Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122588
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.588, "González, Maximiliano Ramiro contra Acosta, Emir Dorval y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza confirmó la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la demanda, haciendo extensiva la condena contra Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A. en los límites del contrato de seguro (v. fs. 1.014/1.037).
Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.043/1.050).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El actor -Maximiliano Ramiro González- dirigió su pretensión resarcitoria contra Emir Dorval Acosta y/o contra quien resultara propietario del vehículo motocicleta marca Yamaha dominio DWE 049 en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz de un accidente de tránsito acaecido el día 6 de octubre de 2008. Asimismo, citó en garantía a Antártida Compañía de Seguros S.A. (v. demanda: fs. 11/26).
A fs. 77/129 se presentó la letrada apoderada de la referida compañía, denunciando los límites de su responsabilidad y haciendo reserva de declinar la cobertura en caso de culpa grave del asegurado.
El magistrado de origen hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a Emir Dorval Acosta a abonar al actor la suma de ochocientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($842.558), con más los intereses establecidos, dentro del plazo de diez días de quedar firme la sentencia. Asimismo, hizo extensiva la condena contra Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A. en los límites y con los alcances de la cobertura asumida (v. fs. 897/912).
Con relación a este tópico, expresó que no podía afirmarse que las cláusulas limitativas de cobertura fuesen estipulaciones contractuales que perjudicasen a terceros, pues constituían el ejercicio razonable de una limitación del riesgo de la actividad. A ello agregó que, si un tercero podía cobrar al asegurador una suma superior a la contratada, ello no solo violaba la ley sino que consagraba una obligación sin causa (conf. art. 499, Cód. Civ.). A continuación, afirmó que, si bien el tercero podía llegar a ser acreedor de la aseguradora del causante del daño, siempre debían respetarse las limitaciones de las cláusulas contractuales pactadas en dicha convención, las que -a su vez- estaban subordinadas a la normativa vigente.
En suma, concluyó que de lo que se trataba en el supuesto de limitación de cobertura asegurativa era de no condenar a la aseguradora a pagar una suma mayor de aquella a la que se había comprometido, de acuerdo con las previsiones de la póliza (conf. art. 11, ley 17.418).
En el caso particular, advirtió que tanto de la póliza de seguro acompañada a fs. 84 como del informe pericial contable que lucía a fs. 483 y vta. surgía el hecho modificativo de la responsabilidad de la citada en garantía, siendo la responsabilidad máxima asegurada de $50.000 (conf. arts. 375, 384 y 474, CPCC.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por el actor, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza confirmó la decisión (v. fs. 1.014/1.037).
En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal de Alzada -luego de definir el concepto de la franquicia y recordar que la posibilidad de responder sin límites es una tendencia a desaparecer en la actualidad- juzgó que la sentencia debía ser ejecutada en la medida del seguro de responsabilidad civil, es decir, en los límites y con los alcances de la cobertura pactada, siendo oponible al damnificado la franquicia estipulada en el contrato.
Para así resolver, recordó que entre la aseguradora y la víctima no mediaba ningún nexo. En tal sentido, expresó que esta última era ajena a la relación contractual existente entre el asegurado y la aseguradora y, por tanto, no se hallaba habilitada para invocar dicho contrato en su favor (art. 1.199, Cód. Civ.). Al respecto, agregó que el seguro de responsabilidad civil, por definición, había sido concebido como un contrato por cuenta y a favor del eventual responsable y no del damnificado, quien quedaba relegado a la condición de tercero extraño al vínculo negocial asegurativo, pues no adquiría por efecto del contrato un derecho autónomo.
III. Esta forma de decidir motivó la interposición -por parte del actor- del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.043/1.050, mediante el cual denuncia la errónea aplicación de los arts. 2, 10, 12, 279, 344, 725, 726, 938, 939, 1.014, 1.061, 1.142, 1.721, 1.722 del Código Civil y Comercial de la Nación; 68 de la ley 24.449; 17, 18, 75 inc. 22 y concordantes de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y 171 de su par provincial y de la circular administrativa 2.819 de fecha 3 de mayo de 1993 mantenida por las resoluciones 35.863/11 y 39.927/16, dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Aduce el vicio de absurdo y la violación de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal.
En prieta síntesis, alega que la sentencia hoy puesta en crisis, en tanto declara oponibles al damnificado las estipulaciones limitativas de responsabilidad insertas en el contrato de seguro, vulnera la doctrina legal de esta Corte emanada de la causa C. 119.088, "Martínez" (sent. de 21-II-2018), arribando a una solución injusta al limitar la cobertura del ente asegurador a una suma irrisoria, inferior al 10% del monto total de la condena.
En tal sentido, solicita que se declare la inoponibilidad de la cláusula de limitación de cobertura suscripta en la póliza denunciada y se decrete su nulidad, en tanto vulnera el principio de buena fe e importa convalidar la ilícita eximición del asegurador del compromiso asumido de resarcir a la víctima del siniestro de manera equitativa.
IV. El recurso prospera, con el alcance que indicaré a continuación.
IV.1. De manera liminar, cabe aclarar que si bien la Cámara desarrolla in extenso el concepto y alcance de la franquicia en el contrato de seguro, en el caso la discusión versa sobre la validez de una "cláusula de limitación de responsabilidad" en razón del tope establecido en la póliza contratada por el demandado Emir Dorval Acosta para el motovehículo particular que ocasionara el siniestro (v. póliza de seguros: fs. 84 y sigs. y presentación aseguradora: fs. 77/129).
En efecto, la "franquicia" constituye una cantidad -en general, de dinero- por la que el asegurado es el propio asegurador de sus riesgos y en virtud de la cual -en caso de un accidente- soportará con su patrimonio la parte de los daños que le corresponda. De este modo, si el importe del siniestro es inferior a la cantidad estipulada como franquicia, su coste correrá por completo a cargo del asegurado; si es superior, la aseguradora solo indemnizará por el exceso de aquella. En la doctrina se dice que la franquicia y el descubierto obligatorio integran técnicamente las limitaciones del riesgo cubierto y la cuantía de la indemnización comprometida por el asegurador y que ambas circunstancias tienen por objeto desentenderse de los pequeños infortunios que originan gastos administrativos inadecuados y mejorar en la práctica el cuidado del riesgo, poniendo a cargo del asegurado parte de los daños ocasionados por el incidente automovilístico (conf. Meilij, Gustavo R. y Barbato, Nicolás H.; Tratado de Derecho de Seguros , Zeus, 1975, págs. 61/62 y 353, n° 123/124 y 407: Meilij, Gustavo R.; "Franquicia y descubierto obligatorio", Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, 2012-VII-207; Stiglitz, Rubén S.; Derecho de Seguros , 5ta. Edición, La Ley, 2008, T. III, pág. 112, n° 1.068 y sigs.).
En cambio, las cláusulas limitativas de responsabilidad son aquellos instrumentos de los cuales se sirve el deudor para eludir la responsabilidad o para reducir el alcance de sus consecuencias no obstante la deficiencia de su esfuerzo para la realización del (exacto) resultado debido al acreedor (Jordano Fraga, Francisco; La responsabilidad contractual . Civitas. 1987, págs. 332 y 333). Se sostiene que el ámbito más propicio de esta clase de pactos son los negocios celebrados sobre la base de cláusulas predispuestas o condiciones negociales generales (Rezzónico, Juan Carlos; Contratos con cláusulas predispuestas. Condiciones negociales generales . Astrea. 1987. pág. 488; Stiglitz, Rubén S., "Invalidez de las cláusulas limitativas de responsabilidad en la contratación predispuesta", revista La Ley 1984-D-995 y en Trigo Represas, Félix., Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales. Parte General. "La Ley", 2007. Tomo I, págs. 1.533 y sigs.).
Las cláusulas de esta naturaleza son, en principio, lícitas, puesto que se dirigen a sustituir un régimen dispuesto por la ley sobre la base de normas dispositivas (Spota, Alberto G.; Instituciones de Derecho Civil. Contratos , 2da. Edición, La Ley, 2009, Tomo I, págs. 59/60, n° 28). Sin embargo, es necesario tener en cuenta la incidencia del poder negocial del estipulante, pues si "...el débil se halla a merced del fuerte, que puede permitirse gratuitamente todas las imprudencias, no habrá servido de nada edificar la teoría protectora de la responsabilidad. La cláusula de no-responsabilidad hará que quede sin aplicación" (Rezzónico; Contratos con cláusulas predispuestas , ob. cit., pág. 490).
IV.2. En el presente caso, conforme surge de la propia alegación efectuada por la citada en garantía, documental agregada y pericial contable producida en autos (v. fs. 77/129, 483 y vta.), no nos encontramos ante el caso de una franquicia, sino frente a una forma de delimitar la obligación resarcitoria a cargo de la aseguradora, esto es, una "cláusula limitativa de responsabilidad".
En suma, la discusión versa sobre el alcance de la obligación a cargo de la compañía de seguros frente a los daños sufridos por un tercero, teniendo en cuenta el límite de responsabilidad estipulado en la póliza, el cual asciende, en el sub lite, a la suma de cincuenta mil pesos ($50.000).
IV.3. Así deslindada la cuestión, considero que los reproches esbozados por el recurrente afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, resultan atendibles.
IV.3.a. En efecto, cabe observar que a la fecha de ocurrencia del siniestro (6 de octubre de 2008) se encontraba vigente en la provincia el Código de Tránsito (ley 11.430, desde diciembre de 1993) que, en su art. 92, disponía que todo vehículo que transitara o circulara por la vía pública debía contar con una cobertura vigente de seguro de responsabilidad civil hacia terceros, a la vez que su art. 47 inc. 3 establecía como requisito para circular el portar comprobante o certificado de dicha cobertura.
Tal normativa local había sido sancionada a posteriori del dictado del decreto de necesidad y urgencia nacional 692/92, aprobatorio del Reglamento Nacional de Tránsito (art. 12, dec. 2.254/92, t.o.), en el que se había establecido el seguro obligatorio por eventuales daños a terceros producidos en accidentes viales y cuyo alcance sería reglamentado por la autoridad en materia aseguradora (v.gr. Superintendencia de Seguros de la Nación, art. 67). Luego, la sanción de la mencionada norma local había importado la adhesión implícita de esta provincia -y en esta cuestión- a lo dispuesto en el referido decreto nacional (a tenor de la invitación efectuada por la Nación, conf. art. 6, dec. 692/92).
En virtud de ello, la posterior entrada en vigencia en 1995 de la Ley de Tránsito nacional 24.449 que vino a sustituir el reglamento referido, al mantener en semejantes términos la exigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros (incluida la delegación de facultades a la autoridad en materia aseguradora para fijar o aprobar sus términos y condiciones básicos), sostuvo la decisión provincial de continuar admitiendo la delegación de competencias conforme el mecanismo establecido desde 1992 (conf. arts. 12l, l22, l23, l26 y concs., Const. nac.), por lo que la ulterior sanción de la ley local 13.927 solo importó la adicional incorporación al ámbito provincial de todos aquellos aspectos reguladores del tránsito que hasta entonces no regían.
IV.3.b. En este marco, al tiempo del accidente de autos resultaban aplicables las resoluciones generales 21.999/92 y 22.058/93 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, reguladoras de la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio (conf. circular SSN 3.809). Las mismas habían establecido la cobertura hacia terceros por los daños causados por el vehículo asegurado y con los límites mínimos que allí se indicaban: (i) por muerte o incapacidad total y permanente, treinta mil pesos ($30.000); (ii) por incapacidad parcial y permanente, la suma que resultase de aplicar el porcentaje de incapacidad padecida sobre el monto previsto para el caso de muerte o incapacidad total y permanente; (iii) por gastos de sanatorio, mil pesos ($1.000); (iv) por gastos de sepelio, mil pesos ($1.000). Asimismo, se preveía un límite por acontecimiento igual al doble del previsto para el caso de muerte o incapacidad total y permanente (conf. art. 1).
Paralelamente, también se hallaban vigentes a esa fecha las resoluciones generales 22.187 Bis/93 y 27.033/99 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de las cuales se había fijado un sistema voluntario de cobertura para la responsabilidad civil nacida del uso de vehículos automotores por encima de la garantía mínima obligatoria, fijándose límites cuantitativos máximos de cobertura tanto por acontecimiento como por persona fallecida o lesionada (circular SSN 2.842). La última de las resoluciones mencionadas establecía un límite económico máximo de garantía (i) por daños corporales a personas no transportadas en la suma de dos millones de pesos ($2.000.000) por acontecimiento, no correspondiendo una indemnización mayor de quinientos mil pesos ($500.000) por persona afectada; (ii) por daños materiales a cosas de terceros, de quinientos mil pesos ($500.000) por acontecimiento; (iii) y por daños corporales a personas transportadas, de quinientos mil pesos ($500.000) por acontecimiento, no correspondiendo una indemnización mayor de ciento veinticinco mil pesos ($125.000) por persona afectada (conf. Anexo II).
En el sub lite , el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro una cobertura superior a la garantía mínima obligatoria (daños corporales a personas no transportadas: $200.000 por acontecimiento, no correspondiendo una indemnización mayor de $50.000 por persona afectada; y por daños materiales a cosas de terceros: $50.000 por acontecimiento), tal como surge de la póliza agregada a fs. 84 y dictamen pericial contable obrante a fs. 483 y vta.
El Tribunal a quo, al tratar los agravios oportunamente expresados por las partes contra dicha sentencia definitiva, confirmó los montos indemnizatorios estimados a valores actuales por el magistrado de origen a la fecha de su decisorio, 9 de marzo de 2017, tasación que adquirió firmeza y pretendió expresar la adecuación de tales valores a la realidad económica del momento en que se pronunció el fallo y que no cabe confundir con el empleo de mecanismos de "actualización", "reajuste" o "indexación" de montos históricos, que suponen una operación matemática (conf. causas C. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialgo", sent. de 28-X-1997; C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; C. 92.667, "Mercado", sent. de 4-IX-2005; e.o.).
Así, la sentencia de primera instancia dispuso que la reparación de la incapacidad física, daño físico, daño a la vida de relación y daño estético padecido por el actor ascendía a la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000); el resarcimiento del daño moral a doscientos cincuenta mil pesos ($250.000); por el tratamiento psiquiátrico y/o psicológico a ochenta y ocho mil pesos ($88.000); por gastos farmacéuticos, radiográficos periódicos, analgésicos y médicos, indemnización por días de internación y/o tratamiento a la suma de cincuenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($51.558) y por gastos de movilidad tres mil pesos ($3.000); todo lo que ascendía a un total de ochocientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($842.558), más intereses (v. fs. 897/912).
IV.4. Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho, no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. l, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com. y 47, 92 y concs., ley 11.430 y doctr. causas C. 119.008, "Martínez", sent. de 21-II-2018 y C. 118.227, "Martínez", sent. de 22-IX-2020).
IV.4.a. En efecto, cuando la entidad de los daños sufridos por la víctima fue apreciada por el magistrado de origen, luego confirmada por Tribunal de Alzada -a los fines de la ejecución de la garantía-, los montos máximos de cobertura previstos en la póliza de seguros inicialmente contratada habían sido ya superados por la garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil reglamentada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, resultando aplicable para dicha época la resolución general 39.927/16 (B.O., 18-IV-2016), a través de la cual se había actualizado el límite del seguro de responsabilidad automotor obligatorio a la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000), por muerte o incapacidad total y permanente por persona (doctr. arts. 2, 15 y concs., Cód. Civ.).
Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto con una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las presta
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