Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124718
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.718, "Dilascio, Víctor Darío contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 198/228).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6 de septiembre de 2019).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado rechazó -por mayoría- la demanda promovida por el señor Víctor Darío Dilascio contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART S.A., mediante la cual se procuraba el cobro de una reparación por reagravamiento de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que padeció el 24 de septiembre de 1991, así como los daños y perjuicios derivados del mismo (v. fs. 198/228).
Para resolver de ese modo, los magistrados que conformaron la mayoría juzgaron -a partir de la interpretación del escrito de demanda- que la acción estaba dirigida a obtener el resarcimiento integral del daño causado por el agravamiento, sin que se hubieran acreditado los presupuestos para la atribución de responsabilidad civil objetiva o subjetiva respecto de las codemandadas.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Denuncia omitida la resolución de una cuestión esencial introducida en el escrito postulatorio, consistente en determinar si pesaba sobre la aseguradora de riesgos del trabajo y/o sobre la empleadora la obligación de otorgar al actor siniestrado la reparación tarifada de la ley 24.557.
Entiende que el juzgador analizó exclusivamente la procedencia de la pretensión fundada en las normas del derecho común, desentendiéndose de la pluridimensión normativa sobre la cual la actora estructuró su reclamo, circunstancia que -afirma- resulta suficiente para descalificar el pronunciamiento impugnado y habilitar su anulación.
III. Comparto la solución que propicia el señor Procurador General en su dictamen, desde que el recurso no puede prosperar.
Entiendo que la temática vinculada al doble marco jurídico propuesto y a la subsunción del escenario fáctico descriptos al demandar, no pasaron inadvertidas para los magistrados de grado. Ello se revela en el hecho de que el juez que abrió la votación en el acuerdo, consideró aplicables al supuesto de autos las disposiciones de la ley especial vigente a la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad laboral resultante del reagravamiento denunciado (esto es, el 11 de mayo de 2010; v. vered., fs. 200). Bajo ese contexto jurídico estimó que la pretensión resarcitoria materia de agravio debía prosperar.
Dicha solución no logró la adhesión de los restantes miembros del tribunal, quienes manifestaron su discrepancia, precisamente, respecto de las conclusiones sentadas por el colega preopinante, en torno al encuadre normativo aplicable al caso en juzgamiento (v. fs. 217 y 225 vta.).
Los magistrados que formaron la opinión mayoritaria, interpretaron -en suma- que la pretensión indemnizatoria impetrada por el actor encontraba respaldo en las disposiciones del derecho civil, recordando que a los jueces les está vedado apartarse del objeto litigioso planteado en la demanda y del derecho que las partes postularon aplicable para resolver la litis, sin violar el principio de congruencia y las garantías constitucionales involucradas en él. En este contexto, examinaron la procedencia del reclamo del trabajador solamente a la luz de las disposiciones del derecho común, pronunciándose en contra de su progreso.
De lo antedicho se evidencia que medió una decisión deliberada de la mayoría de los jueces del tribunal de origen de no abordar las cuestiones que se denuncian preteridas, circunstancia que -sin entrar a analizar su acierto- resulta suficiente para descartar la réplica traída. Pues, como tiene dicho esta Corte, la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, por transgresión de la exigencia prevista en el art. 168 de la Constitución provincial, es aquella en la que incurre el tribunal de trabajo por descuido o inadvertencia, pero no la que deriva de la convicción -acertada o no, pero exteriorizada en el fallo- de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (causas L. 106.945, "Calabrese", sent. de 31-X-2012; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 117.604, "Barragán Pardo", sent. de 26-III-2015 y L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020).
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctor Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.068, 1.069, 1.077, 1.113 y concordantes del Código Civil (ley 340); 26 de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de doctrina legal que cita.
I.1. Denuncia que el encuadramiento jurídico de la acción intentada es absurdo.
Cuestiona la decisión adoptada por mayoría de opiniones, por conducto de la cual el reclamo enderezado a obtener la reparación sistémica basada en la ley 24.557 fue desoído, por haberse juzgado que el caso resultaba subsumible -únicamente- en las normas del derecho común.
Destaca que el reclamo implicó una acumulación objetiva de pretensiones destinado a que se indemnizara a la actora desde dos vertientes: la normativa especial (ley citada) y el ordenamiento civil, mas no -cómo se estableció en el fallo- exclusivamente en base a este último.
Puntualiza que la posibilidad de acumular ambos regímenes es receptada por la doctrina legal de esta Suprema Corte desde antaño, por lo que entiende que el pronunciamiento de grado quebranta, entre otros, los precedentes que individualiza, a saber: L. 80.735, "Abaca", sentencia de 30-III-2005; L. 81.826, "Yaman", sentencia de 11-V-2005; L. 76.325, "Vallejos", sentencia de 7-III-2007; L. 117.195, "Villalba", sentencia de 9-IV-2014; L. 100.550, "Cabrera", sentencia de 18-IV-2007 y L. 97.309, "Rampazzo", sentencia de 18-IV-2007.
I.2. Aduce conculcado el principio de congruencia y doctrina legal vinculada a dicho postulado.
Afirma que el fallo no guarda correlato con el objeto ni con el sustrato normativo de la acción intentada, aspectos que -asegura- fueron plasmados con claridad en el escrito constitutivo de litis.
I.3. Denuncia contradicción entre las circunstancias que se tuvieron por probadas en el veredicto y la decisión a la que se arribó en la sentencia, apoyada en la exclusión de la acción tarifada prevista en la ley 24.557.
Observa, en este punto, que en el señalado fallo de los hechos se consideraron demostrados los presupuestos que viabilizan la acción de reagravación pretendida. Por ello, desde su punto de vista, la solución arribada en la etapa de fallar resulta absurda.
Plantea que debe revocarse el pronunciamiento y condenarse a las accionadas al pago de la reparación prevista en la ley 24.557, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de dicha normativa especial.
I.4. Finalmente, controvierte el rechazo del reclamo fundado en el derecho común afincado en la ausencia de acreditación de los presupuestos legales para su andamiento.
Afirma, en este sentido, que la actora demandó la reparación integral de los daños, planteando la invalidez constitucional del art. 39 de la Ley de Riegos del Trabajo, dando así efectivo cumplimiento con la carga de individualizar las condiciones para viabilizar la responsabilidad civil.
Entiende que esos extremos quedaron debidamente acreditados en el veredicto y, asimismo, alega que para resolver este aspecto del reclamo el tribunal de grado debió aplicar el factor de atribución objetivo, fundado en la teoría del riesgo creado por la intervención activa de una cosa riesgosa, en el caso, la actividad desarrollada por el dependiente.
II. El recurso no prospera.
II.1. Tal como señaló el juzgador de grado en el auto de concesión de fs. 232/vta.- el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e. o).
II.2.a. En ese marco de análisis, los planteos del interesado tendientes a desvirtuar lo resuelto en el fallo no son atendibles, desde que tanto los fundamentos de la decisión objetada, como los argumentos que nutren la impugnación arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo y análisis, resultan extraños al ámbito de la casación por la estrecha vía transitada.
Sabido es que no se verifica la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine, de la ley 11.653, cuando mediante la denuncia de violación de doctrina legal, se traen a consideración de esta Suprema Corte cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas a ese acotado margen de revisión (causas L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 119.510, "Villarruel", sent. de 30-VI-2020; e. o.).
En el caso, revisten esa naturaleza aquellas vinculadas a la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, la configuración del vicio del absurdo y de los presupuestos de hecho que viabilizan la responsabilidad civil (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 123.660, "Fernández", resol. de 19-II-2020; L. 121.375, "Sosa", sent. de 14-VII-2020 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020).
Tampoco prosperan, bajo el marco cognitivo por el que se examina la réplica, las citas jurisprudenciales que aluden al principio de congruencia (causas L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.766, "Clemente", resol. de 28-X-2015; L. 121.573, "Suarez", resol. de 30-V-2018 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021).
De lo dicho se desprende que las conclusiones del fallo que causan agravio al interesado, en tanto provienen -como anticipé- del ejercicio de facultades privativas de los magistrados de grado, no han de modificarse.
II.2.b. En atención a que el contenido del reclamo de la demanda -fijado por la mayoría de los jueces que conforman el tribunal sentenciante- subsiste firme a raíz de lo dicho en el apartado anterior, no es posible -siquiera- evaluar la denuncia de violación de la doctrina legal forjada en los precedentes L. 80.735, "Abaca", sentencia de 30-III-2005 y L. 81.826, "Yaman", sentencia de 11-V-2005 y las demás causas citadas por el quejoso que siguieron la línea directriz allí trazada.
La postura que emerge de ellos no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que han constituido factores esenciales de su decisión ni refieren a situaciones similares, atento a que mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento, razón por la cual su invocación no puede atenderse (causas L. 120.095, "Simari", sent. de 18-X-2017; L. 120.519, "Barbas", sent. de 28-XI-2018 y L. 120.293, "Skok", sent. de 13-X-2020; e. o.).
III. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Con excepción de lo expresado en el cuarto párrafo del punto II.2.a., en cuanto refiere al principio de congruencia, coincido con las restantes motivaciones expuestas por el doctor Torres en su voto para fundar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, que bastan, a mi entender, para brindar respuesta al interrogante planteado.
Ello, toda vez que -como hube de señalar en reiteradas oportunidades- participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Con esa salvedad, reitero mi adhesión a la propuesta del colega ponente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/07/2021 15:26:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 15:57:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2021 16:35:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 10:17:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 15:02:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia