Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122003
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.003, "Medina, Sandra Ramona contra Ochoa, Ángel Cristian Ariel y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini .
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa destacar, hizo extensiva la condena a Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada y a la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (v. fs. 829/841 vta.).
Se interpusieron, por ambas firmas, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 851/876 y 878/894).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 912/919 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 851/876?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 878/894?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora Sandra Ramona Medina inició el presente reclamo indemnizatorio contra el señor Ángel Cristian Ariel Ochoa en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito acaecido el día 21 de marzo de 2010, en el cual falleciera su hijo Claudio Francisco Brandan (v. demanda, fs. 155/163 vta.).
A fs. 195/202 se presentó la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales invocando la causal de exclusión de cobertura, prevista en la cláusula 22 inc. 18 de las condiciones generales de la póliza.
A fs. 210 la accionante amplió la demanda contra la empresa Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada.
A fs. 227/238 esta última interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva, contestando subsidiariamente la pretensión incoada.
A fs. 252/257 se presentó el codemandado Ochoa peticionando el rechazo de la acción.
II. El señor magistrado de primera instancia, tras destacar que la mecánica del accidente alegada por el accionado como "hecho de la víctima" resultaba incompatible con la materialidad de los hechos que había quedado inmutable a partir de la sentencia condenatoria recaída en sede penal y según la cual fue el señor Ochoa quien -conduciendo en estado de ebriedad- invadió el carril de tránsito de Brandan y embistió la moto en la que este circulaba, estimó procedente la demanda.
Asimismo, hizo lugar tanto a la causal de no seguro opuesta por la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales como a la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada (v. fs. 782/794 vta.).
III. Apelado dicho pronunciamiento por la actora, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata -en lo que aquí interesa destacar- hizo extensiva la condena a Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada y a la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (v. fs. 829/841 vta.).
IV. Frente a este modo de decidir el letrado apoderado de la firma Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por medio del cual denuncia la violación de los arts. 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.113, 1.137, 1.195, 1.197 y 1.199 del Código Civil; 21, 22, 24, 27 y 109 de la ley 17.418 y 42 de la Constitución nacional y de la ley 24.240. Asimismo, alega el vicio de absurdo y el quebrantamiento de doctrina legal de esta Corte (v. fs. 851/876).
Expone que la sentencia en crisis ha vulnerado el principio de congruencia, toda vez que los fundamentos vertidos en el fallo no se condicen con los argumentos ensayados por la actora ni fueron objeto de prueba alguna a lo largo del proceso, violentando así su derecho de defensa (v. fs. 867 vta./869).
En tal sentido, aduce que la accionante fundó su reclamo atendiendo a la condición de asegurada o tomadora del seguro que revestía su parte (v. escrito ampliación de demanda, fs. 210 y contestación de la excepción, fs. 248/249), no en el marco del art. 1.113 del Código Civil y menos aún en el presumido beneficio económico o personal (guarda provecho) de la empresa, dada la supuesta relación de subordinación existente entre el señor Ochoa y la cooperativa accionada (v. fs. 868/870).
V. El recurso prospera.
V.1. A mi juicio, asiste razón al recurrente en cuanto invoca la infracción del principio de congruencia consagrado en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 289, CPCC).
A los fines de dar acabada respuesta a la cuestión planteada, considero necesario efectuar un breve repaso de ciertos antecedentes del caso.
V.2.a. La señora Sandra Ramona Medina -como fuera antes reseñado- inició el presente reclamo indemnizatorio contra el señor Ángel Cristian Ariel Ochoa -en su carácter de conductor y titular del vehículo interviniente en el siniestro-, citando en garantía a San Cristóbal Seguros en virtud de la póliza vigente al momento del accidente (v. libelo de inicio, fs. 155/163 vta.).
Al ampliar demanda a fs. 210 la actora solicitó la incorporación de la cooperativa como accionada al proceso en razón de haber "...tomado conocimiento que el vehículo embistente marca: RENAULT 12 dominio: TPG973, se enc[ontraba] asegurado a nombre de: COOTRAPORT COOP. DE TRABAJO LDTA.".
En oportunidad de contestar la demanda, Cootraport fundó la excepción de falta de legitimación pasiva en el hecho de que no participó en el evento dañoso, no tenía ninguna vinculación jurídica con la cosa y no revestía la calidad de "dueño" o "guardián", destacando que la figura del tomador del seguro per se no importaba la del guardián en los términos del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 227/238).
V.2.b. Conforme se ha anticipado, el señor juez de grado al examinar la aludida defensa resaltó los términos escuetos y poco circunstanciados en que fue articulada la ampliación de demanda, tras destacar que el solo hecho de haber sido parte en el contrato de seguro no convertía al tomador en responsable del siniestro (v. fs. 787 vta./788 vta.).
V.2.c. A su turno, la Cámara sostuvo que Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada había contratado un seguro de responsabilidad civil sobre terceros no transportados respecto del vehículo Renault 12 dominio TPG973, revistiendo condición de "titular" y "asegurada" de la póliza n° 09-01-02395588/4 emitida por San Cristóbal Seguros, con vigencia desde el día 1 de febrero de 2010 hasta el día 1 de agosto de 2010 (v. fs. 831).
Señaló también que -conforme los dichos del conductor del vehículo asegurado- la referida empresa codemandada contrataba los seguros "en forma global" y que, al momento del siniestro, el señor Ochoa se desempeñaba como estibador realizando tareas de carga y descarga, produciéndose el accidente en el sector de contenedores de la banquina del Puerto de Mar del Plata (conf. copias de parte policial, fs. 367; declaraciones en sede penal, fs. 372 y 509/511; declaraciones ante el Juzgado de Faltas, fs. 453 y 617; v. fs. 831 y vta.).
Así las cosas, concluyó que no podía eximirse de responsabilidad a la cooperativa "asegurada" y "titular" del contrato de seguro sobre el automóvil perteneciente al trabajador miembro de esta, toda vez que resultaba válido presumir que dicha entidad se servía del vehículo para obtener un beneficio económico o personal (guarda provecho); o bien ejercía algún tipo de vigilancia, contralor y dirección sobre el señor Ángel Ochoa en su carácter de integrante de aquella (conf. art. 1.113, Cód. Civ.; v. fs. 831 vta. y 832).
V.2.d. Me he permitido transcribir (casi en su integridad) y destacar los fundamentos esbozados por la sentencia hoy puesta en crisis con el propósito de maximizar la visibilidad del escenario procesal que -a mi entender- evidencia, sin equivocidades, la razón que asiste al impugnante.
En efecto, se advierte sin hesitación que lo resuelto por el Tribunal de Alzada se aleja de los lacónicos términos vertidos en la ampliación de demanda (v. fs. 210), en los que se hizo mera alusión al carácter de tomador del seguro de la firma demandada, fundando su sentencia condenatoria en circunstancias que no fueron esgrimidas por las partes ni fueron objeto de contradicción ni prueba en la presente causa.
Sabido es que el principio de congruencia, establecido por el art. 163 inc. 6 y reiterado por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, significa que -como regla general- debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y solo sobre estas, y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y solo basándose en tales elementos (conf. causas C. 119.829, "Ruggiero", sent. de 23-XI-2016; C. 121.031, "Arriarán", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
Asimismo, los planteos relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados a la interpretación de escritos judiciales, deben ser acompañados de la denuncia y demostración de absurdo en la tarea del juzgador (conf. causas C. 108.116, "Salas", sent. de 27-IV-2011; C. 119.893, "S., A. P.", sent. de 24-VIII-2016; entre muchas).
Pues bien, en las condiciones relevadas, no abrigo dudas acerca de que la Cámara extralimitó su decisión al admitir la pretensión actoral en base a un enfoque no propuesto (culpa in vigilando ; art. 1.113, primer párr., Cód. Civ.) y a una construcción doctrinaria y jurisprudencial (la teoría del riesgo provecho) que -lisa y llanamente- la accionante no introdujo en el juicio.
En línea con lo denunciado, el absurdo en la valoración de los escritos postulatorios se revela nítido, circunstancia suficiente para admitir la vía interpuesta y revocar esta parcela del fallo recurrido (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266, 272 y concs., 279 y 289, CPCC).
V.2.e. Ahora bien, tiene dicho esta Suprema Corte que en la resolución del recurso de inaplicabilidad de ley se debe tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. causas C. 99.209, "Pagola Lucero", sent. de 25-II-2009; C. 117.561, "Orfali Torales", sent. de 11-X-2017; e.o.).
En consonancia y teniendo en cuenta lo resuelto por el sentenciante de origen -que con cita de doctrina de esta Corte recordó que el art. 1.113 del Código Civil para atribuir el carácter de responsable por el riesgo de la cosa requiere de la legitimada pasiva la calidad o condición de dueña o guardián de aquella (segundo y tercer párrafo de la norma citada) y bajo ninguna circunstancia puede resultar responsable quien toma un seguro para el vehículo que resulta el embistente en el evento dañoso a menos, claro está, que además revista aquella calidad (conf. causa C. 114.445, "Mazzaro", sent. de 19-III-2014)- advierto que los argumentos esbozados por la actora al apelar (v. fs. 810/814) no logran conmover estos sólidos fundamentos, insistiendo en la calidad de "asegurada" de la firma accionada.
VI. En conclusión, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, habiéndose acreditado la infracción legal esgrimida corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, consecuentemente, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente al rechazo de la excepción planteada por Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada, manteniendo la estimación decidida en primera instancia.
Las costas generadas tanto en el Tribunal de Alzada como en esta sede extraordinaria se imponen a la excepcionada vencida (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Doy mi voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria , Pettigiani, Torres, Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En esta oportunidad me limitaré a describir los antecedentes que resultan relevantes a fin de abordar los agravios traídos por la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (v. fs. 878/894).
Como fuera reseñado al resolver la primera cuestión, la señora Sandra Ramona Medina inició demanda contra el señor Ángel Cristian Ariel Ochoa y citó en garantía a la firma San Cristóbal antes aludida (v. fs. 155/164).
Al contestar la citación (v. fs. 195/202) la aseguradora, por medio de su apoderado, rechazó la garantía por la causal de exclusión de cobertura prevista en la cláusula 22 inc. 18 de las "condiciones generales para el seguro de vehículos automotores y/o remolcados". Adujo que en esta se establecía como supuesto de exclusión de cobertura que "...el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibitoria, alucinógena o somnífera, o estado de ebriedad...".
Agregó que el estado de ebriedad en el que se hallaba el señor Ochoa al momento del accidente se encontraba acreditado con las constancias incorporadas a las actuaciones penales y al expediente iniciado ante el Juzgado n° 3 del Tribunal Municipal de Faltas, de las cuales surgía que el resultado de la alcoholimetría que le fue realizada al accionado arrojó como resultado 1,78 g/l.
La actora contestó la excepción opuesta por la citada en garantía, argumentando que el solo hecho de la existencia de alcohol en sangre -acreditada a través de prueba no controlada- tornaba improcedente la exclusión del seguro por la culpa grave del conductor, en tanto el asegurado no era quien conducía al momento del hecho y solo era posible desligar a la aseguradora de su obligación de indemnidad si mediaba dolo o culpa grave del asegurado, de acuerdo con el art. 114 de la ley 17.418, siendo abusiva cualquier cláusula del contrato de seguro en contrario (v. fs. 206/208 vta.).
II. El señor juez de primera instancia especificó el esquema de la relación asegurativa establecida en el sub lite , señalando que de la póliza agregada a fs. 222/223 surgía que Cootraport Cooperativa de Trabajo Limitada (tomador) contrató con San Cristóbal Seguros Generales (asegurador) un seguro de responsabilidad civil frente a terceros transportados y no transportados respecto del automóvil Renault 12 Dominio TPG963 (v. fs. 787).
Asimismo, advirtió que se trataba de un seguro a cuenta de un tercero, que si bien no fue determinado al momento de perfeccionarse el contrato sí resultaba determinable, revistiendo el señor Ochoa -titular registral y conductor del vehículo asegurado- el carácter de titular del interés asegurado, cuyo patrimonio debía ser indemnizado -cuando correspondiese- por el asegurador (conf. art. 21, ley 17.418; v. fs. 787 vta.).
En lo que respecta a la excepción de no seguro destacó que era la conducta del señor Ochoa la que debía ser evaluada a fin de resolver el planteo de exclusión de cobertura requerido. Así las cosas, tras transcribir los pasajes pertinentes de la causa penal que daban cuenta de que el imputado se encontraba "...en estado de intoxicación por consumo de alcohol, manejando en inadecuadas condiciones psicofísicas, con signos agudos de intoxicación etílica, tales como disartria, dislalia y alteraciones del equilibrio...", circunstancia corroborada "...mediante prueba de alcohotest que arrojó resultado de 1,78 g/l" (fs. 789 y vta.) y en atención a la cláusula 22 inc. 18 de las condiciones generales que expresamente disponía tal supuesto, concluyó que la situación encuadraba dentro de las previsiones contenidas en dicha cláusula de exclusión de cobertura (v. fs. 789 vta. y 790).
III. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó dicha parcela de la decisión, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (v. fs. 829/841 vta.).
En prieta síntesis, sostuvo que la causal de exclusión de cobertura invocada por la aseguradora no resultaba extensible al conductor del vehículo Ochoa (conf. arts. 114 y 158, LS y 37 incs. "a" y "b", ley 24.240), toda vez que solo el dolo o culpa grave personal del asegurado eliminaba la cobertura (v. fs. 837/839).
A la par, declaró la nulidad por abusiva de la cláusula 22 inc. 18 tras juzgar que dicha estipulación limitaba la responsabilidad de la proveedora del servicio del seguro e importaba una renuncia o restricción a los derechos del consumidor en que se enmarcaba el contrato de seguro (v. fs. 839).
IV. Frente a este modo de decidir, el letrado apoderado de esta última interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por medio del cual denuncia la errónea aplicación y violación de la ley 24.240 y de los arts. 1, 2, 3, 4, 60, 61, 109, 114, 118 y 158 de la ley 17.418; 1.137, 1.138, 1.167, 1.197 y 1.198 del Código Civil y 1, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional. Asimismo, aduce la vulneración de doctrina legal de esta Corte que cita. Hace reserva del caso federal (v. fs. 878/894).
V. Este recurso también prospera.
V.1. El quid de la cuestión a dilucidar en la especie consiste en determinar si la causal de exclusión de cobertura invocada por la aseguradora San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales es válida y, en su caso, si la misma resulta oponible al tercero damnificado.
A tales fines encuentro oportuno recordar los términos de la presentación de la mencionada firma a fs. 195/202.
En dicha oportunidad, la citada en garantía afirmó que se encontraba configurada la causal de exclusión de cobertura prevista en la cláusula 22 inc. 18 de las condiciones generales, según la cual la compañía no debía responder en los casos en que "...el vehículo asegurado [fuese] conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibitoria, alucinógena o somnífera, o estado de ebriedad..." (fs. 196); circunstancia corroborada en el sub lite .
V.1.a. Ahora bien, aduce la impugnante que la Cámara erró al asimilar la causal objetiva de exclusión de cobertura efectivamente invocada a la "culpa grave", pues se trata esta última de un supuesto distinto, ciertamente no esgrimido por su parte (v. fs. 880/883 vta.).
A mi juicio, le asiste razón en este punto.
En efecto, la sentencia comienza el análisis de la defensa articulada delineando el concepto de "culpa grave", recordando que la prueba de dicho extremo recae sobre la aseguradora y haciendo expresa alusión a la cláusula 20 de las condiciones generales, que refiere al supuesto de "DOLO O CULPA GRAVE"; en rigor de verdad -como fuera antes referenciado- la cláusula invocada fue la 22 ("EXCLUSIONES DE LA COBERTURA") inc. 18 que regula una hipótesis distinta e independiente de la primera, esto es, el estado de ebriedad del conductor del vehículo asegurado (v. condiciones generales, fs. 182/192; v. fs. 833/835 vta.).
Tal distinción conceptual trae aparejadas importantes consecuencias prácticas que la doctrina autorizada en la materia se ha esforzado por diferenciar; dividiendo a las exclusiones de cobertura de las pólizas de seguros argentinas en subjetivas (v.gr. culpa grave) y objetivas (v.gr. ebriedad, exceso de velocidad, etc.).
En tal sentido, se ha expresado que mientras en estas últimas la causal de "no seguro" se activa por la simple ocurrencia de un hecho objetivo, sin que interese qué pasaba por la mente del autor, las primeras -de naturaleza eminentemente subjetiva- obligan a adentrase en el protagonista del hecho para reconstruir su estado mental al momento del siniestro, aprehensión que ha sido calificada po
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