Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124349
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.349, "Rosales, Rodolfo Ángel contra Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) y otra. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud , Kogan , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 348/351 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3 de abril de 2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el señor Rodolfo Ángel Rosales y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios, derivados de la incapacidad atribuida al accidente de trabajo que sufrió mientras ejecutaba sus tareas habituales para la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP). Rechazó, en cambio, la acción entablada contra Provincia ART S.A. con fundamento en lo dispuesto en el art. 1.074 del Código Civil (v. sent., fs. 310/328).
En ese orden, impuso las costas a la demandada vencida por los rubros que prosperaron y al actor por los conceptos desestimados (v. sent., fs. 326 vta.).
Difirió la regulación de los honorarios profesionales hasta que las liquidaciones efectuadas quedaran firmes (arts. 48, ley 11.653 y 51, ley 8.904; v. sent., fs. 327).
Practicada la liquidación y con motivo del pedido de aplicación del prorrateo pertinente de conformidad con la limitación porcentual del 25% establecida en el art. 505 del anterior ordenamiento sustantivo (actual art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación) efectuado por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 17 de septiembre de 2018), se corrió traslado al actor (v. proveído de fecha 25 de febrero de 2019), quien planteó la invalidez constitucional de las leyes 24.432 y 24.307 (v. presentación electrónica de fecha 26 de febrero de 2019).
El órgano de grado dictó resolución y declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, por modificar el régimen arancelario para abogados regido por el derogado decreto 8.904/77 (sobre cuya base se fijaron los estipendios de fs. 339) y la ley 14.967, al juzgar que la reglamentación de la cuestión vinculada a los honorarios de los profesionales intervinientes en causas judiciales corresponde a la órbita legal exclusiva y no delegada de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 348/351 vta.).
Sostuvo -además- que, en el supuesto de que esta última hubiera adherido a la mencionada ley nacional debería aplicarse de igual modo lo dispuesto en el art. 1.627 segundo párrafo -apartado segundo- del Código Civil (ley 340, modif. por el art. 3 de la ley 24.432) a partir del cual, meritó palmaria la intención del legislador nacional de respetar las normas provinciales reguladoras de los honorarios. De allí, que consideró que se invitaba a las provincias a adherir sin ninguna intención de introducir modificaciones al citado decreto (v. sent., fs. 349 vta. y 350).
Para finalizar, manifestó que con la sanción de la ley 14.976, la Provincia ratificó que la legislatura local posee la potestad de disponer lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales (art. 42, Const. prov.; v. sent., fs. 350 y vta.).
II. Contra este último pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 505 del Código Civil; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 3 de abril de 2021).
Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, modificatoria del art. 505 del Código Civil (ley 340). Destaca que el precepto objetado por el a quo , concerniente al límite -del 25%- de la responsabilidad por el pago de las costas, se ha mantenido vigente en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Denuncia transgredida la doctrina legal de esta Corte sentada -entre otros- en el precedente L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005 y añade que el fallo se aparta del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Abdurraman" (sent. de 5-V-2009); "Villalba" (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente, se advierte que la sentencia de fs. 348/351 vta. carece de firma de la actuaria.
Aun cuando tal extremo constituye una falencia de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), que no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento, no pasa inadvertida en el marco del adecuado servicio de justicia al que debe propenderse.
III.2. Expuesto ello, habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Como admite el propio recurrente, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, de modo que su tratamiento sólo puede justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e. o.).
En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por el recurrente.
III.3. Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio que anima la impugnación, dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en el citado art. 278 y 55 de la ley 11.653, se debe abordar el tratamiento de los reproches que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el recurso examinado habrá de ser analizado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.4.a. Sentado ello, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es el decreto ley 8.904/77), advierto que el agravio merece favorable recepción.
Acierta el impugnante cuando denuncia que el judicante se apartó de lo que en la materia dispone el art. 505 del Código Civil -y, además, 277 de la Ley de Contrato de Trabajo- (ambos modif. ley 24.432) y la doctrina legal que esta Corte sentara en los precedentes que señala, criterio que se mantiene vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 a dichas normas fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
III.4.b. Como fuera anticipado, los argumentos que esgrimió el juzgador para declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.432 se fundaron en la supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), al modificar el régimen arancelario para abogados regido por el derogado decreto ley 8.904/77; tema este -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas causas, a saber: L. 89.979, "Saucedo", sentencia de 16-IV-2008; L. 98.065, "Cejas", sentencia de 3-V-2012 y L. 117.286, "Rodriguez", sentencia de 17-VII-2015. Si bien no era miembro de este Alto Cuerpo en esas oportunidades, remito a lo allí dicho, por razones de brevedad (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Ante lo expuesto, cobra virtualidad la doctrina legal acuñada a través de numerosos antecedentes, algunos de ellos citados en el recurso.
III.5. En el caso, surge evidente del cotejo de la liquidación y de la regulación de honorarios que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual contemplada en la ley 24.432 en su modificación a los arts. 505 del Código Civil (ley 340) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, receptada -reitero- en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal de origen adecue su resolución a lo dispuesto en la citada normativa efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011; art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.5. del presente. Los autos deberán ser devueltos al órgano de grado para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con la sola aclaración relativa a que los honorarios regulados en autos fueron cuantificados con fundamento en el decreto ley 8.904/77 por ser esa la norma vigente al momento en el que los trabajos profesionales se llevaron a cabo, comparto la propuesta del colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al sufragar las causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán" (ambas sents. de 12-III-2003); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015); L. 118.411, "Scartoccio" (sent. de 21-XI-2018) y L. 119.955, "Duarte" (sent. de 14-VIII-2019), a las que remito por motivos de brevedad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Sólo he de señalar que, en aquello vinculado con lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, lo hago, en virtud de los argumentos que hube de exponer al emitir mi voto en las causas L. 74.119, "Hait" (sent. de 11-VIII-2010); L. 117.286, "Rodríguez" (sent. de 17-VII-2015); L. 121.845, "Romero" (sent. de 27-VII-2020) y L. 121.786, "Ortellado" (sent. de 4-VIII-2020); a los que remito por razones de brevedad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi colega doctor Torres, señalando que la propuesta decisoria de revocar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 se condice con mi posición en la causa L. 118.411, "Scatorccio" (sent. de 21-XI-2018), a la cual remito por razones de brevedad.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:57:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:42:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 10:29:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 11:55:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 12:38:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia