Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 118399
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 118.399, "Tornielli, Néstor y otra contra Chamorro José y otros. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria , Genoud, Kogan, Torres.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia respecto de la atribución de responsabilidad en el evento dañoso pero modificó la indemnización otorgada, aumentando su cuantía (v. fs. 643).
Se interpusieron, por los actores y por la codemandada Adriana Bogado, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 649/670; 674/685; respect.).
En atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación se confirió traslado a las partes (v. fs. 796), el que fue respondido únicamente por el apoderado del demandado José Ricardo Chamorro y por la citada en garantía (v. fs. 801).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 649/670?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de fs. 674/685?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El señor Néstor José Tornielli y la señora Silvia Beatriz Güimil promovieron demanda por daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su hija menor de edad María Laura Tornielli a raíz del siniestro ocurrido en la vía pública, de la que esta última resultó víctima, contra José Ricardo Chamorro, Mario Héctor Rodríguez, Luis Alberto Gómez Barria, Adriana Bogado, Heriberto Bogado y Tranquilina Ramos Villalba (v. fs. 18/26).
Refieren en su presentación que el deceso de la hija de ambos se produjo el 7 de octubre de 1994 cuando era transportada en la motoneta Yamaha, dominio 923 BCU, conducida por Adriana Bogado por la avenida 44, entre las calles 138 y 140 de esta ciudad de La Plata, en dirección a la localidad de Olmos.
Explican que la conductora del pequeño rodado chocó contra la puerta abierta del automotor Volskwagen, dominio C. 1.283.314, a cargo del señor Mario Héctor Rodríguez, que estaba estacionado sobre la mano derecha de esa arteria, interrumpiendo su paso. Ese hecho provocó que se cayeran la conductora y su acompañante al asfalto y que esta última fuera arrollada por el camión marca Nissan Diesel-dominio B 2.680.470 con acoplado, dominio 1.165.057, conducido por su propietario José Ricardo Chamorro, cuando reinició su marcha luego de estar detenido a la espera de la habilitación del semáforo para continuar la circulación. Reclaman daño material y daño moral.
Corrido el traslado de ley se presentaron Mario Héctor Rodríguez -conductor del automotor Volkswagen- y luego sus herederas Elida Martha Arnaboldi y Romina Paula Rodríguez (v. fs. 36/42; 408); Adriana Bogado -conductora de la motoneta- y sus padres Heriberto Bogado y Tranquilina Ramos Villalba, en razón de la minoridad de aquella (v. fs. 47/51; 466); José Ricardo Chamorro -conductor del camión- (v. fs. 55/58) y su citada en garantía Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada (v. fs. 92 y vta.); Luis Alberto Gómez Barria, en su carácter de titular registral del automotor Volkswagen (v. fs. 80 y vta.). Todos repelieron la acción incoada contra ellos.
Se abrió el juicio a prueba y a su turno se dictó sentencia rechazando la acción promovida contra José Ricardo Chamorro, Mario Héctor Rodríguez y Luis Alberto Gómez Barria, extendiendo ese pronunciamiento a Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada; se la admitió contra Adriana Bogado y sus progenitores, condenándolos a pagar en forma solidaria la indemnización fijada (v. fs. 515/526 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (v. fs. 535) y por los demandados condenados (v. fs. 539), quienes presentaron sus respectivos memoriales (v. fs. 559/572; 580/587) y réplicas (v. fs. 593 y vta.; 608). A su vez el demandado Chamorro y la citada en garantía contestaron los agravios de los actores (v. fs. 600/605 vta.) y de los demandados condenados (v. fs. 595/597).
I.2. Elevados los autos a la Cámara, esta confirmó la decisión de primer grado que atribuyó la responsabilidad en el luctuoso evento únicamente a la demandada Adriana Bogado y a sus progenitores Heriberto Bogado y Tranquilina Ramos Villalba.
Para decidir de esa manera, inició su análisis en torno a la incidencia que tenía la sentencia penal en el posterior pronunciamiento civil y transcribió el art. 1.103 del Código velezano para luego asimilar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del codemandado Chamorro a la absolución penal que hacía cosa juzgada en el fuero civil, lo que impedía declarar la responsabilidad patrimonial de este (v. fs. 631 y vta.).
Luego transcribió el art. 1.102 del referido Código para señalar que tanto el hecho principal como la culpa del condenado, establecidos en la sentencia penal, eran elementos vinculantes en la jurisdicción civil, remitiendo a su vez a un fallo de la Corte federal en el que se habían fijado los casos en que así no lo eran ("Cohen", C.1563.XXXVI, sent. de 30-V-2006; v. fs. 631 vta. y 632).
Concluyó ese análisis normativo explicando que la existencia del hecho principal al que aludía el art. 1.103 del Código Civil se limitaba a las circunstancias fácticas atinentes a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacían a la apreciación de la culpa, quedando fuera los elementos que constituían el ilícito penal, los que podían variar según la doctrina de cada época; a ello agregó que la culpa y la responsabilidad civil diferían en su configuración y gradación de la reprochabilidad penal, de allí que podía indagarse en el ámbito del derecho privado sobre esas cuestiones, para resumir que el puntoálgido de la cuestión era impedir que la solución a la que se arribara provocara el tan temido escándalo jurídico, contrario a la razón y a la verdad, pues estaban en juego los principios lógicos de identidad y de no contradicción, sin desconocer la existencia de doctrina en sentido contrario (v. fs. 632/633).
La Cámara recordó la doctrina legal sentada en las causas Ac. 33.505, Ac. 50.373 y Ac. 61.429 para establecer que la jurisdicción civil no podía sustentar una postura encontrada con la de los jueces penales y pronunciarse sobre la conducta del imputado tomando como fundamento circunstancias distintas de las que se habían tenido por ciertas y probadas en la sentencia de absolución penal, pues tales circunstancias constituían el hecho principal al que se refería el art. 1.103 del Código Civil y el juicio posterior civil no implicaba ni podía implicar un recurso de revisión de lo actuado en sede criminal porque esa no era su naturaleza y, además, era categórico el mencionado precepto legal (v. fs. 633 vta.).
Se refirió a la sentencia dictada en la causa penal n° 11.931 en la cual se había absuelto al codemandado Rodríguez y dictado el sobreseimiento definitivo respecto del codemandado Chamorro, donde se habían apreciado las conductas de los partícipes y se había establecido que había sido ilegal e imprudente la conducta desplegada por Adriana Bogado, para concluir, apoyándose en doctrina de autores, que esos hechos fijados en la sentencia penal no estaban sujetos a revisión en sede civil porque integraban el hecho principal (v. fs. 634/636 vta.).
A partir de allí sostuvo que en la apreciación de la responsabilidad civil debía considerarse que había habido culpa de un tercero -la señorita Bogado- lo que fue susceptible de interrumpir el nexo de causalidad entre los daños padecidos por la hija de los actores y las conductas que se les adjudicaron a los codemandados Chamorro y Rodríguez.
Aclaró que si bien las conductas de estos últimos revestían el rol de condición del hecho y tendrían consecuencias si se aplicara la teoría de las equivalencias de las condiciones, como lo postulaban los actores, esta Corte había impuesto la teoría de la causalidad adecuada, por la que no cabía tener en cuenta todas las condiciones sino solamente aquellas que por su existencia habían vuelto objetivamente posible la realización del perjuicio.
Así concluyó en que la maniobra imprudente e ilegal realizada por Adriana Bogado había sido la única condición con aptitud e idoneidad para provocar el daño (v. fs. 636 vta./639).
Seguidamente ingresó el Tribunal de Alzada a revisar el monto de la indemnización por la pérdida de la chance, elevándolo.
Tuvo en cuenta para ello el criterio sustentado por la Corte federal y por este Tribunal para señalar, siguiendo la opinión de la doctrina de autor, la dificultad que presentaba su cuantificación, pues no tenía el mismo grado de certidumbre que el lucro cesante y reflejaba no solo la ayuda de los hijos a sus padres con dinero sino que comprendía los actos de colaboración, como llevarlos al médico, comprarles remedios, pagarles los impuestos, atenderlos en las enfermedades, entre otros casos, los que también tenían una incidencia material indirecta aunque fueran realizados por motivos morales (v. fs. 639/641).
Por último, se abocó la Cámara al tratamiento de los agravios por la indemnización fijada por el daño moral, que también elevó.
Consideró en su decisión, luego de hacer referencia a su admisibilidad, que el daño se prolongaba en toda la existencia de los padres y que estaba fuera de duda que no había dolor más lacerante, insondable y permanente que el provocado por la muerte de un hijo; estimó que la tarifación que había realizado el juez de primera instancia era baja si se tenía presente la edad, sexo, condición social de la familia, las circunstancias que rodearon el caso y los precedentes fallados por ese Tribunal de Alzada (v. fs. 641/642).
II. Se agravian los actores denunciando la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 4 y 6, 164 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 512, 901 a 906, 1.103 y 1.109 del Código Civil; 17 y 18 de la Constitución nacional; arbitrariedad y absurdo.
Comienzan su impugnación sosteniendo que el pronunciamiento no es una derivación razonada de la aplicación del art. 1.103 del Código Civil y de su doctrina legal, que se ha violado el principio de congruencia y se ha omitido el tratamiento de cuestiones esenciales; califica a la sentencia como arbitraria y afirma que se ha configurado en ella el absurdo en razón de que la Cámara no abordó los agravios planteados en su expresión de agravios sobre la culpa de los demandados José R. Chamorro y Mario H. Rodríguez (v. fs. 650/651 vta.).
Relatan los hechos que constituyeron el luctuoso evento y refieren que venían trayendo en sus argumentos que Rodríguez había violado el deber de cuidado que exigía la apertura de la puerta de un automotor en una avenida de doble mano de circulación y de intenso tránsito; que en relación a Chamorro le habían endilgado la violación de los arts. 51 apartado 4 y 55 inc. 5 de la ley 11.430 que imponían a los camiones la utilización de la calzada de la derecha para la circulación y que el día del suceso no había observado el tránsito por el espejo retrovisor antes de iniciar la marcha no obstante haber escuchado un ruido (v. fs. 651 vta./652 vta.).
Luego despliegan su crítica contra la sentencia de primera instancia respecto del demandado Chamorro, señalando que tanto allí como en el fallo del Tribunal de Alzada se había omitido el tratamiento de la culpa concurrente del demandado Chamorro por la acción antijurídica que, entienden, se había configurado al no respetar el carril exclusivo de circulación y dejar un sobrepaso de un metro ochenta centímetros a su derecha, lo que había posibilitado que la motocicleta circulara por ese andarivel (v. fs. 652 vta./655).
Indican que no existió simultaneidad entre la caída de la hija de ambos y el inicio de la marcha del camión, ni hubo pronunciamiento del juez penal en ese sentido, como surgía de la descripción de los hechos en esa otra sede y de la declaración del testigo José Luján Sesali a fs. 101 de la causa penal (v. fs. 655).
Resaltan la mendacidad de Chamorro en su declaración indagatoria y las contradicciones en las que había incurrido si se comparan esos dichos con los efectuados en sede civil, concluyendo que su obrar debió haber sido más cuidadoso en razón de que se trataba de un conductor profesional y señalando que el fallecimiento de la víctima se produjo por las lesiones sufridas por el arrollamiento, de manera que esa circunstancia tenía relación de causalidad directa y adecuada con la conducta omisiva del chofer del camión (v. fs. 655 vta./658).
Ponen de relieve que Mario Héctor Rodríguez tampoco estuvo atento a las contingencias del tránsito ya que abrió la puerta izquierda de su rodado sin verificar la ausencia de circulación de otros vehículos por ese andarivel (v. fs. 658/659 vta.).
Alegan que la Cámara falló en contra de la doctrina legal y de la opinión de prestigiosos autores sobre el art. 1.103 del Código Civil, culminando en una sentencia arbitraria y absurda; destacan que no realizó las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa respecto de los restantes demandados (v. fs. 659 vta./663).
Afirman que la narración que la Cámara hace de la mecánica del hecho no se corresponde con las constancias de la causa y señalan que apoyó su fundamentación en el voto del suscripto en la causa Ac. 76.148, que no fue parte de la mayoría; transcriben fragmentos de su expresión de agravios (v. fs. 663/667).
Manifiestan que la sentencia penal indica las circunstancias de tiempo, lugar y modo de producción del accidente, el sobrepaso de la moto, el impacto contra la puerta delantera izquierda del automóvil Volkswagen Gacel y el aplastamiento de la víctima por la rueda delantera derecha del acoplado del camión, el que había comenzado su circulación al ser habilitado por el semáforo y que produjo el deceso de la adolescente por las gravísimas lesiones sufridas (v. fs. 667 vta.).
Refieren que la Cámara, luego de sostener que el reproche penal no obliga al juez civil, lo recepta para atribuirle responsabilidad a Adriana Bogado por considerar que esta última había realizado una maniobra ilegal e imprudente, pero no efectuó el examen de las conductas desplegadas por Rodríguez y Chamorro en el evento, destacando que el fallo absolutorio y el sobreseimiento dictados en sede penal no dicen que los anteriormente nombrados no hayan sido los autores del hecho sino que no fueron responsables penalmente; agregan que este argumento formó parte de sus agravios y que no fue tratado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 667 vta. y 668).
Advierten que en el fallo se reconoce que la intervención de los demandados Chamorro y Rodríguez revestía el rol de "condición del hecho" calificando a sus conductas de imprudentes pero luego no los toma en cuenta al analizar la relación de causalidad, señalando que en el evento hubo interferencia de dos o más causas concurrentes, las que confluyeron en la producción del daño, motivo por el cual encuentran, con cita de doctrina de autor, que en el fallo se han violado los arts. 901 a 906 y 1.109 del Código Civil (v. fs. 668 vta./670).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente es necesario poner de relieve que las normas del Código Civil y Comercial no son aplicables al caso porque el hecho dañoso del que deriva el reclamo indemnizatorio que es el objeto de este juicio acaeció durante la vigencia del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.).
III.2. La cuestión de derecho debatida, relativa a la interrelación existente entre la sentencia recaída en juicio penal y la posteriormente pronunciada en sede civil, ha generado intensas polémicas, tanto dentro del marco doctrinario como en los numerosos fallos que se han dictado al respecto.
En mi apreciación el puntoálgido de la cuestión estriba en impedir que la solución a la que se arribe provoque el tan temido escándalo jurídico "contrario a la razón y a la verdad que debe suponerse en los juicios concluidos", como señala Vélez Sarsfield en su ya clásica anotación de los arts. 1.102 y 1.103 del Código de su autoría.
Lo que en definitiva está en juego es la observancia de los principios lógicos de identidad, que predican que todo objeto es idéntico a sí mismo, y de no contradicción, para el cual algo no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Por ello, si bien existen numerosas opiniones doctrinarias y pronunciamientos judiciales que señalan que la absolución por falta de culpa del imputado en el proceso penal no impide al juez civil declarar su culpabilidad en orden a la reparación de los daños causados por el hecho ilícito -doctrina que Llambías califica como correcta (Código Civil Anotado. Doctrina. Jurisprudencia. Tomo II B. Abeledo Perrot 1979, comentario art. 1.103, págs. 407/408, 3, mencionando la opinión concordante de autores como Salvat, Acuña Anzorena; Colombo; Machado; Llerena; Segovia; Borda; Spota; Cammarota; Salas; Galli; Rezzónico; Guastavino, E.; Avalle; Trigo Represas y decisiones jurisprudenciales que allí se enuncian)- también se ha sostenido la opinión contraria por estudiosos de la talla de Aguiar, Orgaz y Vélez Mariconde, quienes plantean que la absolución penal fundada en la inocencia o falta de culpa del acusado hace cosa juzgada también en la jurisdicción civil y que, por lo tanto, no cuadra admitir la responsabilidad civil de quien fue absuelto por aquel motivo (v. Llambías, op. y loc. cits.).
El exponer dos conclusiones diametralmente opuestas, exhibiendo a la sociedad dos situaciones antagónicas ignorando que lo que se juzga es un accionar único ¿qué otra cosa implica sino el escándalo jurídico al que se refiere Vélez Sarsfield? ¿Qué valor adquiere la cosa juzgada que emana de la primera sentencia cuando ella puede ser flagrantemente contradicha en la segunda? ¿Qué confiabilidad puede representar para el litigante una administración de justicia que se manifiesta de tal manera?
No puede la jurisdicción civil sustentar una postura encontrada con la de los jueces penales, pronunciarse sobre la conducta del imputado tomando como fundamento circunstancias distintas -en definitiva un hecho distinto- de las que se tuvieron por ciertas y probadas en la sentencia absolutoria penal, en tanto tales situaciones constituyen la consideración "del hecho principal" al que se refiere el art. 1.103 del Código Civil.
Es que el juicio posterior civil no implica ni puede implicar en la práctica un recurso de revisión de lo actuado en sede criminal porque esa no es su naturaleza, máxime frente a un texto tan categórico como el de este último dispositivo legal y atendiendo a que la justicia no puede exhibir como el dios Jano una faz dual, sino un único, coherente y confiable rostro frente a la sociedad.
También se resolvió, con buen criterio, que las conclusiones alcanzadas en sede penal no son discutibles en el juicio civil sobre la base de los mismos elementos de juicio contemplados en el proceso criminal (CSJN "La Ley" 107-685; Cám. Civ., Sala C, ED 29-160; íd. Sala A, jun. 14-973, "González de Pardo, Aída c/ Costales, Pedro M.", fallo 25.257, "El Derecho" 57-211, respecto al cual el propio Llambías, que adhirió al voto del doctor Garzón Maceda -al igual que el tercer integrante de la Sala, doctor de Abelleyra- publicaría posteriormente su doctrina, sin objetarla en el Código Civil Anotado cit.; y Cám. Com., Sala B, "El Derecho" 55-523). Concordantemente, el hecho así reconstruido es único y no puede admitirse dentro de una estricta lógica que el mismo pueda configurarse de una manera distinta para uno y otro tribunal.
Resulta pertinente lo expue
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.