Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123379
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del remedio de nulidad (v. fs. 572/573 vta.), se rechazan los recursos extraordinarios interpuestos. Las costas correspondientes a esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68, 289 y 296, CPCC).
El depósito previo acreditado en autos queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.379, "Cassini, Eduardo César contra Asociación de Socorros Mutuos y Beneficencia del Hospital Italiano. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó, en lo sustancial, el pronunciamiento anterior que había hecho lugar a la demanda (v. fs. 539/554 vta.).
Se interpusieron, por la accionada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 559/565).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 572/573 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Se ventila en autos una acción de daños y perjuicios derivados de la revocación al actor de la autorización para ejercer como médico en la entidad demandada, decisión adoptada por el Consejo Directivo de la propia institución.
En su momento, la señora magistrada de la fase inicial hizo lugar a la pretensión actuada, condenando al Hospital Italiano a abonar al doctor Cassini un importe resarcitorio -por lucro cesante y daño moral- con más intereses moratorios y costas del pleito (v. fs. 476/480 vta.).
II. Apelado el pronunciamiento, la Cámara lo confirmó -por sus propios fundamentos- en lo principal decidido, reduciendo el importe reconocido por lucro cesante (v. fs. 539/554 vta.).
En lo que interesa destacar, dejó sentado de inicio la existencia de un acto jurídico que vinculó a las partes por más de treinta años -que tuvo por objeto autorizar al doctor Cassini a ejercer su profesión en el ámbito del hospital- y de otro acto de igual tenor cuyo objeto fue la revocación de dicho permiso (v. fs. 542 vta. y 543).
Seguidamente, reparó en el invocado por las partes "Convenio Reglamento de la Carrera Médica del Hospital Italiano de La Plata, Asociación de Socorros Mutuos y Beneficencia" suscrito el día 3 de septiembre de 1971, homologado el día 19 de octubre de 1971 y reformado en el mes de abril de 1991 (v. fs. 80/97, causa "Cassini, Eduardo César contra Hospital Italiano, Asociación de Socorros Mutuos y Beneficencia de La Plata. Despido", traída ad effectum videndi et probandi ), arribando al convencimiento de su aplicabilidad en la especie (v. fs. 542 vta./544).
En esta línea de reflexión, ponderó especialmente que todos los pasos de la carrera hospitalaria observada por el doctor Cassini habían sido en función de la nomenclatura y demás formalidades emergentes de dicho Convenio-Reglamento, siéndole notificados al galeno cada uno de esos hitos con expresa cita del respectivo articulado (v. fs. 544 vta./545 vta.).
Asimismo, que no habiendo sido esta normativa denunciada en los términos de su art. 115 (o cuanto menos, no habiendo prueba de ello en el expediente), sumado a los actos propios de la demandada en lo que hace al reconocimiento del derrotero profesional hospitalario seguido por el mencionado profesional, remarcó su indudable aplicación a la hipótesis sub examine (v. fs. 545 vta.).
Por otro lado, descartó que el vínculo jurídico habido entre los aquí contendientes hubiera consistido en un contrato de locación de servicios (v. fs. 545 vta. y 546).
Sentado lo anterior, reparó en las circunstancias de hecho que dieron cuerpo al conflicto aquí ventilado. En tal sentido, puso de relieve que el día 19 de marzo de 2010 la demandada había remitido carta documento al actor, haciéndole saber de la revocación de la autorización para efectuar prácticas médicas en el hospital, alegando supuestas irregularidades en su respectiva actuación (v. fs. 546 vta.).
Seguidamente, puntualizó que el art. 88 del mencionado cuerpo reglamentario había previsto la inamovilidad de los profesionales incluidos en la carrera hospitalaria, así como que su sanción resultaba eventualmente posible mediante alegación de causa fundada e instrucción de un sumario previo. Correlativamente, adunó que el art. 89 había establecido para la especial tramitación: acusación previa, designación de instructor sumariante, vista al acusado, entre otros requisitos (v. fs. 546 vta. y 547).
Sopesando que en el caso no habían sido cumplidos ninguno de tales recaudos reglamentarios -en aspecto reconocido por la propia entidad accionada-, tuvo por acreditado que la desvinculación del actor importó un proceder antijurídico que debía ser reparado (v. fs. 547 y vta.).
III. Contra esta decisión se alza la demandada mediante recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 559/561 vta.).
De un lado, denuncia que el Tribunal omitió tratar cuestiones esenciales que fueran oportunamente introducidas por su parte (v. fs. 560/561).
Por otro, critica la valoración asumida por el a quo respecto de la "estabilidad laboral" de los médicos prevista en el convenio (v. fs. 561) y la contradictoria conducta previa observada por el señor Cassini al iniciar primeramente un juicio laboral y luego un reclamo civil (v. fs. 561 y vta.).
III.1.a. En cuanto a la señalada preterición, alega que no se consideraron las actuaciones administrativas obrantes en la causa laboral traída ad effectum videndi et probandi , de las que emerge el cuestionamiento al doctor Cassini por la atención de tres pacientes, y la vista que se le confirió para ejercer su defensa en forma previa a revocarle la autorización (v. fs. 560).
Asimismo, califica como exceso ritual o un "formalismo sin sentido" a la atribución exclusiva del carácter de "sumario" al estipulado en el Convenio-Reglamento y no al llevado a cabo mediante el trámite de las señaladas actuaciones administrativas (íd. fs. cit.).
Correlativamente, estima que la "omisión" de considerar estas actuaciones importó apartarse de las circunstancias probadas de la causa, dando lugar a un fallo basado en la sola voluntad del juzgador y recayendo, por ende, en la arbitrariedad tipificada por la Corte Suprema nacional (v. fs. 560 vta. y 561).
III.1.b. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, advierto que la cuestión esencial que se dice omitida fue abordada y resuelta en forma expresa por el a quo , circunstancia que de por sí desplaza a la reseñada argumentación crítica.
En efecto, nótese que la temática esencial que -en rigor- se aduce preterida (si hubo instrucción del sumario previsto en los arts. 88 y 89 del Convenio-Reglamento de marras o si tal procedimiento pudo cumplimentarse con lo actuado en ámbito extrajudicial), mal que le pese a la recurrente, fue puntualmente abordada por la Cámara en cuanto reparó en las respectivas alegaciones de la demandada y concluyó en que el procedimiento llevado a cabo para la desvinculación del señor Cassini no había cumplido con las formalidades del Convenio-Reglamento aplicable a la relación entre las partes (v. esp. fs. 547 y vta.).
Sabido es que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que esta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017 y C. 122.842, "Registro de Contratos Públicos n° 4. Partido de Lincoln", sent. de 17-XI-2020).
III.2. En cuanto a la restante vertiente crítica, cabe decir que la argumentación desplegada en torno a la "estabilidad" de los médicos eventualmente prevista en el Convenio-Reglamento y a la teoría de los actos propios que inhabilitaría la pretensión resarcitoria del actor (v. fs. 561 y vta.) en todo caso importan un cuestionamiento al acierto jurídico del fallo, ensayo que resulta evidentemente ajeno al conocimiento propio del presente andarivel procesal.
Al respecto, este Tribunal ha expresado en forma reiterada que las alegaciones dirigidas a cuestionar el acierto jurídico de lo resuelto mediante la imputación de típicos errores in iudicando se hallan detraídas del ámbito de actuación del recurso extraordinario de nulidad, resultando propias del de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 91.811, "Siri", sent. de 3-VI-2009, C. 119.637, "Fornasar", sent. de 22-VI-2016 y C. 121.226, "Quinteros", sent. de 29-VIII-2018).
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 572/573 vta.), corresponde rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 296, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra el mismo pronunciamiento de grado se alza el Hospital Italiano de La Plata mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia una absurda cuantificación del rubro "lucro cesante" que representa un menoscabo patrimonial a su parte, con manifiesta violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional. Formula reserva del caso federal (v. fs. 562/565).
Argumenta, en síntesis, que ha mediado una absurda apreciación de la prueba pericial contable por parte de la Cámara, ya que sin respaldo alguno en la misma proyectó los ingresos del actor -desde el momento de la desvinculación hasta el de cumplir la edad jubilatoria- al mismo valor que el obtenido al segundo año posterior a la desvinculación, sin considerar que, por lógicas circunstancias de la vida y de la técnica propia del arte, el número de cirugías que realizan los profesionales médicos va en disminución hacia los últimos años de su vida laboral activa (v. fs. 564).
II. La impugnación no prospera.
En lo concerniente, y conforme los términos de la pericia contable de fs. 310/315, la Cámara valoró -al igual que la iudex a quo - que lo dejado de percibir por el doctor Cassini en concepto de ingresos durante el último año previo a la desvinculación (marzo 2009-febrero 2010) ascendía a $366.641,20. En base a ello, precisó que el respectivo importe mensual fue de $30.553. Seguidamente, y considerando que el tiempo transcurrido entre la revocación de la autorización y la fecha en que el actor estaría en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio era de ochenta y nueve (89) meses, coincidió también en que la suma no cobrada por el señor Cassini como médico en el Hospital Italiano fue de $2.719.217. Sin embargo, y a diferencia de lo establecido en el fallo de primera instancia, ponderó que a este monto correspondía restarle los ingresos percibidos con motivo de la posterior labor desplegada por el galeno en otro centro asistencial. En este sentido, estimó prudente reducir dicho importe resultante en un 25% (v. fs. 550 vta. y 551).
Pues bien, de lo dicho emerge que el valor mensual considerado por el Tribunal para el cálculo del renglón fue obtenido del cociente del total anual correspondiente al periodo marzo 2009-febrero 2010 (en el mes de marzo de ese año se comunicó al señor Cassini la desvinculación) sobre doce (12; meses) y no, conforme lo postula la recurrente, al del "...segundo año posterior a la desvinculación" (fs. 564 cit.), circunstancia que de por sí enerva este aspecto del ataque.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- desinterpreta los términos expuestos por la Cámara y parte de premisas erróneas, limitándose a discrepar con las conclusiones del fallo (conf. doctr. causas C. 117.573, "Scrimaglia", sent. de 5-III-2014; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016; C. 120.670, "Ostheguy", sent. de 12-VII-2017 y C. 122.099, "Betancort", sent. de 22-IX-2020).
Por otro lado, tampoco es de recibo la restante alegación que se limita a señalar una supuesta disminución de cirugías en los últimos años de actividad profesional "...por lógicas circunstancias de la vida y de la técnica requerida al efecto de cumplir sus prácticas..." (fs. 564 cit.).
En efecto, el razonamiento no solo no formó parte del esquema litigioso -desde que nada dijo sobre el tema la interesada en su contestación de demanda (v. fs. 143/148)- sino que se lo exterioriza aquí como un simple enunciado sin más explicación o justificación argumental.
Si bien es claro que la incipiente premisa parece orientarse hacia la demostración de una merma paulatina en los ingresos del señor Cassini para, de allí, concluir en la necesidad de una reducción de la cifra indemnizatoria, no menos lo es que ninguna mención o referencia en tal sentido porta el recurso. No hay expresión de estadísticas, cifras o cálculos que abonen la idea, ni referencias concretas al plexo probatorio de autos. En suma, no hay un verdadero despliegue que permita al planteo erigirse en un agravio en el sentido técnico procesal del vocablo (doctr. arts. 384 y 279, CPCC).
Así las cosas, vale recordar que para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina, debe contener la impugnación cabal del razonamiento jurídico de los sentenciantes y la enunciación de los agravios que este provoca seguida del desarrollo de aquellos, de lo contrario la queja deviene insuficiente (conf. causas Ac. 102.322, "Quiebra de Cuende, José D.", sent. de 10-II-2010; C. 120.054, "d. B., K. M. J. y C. d. B., B. A.", sent. de 1-VI-2016 y C. 122.340, "Brom", sent. de 11-VIII-2020).
A estos óbices técnico procesales se agrega que el planteo no acierta a evidenciar el supuesto absurdo en que habría recaído la Cámara al cuantificar el respectivo capítulo resarcitorio: sea por haberse apartado arbitrariamente de los términos periciales, sea por la fijación del importe resarcitorio en sí.
En efecto, y en contrario de lo que se esgrime, es claro que la estimación de la Cámara se apoyó indudablemente en los guarismos y demás conclusiones del respectivo dictamen contable, tanto para la determinación del rubro como para su correlativa disminución porcentual. De allí que, más allá de cierto margen opinable, tampoco luce ilógico o irracional el quantum debeatur reconocido por el pronunciamiento.
Sabido es que el concepto de absurdo remite a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Mas no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones o supuestos intentos similares alcanzan para configurar el absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas C. 111.814, "M. J., R.", sent. de 27-VI-2012; C. 117.068, "G., N. G.", sent. de 7-IX-2016; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018 y C. 121.912, "Cos", sent. de 26-XII-2019).
Siendo evidente que en la especie no se verifica tan grave e inusual hipótesis, queda sellada la suerte adversa del embate.
III. Corolario de lo anterior es que deviene inabordable la denunciada transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución de la Nación, ya que tal quebrantamiento se encuentra subordinado, en el caso, a una no probada violación de la invocada doctrina del absurdo (conf. causas C. 101.536, sent. de 9-VI-2010; C. 107.385, sent. de 29-VIII-2012 y C. 117.929, "M. Bilbao y Cía. S.A.A.I.C.I. y F.", sent. de 24-IX-2014).
IV. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado las infracciones denunciadas, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta instancia a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del remedio de nulidad (v. fs. 572/573 vta.), se rechazan los recursos extraordinarios interpuestos. Las costas correspondientes a esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68, 289 y 296, CPCC).
El depósito previo acreditado en autos queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:57:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 22:10:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2021 16:30:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:48:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:17:39 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia