Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124575
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.575 "CENTURION, LILIANA ELIZABETH C/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A.C.I S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/ LESIONES (EXC. ESTADO)"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda articulada por Liliana Elizabeth Centurión contra Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I. por daños y perjuicios, condenando a esta última a abonar la suma de pesos doscientos sesenta y tres mil ($ 263.000), con más intereses (v. sent. de 15-X-2019, en arch. adj. a la queja).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental revocó el mencionado fallo y rechazó la pretensión de la actora, con costas a su cargo (v. sent. de 29-X-2020, en arch. adj.).
Frente a lo así resuelto, la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio conforme a lo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 13-XI-2020 y resolución de 3-XII-2020). Ello motivó la presente queja ante este Tribunal (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 11-XII-2020).
II. Liminarmente cabe recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente, que el valor del agravio a los fines previstos por el mencionado art. 278, está representado para la accionante, en atención a los planteos expuestos, por el importe de la pretensión que fuera desestimada (doctr. causas C.122.699, "Vallejos" y C. 122.757, "Cardano", ambas resols. de 26-II-2020; C. 124.209, "Saavedra", resol. de 25-XI-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021; C. 122.236, "Chaparro", resol. de 4-V-2021, e.o.).
Asimismo, en numerosas oportunidades ha dicho esta Corte, en casos como el presente, que a fin de evaluar el mencionado recaudo de admisibilidad no corresponde adicionar intereses, ni costas, ni actualizar tal suma (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 118.002, "Pedoto", resol. de 27-XI-2013; C. 119.465, "Di Santo", resol. de 18-III-2015; C. 122.757 y C. 122.699, cits.; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021).
Por lo demás, es doctrina reiterada que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas doctr. causas C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 121.695, "Silvero,", resol. de 13-IX-2017; C. 122.250, "Raut", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.757, cit.).
Sentado ello, es dable ponderar que la recurrente no controvierte -ni al deducir el remedio extraordinario, ni luego en la queja traída- que tal importe (v. montos del reclamo indicados en sentencia de primera instancia obrante en archivo adjunto y sumas allí fijadas) no supera el monto mínimo contemplado por el art. 278 del CPCC -texto según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020- para acceder a su revisión por la vía intentada (doctr. causas C. 121.413, "Visser", resol. de 19-IV-2017; C. 121.619, "Balatti", resol. de 9-VIII-2017; C. 122.359, "Segovia", resol. de 11-IV-2018; C. 122.617, "Hildebrant", resol. de 29-VIII-2018; C. 123.601, "Multicompras", resol. de 15-IV-2020).
En relación al mencionado recaudo de admisibilidad, invoca la existencia de gravedad institucional, así como la disposición contenida en el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- a fin de soslayar tal requisito procesal. Menciona también las variaciones del valor del jus, el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda y el cambio en la realidad económica y el valor de la moneda, denunciando arbitrariedad y excesivo rigorismo formal al tomar el monto peticionado para denegar el acceso a la revisión. Finalmente, sostiene la existencia de cuestión federal.
Sin embargo, no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por el art. 31 bis de la ley 5.827 citado que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020).
Por otra parte, en cuanto a la gravedad institucional alegada, se ha señalado que dicho extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 119.622, "Serantes", resol. de 9-XII-2015 y C. 122.757, cit.; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la impugnación.
Tampoco resultan de aplicación los precedentes de esta Corte invocados en el escrito de queja a fin de flexibilizar el examen de los recaudos formales, toda vez que se refieren a supuestos diferentes al aquí traído a consideración.
Y en punto a la pretendida inconstitucionalidad del requisito previsto por el art. 278 citado que alegara al deducir el recurso, cabe recordar que este Tribunal tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (conf. causas C. 116.566, "Pacheco", resol. de 18-IV-2012; C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.479, cit.; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019 y C. 123.344, "Cooperativa Industrial Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda.", resol. de 29-VII-2020).
Finalmente, en cuanto al planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. págs. 13 y sstes. del recurso de queja; Fallos: 308:490, 310:324 y 311:2478), el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.331 "Orona", resol. de 16-X-2019; C. 123.719, "Israel Silicaro", resol. de 11-III-2020).
En tales condiciones, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cód. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.)
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2021 16:18:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2021 08:44:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:05:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:42:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:29:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia