Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121594
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.594, "Veiga, Silvia Susana contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 151/167).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 177/188 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte de Justicia resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y la demanda que Susana Silvia Veiga promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le había reclamado el resarcimiento de las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que sufrió el día 15 de noviembre de 2012, mientras prestaba tareas como profesora de Metodología y Proyectos de Investigación en la Escuela de Educación Secundaria n° 31 -antiguo Comercial General San Martín- de la ciudad de La Plata (v. fs. 151/167).
Para así resolver, sostuvo inicialmente el a quo que, de una atenta lectura del escrito de promoción de la demanda, se desprendía que la actora persiguió el cobro de las prestaciones tarifadas previstas en la ley 24.557 y, concurrentemente, la reparación plena del derecho civil, pretendiendo, lisa y llanamente, la "acumulación" del resarcimiento sistémico con más la diferencia hasta alcanzar la indemnización integral sustentada en las disposiciones del derecho común (v. vered., fs. 151 y vta.).
Señaló que la promotora del pleito había cuestionado, aunque en forma algo difusa, la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 -vigente al momento de la primera manifestación invalidante- que expresamente veda la pretendida "acumulación" de acciones (v. fs. 161).
Destacó el sentenciante que dicho precepto legal vuelve al régimen de la antigua ley 9.688 del año 1915 (mecanismo que se mantuviera también durante la vigencia de la ley 24.028, del año 1991), que establecía en su art. 17 una opción excluyente a favor del trabajador o sus derechohabientes entre el régimen resarcitorio especial y el civil, pues la elección expresa o implícita de uno de esos sistemas importaba el abandono del derecho a ejercer el otro (v. fs. 161 vta.).
Expresó el juzgador que, en el específico supuesto de autos, no encontraba motivos para abordar -conforme los concretos términos contenidos en el cuestionamiento actoral- el encaje de la norma de marras con la matriz constitucional, y recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sancionada válidamente por el Congreso de la Nación constituye la ultima ratio , a la que sólo cabe acudir a ella cuando dicho precepto legal controvierte abiertamente derechos y garantías de superior jerarquía dispuestos por el constituyente (v. fs. 162).
Juzgó que, prima facie , no advertía que el art. 4 de la ley 26.773 implicara una renuncia por parte del trabajador a la prestación escogida, sino que, aseveró, cuando este último elige reclamar la reparación integral invocando el derecho civil, cumple con la condición resolutoria establecida por la propia ley y el derecho en expectativa o posibilidad de reclamar la vía sistémica caduca para él, de modo que no se trataría stricto sensu de una renuncia, sino de la pérdida del derecho condicionado por la propia ley (v. fs. cit.).
Agregó que el principio de irrenunciabilidad postula la nulidad del negocio o cualquier renuncia del trabajador frente a su empleador, en un ámbito privado, pues existe la sospecha de que la voluntad de aquel se encuentre viciada, pero no cuando la renuncia está regulada por la propia ley o cuando se verifica en un ámbito oficial y público, y contando además con asesoramiento letrado (v. fs. 162 in fine ).
Destacó, con sustento en la doctrina autoral que cita, que tampoco la opción excluyente plasmada en la norma en cuestión vulnera el principio de progresividad, ya que dicho postulado -entendido como el deber jurídico de no deshacer injustificadamente los mejores derechos alcanzados- constituye un principio de política social y aconseja que, en la medida de lo posible, las leyes tiendan a mejorar el nivel de los beneficiarios reconocidos para aquellos sectores que necesitan la protección especial del Estado, sin que dicho principio esté dado para fundar la descalificación constitucional de una norma, más allá que el desvío pueda justificar la crítica política, ideológica y de opinión. Además, continuó, sin perjuicio de la incontable cantidad de fallos que descalificaron la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, lo cierto y concreto es que dicha ley prohibía derechamente el ejercicio de la acción civil (v. fs. 162 vta.).
Explicó que las modificaciones legislativas llevadas a cabo sobre el régimen especial de reparación de infortunios laborales (v.gr. decretos 1.278/00 y 1.694/09 y ley 26.773), provocaron una notable mejora en las prestaciones indemnizatorias que, en muchos casos, superaron las reparaciones con basamento en el derecho civil (v. fs. 163 vta. in fine y 164).
Manifestó que el nuevo sistema instaurado no veda la posibilidad de accionar con sustento en otros regímenes de responsabilidad, pues sólo establece -retornando a la "opción excluyente"- que los damnificados podrán optar, de modo disyuntivo, entre las indemnizaciones previstas en el ordenamiento sistémico o las que le pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, enfatizando que éstos no serán acumulables (v. fs. 164).
Expresó que, en el contexto descripto, nos hallamos ante un régimen que, en la mayoría de los supuestos, compensa adecuadamente los daños sufridos, limitando la acumulación de acciones y estableciendo una opción excluyente que no es decidida por el trabajador -víctima de un infortunio o de una enfermedad del trabajo-, sino por un profesional abogado quien -cabe suponer- posee la suficiente versación jurídica como para aconsejarlo sabiamente acerca de cuál es el camino a elegir (v. últ. fs. cit.).
Concluyó que en la especie no se evidencia que la opción excluyente constituya una vulneración a los derechos del trabajador, transgrediendo de tal modo las normas contenidas en el "bloque de constitucionalidad", pues la promotora del pleito no alegó con claridad cuáles son las características del suceso y en qué consiste el agravio constitucional, deficiencia que obsta que el art. 4 de la ley 26.773 pueda ser considerado -en abstracto- inconstitucional (v. fs. 164 vta.).
Con todo, rechazó la demanda promovida por resultar inviable la postulación tal y como fue planteada, con costas a la parte actora -por no encontrar motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota-, si bien con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 164 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada activa con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 512, 622, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 75 y 175 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 2, 6, 8 y 12 de la ley 24.557; 4 de la ley 26.773; 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia, en primer lugar, de la definición del tribunal de origen en cuanto determinó que el objeto de la demanda se hallaba definido por una acumulación de acciones, esto es, por un reclamo vinculado al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial tarifado de las leyes 24.557 y 26.773 y, por la diferencia, hasta alcanzar la reparación plena, una indemnización integral sustentada en las disposiciones del derecho común.
En tal sentido, denuncia que la decisión del tribunal de trabajo es absurda porque distorsionó el contenido de la pretensión, ya que la demanda es clara en cuanto allí se inició -en forma disyuntiva- una acción por daños y perjuicios con fundamento en la legislación civil y, para el supuesto de que dicha pretensión no prosperase, automáticamente, y por esa situación, la pretensión sistémica sin más trámite.
II.2. Luego, se opone al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
En tal sentido, argumenta que dicho precepto legal es un desatino inconstitucional mayúsculo y no menos artero, ya que según el Mensaje del Poder Ejecutivo nacional que acompañó al entonces proyecto de ley, la iniciativa tomaba en cuenta los reproches que le dirigió a la Ley de Riesgos del Trabajo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley se encuentra en pugna con el derecho de propiedad e igualdad, los principios de progresividad, legalidad y razonabilidad amparados por la Constitución nacional; así como también con el derecho al libre acceso a los jueces naturales consagrado por el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de rechazar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en este aspecto.
II.3. Por otra parte, aduce que para el hipotético caso de que no se diera formal acogida a los argumentos esgrimidos para declarar procedente el reclamo sistémico, se revoque la sentencia de grado en cuanto rechazó la pretensión por daños y perjuicios sustentada en las normas del derecho común.
Ello así, sostiene, porque se encuentra acreditados en autos los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetivos y objetivos de la demandada en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
II.4. Finalmente objeta el rechazo de la sanción consagrada por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal sentido, alega que comprobado en la especie la actitud obstruccionista de la contraria, quien de afrontar en tiempo y forma su obligación hubiera evitado el dispendio de toda la actividad jurisdiccional. Por tal motivo peticiona la condena con el alcance previsto en la disposición precitada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone señalar que no resulta atendible lo expuesto por el recurrente respecto a que el tribunal de grado distorsionó la pretensión contenida en el escrito de demanda. Ello, por cuanto, en rigor, tal prédica transita sobre la concepción de que dicho órgano jurisdiccional habría resuelto la temática por conducto de la errónea interpretación de los escritos constitutivos del proceso, apartándose de los términos en que -a criterio de la compareciente- habría quedado trabada la relación procesal.
En este sentido, ha declarado esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012).
Partiendo de este enfoque, para abastecer el recaudo de suficiencia del recurso, la impugnante debió denunciar -en concreto- absurdo en la interpretación de los escritos de constitución del proceso e infracción al postulado de la congruencia (causa L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012), así como invocar la doctrina supuestamente trasgredida que dotara de sustento a la conclusión que le causa agravio; cargas éstas que omitió satisfacer y que define la suerte adversa de este tramo de la crítica.
III.2. Zanjado lo anterior sigue examinar los restantes agravios traídos, concernientes al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, como también de la pretensión de cobro de los daños y perjuicios promovida con sostén en las disposiciones del Código Civil.
III.2.a. Sobre el último extremo, cabe referir que a partir de la valoración de la prueba el tribunal interviniente juzgó no acreditado el "vicio" de la "cosa" (la silla desde la que cayó la accionante). Asimismo, y pese a no haber sido invocado, descartó que la tarea docente hubiera constituido una "actividad riesgosa".
Tampoco tuvo por demostrado el daño psíquico y estético alegado al demandar, a la vez que subrayó la falta de precisión de la demanda a fin de individualizar los extremos fundantes de la responsabilidad subjetiva endilgada al empleador.
Con todo ello, aun situado en una mejor hipótesis sobre el modo en que fue instaurada la acción, concluyó que no se habían acreditado los presupuestos fácticos que pudieran viabilizar la imputada responsabilidad civil del principal.
III.2.a.i. La interesada objeta el razonamiento antedicho por absurdo y arbitrario, señalando que el juzgador soslayó el material probatorio con apreciaciones estériles alejadas de la verdad material.
Afirma que la silla se encontraba en malas condiciones y ocasionó un daño resarcible. En tales condiciones, aduce configurado el presupuesto necesario para el progreso de la acción por daños y perjuicios.
III.2.a.ii. La crítica en este aspecto se exhibe también insuficiente para desvirtuar lo resuelto.
En efecto, el recurrente solo denota una discrepancia subjetiva sobre el modo en que debieron ser evaluados los hechos y las pruebas, método que no resulta apto para demostrar que la conclusión se encuentra viciada de absurdo (causa L. 121.254, "Sosa", sent. de 4-XII-2019).
III.2.b. En atención a la ineficacia de la crítica sobre los aspectos ya examinados, resulta innecesario expedirse sobre la cuestión constitucional relativa al ejercicio de la opción excluyente.
III.3. Finalmente, en vista de la solución que propongo, deviene improcedente la pretendida aplicación de la sanción contemplada en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 188).
Ello, sin perjuicio de recordar que los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención dicho precepto legal remiten inequívocamente al análisis de cuestiones de índole fáctica comprobadas en la causa, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 86.755, "Marotta", sent. de 1-XII-2010; L. 106.365, "S., M. O.", sent. de 25-IV-2012; e.o.), extremos que aparecen ausentes en la especie.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en su sufragio.
En orden al art. 4 de la ley 26.773, como bien lo señala el ponente, teniendo en consideración las concretas razones que a juicio del a quo justificaron no pronunciarse en el caso sobre la invalidez constitucional de la referida norma, entiendo que la insuficiencia que rodea a la impugnación torna inatendibles los sucintos y genéricos argumentos que al respecto trae el recurrente.
Por otro lado, también la ineficacia recursiva, que, en fin, deja incólume el rechazo de la demanda, conduce a desestimar el agravio conectado con el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues es evidente que ni siquiera se observa configurado en el caso aquel resultado del juicio al que alude inicialmente la norma.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/08/2021 17:24:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2021 13:16:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 10:09:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2021 13:54:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2021 14:09:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia