Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122815
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al remedio extraordinario en forma parcial, modificándose la imposición de costas de alzada en este expediente, las que se fijan conforme lo expresado en el considerando IV.2. del voto que abrió el acuerdo. En atención al modo en que se resuelve el presente remedio extraordinario, las erogaciones devengadas ante esta instancia se imponen en un 90% a los recurrentes y el restante 10% a la codemandada Cárdenas que resulta vencida (arts. 68, 71, 279 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.815, "Monchovi, Fernanda M. y otros contra Sucesores de Ibarguren, Federico y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes modificó el pronunciamiento único dictado en las causas "Cárdenas, Elida Amalia contra Sucesores de Ibarguren, Federico P. y otros. Daños y perjuicios" y la presente acumulada (v. fs. 320 y 1.229/1.263 vta.).
Se interpuso, por los coactores Fernanda Mabel Monchovi, Mauro Emilio Fernández, María Alicia Ayala y Roque Miguel Fernández, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.277/1.285 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En los referidos procesos acumulados se han ventilado diversos reclamos de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 9:00 hs. del 21 de septiembre de 1999 en la intersección de las rutas provincial n° 31 -su continuación- y nacional n° 7. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Ford Taunus -dominio WKU 364- conducido en la ocasión por Juan Marcos Santamaría y una camioneta pick up Chevrolet -dominio AVB 457- al comando de Federico Pedro Ibarguren.
En la causa principal n° 111.281 la señora Élida Amalia Cárdenas -cónyuge supérstite del fallecido Juan Marcos Santamaría- demandó a Ibarguren, atribuyéndole la exclusiva y excluyente responsabilidad por el infortunio. Citó en garantía a "LUA SEGUROS La Porteña S.A." que, al igual que el demandado, se opuso al progreso de la acción bajo el principal argumento de la exclusiva culpa de la víctima en la producción del hecho.
En la causa n° 112.183 accionaron Fernanda Mabel Monchovi, Vicente Broin, María Alicia Ayala, Roque Miguel Fernández y Clara Margarita Nélida Aliendro -en representación del por entonces menor Mauro Emilio Fernández- contra los mencionados Federico Pedro Ibarguren y Élida Amalia Cárdenas -a quienes endilgaron la causación del siniestro-, citando también en garantía a la referida aseguradora.
Conteste con la atribución de responsabilidad ensayada en el principal, la señora Cárdenas esgrimió aquí como defensa la exclusiva y excluyente actuación de Ibarguren; este último, así como la citada en garantía, se opuso al reclamo en razón de la alegada culpa de Santamaría.
Al momento de sentenciar, el señor Juez de la fase inicial responsabilizó solo a Ibarguren -en ambos procesos- condenándolo a abonar a los reclamantes diversos importes indemnizatorios con más intereses y costas. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía, en los términos de la póliza contratada (v. fs. 1.040/1.056).
II. Apelada la decisión, la Sala I de la Cámara de Apelación departamental la revocó parcialmente, modificando el reparto de responsabilidades y elevando el importe de algunos renglones resarcitorios.
En lo que interesa destacar, comenzó por precisar que el contrapunto trabado debía visualizarse a través de la teoría del riesgo creado, doctrina receptada en nuestro ordenamiento en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil velezano que, a tenor de la fecha de ocurrencia del siniestro, consideró de aplicación al sub lite (doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 1.236 y vta.).
Seguidamente ponderó que, al circular por una vía de mayor jerarquía, la pick up conducida por Ibarguren gozaba de la prioridad de paso que, como excepción a la regla principal "derecha antes que izquierda", establecía el art. 57 de la ley 11.430 vigente al tiempo del accidente (v. fs. 1.237/1.238).
En base a las opiniones periciales obrantes y a los dichos de un testigo presencial, adunó que quien venía circulando al comando del Ford Taunus por un camino secundario de tierra (ruta provincial 31) no había detenido su marcha -antes de emprender el cruce de la ruta nacional 7- conforme se lo imponía dicha preceptiva; que, a su vez, se desplazaba con seis personas a bordo -lo cual excedía las cinco plazas correspondientes al vehículo-, sin cinturón de seguridad y sin seguro de responsabilidad civil, todo lo cual evidenciaba un mayúsculo grado de imprudencia (v. fs. 1.238 y vta.).
Luego de ponderar que el impacto entre ambos rodados se había producido en la zona media de la calzada (v. fs. 1.239) y que la velocidad máxima permitida en el respectivo tramo de la ruta nacional n° 7 era de 80 km/h (v. fs. 1.239 vta.), concluyó que la camioneta conducida por Ibarguren venía desplazándose a 95 km/h antes de aplicar los frenos. No habiendo este producido prueba acerca de la inevitabilidad del infortunio, aun circulando a velocidad igual o inferior a la permitida, lo consideró parcialmente responsable por la producción del siniestro (v. fs. 1.240/1.242).
En base a estas estimaciones, responsabilizó a ambos conductores en las siguientes proporciones: 80% a Santamaría y 20% a Ibarguren (v. fs. 1.242 y vta.), condenándolos al pago individual de las indemnizaciones equivalentes a esa respectiva participación concausal (v. fs. 1.242 vta./1.250 vta.).
En otro orden de ideas, y luego de abordar y resolver las quejas correspondientes a la procedencia y cuantía de los diversos rubros resarcitorios y sus respectivos intereses (v. fs. 1.251/1.261 vta.), readecuó las costas de primera instancia, imponiéndolas a los demandados vencidos -en ambos procesos- en la proporción en que prosperaban las demandas contra cada uno. Las de alzada, en el expediente 116.733, las impuso a razón de un 30% a Ibarguren y el restante 70% a los actores, en proporción a sus respectivos reclamos; en el expediente 116.729 las fijó en un 80% a cargo de la actora Cárdenas y en un 20% al demandado Ibarguren (v. fs. 1.261 vta. y 1.262).
III. Contra esta decisión se alzan los coactores Fernanda Mabel Monchovi, Mauro Emilio Fernández, María Alicia Ayala y Roque Miguel Fernández mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncian violación de los arts. 1.109, última parte y 1.081 del Código Civil; 34 inc. 4, 68, 76 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal de esta Corte que citan. Formulan planteo del caso federal (v. fs. 1.277/1.285 vta.).
Aducen que lo resuelto por la Cámara vulnera jurisprudencia uniforme de esta Corte en torno a las obligaciones concurrentes o in solidum , incurriendo -a la vez- en una grosera contradicción e incongruencia al reconocer la imprudencia de ambos conductores y simultáneamente desplazar la aplicación de la solidaridad -con derecho de repetir- prevista en el art. 1.109 del Código Civil (v. fs. 1.280 vta./1.283 vta.).
Por otro andarivel, se quejan por la imposición de las costas impuestas a su parte en la segunda instancia (v. fs. 1.283 vta./1.285).
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En principio, corresponde descartar la pretendida solidaridad de condena apontocada en lo preceptuado por el art. 1.109 del señalado ordenamiento sustantivo. Veamos:
IV.1.a. De un lado, y conforme emerge de los antecedentes reseñados, la Cámara encuadró el caso en el sistema de responsabilidad objetiva por el riesgo creado previsto en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil. Atribuyó la participación concausal de ambos conductores en la producción del siniestro a razón de un 80% a Juan Marcos Santamaría y un 20% a Federico Pedro Ibarguren, responsabilizándolos en iguales proporciones.
Antes de ahora, en la causa C. 101.875, "Weheren" (sent. de 7-III-2012), he tenido oportunidad de referirme a la temática involucrada en la protesta, concerniente a la eventual extensión de la solidaridad prevista en el art. 1.109 del citado ordenamiento a supuestos como el de autos, argumentación que estimo útil evocar en el presente contexto de análisis.
En lo que interesa, expresé allí que "...el citado precepto [art. 1113 del Código Civil], de cuyos términos no cabe prescindir, contempla la posibilidad del dueño o guardián de eximirse 'total o parcialmente de responsabilidad' acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
i. No ignoro que determinar la procedencia de aquella eximente cuando el hecho del tercero ajeno concurre con el riesgo creado por el dueño o guardián de la cosa que ha sido condenado, tal como acontece en el caso, suscita interpretaciones divergentes. Mas entiendo, de lege lata , que en la especie no ha mediado un error de juzgamiento por parte de la Cámara, toda vez que la solución prevista en la norma admite la relevancia del hecho concausal del tercero extraño frente a la víctima.
ii. Por loable[s] que fueren sus propósitos, una interpretación contraria, que expandiera a estos supuestos la solidaridad, privaría de pleno valor normativo a las eximentes referidas, al excluirlas de su ámbito específico de oponibilidad (en relación con el pretensor).
iii. No encuentro adecuado invocar el art. 1109 del Código Civil. Su aplicabilidad directa queda descartada con la sola lectura del precepto, relativo a los supuestos en que concurre 'culpa o negligencia [por la que se] ocasiona un daño a otro...'. La extensión analógica del precepto tampoco es pertinente, pues exigiría una carencia normativa (si '...la cuestión... no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley'; art. 16 del C.C.) que no presenta el texto del art. 1113..." (v. causa cit.).
Ahora bien, atendiendo al factor "riesgo creado" de la responsabilidad parcial endilgada al demandado y el correlativo 50% atribuido al obrar de un tercero ajeno, concluí en dicha ocasión que "En este contexto, en tanto no se está frente al coautor de un cuasidelito civil (art. 1109, C.C.), opera la eximente parcial expresamente contemplada en el art. 1113 del mencionado Código..." (conf. causa cit.).
En sintonía con tales conceptos, es claro que en la especie no resulta procedente la pretensión de condena solidaria de los accionados por aplicación del art. 1.109 del digesto velezano, toda vez que frente a los aquí recurrentes ambos demandados revisten, en función de los respectivos porcentuales de responsabilidad definitivamente juzgados por la Cámara, las correlativas y recíprocas condiciones de responsables y "terceros por los que no deben responder", eximente esta cuya previsión normativa -reitero y enfatizo- carecería de sentido si, por aplicación directa o analógica de la solidaridad por coautoría cuasidelictual establecida en el citado precepto, se la privara de uno de sus naturales efectos jurídicos, esto es, el ser plenamente oponible al reclamante.
IV.1.b. Por otro lado, y en razón de una evidente insuficiencia técnica (doctr. art. 279, CPCC), considero que corresponde igualmente desestimar la denuncia de quebrantamiento de doctrina legal dimanada de los antecedentes C. 113.969, "R., M. F." (sent. de 19-II-2014) y C. 111.214, "Jordán" (sent. de 15-VII-2015), fallados por esta Corte.
Al respecto, sabido es que en los casos de denuncia de vulneración de doctrina legal es necesario que primeramente la misma se individualice, luego se exponga su similitud con el caso bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. causas C. 102.334, "Citibank N.A.", sent. de 26-X-2010; C. 103.695, "AADI CAPIF A.C.R.", sent. de 7-III-2012; C. 112.813, "Orazi", sent. de 16-VII-2014; C. 120.866, "Carranza", sent. de 9-VIII-2017; entre muchas).
En el caso, los recurrentes se limitan a transcribir ciertos párrafos de los citados pronunciamientos y a peticionar, sin más y a renglón seguido, que se revoque el fallo y se disponga que por tratarse de obligaciones in solidum los condenados son responsables solidarios, cada uno de ellos por el 100% de la deuda.
Al estructurar y exponer el embate en tales términos, es claro que los recurrentes omiten la concreta y acabada explicación de los extremos de hecho y de derecho que, en su caso, tornarían aplicable la respectiva doctrina legal y de cómo esa postulada normatividad habría sido -en el caso- quebrantada por el a quo (v. fs. 1.281 vta./1.283).
Reiteradamente esta Corte ha expresado que una de las notas características de esta instancia extraordinaria radica en la mayor exigencia en cuanto a las cargas requeridas a los litigantes para transitar con éxito la casación (conf. C. 106.217, "Vidal", sent. de 12-III-2014; C. 117.929, "M. Bilbao y Cía. S.A.A.I.C.I. y F.", sent. de 24-IX-2014; C. 121.224, "Pereiras", sent. de 25-X-2017; entre muchas), labor que no se logra abastecer a través de un embate que no exhibe un mínimo de sostén argumental y que debe, por ende, ser descartado (doctr. art. 279 cit.).
IV.2. Diversamente, considero que asiste razón a los recurrentes en cuanto se quejan por la imposición de costas de alzada a su parte (v. fs. 1.283 vta./1.285).
En lo tocante, y en razón del éxito en la reducción del porcentual de responsabilidad logrado por los Ibarguren (de un 100% a un 20%), contrapesado por la elevación de importes indemnizatorios lograda por los actores, impuso a los primeros el 30% de las costas correspondientes a esa fase de apelación y el restante 70% a los actores, con cita de los arts. 68 y 71 del ordenamiento ritual (v. fs. 1.261 vta. y 1.263 vta.).
En torno a la temática, esta Corte tiene dicho que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo. Esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. C. 116.905, "Utges de Di Dio Cardalana", sent. de 24-VI-2015; C. 94.421, "Rueda", sent. de 6-X-2010; C. 105.859, "Kaare", resol. de 10-XI-2010; C. 120.381, "Antiguas Estancias Don Roberto S.A.", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
Aprecio que la señalada imposición dispuesta por el Tribunal a quo altera, sin justificación, el principio general del vencimiento objetivo que gobierna la materia (art. 68 cit.), ya que no cabe considerar derrotados a los actores que, por el contrario, han resultado evidentemente gananciosos en la fase de apelación, tanto en lo que respecta a la incorporación de la sucesora de Santamaría al elenco de deudores responsables (en un 80%) como a la elevación de ciertos rubros indemnizatorios. Esta apreciación no se ve alterada por el hecho de que los actores pretendieran la condenación solidaria de ambos legitimados pasivos y la Cámara resolviera que los mismos habrían de responder cada uno en razón de su respectivo porcentual de participación en el evento, ya que ello no les quita la principal condición de vencidos y la correlativa de vencedores de los reclamantes (doctr. arts. 68, 71 y concs., CPCC).
En consecuencia, opino que corresponde estimar esta parcela de la impugnación y revocar la respectiva imposición del 70% a los actores para la etapa de apelación, debiendo tal porcentual gravitar sobre la señora María Amalia Cárdenas, codemandada que resultó objetiva y parcialmente vencida (arts. 68, 71 y 289, Cód. cit.).
V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá estimar parcialmente el remedio extraordinario y modificar únicamente la imposición de costas de alzada en este expediente, las que se fijan conforme lo expresado en el considerando IV.2. precedente. En atención al modo en que se resuelve el presente remedio extraordinario, deberán imponerse las erogaciones devengadas ante esta instancia en un 90% a los recurrentes y el restante 10% a la codemandada Cárdenas que resulta vencida (arts. 68, 71, 279 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al remedio extraordinario en forma parcial, modificándose la imposición de costas de alzada en este expediente, las que se fijan conforme lo expresado en el considerando IV.2. del voto que abrió el acuerdo. En atención al modo en que se resuelve el presente remedio extraordinario, las erogaciones devengadas ante esta instancia se imponen en un 90% a los recurrentes y el restante 10% a la codemandada Cárdenas que resulta vencida (arts. 68, 71, 279 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2021 17:25:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:22:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2021 14:51:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 12:39:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 13:22:43 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia