Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) declarar mal concedido su par de inaplicabilidad de ley (art. 278, Cód. cit.).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 124.017 "DI PASCUAL JULIA LILIANA Y OTRO/A C/ ALUSTIZA MARTA BEATRIZ Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPL. CONTRACTUAL"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por los señores Julia Liliana Di Pascual y Marcelo Víctor Santucci contra los señores Marta Beatriz Alustiza y Roberto Oscar Rossino, hizo lugar parcialmente a la pretensión, condenando a estos últimos al pago de $ 42.120 -en concepto de daño emergente- con más los intereses que estableció, rechazando el daño moral y el punitivo también reclamados (v. sentencia de 12-VI-2019, fs. 308/314).
Apelada la decisión por ambas partes, la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental resolvió, en primer lugar, declarar la nulidad de la presentación por la que el letrado interpuso recurso de apelación con invocación de lo previsto en el art. 48 del ordenamiento procesal, en tanto no fue ratificada y, de tal modo, concluyó que los agravios traídos por la accionante -referidos al rechazo del daño moral- no habrían de ser tratados. Luego, abordando la apelación de los accionados, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda intentada. Consideró el Tribunal de Alzada -previo a establecer, en relación al régimen consumeril aplicado en la instancia de origen, que de la documentación y los contratos suscriptos no resultaba que los demandados realizaran en forma regular o habitual la actividad de construir y vender inmuebles en propiedad horizontal- que no se había probado responsabilidad alguna de parte de Alustiza en el cumplimiento de la obligación de entregar el departamento terminado y que tampoco la mora en la fecha de entrega de la unidad pudiera implicar responsabilidad de Ronsino por falta de diligencia en sus funciones como Administrador (v. fallo de 22-IV-2020).
Frente a tal pronunciamiento, los legitimados activos deducen recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 26-V-2020 y ratif. de 27-V-2020), los que fueron concedidos (v. resol. de 27-V-2020).
II. Abordando el intento anulativo por el que aduce preterición de tópicos esenciales y falta de fundamentación legal, se anticipa que éste no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
II.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central de la litis , vinculada con la responsabilidad endilgada, ha sido abordada expresamente sólo que en sentido desfavorable para los interesados (v. págs. 3/10 de la sentencia electrónica). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con el carácter de proveedor de los demandados en los términos del art. 42 de la Constitución nacional y el acceso a la justicia, se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 27/29 del escrito electrónico; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
II.2. Finalmente, la misma suerte debe correr la denuncia de violación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. pág. 29 del recurso) toda vez que ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. págs. 3/10 del pronunciamiento cuestionado; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. Respecto al recurso de inaplicabilidad de ley, cabe señalar que el valor del agravio a los fines de lo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado para los accionantes que aquí recurren, en atención a los planteos traídos en la presente vía y el marco procesal descripto, por la indemnización fijada a su favor en la sentencia de primera instancia que fuera revocada (causas C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII-2017; C. 122.078, "Cejas", resol. de 7-III-2018), sin que corresponda a tales fines adicionar intereses a dicha suma (causas C. 120.655, "B., C. E. y otros", resol. de 15-XI-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.565, "C., S. M. y otros", resol. de 29-VIII-2018 y C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021).
Así, en el sub lite , dicho monto resulta inferior al mínimo establecido en el referido art. 278 -según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020 vigente al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a su revisión por la vía intentada (v. sent. de 12-VI-2019).
Asimismo, en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del requisito previsto por el art. 278 citado, cabe recordar que esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (conf. causas C. 116.566, "Pacheco", resol. de 18-IV-2012; C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019 y C. 123.344, "Cooperativa Industrial Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda.", resol. de 29-VII-2020).
Por otra parte, con relación al pedido de aplicación de lo normado por el art. 31 bis de la ley 5.827, es de señalar que no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020).
Finalmente, con respecto al planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478), debe puntualizarse que el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas a fin de limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
En el supuesto en consideración, de acuerdo a los términos del fallo atacado, no se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante alegarse absurdo, arbitrariedad y la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales, lo cierto es que en la impugnación incoada -donde se esgrime la aplicación al caso de la ley de defensa del consumidor y la valoración del material probatorio aportado- no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 122.292, "Morra", resol. de 4-VII-2018 y C. 122.480, "Pelaez", resol. de 20-II-2019).
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada deviene inadmisible (art. 278 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) declarar mal concedido su par de inaplicabilidad de ley (art. 278, Cód. cit.).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2021 13:20:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 13:53:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2021 10:48:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2021 14:48:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2021 13:57:15 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia