Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124032
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.032 "INCHAURRAGA, GRISELDA ELBA C/ SOLARZA, CARLOS GABRIEL S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por la señora Griselda Elba Inchaurraga contra los señores Carlos Gabriel Solarza, Miguel Galvez y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., hizo lugar a la pretensión condenando a abonar a estos últimos la suma de $ 269.899,99 con más los intereses fijados (v. sentencia de 19-XII-2017, en archivo adjunto de la presentación electrónica del 18-VI-2020).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Mercedes revocó parcialmente tal decisión dejando sin efecto la extensión de la condena de la citada en garantía (v. fallo de 29-V-2020, adjuntado a la presentación cit.).
Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto del mismo escrito electrónico), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resolución de 10-VI-2020, anexo de la citada presentación) y ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de fecha 18-VI-2020).
II. Al respecto, cabe señalar que el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado para la accionante que aquí recurre, en atención a los planteos traídos, por la suma reconocida a su favor -que no fuera objeto de cuestionamiento- cuya extensión a la aseguradora pretende (causas C. 110.863, "Collazo", resol. de 1-VI-2011; C. 119.873,"Houtre de Heguy", resol. de 2-III-2016; C. 122.991, "Álvarez", resol. de 29-VII-2020 y C. 124.509, "Canales", resol. de 10-III-2021)- la que no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 citado -texto según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020, vigentes al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a la revisión por la vía intentada.
En la queja en consideración, la recurrente pretende que a los fines de superar tal valladar se tenga presente la realización de cálculos del importe peticionado y su equivalencia en jus a la fecha de interposición de la demanda. Luego, también expresa que el monto reconocido en la sentencia de primera instancia, con más intereses, supera el indicado mínimo legal.
En tal sentido deviene pertinente recordar que esta Suprema Corte ha resuelto -reiteradamente- que no corresponde actualizar aquella suma como sugiere el impugnante en la vía de hecho de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004; Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005 y C. 124.010, "Ledesma", resol. de 23-X-2020), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (causas C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020; C. 123.975, "Colman", resol. de 2-IX-2020 y C. 124.010, cit.).
Asimismo, también se ha sostenido que, a fin de analizar el cumplimiento del mentado recaudo de admisibilidad, no corresponde adicionar intereses a dichas sumas (causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.565, "C., S. M. y otros", resol. de 29-VIII-2018 y C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021).
Por otra parte, también se ha señalado en numerosas oportunidades que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019 y C. 124.010, cit.), por lo que resulta inadmisible la pretensión de tomar el valor de la unidad arancelaria al tiempo de la demanda para superar tal valladar (causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; C.122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.757 y C. 124.010, cit.).
En cuanto al pedido de aplicación de lo normado por el citado art. 31 bis, cabe señalar que no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (causas C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020; C. 123.601 "Multicompras S.A.", resol. de 15-IV-2020 y C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020).
Finalmente, en cuanto al planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478), el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, lo cierto es que no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460, "Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018; C. 123.891, "L. P.", resol. de 2-IX-2020).
En tales condiciones, la vía extraordinaria deducida resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cód. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:14:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:05:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 20:40:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2021 15:44:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 13:55:45 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia