Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123538
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en relación a Carlos Daniel, Oscar Alberto y Hugo Ariel Schiro (art. 278, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el interpuesto en relación a la señora Audelina Sosa (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 123.538 "SCHIRO CARLOS DANIEL Y OTROS C/ SAENZ ACEROS SA S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO) (98)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial La Matanza hizo parcialmente lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por Audelina Sosa, Carlos Daniel, Oscar Alberto y Hugo Ariel Schiro contra Saenz Aceros S.A., condenando a esta última a abonar a los actores el 50% de las sumas que determinó respecto de cada uno de ellos, conforme el porcentaje de responsabilidad atribuido a cada parte en el hecho que motivara el reclamo. Asimismo, hizo extensiva la condena con relación a HDI Seguros S.A., citada en garantía, dentro de los límites del contrato (v. fs. 1329/1350).
Apelada la decisión por los accionantes y la demandada y la citada en garantía, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental, a su turno, la modificó. En tal sentido, atribuyó a la sociedad accionada el 40% de responsabilidad en el evento lesivo y el 60% restante a la víctima del daño -cónyuge y padre de los accionantes-. Por otra parte, elevó el importe reconocido a Audelina Sosa en concepto de pérdida de la vida humana, confirmó los montos admitidos en concepto de daño psicológico y daño moral y adecuó todos los valores asignados de conformidad con los porcentajes de distribución de la responsabilidad. Finalmente, reformó la tasa de interés (v. fs. 1407/1428).
Frente a ello, los actores -por apoderada- dedujeron recurso extraordinario con cita de los arts. 278 a 281 del Código Procesal Civil y Comercial, concediendo la Cámara la vía de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 14-II-2019 y resol. de 9-VIII-2019, v. fs. 1453/1454).
II. Pasando a verificar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del canal extraordinario otorgado, es pertinente recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que, en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 119.060, "Agosti,", resol. de 4-III-2015; C. 119.961, "Fuhr,", resol. de 1-VI-2016; C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021; C. 123.697, "Repetto", resol. de 31-III-2021).
En el recurso en consideración, dicho valor está representado para los impugnantes, de conformidad con los planteos esgrimidos -referidos al porcentaje de responsabilidad atribuido, persiguiendo que se condene a la demandada como responsable en un 100% del hecho ilícito-, por la diferencia que resulta de aplicar a la indemnización establecida a favor de cada uno de ellos -cuya cuantía consintieran- el porcentaje de responsabilidad atribuido por el Tribunal de Alzada y aquel que pretenden que sea admitido (conf. doctr. causas Ac. 94.956, "Hiernard de Taborda", resol. de 20-VI-2007; C. 112.989, "Mac Dougall", resol. de 24-XI-2010; C. 121.907, "Monsalvez", resol. de 13-XII-2017; C. 123.697, cit.).
Así, en tales condiciones, en el sub lite, los importes correspondientes a tal diferencia en relación a los codemandantes Carlos Daniel, Oscar Alberto y Hugo Ariel Schiro individualmente considerados (v. adecuación de la indemnización establecida para cada uno de ellos en sentencia de 13-XII-2018), no alcanzan para ninguno de los mencionados el mínimo establecido por el citado art. 278 -texto según ley 14.141 y Acordada 3.918/2018 vigente al momento de interposición del carril extraordinario-, por lo que resulta inadmisible el recurso articulado por esos colegitimados activos (conf. doctr. C. 120.089, "Batista", resol. de 26-VIII-2015; C. 121.907 y C. 123.697, cits.), sin que corresponda a este fin -como se ha sostenido reiteradamente- adicionar intereses a tal suma (conf. causas C. 108.631, "Abellán", resol. de 15-VI-2011; C. 120.655, "Belizan", resol. de 15-XI-2016; C. 120.932, "Cozcueta", resol. de 21-XII-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.565, "Calderon", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.856, "Rodríguez", resol. de 18-II-2021; C. 122.670, cit.).
Finalmente, resta señalar que tampoco se advierte - prima facie -la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, puesto que si bien se denuncia arbitrariedad y la vulneración de diversos derechos y garantías constitucionales, en el embate subyacen en rigor denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal y común que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542, 325:2192; conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021).
En consecuencia, la vía impugnativa articulada resulta inadmisible para los mencionados coactores (art. 278 cit.).
III. Abordando la vía impetrada por la señora Audelina Sosa, mediante la cual se aduce absurdo e infracción al art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que, más allá de haber sido esbozado, no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 13 de diciembre de 2018 -a la luz de las pruebas colectadas en el juicio- para modificar el pronunciamiento de primer grado sostuvo que "... en consideración de todas las cuestiones apuntadas precedentemente, estimo que graduó la responsabilidad de la demandada como dueño o guardián de la cosa riesgosa en el porcentaje de un 40% de responsabilidad, otorgándole a la víctima del daño, causado por su propia culpa y hecho de la misma, el porcentaje del 60%, sobre la base de la conjunción de la culpa y el hecho del damnificado (arts. 512, 902, 1111, 1113 y 1198 sgtes. y cctes. del Código Civil), quedando interrumpido parcialmente el nexo de causalidad adecuado existente entre el hecho de la cosa riesgosa y el daño a la persona humana, según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria o las máximas de experiencia del Juez (arts. 901 y 906 del Código Civil). En suma, la demandada queda eximida parcialmente de responsabilidad civil en el porcentaje del 60%." (v. pág. 24).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del fallo cuestionado, no logra ser conmovido por los agravios volcados en las págs. 9/13 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (relacionados con la ponderación del material probatorio, la conducta de la víctima y la cocausalidad del hecho) se desentienden de aquél dado por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la atribución de responsabilidad (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
En adición, debe resaltarse que el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (arts. 512, 902, 1111, 1113 y 1198 del Cód. Civil). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo, sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo expuesto, permite descartar la infracción normativa indicada en la pág. 2 del escrito electrónico y autoriza a desestimar la vía intentada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en relación a Carlos Daniel, Oscar Alberto y Hugo Ariel Schiro (art. 278, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el interpuesto en relación a la señora Audelina Sosa (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:11:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:27:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia