Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122903
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
Con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68 y 303, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.903, "Mendez, Liliana Esther y otro contra Simonoff, Iván Nicolás. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata dejó sin efecto en lo que aquí interesa destacar- la regulación de honorarios del mediador prejudicial doctor Carlos Alberto Mazzei practicada por la señora juzgadora de origen (v. fs. 614/632).
Se interpusieron, por el señor Carlos Alberto Mazzei, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 639/649 y 650/657), siendo ambos remedios concedidos por el Tribunal a quo (v. fs. 658 y resol. electrónica de 2-X-2018).
En razón de la insuficiencia del monto económico del agravio y de la ausencia de una cuestión federal involucrada, esta Corte declaró mal concedido el primero y ordenó, por el segundo, remitir los autos a la Procuración General (art. 302, CPCC; v. resol. electrónica de 26-VI-2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 11-IX-2019), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora magistrada de primera instancia, tras aprobar la liquidación practicada a fs. 517/519, procedió a regular los honorarios de los profesionales intervinientes en autos, estableciendo los estipendios del doctor Carlos Alberto Mazzei en su carácter de mediador prejudicial- en la suma de $161.934, con más sus respectivos aportes previsionales (v. fs. 528/529).
II. Apelada esta decisión, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental la modificó (v. fs. 614/632).
En su pronunciamiento, el Tribunal de Alzada abordó oficiosamente el examen de constitucionalidad del actuado art. 27 del decreto reglamentario 2.530/10, el que reputó inconstitucional por resultar a su entender- violatorio de los arts. 15, 45, 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial; 16 y 17 de la carta magna nacional y 21 incs. 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Seguidamente, y con base en el art. 1.627 del Código Civil en tanto era la norma vigente al tiempo de originarse los trabajos que aquí se justiprecian-, fijó los estipendios profesionales del mediador Mazzei en la suma de trece mil pesos ($13.000), con más el aporte previsional de ley.
III. Contra tal fallo se alza este último mediante recurso extraordinario de inconstitucionalidad, en el que aboga por la validez constitucional del art. 27 del referido decreto 2.530/10 y, por ende, en favor de la regulación especial practicada conforme la escala allí prevista (v. fs. 650/657).
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. El remedio contemplado en el art. 161, inc. 1, de la Constitución de la Provincia y regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial solo se abre cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales bajo la pretensión de ser contrarios a las normas de la Constitución local (conf. doctr. causas Ac. 93.822, "Coema", resol. de 11-IV-2007; Ac. 97.195, "Mendieta", resol. de 18-IV-2007 y C. 108.939, "Tejera Castro", sent. de 29-XI-2017), no siendo este el cauce procesal apto para expresar agravios concernientes al ajuste o desajuste de normas respecto de la Constitución nacional o el derecho supranacional incorporado al ámbito interno, cuyo cuestionamiento puede formularse por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 103.069, "Banda", resol. de 7-VII-2010 y C. 98.720, "Ceamse", resol. de 21-IV-2010).
En otras palabras, para habilitar la competencia extraordinaria a través de la senda escogida, es necesario que se haya planteado y decidido en la instancia ordinaria un caso constitucional local, lo que naturalmente importa haber efectuado un confronte normativo entre una ley local y la Constitución provincial.
IV.2. Ahora bien, en la especie, la declaración de inconstitucionalidad del art. 27 del decreto 2.530/10 reglamentario de la ley provincial 13.951- encontró apoyo en su colisión respecto de las disposiciones de la Constitución local, de la Constitución nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
IV.2.a. En primer lugar, el Tribunal a quo sostuvo que el referido art. 27 incurre en un exceso reglamentario del art. 31 de la ley 13.951. Puntualmente interpretó que esta última disposición ordena que el mediador reciba una suma "fija", delegando en el decreto la determinación de su monto, condiciones y circunstancias, pautas estas que estimó desoídas en la reglamentación dictada. Así dijo- la suma fija a la que alude la ley "...no se condice [con la determinación de] los honorarios en vista a los jus unidad de valor- como prevé el decreto".
A ello adunó que el precepto cuestionado también se apartó de la ley al tener solo en cuenta el monto reclamado o el de la sentencia o acuerdo-, sin estimar ningún otro parámetro, obviando sopesar la dedicación, función y tiempo que al mediador le ha insumido su labor.
Estas dos circunstancias, a su juicio, evidencian la discordancia entre el texto de la ley y su decreto reglamentario, infringiendo los arts. 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial que contiene análoga limitación a la establecida en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional.
IV.2.b. De otra parte, y correlacionado con lo anterior, juzgó que el sistema implementado en el decreto provincial 2.530/10, al calcular los honorarios de los mediadores en atención solo a la suma reclamada, desatendiendo las características de la función desempeñada y según una unidad de valor que varía en el tiempo, torna arbitraria e irrazonable su estimación, conculcando a su parecer- el art. 17 de la Constitución nacional.
IV.2.c. Seguidamente, reputó que la norma también vulnera lo prescripto por los arts. 16 de la Constitución nacional, 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 y 27 de la Constitución provincial, por resultar abiertamente desigual con las pautas establecidas para fijar los estipendios de abogados y peritos. Aseveró al respecto que el sistema delineado por el decreto produce disparidades o desproporciones injustificadas en tanto al mediador se le remunera conforme pautas de valor con relación a una suma fija que termina siendo desmedida en comparación con el letrado, a quien en un proceso de monto determinado se le reconoce un porcentaje de tal suma que culmina siendo mucho menor no obstante la mayor labor desempeñada. Consideró, por tanto, inaplicable el decreto en cuestión siguiendo el criterio sentado por este Tribunal en torno a las remuneraciones de contadores estatuidas por la ley 10.620 por infringir el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional y 10 y 27 de la Constitución provincial.
IV.2.d. Por fin, juzgó que esta forma de regular los honorarios de los mediadores importa un encarecimiento desproporcionado de la solución de los litigios, vulnerando el acceso a la justicia y lo normado por los arts. 15, 45 y 57 de la Constitución provincial; 17 de su par nacional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
IV.3. De la reseña efectuada surge que el fallo en crisis ha procedido a la confrontación de la norma local art. 27 del decreto 2.530/10- con normas de la Constitución nacional y de tratados internacionales de igual jerarquía, como así también con los preceptos de la Constitución provincial, concluyendo que ha mediado quebrantamiento tanto del orden supralegal local como federal. Ello alcanza, en mi opinión, para tener por configurado en concreto el caso constitucional provincial, habilitando la vía intentada por la impugnante (art. 299, su doctr., CPCC).
Sin embargo, la protesta ensayada luce insuficiente a los fines de conmover el pronunciamiento de grado. Veamos.
En su pieza recursiva, el mediador objeta la configuración del exceso reglamentario imputado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 653/655), como así también el supuesto encarecimiento del costo para litigar y la vulneración del acceso a la justicia (v. fs. 655/656).
Por el contrario, omite toda réplica respecto de la alegada violación de la igualdad también declarada por la Cámara, tanto con apoyo en los arts. 16 de la Constitución nacional y 24 de la Convención Americana como de los arts. 10 y 27 de la carta magna local, segmento de la decisión que es soslayado en el remedio bajo tratamiento (arts. 279 y 300, CPCC).
IV.4. Por lo expuesto y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado, con costas (arts. 68, 299, 300, 303 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, dando el mío por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo y, en consecuencia, doy el mío por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo y, en consecuencia, doy el propio también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
Con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68 y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:57:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 20:09:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 22:11:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:47:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:16:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia