Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122938
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas.
C. 122.938 "RIOS CESAR DOMINGO C/ EXPRESO GRANATE S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo parcialmente lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Clementina Castillo y continuada, tras su fallecimiento, por su hijo César Domingo Ríos, contra Expreso Granate S.A. y Leonardo Retamozo, a quienes condenó, junto a la citada en garantía Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada -a esta última, en la medida del seguro- a abonar al actor la suma total de $ 203.900 en concepto de los rubros valor vida, daño moral y gastos de traslado y sepelio, con más los intereses a la tasa que estableció. Asimismo, desestimó la pretensión por los conceptos de daño psíquico, tratamiento psicológico y lucro cesante (v. fs. 255/261).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental modificó lo así resuelto, elevando el monto asignado en concepto de daño material por la muerte del hijo -el que fijó en $ 300.000- y estableciendo otras pautas para la liquidación de los intereses a aplicar al importe de condena y lo confirmó en lo demás que fuera motivo de agravios (v. fs. 368/375).
Frente a ello, la firma aseguradora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 384/391), siendo concedido el primero (v. fs. 406) y denegado el restante -con sustento en la insuficiencia del valor del agravio- (v. fs. 407). Tal denegatoria motivó la articulación de una queja ante esta sede (v. fs. 438/446; art. 292, CPCC y Acordada 1.790).
Recibidas las actuaciones principales en virtud del remedio otorgado, se agregó la queja a las mismas (v. fs. 447).
II. Abordando el canal extraordinario de nulidad intentado, es del caso señalar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, el mismo sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 121.446, "Rodríguez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021).
En el supuesto que se considera, en la fundamentación del recurso que llega concedido a esta Corte, aunque se denuncia la infracción del citado art. 171 de la Constitución provincial y se insinúa que no se han abordado cuestiones planteadas, en ambos casos con referencia al rubro indemnizatorio valor vida (v. fs. 386 vta./387), lo cierto es que, en rigor, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en su contenido normativo, sino que la recurrente se disconforma con el acierto jurídico del fallo, esgrimiendo argumentos referidos a presuntos errores de juzgamiento -la falta de consideración de las pruebas producidas y de su postura en cuanto al lapso por el que correspondería, en su parecer, admitir en su caso el parcial aludido; v. fs. 386 vta./387-, los que no son propios del recurso bajo estudio sino del de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 123.041, "Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 123.454, "Bravo", resol. de 6-XI-2019; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 123.777, "Anselmi", resol. de 27-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.072, "Malmierca", resol. de 21-X-2020 y C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021).
En tales condiciones, el carril recursivo de nulidad incoado resulta inadmisible y, en consecuencia, ha sido mal otorgado (arts. 168 y 171, Const. prov. y 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 123.454 y C. 124.154, cits.).
III. Abordando ahora la queja interpuesta con motivo de la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 438/446), debe señalarse que, en el sub lite , el valor del agravio a los fines de lo normado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado para la recurrente, de conformidad con los planteos expuestos, por el importe de la condena establecida en su contra en concepto de "valor vida" por la Cámara que es objeto de cuestionamiento ante esta instancia (conf. doctr. causas C. 121.382, "Barrionuevo", resol. de 8-III-2017; C. 122.442, "Caverzasi Ortin y Cía. S.R.L.", resol. de 30-V-2018; C. 123.069, "Elicalde", resol. de 20-III-2019; C. 123.854, "Soraide", resol. de 6-VII-2020).
Así, dicho monto -$ 300.000; v. fs. 375 y vta.-, no alcanza el mínimo establecido en la referida norma (texto según ley 14.141 y Acordada 3.890/2018, vigentes a la fecha del recurso) para acceder a la revisión por la vía intentada, sin que corresponda -como se ha sostenido reiteradamente-, en atención a los agravios esgrimidos, adicionar intereses a tal suma (conf. doctr. causas C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017; C. 121.880, "Kriscovich", resol. de 11-X-2017; C. 122.503, "Cajide", resol. de 11-VII-2018; C. 122.856, "Rodríguez" y C. 122.670, "Weigel", ambas resols. de 18-II-2021).
Por otra parte, con respecto al planteo subsidiario por el que solicita que se aplique el art. 31 bis de la ley 5.827, atento a que en el canal extraordinario denegado se denuncia violación de doctrina legal (v. fs. 444 vta./445), debe señalarse que el texto de dicha norma no contiene una habilitación -que en todo caso debe establecer el legislador- análoga a la prevista en el art. 55 de la ley 11.653 para los procesos laborales. Antes bien, por su intermedio, en el párrafo tercero se faculta a esta Corte a "hacer lugar" a aquellos recursos de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley planteados cuando han sido estimados otros recursos en "casos sustancialmente análogos", reputando suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita del referido párrafo del art. 31 bis. Nada expresa, en cambio, en torno a las condiciones formales de admisibilidad propias de cada remedio (conf. causas C. 122.756 "Godoy", resol de 23-IX-2020; C. 124.098, "Bravo", resol. de 23-X-2020; C. 123.542, "Spegazzini", resol. de 25-XI-2020 y C. 123.360, "Bascure", resol. de 18-II-2021).
La utilización de esta herramienta, en definitiva, ayuda a la agilización del procedimiento al permitir su aplicación en cualquier estado del trámite y atemperar las formas y la motivación exigida para el dictado de la resolución respectiva. En esta variante el examen no recae sobre los presupuestos de admisibilidad del recurso (v.gr. el valor del litigio), sino que lisa y llanamente se resuelve el fondo del asunto de manera anticipada o liminar. Se trata de un modo de resolución fondal y fundamentación de la decisión de la Corte que no modifica los recaudos o condiciones formales de admisibilidad de las vías extraordinarias.
En suma, de la lectura integral de la norma no se desprende la consagración de una nueva causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley exenta del requisito del valor del agravio. En aquellos supuestos en que el monto del agravio no supere el piso establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el apartamiento de la jurisprudencia de este Tribunal no cuenta con mecanismos de reexamen en casación, salvo en materia laboral en virtud de la excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.563 o cuando se invoquen debidamente cuestiones federales que por "Strada" y "Di Mascio" tornen necesario su tránsito por el Superior Tribunal provincial (conf. C. 122.756 y C. 124.098, cits.).
Finalmente, el argumento introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (v. fs. 445; CSJN, Fallos: 308:490 y 311:2478), carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en autos - prima facie - la existencia de un agravio de la índole referida que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de linaje federal (conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.732, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021).
La vía extraordinaria deducida resulta en consecuencia inadmisible y se impone el rechazo de la queja incoada frente a su denegatoria (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/04/2021 17:00:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2021 21:09:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2021 19:14:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 13:50:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 14:22:41 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia