Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125945
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del presente recurso se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda promovida por Héctor Octavio Fioritti contra Provincia ART S.A. y el Servicio Penitenciario bonaerense por la cual perseguía el cobro de los daños y perjuicios por accidente de trabajo, en los términos del derecho común, con costas a la parte actora (v. sentencia de 8-VI-2020).
Para así decidir, juzgó que, si bien se acreditó la existencia tanto del accidente como de la incapacidad denunciada, habiendo sido encuadrada la pretensión en el marco del derecho común, no demostró el accionante, como era su carga, el carácter riesgoso o viciosos de la cosa, ni la incidencia con el daño causado.
II. La Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 25-VI-2020), concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su medio de impugnación, el Fisco objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios de los peritos, cuyo pago -aduce- fue impuesto al Fisco en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial desde que se benefició de prueba útil.
En apoyo su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 de la ley arancelaria.
III. El presente recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020 y L. 125.641, "Quiros", resol. de 12-II-2021), sin que la impugnante haya expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 123.653, "Muñoz", resol. de 20-XI-2019; L. 122.568, "López", resol. de 26-II-2020 y L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021).
III.2. En este contexto, cabe observar que el tema que la interesada trae a revisión y los precedentes que invoca se encuentran conectados no sólo con normas procesales o arancelarias sino también con otro tipo de preceptos que justifican el examen de la impugnación, la que debe prosperar, en tanto se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
III.2.a. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique", sent. de 14-II-2001 y L. 84.028, "Rojas", sent. de 9-V-2007; y recientemente en el precedente L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020, resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2.c. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. velezano; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del presente recurso se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:24:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:23:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 11:39:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:24:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 08:14:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia