Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123464
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296 del CPCC; 168 y 171, Const. prov. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 123.464 "DE LA TORRE, ANA MARIA Y OTRO C/ LA TORRE, JORGE ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por Ana María de la Torre por su propio derecho y en su carácter de tutora legal de Blas Emiliano Reclade (por entonces menor de edad) contra Jorge Alberto Latorre y "Ferrosur Roca S.A." (v. fs. 1/6 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, el apoderado de la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 7/20).
El Tribunal de Alzada denegó ambos carriles extraordinarios. El primero con sustento en que no se habían alegado ninguna de las causales indicadas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y el restante con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 21).
La denegatoria de ambas vías extraordinarias motivó la articulación de una queja ante esta Corte (v. fs. 23/26 vta.).
II. En relación al recurso extraordinario de nulidad, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, el mismo sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020 y C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020).
En el caso, de la lectura del escrito adjuntado surge que no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos, por lo que resulta inadmisible (arts. 168 y 171, Const. prov. y 296, CPCC).
A ello cabe agregar que el art. 168 citado reglamenta sobre las formalidades que debe reunir el fallo, excluyendo la cuestión -como la aquí planteada- vinculada con la supuesta infracción a los arts. 17 inc. 2, 30 y concs. del ordenamiento procesal local por la intervención de uno de los tres magistrados que suscribieron el fallo -respecto de quien el impugnante plantea que debió excusarse por razones de decoro-, tema cuya reparación no puede intentarse por esta vía extraordinaria (conf. doctr. C. 118.070, "Vidal", resol. de 4-IX-2013; C. 119.744, "Donelli", resol. de 17-VI-2015; C. 120.598, "Scarimbolo", resol. de 13-VII-2016; C. 120.788, "Pesquera Celosor S.A.I.P", resol. de 28-XII-2016).
III. Con respecto a la vía de inaplicabilidad de ley, cabe señalar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para la parte accionante, por las sumas individualmente peticionadas -en concepto de indemnización- en la demanda (C. 118.371, "Ricardi", resol. de 27-XI-2013; C. 119.324, "Romero", resol. de 20-XI-2014; C. 120.590, "Meneses", resol. de 4-V-2016; C. 121.527, "Correa", resol. de 29-VIII-2017).
Así, en el supuesto en examen, si bien en ninguna de las piezas adjuntadas se ha precisado cuál es el monto peticionado por cada coactor, es de toda evidencia que el mismo no alcanza el mínimo establecido en el art. 278 citado ($ 735.500, según ley 14.141 y Acordada 3.938 de este Tribunal, vigente al momento de la articulación de la vía extraordinaria), ya que ni siquiera el monto global consignado en la demanda que la propia parte recurrente menciona en el escrito de queja supera el referido mínimo legal (v. pág. 6 del escrito de queja).
En la queja, la impugnante aduce que en la demanda se estimó el monto de $ 661.448,11 o lo que en más o en menos se determine al dictarse sentencia. Plantea que debiera aplicarse un mecanismo para mantener actualizados los guarismos que han sufrido las diversas inclemencias económicas habidas en el país (v. fs. 26).
Dichas argumentaciones no pueden admitirse, desde que, sentado que en supuestos como el de autos corresponde considerar la suma peticionada en la demanda (conf. doctr. causas citadas supra), cabe señalar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente, que a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar dicho importe de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004; Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causas C. 122.757 "Cardano", resol. de 26-II-2020 y C. 123.958, cit.).
Asimismo, se impone recordar que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011; C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.757 y C. 123.958, cits.), por lo que el remedio intentado resulta inadmisible conforme a lo dispuesto por el art. 278 citado (según ley 14.141 y Acordada 3.938 de este Tribunal).
IV. Por otra parte, en cuanto a la alegada gravedad institucional, esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 119.622, "Serantes", resol. de 9-XII-2015 y C. 122.757, cit.; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la impugnación.
Tampoco es de recibo la pretensión -a fin de habilitar las vías revisoras deducidas- de aplicar lo resuelto en el precedente de este Tribunal Ac. 92.349 "Chimondeguy" que se menciona, desde que el mismo se refiere a una situación diversa a la aquí planteada.
Finalmente, de acuerdo a los términos de la impugnación y en el contexto reseñado, tampoco se advierte prima facie la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante alegarse la supuesta afectación de garantías constitucionales, lo cierto es que no se observan, en el marco descripto, argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 120.519, "Canto", resol. 16-III-2016; C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 121.990, "Lovotti", resol. de 11-IV-2018 y C. 123.492, "Hiltonia S.A.", resol. de 27-XI-2019).
En tales condiciones, ambas vías extraordinarias resultan inadmisibles y, en consecuencia, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278, 292 y 296, cód. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296 del CPCC; 168 y 171, Const. prov. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2021 13:19:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 13:53:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2021 10:48:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2021 14:48:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2021 13:57:08 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia