado por la apoderada de la Municipalidad de José C. Paz (v. presentaciones de fechas 10 y 30 de noviembre de 2020).
En relación a la pieza de fecha 30 de noviembre de 2020, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 1 y 2; v. archivo adjunto identificado como "CONTESTA TRASLADO DEL RECURSO EXTRAORDIN" del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 30-XI-2020; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como su par electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. Respecto de la vía federal intentada, corresponde recordar -de manera liminar- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias, la fijación de los montos indemnizatorios y la suficiencia de la fundamentación del remedio extraordinario local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones del impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, irrazonable interpretación del material probatorio, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local que ya han merecido respuesta (v. sentencia en crisis).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de tutela judicial efectiva, defensa en juicio, debido proceso, propiedad, a la salud y a la integridad personal; arts. 1, 14, 17, 18, 33, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.; 4, 5, 21 y 25, CADH; I, DADDH; 3, DUDH; 6, PIDCyP; v. págs. 2, 4/5 y 30/31, adjunto cit.) así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 13 de noviembre de 2020; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 30 de noviembre de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:14:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:05:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 20:40:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2021 15:44:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 13:55:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia