Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC);
2Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido respecto de los coactores A. Y., A. N. y J. R. (art. 278, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, desestimar el interpuesto en relación a la señora E. B. (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 122.656 "B. E. B. C/ YANTORNO JUAN ROBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmando, en consecuencia, lo resuelto por el magistrado de la instancia de inicio que, a su turno, rechazara la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la señora E. B. -por derecho propio y en representación de sus hijos A. Y., A. N. y J. G. R., todos menores de edad al promover estas actuaciones- contra Juan Roberto Yantorno, Juan José Diez -hoy sus sucesores-, Fernando Luis Barragán y la citada en garantía Liderar Cía. General de Seguros S.A. (v. sents. fs. 1595/1606 y fs. 1895/1900 -cops. digs. de 29-VIII-2014 y 27-II-2018, resp.-).
Frente a ello, el apoderado de la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1931/1942 y 1918/1930 -cops. digs. de 16-III-2018), los cuales fueron concedidos (v. fs. 1947/1948, resol. de 10-V-2018).
II. Ingresando en el análisis del recurso extraordinario de nulidad, mediante el cual se aduce la preterición de un tópico esencial, se anticipa que éste no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central de la litis , vinculada con el progreso de la pretensión, ha sido desplazada por el razonamiento del a quo (v. págs. 8/10 de la sentencia electrónica). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con la ponderación del escrito de expresión de agravios, se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, las que resultan extrañas a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 13/20 del escrito recursivo digitalizado; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. Pasando ahora a analizar los requisitos de admisibilidad de la vía de inaplicabilidad de ley incoada, cabe recordar que esta Corte ha sostenido que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para los actores que se agravian por la desestimación de su reclamo, por las sumas individualmente peticionadas -en concepto de indemnización- en la demanda que fuera rechazada en ambas instancias (conf. causas C. 112.440, "Di Palma de Colaci", resol. de 8-IX-2010; C. 112.393, "Allamano de Rivada", resol de 29-II-2012; C. 120.655, "B., C. E. y otros", resol. de 15-XI-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021; C. 123.248, "Balboa", resol. de 19-IV-2021).
Así, en el caso, se advierte que las sumas reclamadas en la demanda por la señora B. en favor de sus hijos no alcanzan para ninguno de ellos el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -de $ 486.000, según ley 14.141 y Acordada 3.869/17, vigente a la fecha de interposición de la misma-; sin que corresponda a fin de evaluar tal recaudo de admisibilidad adicionar intereses, ni actualizar dicho monto (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 119.465, "Di Santo", resol. de 18-III-2015; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 122.699 y C. 122.670, cits.; C. 122.856, "Rodríguez", resol. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021; C. 122.236 "Chaparro", resol. de 4-V-2021).
Finalmente, tampoco se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.732, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020 y C. 123.581 "Angelini", resol. de 19-IV-2021).
En consecuencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fuera deducido en favor de los coactores A. Y., A. N. y J. R. resulta inadmisible respecto de éstos (art. 278, cit.).
IV. Abordando la vía interpuesta en relación a la señora E. B., por medio de la cual se alega infracción a los arts. 260, 375, 384 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional, se anticipa que ésta tampoco puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha establecido este Superior Tribunal que la apreciación de la suficiencia de la expresión de agravios constituye una cuestión de hecho privativa de los jueces de grado y, en principio, ajena a esta instancia extraordinaria, salvo la denuncia y efectiva demostración de que se ha incurrido en el absurdo (conf. doctr. causas C. 102.983, "Flores", sent. de 17-XII-2008; C. 94.533, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 3-XI-2010 y C. 119.453, "Hugo Santiago e Hijos S.A.", sent. de 2-III-2016; entre otras), vicio que no se encuentra acreditado en la especie (art. 279, CPCC).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 27 de febrero de 2018 -a la luz de la pieza de fs. 1775/1784- para confirmar la solución de primer grado, sostuvo que "... la carga procesal dispuesta por el art. 260 del CPC no ha sido cumplida, toda vez que la técnica recursiva utilizada por la accionada para refutar la resolución del Juez de grado carece de rigor técnico, resultando, así, insuficientes las manifestaciones vertidas en su expresión de agravios, pues no advierto en ninguna de ellas un razonamiento jurídico suficiente dirigido a resaltar los supuestos errores en que hubiera incurrido el juzgador. De conformidad con todo lo expuesto, no habiendo cumplido el apelante con la carga de 'critica concreta y razonada' dispuesta en el art. 260 del C.P.C, mal puede atenderse a los agravios bajo análisis..." (v. pág. 10).
Tal basamento, que se constituye en el eje central del fallo atacado, no logra ser conmovido por los reproches obrantes en las págs. 16/24 del discurso impugnativo digitalizado, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados a las bondades del escrito de expresión de agravios y las facultades revisoras del a quo ) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la habilidad del título ejecutivo (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para repeler esta fracción revisora y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas en la pág. 6 del escrito digitalizado (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales y a los Tratados internacionales que se expresan en la referida pág. 6 del líbelo recursivo, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC); 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido respecto de los coactores A. Y., A. N. y J. R. (art. 278, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, desestimar el interpuesto en relación a la señora E. B. (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:12:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:27:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia